Jorge Eduardo Zenil Neira

Expediente 344/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
344/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
02/06/2021

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo Zenil Neira

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, dos de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 18, del referido acuerdo el cuaderno principal es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I, inciso b), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se otorgó la protección constitucional. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. En consecuencia; de conformidad con el artículo 18 del Acuerdo en comento, el cuaderno principal y el original del incidente permanecerán en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurarán y terminado dicho proceso se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, de autos de advierte que mediante auto de trece de abril del año en curso, se puso a disposición de la quejosa el billete de depósito que exhibió a afecto de que surtiera efectos la suspensión provisional, por lo que no se hace mayor pronunciamiento pues se estará a lo acordado en el referido auto. Asimismo, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.

  2. Principal

    MESA VII. Toluca, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos del presente juicio, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veinte de abril de dos mil veintiuno, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento que el Juez de Control Especializado en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, efectuó en relación al fallo protector; por tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento de dicho fallo. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La orden de aprehensión y su ejecución Previa substanciación del juicio de amparo, el trece de enero de dos mil veintiuno, se emitió la sentencia correspondiente, en la que por una parte se sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso Jorge Eduardo Zenil Neira, para los efectos: Deje insubsistente el acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión emitida el siete de junio de dos mil veinte, en la carpeta administrativa 516/2020 de su índice; y, Dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda, pero debidamente fundada y motivada, tomando en cuenta las consideraciones precisadas en esta resolución. El nueve de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria el referido fallo protector y se requirió el Juez de Control Especializado en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, para que remitiera las constancias que demostraran el cumplimiento del mismo; posteriormente en auto veinte de abril del presente año, la autoridad responsable; comunicó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y para acreditar su dicho remitió diversas constancias atinentes al cumplimiento solicitado. Ahora bien, las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documentos públicos tienen valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que el Juez de Control Especializado en Cateos, Ordenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, dio cumplimiento con la directriz de la concesión de amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y, consecuentemente, se colige que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.

  3. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, veinte de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos los oficios de cuenta; mediante los cuales, con el primero el Agente del Ministerio Público adscrito al Tercer Turno de Hechos de Tránsito y Hospitales, de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de México, informa que en cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia emitida en el presente sumario, en su carácter de ejecutora se supeditará a lo que determine el Juez Especializado en Órdenes de Aprehensiones y Cateos; circunstancia de la cual se toma conocimiento. Por otro lado, con el segundo de cuenta, el Juez de Control Especializado en Cateos, Órdenes de Aprehensión y Medidas de Protección en Línea del Poder Judicial del Estado de México, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, y para acreditar su dicho adjunta copia certificada del cuadernillo de amparo 645/2020 de su índice, relativo a la causa de control 516/2020. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con las constancias remitidas por la responsable, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Encuentra sustento lo anterior, en lo conducente, en la Jurisprudencia 247, de La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Novena Época, a página 203, cuyo contenido es del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."

  4. Incidental

    MESA VI. Toluca, Estado de México, trece de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y como esta ordenado en el expediente principal, con copia del auto de nueve de abril del año en curso, mediante el cual, el quejoso ** solicita le sea devuelto el billete de depósito que ampara la cantidad de $5,500.00 (cinco mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió a efecto de que surtiera efectos la suspensión provisional decretada en el incidente de suspensión en que se actúa. Atento a lo anterior, y tomando en consideración que mediante proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, causo ejecutoria la sentencia dictada en el juicio principal de donde emana el presente incidente, se deja a disposición del quejoso el billete de depósito, previa toma de razón que se levante para debida constancia legal. En ese sentido, es menester hacer del conocimiento de la parte quejosa que a efecto de lograr lo anterior y atendiendo las medidas sanitarias establecidas en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en específico, en el artículo 3 de dicha normativa orgánica, deberá de realizar la cita correspondiente. Asimismo, hágase de su conocimiento que de conformidad con lo establecido por el artículo 50, primer párrafo, de la Ley de Tesorería de la Federación, tiene el término de dos años, contados a partir de la notificación del presente proveído, para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a recibir el billete depósito.

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