Jorge Eliseo Ravell Pech
Expediente 205/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 24 actuaciones registradas, la última del 20 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 20/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán
- Jorge Eliseo Ravell Pech y Otros.
- Jorge Eliseo Ravell Pech
- Ligia Sijaira Crisóstomo Tun y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con la fracción III del artículo Vigésimo y la fracción III del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente incidente de suspensión en original y duplicado es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que por acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve y por resolución de trece de marzo de ese mismo año, se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de agosto de dos mil diecinueve. Vista la cuenta que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, dictada por este Juzgado Federal, en la que en su primer punto resolutivo negó el amparo y protección de la Justicia Federal; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquella resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que por sentencia de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, dictada por este Juzgado Federal, se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando asimismo la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que deriva de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, se ordena devolver las copias certificadas de las constancias relativas al expediente 462/2017 relativo al juicio ordinario oral familiar de guarda y custodia, del índice del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, que envió como justificación de sus actos. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Encargado del Despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
AVISO: se R e s u e l v e: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C., contra actos que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Nóvelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de julio de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado lo permitieron.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 205/2019-VI, promovido por Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C., contra actos que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Segundo. Admisión de la demanda. Previo desahogo de prevención, por auto de seis de marzo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada, posteriormente, se otorgó la representación de la menor de edad de iniciales S.A.R.C. a un asesor jurídico federal, por lo que se llevó a cabo la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo de acuerdo al acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente, y, C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse un acto con ejecución dentro de la jurisdicción que ejerce este juzgado de Distrito. Segundo. Precisión de actos. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es oportuno precisar que la parte quejosa reclama de la autoridad señalada como responsable: El acuerdo de dieciocho de enero de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del expediente 462/2017 relativo al juicio ordinario familiar de guarda y custodia, promovido por el aquí quejoso, en contra de Ligia Sijaira Crisostomo Tun, por medio de la cual se decretó improcedente otorgarle al aquí quejoso la custodia de su hija menor de edad, como medida de protección que solicitó. Tercero. Existencia del acto reclamado. La Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio de origen; a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2º, por lo que debe tenerse por existente el mismo. Cuarto. Análisis de las causales del improcedencia propuestas por las partes. Por cuestión de técnica jurídica, previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, precisa examinar las causales de improcedencia que invocan las partes en el presente asunto, pues de ser fundada, sería ocioso analizar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Consecuentemente, por ser la improcedencia de la acción de amparo cuestión de orden público cuyo estudio puede efectuarse inclusive de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, con mayor razón procede llevarlo a cabo cuando así lo solicite alguna de las partes en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La tercero interesada Ligia Sijaira Crisóstomo Tun, mediante escrito presentado el trece de marzo del año en curso, señaló que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, solicitando se decrete el sobreseimiento del juicio. En relación a dicha causal, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. De acuerdo con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, únicamente puede acudirse a este medio extraordinario de defensa, cuando previamente se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa procedentes, que tiendan a modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, aun cuando se trata de aquellos que por su naturaleza son de imposible reparación, esto es, que el juicio de amparo únicamente procede respecto de actos definitivos que son los no susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. La propia ley, ha establecido los casos de excepción de este principio, los cuales han quedado señalaos en párrafos que anteceden. Establecido lo anterior, es infundada la causa de improcedencia que sostiene la tercero interesada en el presente asunto, habida cuenta que en el caso concreto, se actualiza una excepción al principio de definitividad, en razón de que se encuentra involucrada una menor de edad y de acuerdo a la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario no admite la suspensión del acto. Para explicar lo anterior, en la tesis de jurisprudencia 1a./J.77/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece el siguiente criterio: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada". Ahora bien, el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. Sin embargo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia antes citada, concluyó que, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 dos de abril de 2013 dos mil trece - actualmente artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo-, será posible dejar de observar la regla de la definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrada una persona menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado (en el caso, el de revocación), no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz para alejar al niño o a la niña de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentre, y cuyo riesgo, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada, sea alegado por cualquiera de las partes. En estas condiciones, aun cuando el acuerdo reclamado admite el recurso ordinario de revocación, lo cierto es que dicho medio de impugnación no cuenta con un mecanismo de suspensión del acto reclamado, en términos del artículo 423 del Código de Procedimientos Familiares del Estado; y en ese contexto normativo, el citado medio de defensa no es apto e idóneo para reparar de manera eficaz las posibles violaciones que se pudieran cometer en la persona de la menor; de ahí que en el caso concreto se actualiza el supuesto de excepción a que refiere el criterio jurisprudencial que se invoca en párrafos precedentes. Por lo que, si en el presente asunto se ven involucrados derechos de un menor, aunado a que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso aduce cuestiones de violencia sobre la menor de edad hechos valer ante la Fiscalía del Estado y que por lo mismo se considera en situación de vulnerabilidad, en consecuencia, es claro que debe aplicarse el criterio antes señalado en relación con la excepción al principio de definitividad, por tanto, se declara infundada la causa de improcedencia apuntada. Así las cosas, al desestimarse la causal de improcedencia que hizo valer la tercero interesada y en virtud de que no se advierte diversa que deba hacerse valer de oficio, lo que procede es abordar el estudio del fondo de la litis planteada. Quinto. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tiene por reproducidos como si a la letra se insertaran. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. La parte quejosa aduce en esencia que la resolución reclamada viola en su perjuicio y el de su menor hija los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución, toda vez que negó otorgarle las medidas de protección y/o cautelares de custodia provisional, basándose en premisas falsas y meros formalismos que vulneran los derechos elementales de su hija. Que su hija declaró ante la Fiscalía General del Estado, asistida de una psicóloga y manifestó no querer estar con su madre, quien aduce la violenta en todos los aspectos, tanto físicos como psicológicos, por lo que, la autoridad no puede señalar que la denuncia y/o querella eran simples manifestaciones del quejoso y tampoco podía negar el peligro que corre su hija ni pasarlo por alto, basándose en el resultado de los estudios psicológicos, pues en esos estudios no se desprende que el quejoso sea una persona violenta, como sí lo es la madre, quien le pega a su hija y quien pasa la mayor parte del tiempo embriagándose y metiendo a personas a su casa, con la posibilidad de que su hija sufra daños irreversibles, además de que en los autos se advierte que la madre incurrió en violencia al negar la convivencia, lo que no valoró el Juez responsable. Que el proceso se encuentra inclinado y con parcialidad a favorecer a la madre de su hija, pues desde que interpuso la demanda hizo valer hechos de violencia de la madre, lo que ya se reflejó de tal manera que su hija ya no quiere regresar con su madre y pide que el quejoso la tenga consigo, lo que no fue observado por la Juez responsable, quien debió actuar con celeridad y creatividad para salvaguardar la integridad de la menor. Que el día once de febrero de dos mil diecinueve, la menor de edad se comunicó con su progenitor aquí quejoso, para que la fuera a buscar a su casa, pues señaló que su madre se encontraba alcoholizada y no había comido nada y que tenía mucho miedo, por lo que el quejoso fue por ella, siendo que el doce de febrero del año en curso, compareció ante la autoridad responsable a fin de solicitar una medida cautelar, pues era la segunda vez que su hija le llamaba para su auxilio, asimismo solicitaron a la Juez responsable que escuchara a la menor a fin de que se percatara de la realidad de las cosa, a lo que la Secretaria de Acuerdos le manifestó que no podían atenderlos y que no se podía escuchar a la menor para no revictimizarla, cuando la menor fue escuchada hace más de un año y medio y se le negó de nueva cuenta la medida cautelar de custodia provisional. Tales argumentos serán examinados a la luz de la suplencia de la queja, conforme al artículo 79 fracción II de la Ley de Amparo, pues la decisión reclamada incide directamente en el interés superior de la menor. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 167 del Tomo XXIII, mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en la cual se dice: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como derecho de la niñez, lo siguiente: "Artículo 4°. (...) Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, y en vigor para México a partir del veintiuno de octubre de mil novecientos noventa, establece en su artículo 3, que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen los tribunales, se atenderá al interés superior del niño, el cual a la letra dice: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." Ahora, en su numeral 4 establece lo siguiente: "Artículo 4. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional." Así, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones legales antes transcritas se advierte que las autoridades administrativas, los tribunales o los órganos legislativos en todas las medidas que tomen concernientes a los niños, se atenderá primordialmente el interés superior de los menores. Precisado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Son inoperantes los argumentos del impetrante señalados en los conceptos de violación antes señalados, ya que la impugnación del quejoso parte de una premisa incorrecta, pues contrario a lo que sostiene, la autoridad responsable al declarar improcedente la medida de protección solicitada respecto al otorgamiento de la custodia provisional, consideró que: En la valoración psicológica realizada a la niña S.A.R.C., por personal de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, consta que no existen elementos para afirmar la presencia de alienación parental, toda vez que se encontró una inadaptación general alta, en el ámbito personal, social y familiar, que la menor no se siente a gusto en el ámbito correspondiente y que presenta una insatisfacción muy alta en cuanto al clima de su hogar y la relación de sus padres entre sí; y, Que se percibía un padre negligente que no es capaz de interesarse por ella, puede ser indiferente con ello debido a su falta de implicación emocional y al pobre compromiso y supervisión; que percibe a una madre indulgente, ya que percibe interés por parte de su madre, se comunica adecuadamente. Que en la valoración psicológica realizada al aquí quejoso por el personal de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado de Yucatán, aparece como conclusiones: "1.- Habilidad Parental. De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba PEE, se pudo identificar un perfil ASERTIVO, así como SOBREPROTECTOR. Es importante señalar que este intenta cuidar a su hija evitándole todo mal y al mismo tiempo evitando que tenga límites en cuanto a su conducta, esto lejos de favorecer perjudica, puesto que la menor no posee una dirección en cuanto al sentido de responsabilidad y deber, lo que es ocasionado por la falta de reglas en casa. De acuerdo al resultado obtenido en cuanto a la personalidad del señor, se pudo encontrar que puede ser una persona terca, cuidadosa, rígida, precavida, inconformista, despreocupado, que acepta pocas obligaciones, inestable en sus propósitos, se tolera fallar, no siente necesidad de cumplirse a sí mismo, se guía por impulsos, puede ser sensible, demandante de atención y afecto, impaciente, dependiente, tiende a basar sus juicios en gustos, entre otras. Dichas características no son del todo favorecedoras para servir como ejemplo a su hija menor de edad por lo que es importante que el señor trabaje en mejorar y ser autoexigente consigo mismo y con su hija. De igual forma es importante señalar que el discurso negativo que el señor expuso respecto a la madre de su hija no favorece en absoluto que se cree un vínculo respetuoso con la señora, es importante que éste se exprese de manera asertiva respecto a la madre de su hija ya que si la menor percibe que el habla así de su madre, podría causarle sentimiento de rechazo hacia el mismo. Que la denuncia y/o querella interpuesta por el actor de ese juicio, ante la Fiscalía General del Estado, resulta insuficiente para presumir el riesgo o peligro en agravio de la menor, pues se trata de simples manifestaciones ante dicha Dependencia, que necesitan ser corroboradas, y que inclusive se contradicen con el resultado de la valoración psicológica de la menor S.A.R.C. donde se advierte que la relación parterno-filial no es del todo cordial, y que la menor presenta sentimientos de rechazo hacia su padre; además que del resultado de la valoración psicológica del señor JORGE ELISEO RAVELL PECH no resulta del todo favorable respecto a sus habilidades parentales. En virtud de todo lo cual la responsable, en el proveído reclamado, decretó que por el momento y en tanto se recaba información para resolver en definitiva la guarda y custodia de la menor en cuestión, declaró improcedente otorgarle al quejoso la custodia de su hija menor, como medida de protección, toda vez que sus manifestaciones resultan insuficientes para presumir violencia física ni psicológica en perjuicio de su hija menor, que constituyan un peligro inminente. De lo anterior, se advierten los razonamientos en los que la autoridad responsable justificó la improcedencia de la medida de protección solicitada respecto a otorgarle la guarda y custodia de la menor, sin que como lo aduce el promovente, la autoridad se hubiera limitado a manifestar que lo señalado por el quejoso sean meras manifestaciones, sino que tomó en consideración las valoraciones psicológicas realizadas a la menor y al quejoso, de las que la responsable advirtió, entre otras cosas, que las características del padre de la menor, aquí quejoso, no son del todo favorecedoras para servir como ejemplo a su hija menor de edad por lo que es importante que el señor trabaje en mejorar y ser autoexigente consigo mismo y con su hija; que la relación parterno-filial no es del todo cordial, y que la menor presenta sentimientos de rechazo hacia su padre; además que del resultado de la valoración psicológica del señor JORGE ELISEO RAVELL PECH no resulta del todo favorable respecto a sus habilidades parentales. Por tanto, también es incorrecto lo afirmado por el quejoso en el sentido de que la autoridad responsable basó su determinación en premisas falsas y meros formalismos. Siendo que dichas valoraciones psicológicas en las que se basó la autoridad responsable, se estiman aptas y suficientes por el momento para negar la medida de protección solicitada, dado que fueron elaboradas por especialistas con experiencia en trato con menores de edad que se encuentran en situación de conflictos familiares, además de ser ajenos a los intereses de las partes en el procedimiento, por lo que sus recomendaciones se consideran emitidas de manera profesional y carentes de intereses personales. Sin que pueda considerarse de modo alguno que la autoridad determinó la improcedencia de la medida de protección solicitada por el quejoso de manera parcial y tratando de favorecer a la madre, puesto que los resultados de las valoraciones psicológicas en las que se basó la autoridad responsable para resolver sobre su solicitud, no fueron efectuados por la propia Juez responsable, sino que fueron hechos por personal de la Unidad de Evaluación Psicologica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, tal y como lo refirió la autoridad responsable en la resolución reclamada. De ahí, que como se señaló, son inoperantes los conceptos de violación en comento. Apoya lo anterior, por analogía, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1326, del Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que es como sigue: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida. Por otra parte, es infundado lo argüido por el quejoso, en su concepto de violación relativo a que existe violencia hacia la menor por parte de su madre, por lo que dicha menor corre riesgo al encontrarse con ella. Así como que la autoridad responsable no tomó en consideración las manifestaciones de la menor en el sentido de no querer estar con su madre. Para apoyar la anterior afirmación, resulta importante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que es un deber del juzgador privilegiar el interés superior del niño en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los niños. Señaló también que el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que en cualquier medida que tomen las autoridades estatales deben tener en cuenta de forma primordial el interés superior del niño, circunstancia que se reiteró en los diversos numerales 9, 18, 20, 21, 37 y 40 de dicho ordenamiento legal. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que el interés superior del niño es un "punto de referencia para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades", y también refiere que se trata de un criterio al que "han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos". Menciona que el Comité para los Derechos del Niño, estableció que: "el principio del interés superior del niño se aplica a todas las medidas que afecten a los niños y exige medidas activas, tanto para proteger sus derechos y promover su supervivencia, crecimiento y bienestar como para apoyar y asistir a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño." Enfatiza que el interés superior de la niñez cumple con varias dimensiones o funciones normativas: (i) como pauta interpretativa aplicable a las normas y actos que tengan injerencias respecto de los derechos de niñas y niños; y (ii) como principio jurídico rector que exige una máxima e integral protección de los derechos cuya titularidad corresponde a un menor de edad. De ahí que al resolver, los Jueces deben atender necesariamente a la realidad imperante en la sociedad, de tal forma que a través de sus interpretaciones se den respuestas adecuadas que compaginen la realidad con el derecho con sentido de justicia y equidad. Por ello, es claro que en este tipo de asuntos la autoridad jurisdiccional competente forzosamente deberá implementar los medios necesarios para salvaguardar los derechos e intereses de los menores involucrados. Así, una vez narrados los derechos fundamentales, así como las instituciones del derecho familiar que deben regir en el caso a estudio por ser de orden público e interés social, es válido concluir que lo antes narrado es suficiente para declarar infundado el concepto de violación y por tanto, para negar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, pues si bien en la determinación reclamada se declaró improcedente la medida de protección solicitada por el quejoso, dicha determinación no vulnera en modo alguno los derechos de la menor, pues el juez responsable resolvió atendiendo al estado que guarda el procedimiento y a las valoraciones psicológicas llevadas a cabo; sin que ello implique que dejo de atender las manifestaciones del quejoso relativas a la denuncia y/o querella interpuesta ante la Fiscalía General del Estado, dado que como se observó dichas actuaciones ante la Fiscalía se contradicen con las valoraciones psicológicas llevadas a cabo por el personal de la Unidad de Evaluación Psicológica y de Trabajo Social del Poder Judicial del Estado, y en virtud de lo cual se estimó por el momento, insuficiente dicha denuncia y/o querella para proveer favorablemente la solicitud de medidas de protección solicitadas por el aquí quejoso y para tener por acreditada la existencia de violencia hacia la menor por parte de su madre. Y con lo que además este Juzgado de Distrito considera se cumplió con la obligación de atender y proteger el interés superior de la menor, dado que al contraponerse las constancias y manifestaciones hechas por el quejoso respecto a la denuncia y/o querella que interpuso ante la Fiscalía General del Estado y las valoraciones psicológicas hechas a la menor y al quejoso en el procedimiento de origen, es indudable que no se cuenta con información suficiente para acordar favorablemente las medidas de protección solicitadas por el quejoso, respecto a que se le otorgue la guardia y custodia provisional de la menor, por lo que, se estima oportuna la determinación de la autoridad responsable respecto a declarar improcedente la solicitud del quejoso. Aunado a que la autoridad es quien debe ponderar las circunstancias que rodean el caso en concreto, en concatenación con las constancias que obran en autos, para decidir lo conducente, pues si bien es un derecho de la menor a ser escuchada, su opinión no es lo único a tomar en consideración para resolver, dado que de estimarse lo contrario y tomar como factor determinante la opinión del menor, podría provocar que éste sea quien decida la guarda y custodia, lo cual corresponde exclusivamente al juzgador. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio: I.5o.C.144 C, de la Novena Época, sostenido por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicando en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, visible en la página 2332, de rubro y texto siguientes: "GUARDA Y CUSTODIA. ESCUCHAR AL MENOR EN JUICIO, NO ES UN FACTOR DETERMINANTE AL MOMENTO DE RESOLVER. El derecho de los menores a ser escuchados, se otorga para que, oyendo su opinión, el juzgador pueda conocer sobre su personalidad, necesidades, inclinaciones o dificultades, a la luz de las pruebas existentes; de tal forma que se pueda resolver lo más benéfico para ellos, en una edad en que, aunque pueden formarse un criterio, no siempre sus decisiones presentan un juicio cabal de lo que más les conviene en relación con su guarda y custodia. Luego, aun cuando el menor externe sus opiniones y preferencias ante el Juez, ello debe ser ponderado según las circunstancias del caso, con el fin de que se decida lo que más conviene para su sano desarrollo, en cuanto a señalar en cuál progenitor debe recaer su guarda y custodia, pues precisamente por su edad, debe verificarse en forma especial, que la preferencia de los menores no esté viciada ni sea subjetiva, como ocurre cuando alguno de los padres ofrezca menores restricciones y exigencias de convivencia y acepte vivir con el padre más permisivo y menos controlador de sus actividades. En consecuencia, la preferencia del menor no puede ser determinante para resolverse sobre su guarda y custodia, ya que para ello se deben atender a las diversas circunstancias que rodean el caso, en concatenación con todo lo alegado y probado en autos, ya que de no ser así, se llegaría al extremo de que el menor decidiera sobre su guarda y custodia, lo cual le corresponde determinar al Juez". De ahí que el juez responsable no puede resolver sobre la custodia provisional o definitiva de los menores, basándose únicamente en la opinión de estos, porque por sí sola, no arroja dato de peligro al menor, por lo que debe atender a cada uno de los elementos que se adviertan en el juicio de origen y ponderar si existe algún dato que justifique que el menor no debe estar a cargo de la madre o no, entendiéndose con ello, que exista un riesgo probable y fundado de que la menor corra algún peligro en su integridad física o emocional, lo que en el caso, por el momento no se encuentra acreditado en el juicio de origen. Lo anterior lleva a concluir que los conceptos de violación expuestos por el promovente del amparo en su escrito inicial de demanda, son insuficientes para modificar la determinación reclamada, aun suplido en su deficiencia, por tanto, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C., contra los actos que reclamó del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a Jorge Eliseo Ravell Pech, por propio derecho y como representante de su hija menor de edad de iniciales S.A.R.C., contra actos que reclama del Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Se ordena que para el caso de atender una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, elaborar la versión pública de esta sentencia, testando las partes o secciones clasificadas e indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la Ley. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Nóvelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la secretaria licenciada Estefanni Romero Navarro que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintiséis de julio de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado lo permitieron.
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