Jorge Enrique Belsaguy Méndez

Expediente 1727/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1727/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Enrique Belsaguy Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA IV. Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito (con anexos) de cuenta, a través del cual, ********************, apoderada de ********************, quien es albacea de la sucesión del señor ********************, desahoga la prevención realizada en acuerdo de fecha diez de noviembre de dos mil veintitrés. En ese sentido, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional el diez de noviembre de dos mil veintitrés, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento formulado; asimismo, dada su solicitud, obténgase copia de los documentos que adjunta para que obre en autos, y devuélvanse los mismos, previa toma de razón de entrega; asimismo, se tiene por autorizadas a las personas que indica para recogerlos. Ahora bien, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción, I, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite a trámite la demanda de amparo presentada por ********************, apoderada de ********************, quien es albacea de la sucesión del señor ********************, contra: La falta de emplazamiento al juicio ******************** del índice de la autoridad responsable, y por ende, todo lo actuado y sus consecuencias. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Con fundamento en el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención que le compete, con copia de la demanda que se acuerda, así como de la presente determinación. Por otra parte, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, por separado, en cuaderno único físico y electrónico, fórmese el incidente de suspensión, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Por otra parte, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. En otro contexto, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se requiere el informe justificado a las autoridades responsables, quienes deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio de notificación, solicitándoles privilegien el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe, de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial 9jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de acuerdo a lo previsto en los artículos 75, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables para que, al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remitan el expediente del cual emana el mismo, o en su defecto copias certificadas, legibles y completas de las constancias que tomaron en consideración para emitirlo, ya que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se les impondrá, en lo individual, una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 238 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; sanción que también les será aplicada en el supuesto de que no rindan su informe dentro del plazo otorgado. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que dentro de la información que remitan como sustento al informe de Ley o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberán enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, a efecto de que este juzgado de Distrito, pueda constatar que la autoridad competente emitió la declaratoria correspondiente. En el entendido que, de no remitir la documental precisada en el párrafo que antecede, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. Como lo previenen los artículos 61, 62 y 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que, en el supuesto de que hubiere alguna causal de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este Juzgado de Distrito; apercibidas que de no cumplir con esa obligación, se les impondrá, en lo individual, una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238 y 251 del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en el entendido que de no tener conocimiento de que se actualicen tales hipótesis no deberá hacer comunicación alguna. Luego, se reserva a proveer respecto a quien pueda recaerle el carácter de tercero interesado en el presente juicio, hasta en tanto, las autoridades responsables rindan su informe justificado. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

  2. Incidental

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, una copia simple del escrito inicial de demanda, fórmese por cuaderno único el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1727/2023-IV, promovido por ** quien es albacea de la sucesión del señor **, contra actos del Juez Séptimo Civil del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Metepec, Estado de México y otra autoridad. Con apoyo en lo preceptuado por los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que les atribuye la parte quejosa y que determina la existencia del acto reclamado y, en su caso, la cuantía del asunto, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. Solicitándoles que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado privilegiando el uso de medios tecnológicos y electrónicos para el envío de su informe previo; de conformidad con el artículo 251, incisos a), g) y h) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, lo cual podrán realizar a través del correo electrónico oficial **, o en su caso, a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Se apercibe a las responsables que en caso de ser omisa en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión; además, se harán acreedoras a una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos preceptos legales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del uno de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, debe puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de amparo, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. En el caso a estudio, los actos reclamados materia del presente incidente de suspensión, se hacen consistir en: La falta de emplazamiento al juicio ** del índice de la autoridad responsable, y por ende, todo lo actuado y sus consecuencias. Una vez precisado el acto reclamado por la parte quejosa, toda vez que la parte quejosa, cuando menos indiciariamente, acredita su interés suspensional en la medida cautelar, pues exhibe copia certificada del contrato de compraventa de quince de junio de dos mil dieciséis, respecto al bien inmueble ubicado en ********************, de la cual se advierte que indiciariamente tiene un derecho sustentado en una causa legal respecto del bien que dice se le pretende desposeer o lanzar, por lo que acredita hasta este momento, el mencionado interés en la medida suspensional solicitada. ** Por tanto, con fundamento en los artículos 128, 131 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, es decir, para que en caso de no haberse realizado, no se desposea o se lance a la quejosa del inmueble ubicado en ********************; lo anterior hasta en tanto se comunique a la responsable lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva; sin que ello implique la suspensión del procedimiento respectivo del cual emana el acto reclamado, en términos del precepto 150 de la ley citada. En la inteligencia de que si con anterioridad a la emisión de la presente medida cautelar, se llevó a cabo la desposesión o lanzamiento de la parte quejosa del inmueble en comento, la misma no tendrá efectos restitutorios. ** Cabe mencionar que la medida provisional se otorga sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, lo cual sólo se puede determinar en la sentencia de amparo. Luego, dada la naturaleza del juicio de origen, se advierte la existencia de terceros interesados que pueden resentir perjuicios con la suspensión concedida, por tanto, de conformidad con lo previsto por los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo la parte quejosa deberá otorgar dentro del término de cinco días, contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, garantía a satisfacción de este Juzgado de Distrito por la cantidad de ******************** ********************, a efecto der resarcir los posibles daños y perjuicios que se ocasionaren al tercero interesado en caso de que no se obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional; garantía se fija de manera discrecional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, en atención a que no se cuenta con mayores datos para determinar los posibles perjuicios con su concesión. Se requiere a la parte quejosa que de exhibir la garantía antes fijada en billete de depósito, o en cualquiera de las formas previstas en la ley, a efecto de que este Juzgado la tenga por otorgada, deberá contener en el apartado relativo a concepto manifestación expresa de que se exhibe para garantizar la suspensión provisional en el presente incidente de suspensión. Se le apercibe que de no dar cumplimiento dentro del plazo establecido dejará de surtir efecto la medida cautelar decretada quedando expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para la ejecución del acto reclamado. La suspensión concedida en esta determinación no surtirá efectos en tratándose de actos posteriores a su concesión, si provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables; así como si habrían de ejecutarse en un domicilio diverso al defendido por la quejosa, es decir, la presente medida cautelar únicamente surte efectos respecto del bien inmueble que ampara el documento que presenta, a saber, el ubicado en ********************. Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en virtud, que de la certificación de cuenta se evidencia que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro del usuario "********************"; se le tiene esa vía electrónica como medio para oír y recibir notificaciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, asimismo, se acuerda favorable la consulta del expediente electrónico que deriva de este asunto. Por otro lado, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************; y en términos del artículo 24, segundo párrafo de la Ley de Amparo al resto de los profesionistas que refiere, limitación que se establece hasta en tanto cuenten con el registro electrónico de su cédula profesional en el sistema electrónico correspondiente, lo que deberán hacer del conocimiento de este Juzgador mediante diversa promoción. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Se faculta al secretario adscrito a este Juzgado de Distrito para que, en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del cual se advierte que mediante proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo de este juicio; sin embargo, obra un documento original exhibido por la parte quejosa; por tanto, se ordena darle vista para que en el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a recogerlo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá a su destrucción. En diverso orden, se precisa que el término para la destrucción del presente juicio no reiniciará con motivo de la vista anterior. .... Toluca, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintiocho de abril del año en curso, por la cual sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción. Finalmente, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

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