Jorge Eliseo Ravell Pech
Expediente 537/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Eliseo Ravell Pech
- Jorge Eliseo Ravell Pech y Otros.
- Ligia Sijaira Crisóstomo Tun y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil diecinueve. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como el duplicado deberá ser DESTRUIDO una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el auto de la suspensión provisional antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo. Finalmente, se ordena devolver las copias certificadas de las constancias relativas al juicio ordinario oral de guarda y custodia número 462/2017, del índice de la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer departamento Judicial del Estado, que envió en términos de lo requerido el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, por este Juzgado Federal. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por este Juzgado Federal, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por este Juzgado Federal, se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Finalmente, se ordena devolver las copias certificadas de las constancias relativas al juicio ordinario oral de guarda y custodia número 462/2017, del índice de la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer departamento Judicial del Estado, que envió como justificación de sus actos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 537/2019-VI, promovido por Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C., contra actos que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, posteriormente, se otorgó la representación de la menor de edad de iniciales S.A.R.C. a un asesor jurídico federal, por lo que se llevó a cabo la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto con ejecución dentro de la jurisdicción que ejerce este juzgado de Distrito. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: El acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del expediente 462/2017 relativo al juicio ordinario familiar de guarda y custodia, promovido por el aquí quejoso, en contra de Ligia Sijaira Crisostomo Tun, por medio del cual no accedió a las medidas cautelares solicitada por el aquí quejoso respecto a otorgarle la custodia de su hija menor de edad. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º, por lo que debe tenerse por existente el mismo. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia propuestas por las partes. Por cuestión de técnica jurídica, previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, precisa examinar las causales de improcedencia que invocan las partes en el presente asunto, pues de ser fundadas, sería ocioso analizar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Consecuentemente, por ser la improcedencia de la acción de amparo cuestión de orden público cuyo estudio puede efectuarse inclusive de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, con mayor razón procede llevarlo a cabo cuando así lo solicite alguna de las partes en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La tercero interesada Ligia Sijaira Crisóstomo Tun, mediante escrito presentado el ocho de mayo del año en curso, señaló que en el caso se actualiza la causal de improcedencia consistente en la existencia de un diverso juicio de amparo con número 205/2019-VI, promovido en idénticas condiciones y tramitado ante este mismo Juzgado de Distrito, prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Así, del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando existan los siguientes elementos: 1. Que exista otro juicio de amparo pendiente de resolución. 2. Que haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Bajo ese argumento, se advierte que en el caso el quejoso señaló como acto reclamado: el proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del expediente 462/2017 relativo al juicio ordinario familiar de guarda y custodia, promovido por el aquí quejoso, en contra de Ligia Sijaira Crisostomo Tun, por medio del cual no accedió a las medidas cautelares solicitada por el aquí quejoso respecto a otorgarle la custodia de su hija menor de edad. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte como un hecho notorio para este resolutor, que ante este órgano Jurisdiccional se tramitó el diverso juicio de amparo 205/2019-VI, el cual fue promovido por el aquí quejoso, en contra del acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del expediente 462/2017 relativo al juicio ordinario familiar de guarda y custodia, promovido por el aquí quejoso, en contra de Ligia Sijaira Crisostomo Tun, por medio de la cual se decretó improcedente otorgarle al aquí quejoso la custodia de su hija menor de edad, como medida de protección que solicitó; juicio de amparo que fue resuelto por este Juzgado de Distrito, mediante sentencia de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, la que causó ejecutoria por auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, ordenándose el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia número 2ª./j./ 103/2007, consultable en la página 285, del Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI. 1°P. J/25 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, marzo de 2002, visible en la página 1199, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." De este modo, se advierte que en el juicio de amparo 205/2019-VI del índice de este Órgano Jurisdiccional la quejosa reclamó un acto distinto al señalado en el presente juicio de amparo, en contra de la misma autoridad responsable; amparo que además ya fue resuelto en definitiva y se encuentra totalmente concluido. Establecido lo anterior, resulta evidente que el acto que reclama el peticionario de amparo en autos del presente juicio de amparo no es el mismo que se reclamó en el diverso juicio de amparo 205/2019-VI del índice de este Juzgado Federal, así como que este último ya se encuentra concluido, por lo que, en el caso, no se surten los extremos de improcedencia a que se refiere la fracción X, del ordinal 61, antes invocado, resultando infundada la causal de improcedencia hecha valer por la tercero interesada. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis VII.P. 83 K, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la foja 260, del Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del semanario Judicial de la Federación, con número de registro 209,531, que dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Por otra parte, la tercero interesada Ligia Sijaira Crisóstomo Tun, mediante escrito presentado el ocho de mayo del año en curso, también señaló que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, solicitando se decrete el sobreseimiento del juicio. En relación a dicha causal, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, únicamente puede acudirse a este medio extraordinario de defensa, cuando previamente se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, que tiendan a modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, aun cuando se trata de aquellos que por su naturaleza son de imposible reparación, esto es, que el juicio de amparo únicamente procede respecto de actos definitivos que son los no susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. La propia ley, ha establecido los casos de excepción de este principio, los cuales han quedado señalados en párrafos que anteceden. Establecido lo anterior, es infundada la causa de improcedencia que sostiene la tercero interesada en el presente asunto, habida cuenta que en el caso concreto, se actualiza una excepción al principio de definitividad, en razón de que se encuentra involucrada una menor de edad y de acuerdo a la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario no admite la suspensión del acto. Para explicar lo anterior, en la tesis de jurisprudencia 1a./J.77/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece el siguiente criterio: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". Ahora bien, el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia antes citada, concluyó que, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 dos de abril de 2013 dos mil trece - actualmente artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo-, será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado (en el caso, el de revocación), no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes. En estas condiciones, aun cuando el acuerdo reclamado admite el recurso ordinario de revocación, lo cierto es que dicho medio de impugnación no cuenta con un mecanismo de suspensión del acto reclamado, en términos del artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado; y en ese contexto normativo, el citado medio de defensa no es apto e idóneo para reparar de manera eficaz las posibles violaciones que se pudieran cometer en la persona de la menor; de ahí que en el caso concreto se actualiza el supuesto de excepción a que refiere el criterio jurisprudencial que se invoca en párrafos precedentes. Por lo que, si en el presente asunto se ven involucrados derechos de un menor, aunado a que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso aduce cuestiones de violencia sobre la menor de edad hechos valer ante la Fiscalía del Estado y que por lo mismo se considera en situación de vulnerabilidad, en consecuencia, es claro que debe aplicarse el criterio antes señalado en relación con la excepción al principio de definitividad, por tanto, se declara infundada la causa de improcedencia apuntada. Así las cosas, al desestimarse la causal de improcedencia que hizo valer la tercero interesada y en virtud de que no se advierte diversa que deba hacerse valer de oficio, lo que procede es abordar el estudio del fondo de la litis planteada. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo más causales de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. La parte quejosa aduce en esencia que la resolución reclamada viola en su perjuicio y el de su menor hija los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, toda vez que negó otorgarle la medida cautelar de custodia provisional sobre su menor hija, sin entrar al análisis de los argumentos que hizo valer, es decir sin fundar ni motivar su resolución y por el contrario ordenó que el quejoso hiciera entrega de su hija a la madre. Tales argumentos serán examinados a la luz de la suplencia de la queja, conforme al artículo 79 fracción II de la Ley de Amparo, pues la decisión reclamada incide directamente en el interés superior de la menor. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 167 del Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la cual se dice: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Asimismo, resulta pertinente señalar que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como derecho de la niñez, lo siguiente: "Artículo 4°. (...) Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, y en vigor para México a partir del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa, establece en su artículo 3, que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, se atenderá al interés superior del niño, el cual a la letra dice: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." Ahora, en su numeral 4 establece lo siguiente: "Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional." Así, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones legales antes transcritas se advierte que las autoridades administrativas, los tribunales o los órganos legislativos en todas las medidas que tomen concernientes a los niños, se atenderá primordialmente el interés superior de los menores. Precisado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Son inoperantes los argumentos del impetrante señalados en los conceptos de violación antes señalados, ya que la impugnación del quejoso parte de una premisa incorrecta, pues contrario a lo que sostiene, la autoridad responsable al declarar improcedente la medida de protección solicitada respecto al otorgamiento de la custodia provisional, consideró que respecto a las manifestaciones hechas por el quejoso no se accedía respecto a las medidas cautelares que solicitó, como lo ha señalado en diversos proveídos de dieciocho de enero y once de marzo del año en curso, puesto que consideró necesario escuchar a la menor de edad de iniciales S.A.R.C., siendo que para tal efecto se requieren las evaluaciones que se encuentra realizando la unidad psicológica y no solo del dicho de ambos padres, aunado al hecho de que de las constancias que obran en autos se advierte que la menor en cuestión se encuentra inestable emocionalmente, por cuanto ha manifestado en diferentes ocasiones su deseo de estar con uno u otro progenitor. Asimismo, atendiendo a lo resuelto la responsable ordenó girar oficio a la encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán, para que a la brevedad informe si la menor de iniciales S.A.R.C., fue presentada a su cita programada el once de abril del año en curso, para su valoración de capacidad. De lo anterior, se advierten los razonamientos en los que la autoridad responsable justificó la improcedencia de la medida de protección solicitada respecto a otorgarle la guarda y custodia de la menor, sin que como lo aduce el promovente, la autoridad se hubiera limitado a remitirse a lo determinado en autos anteriores, puesto que si bien es cierto, señaló que no se accedía respecto a las medidas cautelares que solicitó el quejoso, atento a lo señalado en diversos proveídos de dieciocho de enero y once de marzo del año en curso. También resulta cierto, que precisó considerar necesario escuchar a la menor de edad de iniciales S.A.R.C., siendo que para tal efecto se requieren las evaluaciones que se encuentra realizando la unidad psicológica y no solo del dicho de ambos padres, aunado al hecho de que de las constancias que obran en autos se advierte que la menor en cuestión se encuentra inestable emocionalmente, por cuanto ha manifestado en diferentes ocasiones su deseo de estar con uno u otro progenitor. Incluso ordenó girar oficio a la encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán, para que a la brevedad informe si la menor de iniciales S.A.R.C., fue presentada a su cita programada el once de abril del año en curso, para su valoración de capacidad. De lo que resulta claro que la autoridad responsable expuso los razonamientos judiciales que justifican la racionalidad de la decisión, lo que da certeza del porqué llegó a la conclusión expuesta en el proveído que se impugna, ya que si bien es cierto no señaló fundamento alguno para sustentar su determinación, sí motivo su determinación señalando los razonamientos lógicos y jurídicos en los que se basó para emitirla, de ahí que el acto reclamado cumple con la garantía de fundamentación y motivación sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las funden, puesto que la autoridad fue clara en exponer los motivos en los que sustentó su determinación. Por tanto, como se señaló, son inoperantes los conceptos de violación en comento. Apoya lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1326, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es como sigue: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Asimismo, se cita en apoyo a lo anterior la tesis I.4o.A.39 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2018204, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2481, que dice: "RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN SI CUMPLEN CON UNA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Dentro de los diversos derechos y garantías consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca la garantía de legalidad, prevista en su artículo 16, la cual consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el cumplimiento de aquélla se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, pues éstas la observan sin necesidad de invocar expresamente el o los preceptos que las fundan, cuando de ellas se advierte con claridad el artículo en que se basa la decisión. Como complemento de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las resoluciones jurisdiccionales presuponen un conflicto o litis entre las partes, en el cual el demandante establece sus pretensiones, apoyándose en determinados hechos o circunstancias y razones de derecho, y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, lo que obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, analizando todos y cada uno de los argumentos aducidos por las partes, de forma que se condene o absuelva al demandado. Para llegar a esta conclusión, el juzgador debe motivar su determinación expresando las razones normativas que informen de lo decidido -ratio decidendi-, es decir, el razonamiento o principio normativo aplicable al caso que da respuesta a la quaestio iuris, en el entendido de que el razonamiento jurídico-práctico, pretende dar respuestas a preguntas o problemas acerca de lo que, en un caso determinado es debido hacer u omitir, con base en lo que dispone el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones no únicamente implica expresar argumentos explicativos del porqué se llegó a una decisión concreta, sino también demostrar que esa decisión no es arbitraria, al incorporar en ella el marco normativo aplicable, los problemas jurídicos planteados, la exposición concreta de los hechos jurídicamente relevantes, probados y las circunstancias particulares consideradas para resolver. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables." Del mismo modo sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. CXVI/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 191358, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII, Agosto de 2000, página 143, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Por otra parte, es infundado lo argüido por el quejoso, en su concepto de violación, relativo a que existe violencia hacia la menor por parte de su madre, por lo que dicha menor corre riesgo al encontrarse con ella. Así como que la autoridad responsable no tomó en consideración las manifestaciones del quejoso al respecto. Para apoyar la anterior afirmación, resulta importante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que es deber del juzgador privilegiar el interés superior del niño en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los niños. Señaló también que el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño, circunstancia que se reiteró en los diversos numerales 9, 18, 20, 21, 37 y 40 de dicho ordenamiento legal. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que el interés superior del niño es un "punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades", y también refiere que se trata de un criterio al que "han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos". Menciona que el Comité para los Derechos del Niño, estableció que: "el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño." Enfatiza que el interés superior de la niñez cumple con varias dimensiones o funciones normativas: (i) como pauta interpretativa aplicable a las normas y actos que tengan injerencias respecto de los derechos de niñas y niños; y (ii) como principio jurídico rector que exige una máxima e integral protección de los derechos cuya titularidad corresponde a un menor de edad. De ahí que al resolver, los Jueces deben atender necesariamente a la realidad imperante en la sociedad, de tal forma que a través de sus interpretaciones se den respuestas adecuadas que compaginen la realidad con el derecho con sentido de justicia y equidad. Por ello, es claro que en este tipo de asuntos la autoridad jurisdiccional competente forzosamente deberá implementar los medios necesarios para salvaguardar los derechos e intereses de los menores involucrados. Así, una vez narrados los derechos fundamentales, así como las instituciones del derecho familiar que deben regir en el caso a estudio por ser de orden público e interés social, es válido concluir que lo antes narrado es suficiente para declarar infundado el concepto de violación y por tanto, para negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, pues si bien en la determinación reclamada se declaró improcedente la medida de protección solicitada por el quejoso, dicha determinación no vulnera en modo alguno los derechos de la menor, pues el juez responsable resolvió atendiendo al estado que guarda el procedimiento y a las valoraciones psicológicas llevadas a cabo; sin que ello implique que dejó de atender las manifestaciones del quejoso relativas a la violencia que aduce sufre la menor de edad, dado que como se observó, la autoridad fue clara en señalar que consideró necesario escuchar a la menor de edad de iniciales S.A.R.C., así como que se requieren las evaluaciones que se encuentra realizando la unidad psicológica y no solo del dicho de ambos padres, aunado al hecho de que de las constancias que obran en autos se advierte que la menor en cuestión se encuentra inestable emocionalmente, por cuanto ha manifestado en diferentes ocasiones su deseo de estar con uno u otro progenitor y en virtud de lo cual se estimó por el momento, insuficientes las solas manifestaciones del aquí quejoso para proveer favorablemente la solicitud de medidas de protección solicitadas y para tener por acreditada la existencia de violencia hacia la menor por parte de su madre. Y con lo que además este Juzgado de Distrito considera se cumplió con la obligación de atender y proteger el interés superior de la menor, dado que al contraponerse las constancias y manifestaciones hechas por el quejoso respecto a la violencia que dice sufre por parte de su madre, con las valoraciones psicológicas hechas a la menor y al quejoso en el procedimiento de origen, es indudable que no se cuenta con información suficiente para acordar favorablemente las medidas de protección solicitadas por el quejoso, respecto a que se le otorgue la guardia y custodia provisional de la menor, por lo que, se estima oportuna la determinación de la autoridad responsable respecto a declarar improcedente la solicitud del quejoso. Máxime que la autoridad responsable determinó que de las constancias que obran en autos del juicio natural se advierte que la menor en cuestión se encuentra inestable emocionalmente, por cuanto ha manifestado en diferentes ocasiones su deseo de estar con uno u otro progenitor. Así como que del acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, a que hace alusión la autoridad responsable en el auto reclamado, se advierte que en la valoración psicológica realizada a la niña con iniciales S.A.R.C., por personal de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, consta que no existen elementos para afirmar la presencia de alienación parental, toda vez que se encontró una inadaptación general alta, en el ámbito personal, social y familiar, que la menor no se siente a gusto en el ámbito correspondiente y que presenta una insatisfacción muy alta en cuanto al clima de su hogar y la relación de sus padres entre sí; y, Que se percibía un padre negligente que no es capaz de interesarse por ella, puede ser indiferente con ello debido a su falta de implicación emocional y al pobre compromiso y supervisión; que percibe a una madre indulgente, ya que percibe interés por parte de su madre, se comunica adecuadamente. Que en la valoración psicológica realizada al aquí quejoso por el personal de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán, aparece como conclusiones: "1.- Habilidad Parental. De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba PEE, se pudo identificar un perfil ASERTIVO, así como SOBREPROTECTOR. Es importante señalar que este intenta cuidar a su hija evitándole todo mal y al mismo tiempo evitando que tenga límites en cuanto a su conducta, esto lejos de favorecer perjudica, puesto que la menor no posee una dirección en cuanto al sentido de responsabilidad y deber, lo que es ocasionado por la falta de reglas en casa. De acuerdo al resultado obtenido en cuanto a la personalidad del señor, se pudo encontrar que puede ser una persona terca, cuidadosa, rígida, precavida, inconformista, despreocupado, que acepta pocas obligaciones, inestable en sus propósitos, se tolera fallar, no siente necesidad de cumplirse a sí mismo, se guía por impulsos, puede ser sensible, demandante de atención y afecto, impaciente, dependiente, tiende a basar sus juicios en gustos, entre otras. Dichas características no son del todo favorecedoras para servir como ejemplo a su hija menor de edad por lo que es importante que el señor trabaje en mejorar y ser autoexigente consigo mismo y con su hija. De igual forma es importante señalar que el discurso negativo que el señor expuso respecto a la madre de su hija no favorece en absoluto que se cree un vínculo respetuoso con la señora, es importante que éste se exprese de manera asertiva respecto a la madre de su hija ya que si la menor percibe que el habla así de su madre, podría causarle sentimiento de rechazo hacia el mismo. Y que la denuncia y/o querella interpuesta por el actor de ese juicio, ante la Fiscalía General del Estado, resulta insuficiente para presumir el riesgo o peligro en agravio de la menor, pues se trata de simples manifestaciones ante dicha Dependencia, que necesitan ser corroboradas, y que inclusive se contradicen con el resultado de la valoración psicológica de la menor S.A.R.C. donde se advierte que la relación parterno-filial no es del todo cordial, y que la menor presenta sentimientos de rechazo hacia su padre; además que del resultado de la valoración psicológica del señor JORGE ELISEO RAVELL PECH no resulta del todo favorable respecto a sus habilidades parentales. De ahí que el juez responsable no puede resolver sobre la custodia provisional o definitiva de los menores, basándose únicamente en la opinión de estos, porque por sí sola, no arroja dato de peligro al menor, por lo que debe atender a cada uno de los elementos que se adviertan en el juicio de origen y ponderar si existe algún dato que justifique que el menor no debe estar a cargo de la madre o no, entendiéndose con ello, que exista un riesgo probable y fundado de que la menor corra algún peligro en su integridad física o emocional, lo que en el caso, por el momento no se encuentra acreditado en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio: I.5o.C.144 C, de la Novena Época, sostenido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicando en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, visible en la página 2332, de rubro y texto siguientes: "GUARDA Y CUSTODIA. ESCUCHAR AL MENOR EN JUICIO, NO ES UN FACTOR DETERMINANTE AL MOMENTO DE RESOLVER. El derecho de los menores a ser escuchados, se otorga para que, oyendo su opinión, el juzgador pueda conocer sobre su personalidad, necesidades, inclinaciones o dificultades, a la luz de las pruebas existentes; de tal forma que se pueda resolver lo más benéfico para ellos, en una edad en que, aunque pueden formarse un criterio, no siempre sus decisiones presentan un juicio cabal de lo que más les conviene en relación con su guarda y custodia. Luego, aun cuando el menor externe sus opiniones y preferencias ante el Juez, ello debe ser ponderado según las circunstancias del caso, con el fin de que se decida lo que más conviene para su sano desarrollo, en cuanto a señalar en cuál progenitor debe recaer su guarda y custodia, pues precisamente por su edad, debe verificarse en forma especial, que la preferencia de los menores no esté viciada ni sea subjetiva, como ocurre cuando alguno de los padres ofrezca menores restricciones y exigencias de convivencia y acepte vivir con el padre más permisivo y menos controlador de sus actividades. En consecuencia, la preferencia del menor no puede ser determinante para resolverse sobre su guarda y custodia, ya que para ello se deben atender a las diversas circunstancias que rodean el caso, en concatenación con todo lo alegado y probado en autos, ya que de no ser así, se llegaría al extremo de que el menor decidiera sobre su guarda y custodia, lo cual le corresponde determinar al Juez". Lo anterior lleva a concluir que los conceptos de violación expuestos por el promovente del amparo en su escrito inicial de demanda, son insuficientes para modificar la determinación reclamada, aun suplido en su deficiencia, por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C., contra los actos que reclamó del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C., contra actos que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Nóvelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado lo permitieron.
- Principal
CITATORIO ...QUEJOSA ...Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 537/2019-VI, promovido por Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C., contra actos que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, posteriormente, se otorgó la representación de la menor de edad de iniciales S.A.R.C. a un asesor jurídico federal, por lo que se llevó a cabo la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto con ejecución dentro de la jurisdicción que ejerce este juzgado de Distrito. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: El acuerdo de doce de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del expediente 462/2017 relativo al juicio ordinario familiar de guarda y custodia, promovido por el aquí quejoso, en contra de Ligia Sijaira Crisostomo Tun, por medio del cual no accedió a las medidas cautelares solicitada por el aquí quejoso respecto a otorgarle la custodia de su hija menor de edad. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º, por lo que debe tenerse por existente el mismo. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia propuestas por las partes. Por cuestión de técnica jurídica, previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, precisa examinar las causales de improcedencia que invocan las partes en el presente asunto, pues de ser fundadas, sería ocioso analizar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Consecuentemente, por ser la improcedencia de la acción de amparo cuestión de orden público cuyo estudio puede efectuarse inclusive de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, con mayor razón procede llevarlo a cabo cuando así lo solicite alguna de las partes en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La tercero interesada Ligia Sijaira Crisóstomo Tun, mediante escrito presentado el ocho de mayo del año en curso, señaló que en el caso se actualiza la causal de improcedencia consistente en la existencia de un diverso juicio de amparo con número 205/2019-VI, promovido en idénticas condiciones y tramitado ante este mismo Juzgado de Distrito, prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;." Así, del artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando existan los siguientes elementos: 1. Que exista otro juicio de amparo pendiente de resolución. 2. Que haya sido promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado. Bajo ese argumento, se advierte que en el caso el quejoso señaló como acto reclamado: el proveído de doce de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del expediente 462/2017 relativo al juicio ordinario familiar de guarda y custodia, promovido por el aquí quejoso, en contra de Ligia Sijaira Crisostomo Tun, por medio del cual no accedió a las medidas cautelares solicitada por el aquí quejoso respecto a otorgarle la custodia de su hija menor de edad. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte como un hecho notorio para este resolutor, que ante este órgano Jurisdiccional se tramitó el diverso juicio de amparo 205/2019-VI, el cual fue promovido por el aquí quejoso, en contra del acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del expediente 462/2017 relativo al juicio ordinario familiar de guarda y custodia, promovido por el aquí quejoso, en contra de Ligia Sijaira Crisostomo Tun, por medio de la cual se decretó improcedente otorgarle al aquí quejoso la custodia de su hija menor de edad, como medida de protección que solicitó; juicio de amparo que fue resuelto por este Juzgado de Distrito, mediante sentencia de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, la que causó ejecutoria por auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve, ordenándose el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia número 2ª./j./ 103/2007, consultable en la página 285, del Tomo XXV, junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia VI. 1°P. J/25 emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, marzo de 2002, visible en la página 1199, de rubro y texto siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." De este modo, se advierte que en el juicio de amparo 205/2019-VI del índice de este Órgano Jurisdiccional la quejosa reclamó un acto distinto al señalado en el presente juicio de amparo, en contra de la misma autoridad responsable; amparo que además ya fue resuelto en definitiva y se encuentra totalmente concluido. Establecido lo anterior, resulta evidente que el acto que reclama el peticionario de amparo en autos del presente juicio de amparo no es el mismo que se reclamó en el diverso juicio de amparo 205/2019-VI del índice de este Juzgado Federal, así como que este último ya se encuentra concluido, por lo que, en el caso, no se surten los extremos de improcedencia a que se refiere la fracción X, del ordinal 61, antes invocado, resultando infundada la causal de improcedencia hecha valer por la tercero interesada. Se cita en apoyo a lo anterior, la tesis VII.P. 83 K, del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, publicada en la foja 260, del Tomo XV, Enero de 1995, Octava Época, del semanario Judicial de la Federación, con número de registro 209,531, que dice: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACIÓN DE LA FRACCION III DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Por otra parte, la tercero interesada Ligia Sijaira Crisóstomo Tun, mediante escrito presentado el ocho de mayo del año en curso, también señaló que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, solicitando se decrete el sobreseimiento del juicio. En relación a dicha causal, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, únicamente puede acudirse a este medio extraordinario de defensa, cuando previamente se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, que tiendan a modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, aun cuando se trata de aquellos que por su naturaleza son de imposible reparación, esto es, que el juicio de amparo únicamente procede respecto de actos definitivos que son los no susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. La propia ley, ha establecido los casos de excepción de este principio, los cuales han quedado señalados en párrafos que anteceden. Establecido lo anterior, es infundada la causa de improcedencia que sostiene la tercero interesada en el presente asunto, habida cuenta que en el caso concreto, se actualiza una excepción al principio de definitividad, en razón de que se encuentra involucrada una menor de edad y de acuerdo a la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario no admite la suspensión del acto. Para explicar lo anterior, en la tesis de jurisprudencia 1a./J.77/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece el siguiente criterio: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". Ahora bien, el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia antes citada, concluyó que, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 dos de abril de 2013 dos mil trece - actualmente artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo-, será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado (en el caso, el de revocación), no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes. En estas condiciones, aun cuando el acuerdo reclamado admite el recurso ordinario de revocación, lo cierto es que dicho medio de impugnación no cuenta con un mecanismo de suspensión del acto reclamado, en términos del artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado; y en ese contexto normativo, el citado medio de defensa no es apto e idóneo para reparar de manera eficaz las posibles violaciones que se pudieran cometer en la persona de la menor; de ahí que en el caso concreto se actualiza el supuesto de excepción a que refiere el criterio jurisprudencial que se invoca en párrafos precedentes. Por lo que, si en el presente asunto se ven involucrados derechos de un menor, aunado a que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso aduce cuestiones de violencia sobre la menor de edad hechos valer ante la Fiscalía del Estado y que por lo mismo se considera en situación de vulnerabilidad, en consecuencia, es claro que debe aplicarse el criterio antes señalado en relación con la excepción al principio de definitividad, por tanto, se declara infundada la causa de improcedencia apuntada. Así las cosas, al desestimarse la causal de improcedencia que hizo valer la tercero interesada y en virtud de que no se advierte diversa que deba hacerse valer de oficio, lo que procede es abordar el estudio del fondo de la litis planteada. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo más causales de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. La parte quejosa aduce en esencia que la resolución reclamada viola en su perjuicio y el de su menor hija los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, toda vez que negó otorgarle la medida cautelar de custodia provisional sobre su menor hija, sin entrar al análisis de los argumentos que hizo valer, es decir sin fundar ni motivar su resolución y por el contrario ordenó que el quejoso hiciera entrega de su hija a la madre. Tales argumentos serán examinados a la luz de la suplencia de la queja, conforme al artículo 79 fracción II de la Ley de Amparo, pues la decisión reclamada incide directamente en el interés superior de la menor. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 167 del Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la cual se dice: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Asimismo, resulta pertinente señalar que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como derecho de la niñez, lo siguiente: "Artículo 4°. (...) Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, y en vigor para México a partir del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa, establece en su artículo 3, que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, se atenderá al interés superior del niño, el cual a la letra dice: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." Ahora, en su numeral 4 establece lo siguiente: "Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional." Así, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones legales antes transcritas se advierte que las autoridades administrativas, los tribunales o los órganos legislativos en todas las medidas que tomen concernientes a los niños, se atenderá primordialmente el interés superior de los menores. Precisado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Son inoperantes los argumentos del impetrante señalados en los conceptos de violación antes señalados, ya que la impugnación del quejoso parte de una premisa incorrecta, pues contrario a lo que sostiene, la autoridad responsable al declarar improcedente la medida de protección solicitada respecto al otorgamiento de la custodia provisional, consideró que respecto a las manifestaciones hechas por el quejoso no se accedía respecto a las medidas cautelares que solicitó, como lo ha señalado en diversos proveídos de dieciocho de enero y once de marzo del año en curso, puesto que consideró necesario escuchar a la menor de edad de iniciales S.A.R.C., siendo que para tal efecto se requieren las evaluaciones que se encuentra realizando la unidad psicológica y no solo del dicho de ambos padres, aunado al hecho de que de las constancias que obran en autos se advierte que la menor en cuestión se encuentra inestable emocionalmente, por cuanto ha manifestado en diferentes ocasiones su deseo de estar con uno u otro progenitor. Asimismo, atendiendo a lo resuelto la responsable ordenó girar oficio a la encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán, para que a la brevedad informe si la menor de iniciales S.A.R.C., fue presentada a su cita programada el once de abril del año en curso, para su valoración de capacidad. De lo anterior, se advierten los razonamientos en los que la autoridad responsable justificó la improcedencia de la medida de protección solicitada respecto a otorgarle la guarda y custodia de la menor, sin que como lo aduce el promovente, la autoridad se hubiera limitado a remitirse a lo determinado en autos anteriores, puesto que si bien es cierto, señaló que no se accedía respecto a las medidas cautelares que solicitó el quejoso, atento a lo señalado en diversos proveídos de dieciocho de enero y once de marzo del año en curso. También resulta cierto, que precisó considerar necesario escuchar a la menor de edad de iniciales S.A.R.C., siendo que para tal efecto se requieren las evaluaciones que se encuentra realizando la unidad psicológica y no solo del dicho de ambos padres, aunado al hecho de que de las constancias que obran en autos se advierte que la menor en cuestión se encuentra inestable emocionalmente, por cuanto ha manifestado en diferentes ocasiones su deseo de estar con uno u otro progenitor. Incluso ordenó girar oficio a la encargada de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán, para que a la brevedad informe si la menor de iniciales S.A.R.C., fue presentada a su cita programada el once de abril del año en curso, para su valoración de capacidad. De lo que resulta claro que la autoridad responsable expuso los razonamientos judiciales que justifican la racionalidad de la decisión, lo que da certeza del porqué llegó a la conclusión expuesta en el proveído que se impugna, ya que si bien es cierto no señaló fundamento alguno para sustentar su determinación, sí motivo su determinación señalando los razonamientos lógicos y jurídicos en los que se basó para emitirla, de ahí que el acto reclamado cumple con la garantía de fundamentación y motivación sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las funden, puesto que la autoridad fue clara en exponer los motivos en los que sustentó su determinación. Por tanto, como se señaló, son inoperantes los conceptos de violación en comento. Apoya lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1326, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es como sigue: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Asimismo, se cita en apoyo a lo anterior la tesis I.4o.A.39 K (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2018204, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, página 2481, que dice: "RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINAN SI CUMPLEN CON UNA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Dentro de los diversos derechos y garantías consagrados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca la garantía de legalidad, prevista en su artículo 16, la cual consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el cumplimiento de aquélla se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales, pues éstas la observan sin necesidad de invocar expresamente el o los preceptos que las fundan, cuando de ellas se advierte con claridad el artículo en que se basa la decisión. Como complemento de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las resoluciones jurisdiccionales presuponen un conflicto o litis entre las partes, en el cual el demandante establece sus pretensiones, apoyándose en determinados hechos o circunstancias y razones de derecho, y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, lo que obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, analizando todos y cada uno de los argumentos aducidos por las partes, de forma que se condene o absuelva al demandado. Para llegar a esta conclusión, el juzgador debe motivar su determinación expresando las razones normativas que informen de lo decidido -ratio decidendi-, es decir, el razonamiento o principio normativo aplicable al caso que da respuesta a la quaestio iuris, en el entendido de que el razonamiento jurídico-práctico, pretende dar respuestas a preguntas o problemas acerca de lo que, en un caso determinado es debido hacer u omitir, con base en lo que dispone el ordenamiento jurídico. Por otra parte, la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones no únicamente implica expresar argumentos explicativos del porqué se llegó a una decisión concreta, sino también demostrar que esa decisión no es arbitraria, al incorporar en ella el marco normativo aplicable, los problemas jurídicos planteados, la exposición concreta de los hechos jurídicamente relevantes, probados y las circunstancias particulares consideradas para resolver. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables." Del mismo modo sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. CXVI/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 191358, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XII, Agosto de 2000, página 143, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa." Por otra parte, es infundado lo argüido por el quejoso, en su concepto de violación, relativo a que existe violencia hacia la menor por parte de su madre, por lo que dicha menor corre riesgo al encontrarse con ella. Así como que la autoridad responsable no tomó en consideración las manifestaciones del quejoso al respecto. Para apoyar la anterior afirmación, resulta importante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que es deber del juzgador privilegiar el interés superior del niño en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los niños. Señaló también que el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño, circunstancia que se reiteró en los diversos numerales 9, 18, 20, 21, 37 y 40 de dicho ordenamiento legal. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que el interés superior del niño es un "punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades", y también refiere que se trata de un criterio al que "han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos". Menciona que el Comité para los Derechos del Niño, estableció que: "el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño." Enfatiza que el interés superior de la niñez cumple con varias dimensiones o funciones normativas: (i) como pauta interpretativa aplicable a las normas y actos que tengan injerencias respecto de los derechos de niñas y niños; y (ii) como principio jurídico rector que exige una máxima e integral protección de los derechos cuya titularidad corresponde a un menor de edad. De ahí que al resolver, los Jueces deben atender necesariamente a la realidad imperante en la sociedad, de tal forma que a través de sus interpretaciones se den respuestas adecuadas que compaginen la realidad con el derecho con sentido de justicia y equidad. Por ello, es claro que en este tipo de asuntos la autoridad jurisdiccional competente forzosamente deberá implementar los medios necesarios para salvaguardar los derechos e intereses de los menores involucrados. Así, una vez narrados los derechos fundamentales, así como las instituciones del derecho familiar que deben regir en el caso a estudio por ser de orden público e interés social, es válido concluir que lo antes narrado es suficiente para declarar infundado el concepto de violación y por tanto, para negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, pues si bien en la determinación reclamada se declaró improcedente la medida de protección solicitada por el quejoso, dicha determinación no vulnera en modo alguno los derechos de la menor, pues el juez responsable resolvió atendiendo al estado que guarda el procedimiento y a las valoraciones psicológicas llevadas a cabo; sin que ello implique que dejó de atender las manifestaciones del quejoso relativas a la violencia que aduce sufre la menor de edad, dado que como se observó, la autoridad fue clara en señalar que consideró necesario escuchar a la menor de edad de iniciales S.A.R.C., así como que se requieren las evaluaciones que se encuentra realizando la unidad psicológica y no solo del dicho de ambos padres, aunado al hecho de que de las constancias que obran en autos se advierte que la menor en cuestión se encuentra inestable emocionalmente, por cuanto ha manifestado en diferentes ocasiones su deseo de estar con uno u otro progenitor y en virtud de lo cual se estimó por el momento, insuficientes las solas manifestaciones del aquí quejoso para proveer favorablemente la solicitud de medidas de protección solicitadas y para tener por acreditada la existencia de violencia hacia la menor por parte de su madre. Y con lo que además este Juzgado de Distrito considera se cumplió con la obligación de atender y proteger el interés superior de la menor, dado que al contraponerse las constancias y manifestaciones hechas por el quejoso respecto a la violencia que dice sufre por parte de su madre, con las valoraciones psicológicas hechas a la menor y al quejoso en el procedimiento de origen, es indudable que no se cuenta con información suficiente para acordar favorablemente las medidas de protección solicitadas por el quejoso, respecto a que se le otorgue la guardia y custodia provisional de la menor, por lo que, se estima oportuna la determinación de la autoridad responsable respecto a declarar improcedente la solicitud del quejoso. Máxime que la autoridad responsable determinó que de las constancias que obran en autos del juicio natural se advierte que la menor en cuestión se encuentra inestable emocionalmente, por cuanto ha manifestado en diferentes ocasiones su deseo de estar con uno u otro progenitor. Así como que del acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, a que hace alusión la autoridad responsable en el auto reclamado, se advierte que en la valoración psicológica realizada a la niña con iniciales S.A.R.C., por personal de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, consta que no existen elementos para afirmar la presencia de alienación parental, toda vez que se encontró una inadaptación general alta, en el ámbito personal, social y familiar, que la menor no se siente a gusto en el ámbito correspondiente y que presenta una insatisfacción muy alta en cuanto al clima de su hogar y la relación de sus padres entre sí; y, Que se percibía un padre negligente que no es capaz de interesarse por ella, puede ser indiferente con ello debido a su falta de implicación emocional y al pobre compromiso y supervisión; que percibe a una madre indulgente, ya que percibe interés por parte de su madre, se comunica adecuadamente. Que en la valoración psicológica realizada al aquí quejoso por el personal de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán, aparece como conclusiones: "1.- Habilidad Parental. De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba PEE, se pudo identificar un perfil ASERTIVO, así como SOBREPROTECTOR. Es importante señalar que este intenta cuidar a su hija evitándole todo mal y al mismo tiempo evitando que tenga límites en cuanto a su conducta, esto lejos de favorecer perjudica, puesto que la menor no posee una dirección en cuanto al sentido de responsabilidad y deber, lo que es ocasionado por la falta de reglas en casa. De acuerdo al resultado obtenido en cuanto a la personalidad del señor, se pudo encontrar que puede ser una persona terca, cuidadosa, rígida, precavida, inconformista, despreocupado, que acepta pocas obligaciones, inestable en sus propósitos, se tolera fallar, no siente necesidad de cumplirse a sí mismo, se guía por impulsos, puede ser sensible, demandante de atención y afecto, impaciente, dependiente, tiende a basar sus juicios en gustos, entre otras. Dichas características no son del todo favorecedoras para servir como ejemplo a su hija menor de edad por lo que es importante que el señor trabaje en mejorar y ser autoexigente consigo mismo y con su hija. De igual forma es importante señalar que el discurso negativo que el señor expuso respecto a la madre de su hija no favorece en absoluto que se cree un vínculo respetuoso con la señora, es importante que éste se exprese de manera asertiva respecto a la madre de su hija ya que si la menor percibe que el habla así de su madre, podría causarle sentimiento de rechazo hacia el mismo. Y que la denuncia y/o querella interpuesta por el actor de ese juicio, ante la Fiscalía General del Estado, resulta insuficiente para presumir el riesgo o peligro en agravio de la menor, pues se trata de simples manifestaciones ante dicha Dependencia, que necesitan ser corroboradas, y que inclusive se contradicen con el resultado de la valoración psicológica de la menor S.A.R.C. donde se advierte que la relación parterno-filial no es del todo cordial, y que la menor presenta sentimientos de rechazo hacia su padre; además que del resultado de la valoración psicológica del señor JORGE ELISEO RAVELL PECH no resulta del todo favorable respecto a sus habilidades parentales. De ahí que el juez responsable no puede resolver sobre la custodia provisional o definitiva de los menores, basándose únicamente en la opinión de estos, porque por sí sola, no arroja dato de peligro al menor, por lo que debe atender a cada uno de los elementos que se adviertan en el juicio de origen y ponderar si existe algún dato que justifique que el menor no debe estar a cargo de la madre o no, entendiéndose con ello, que exista un riesgo probable y fundado de que la menor corra algún peligro en su integridad física o emocional, lo que en el caso, por el momento no se encuentra acreditado en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio: I.5o.C.144 C, de la Novena Época, sostenido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicando en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, visible en la página 2332, de rubro y texto siguientes: "GUARDA Y CUSTODIA. ESCUCHAR AL MENOR EN JUICIO, NO ES UN FACTOR DETERMINANTE AL MOMENTO DE RESOLVER. El derecho de los menores a ser escuchados, se otorga para que, oyendo su opinión, el juzgador pueda conocer sobre su personalidad, necesidades, inclinaciones o dificultades, a la luz de las pruebas existentes; de tal forma que se pueda resolver lo más benéfico para ellos, en una edad en que, aunque pueden formarse un criterio, no siempre sus decisiones presentan un juicio cabal de lo que más les conviene en relación con su guarda y custodia. Luego, aun cuando el menor externe sus opiniones y preferencias ante el Juez, ello debe ser ponderado según las circunstancias del caso, con el fin de que se decida lo que más conviene para su sano desarrollo, en cuanto a señalar en cuál progenitor debe recaer su guarda y custodia, pues precisamente por su edad, debe verificarse en forma especial, que la preferencia de los menores no esté viciada ni sea subjetiva, como ocurre cuando alguno de los padres ofrezca menores restricciones y exigencias de convivencia y acepte vivir con el padre más permisivo y menos controlador de sus actividades. En consecuencia, la preferencia del menor no puede ser determinante para resolverse sobre su guarda y custodia, ya que para ello se deben atender a las diversas circunstancias que rodean el caso, en concatenación con todo lo alegado y probado en autos, ya que de no ser así, se llegaría al extremo de que el menor decidiera sobre su guarda y custodia, lo cual le corresponde determinar al Juez". Lo anterior lleva a concluir que los conceptos de violación expuestos por el promovente del amparo en su escrito inicial de demanda, son insuficientes para modificar la determinación reclamada, aun suplido en su deficiencia, por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C., contra los actos que reclamó del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C., contra actos que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Nóvelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro que autoriza y da fe, hasta el día de hoy dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado lo permitieron.
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