Jorge Eduardo Rodriguez Jimenez

Expediente 538/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
538/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
08/09/2021

Partes del expediente

  • Jorge Eduardo Rodriguez Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 24222/2021, de veinte de agosto del año en curso, con el cual se le hizo de su conocimiento el auto emitido en esa data y se le remitieron las constancias que adjuntó a su informe jusitificado. Cúmplase

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha, se advierte que ha fenecido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes recurriera la sentencia autorizada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el juicio principal en que se actúa una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo General, por haberse negado la protección constitucional. Finalmente, en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de un tomo de prueba formado con motivo de las constancias remitidas por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado; el que resulta innecesario conservar al haber quedado firme la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, devuélvanse a su lugar de origen y solicítese de la manera más atenta, el acuse de recibo correspondiente.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a tres de mayo de dos mil veintiuno de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio de cuenta signado por la Juez Octava de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz, mediante el cual devuelve el diverso 9519/2021, toda vez que no es autoridad responsable en el presente asunto. Cúmplase

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, seis de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero; en atención a su contenido y a la certificación que antecede, se advierte que se dictó sentencia el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en los autos del cuaderno auxiliar 73/2021, de su orden cronológico, formado con motivo del presente juicio de amparo 538/2020. En consecuencia, imprímase y agréguese dicha sentencia al oficio de cuenta; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0); notifíquese a las partes dicha resolución; y acúsese el recibo correspondiente. ............................................................................. SENTENCIA DE 30 DE MARZO DE 2021. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 538/2020, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, promovido por ., por propio derecho. R E S U L T A N D O PRIMERO. A través del escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, recibido en esa misma fecha en la citad Oficina de Correspondencia, y remitido el tres de noviembre de ese mismo año a la oficialía de partes del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en esa entidad federativa, ., por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto siguientes: III.- AUTORIDADES (sic) RESPONSABLES: (sic) el C. Juez Sexto de Primera Instancia especializado (sic) en materia (sic) familiar (sic) de la ciudad de Orizaba, Veracruz, [.]. IV. ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA DE LA AUTORIDADES (sic) RESPONSABLES: (sic) 1.- De la Autoridad (sic) señalada como responsable reclamo la resolución interlocutoria dictada dentro del expediente ., de fecha 17 de marzo del año 2020, donde se resuelve la reclamación presentada por el suscrito respecto de la medida provisional y/o cautelar decretado por la responsable consistente en el aseguramiento del 50% de mi sueldo y demás prestaciones que recibo en mi fuente laboral." Acto que consideró violatorio de los artículos 1°, 4°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. .... C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, con jurisdicción en toda la República, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto CUARTO, apartado VII, y punto QUINTO, apartado 7, del Acuerdo General 03/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, así como a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con el punto PRIMERO del diverso acuerdo 54/2008, del aludido órgano colegiado, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran, reformado por el diverso Acuerdo General 27/2011, publicado con fecha trece de septiembre de dos mil once y su correspondiente aclaración de veinte de septiembre siguiente, publicada en el medio de difusión oficial señalado, el veintinueve del mismo mes y año; punto PRIMERO del Acuerdo General 26/2011 del propio órgano, relativo al inicio de funciones de este Juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; además, de conformidad con el oficio SECNO/STCCNO/108/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que este Órgano Jurisdiccional apoye en el dictado de sentencias de amparo indirecto al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba; asimismo, en atención a que el acto reclamado fue atribuido a una autoridad con domicilio dentro del ámbito de competencia del aludido órgano federal, al que este juzgado auxiliar está apoyando en el dictado de la sentencia. SEGUNDO. Cuestión relevante. Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelva con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el juzgado de Distrito auxiliado. ...QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por tanto, se tiene plenamente probada su existencia. Certeza que se corrobora con la copia certificada del expediente . que remitió el juez responsable como complemento a su informe con justificación; documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. SEXTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no haber causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio que se actualice alguna, se procede al análisis del fondo del asunto. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en este considerando, sin que resulte necesaria su trascripción, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 164618, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Es necesario precisar que con respecto al acto reclamado, que consiste en la resolución de diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, emitida en los autos del expediente . por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, se actualiza la hipótesis de suplencia de la queja prevista en la fracción II, del artículo 791 de la Ley de Amparo, a favor del orden y desarrollo de la familia. 1 La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. (.); II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; (.) ....Ahora, previo al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el impetrante, resulta oportuno realizar una síntesis de los antecedentes más importantes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación, a saber: 1. Mediante el escrito presentado el uno de agosto de dos mil diecinueve ante la oficialía de partes del juzgado responsable, . demandó de . el pago de una pensión alimenticia provisional, así como definitiva, en favor tanto de ella como de su menor hijo. 2. Mediante el auto de dos de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente .; asimismo, entre otras determinaciones, emitió la relativa a la pensión alimenticia provisional que el demandado debía proporcionar a la actora, así como a su menor hijo. 3. . en su escrito de contestación de demanda, interpuso recurso de reclamación contra la determinación de pensión alimenticia provisional establecida en el auto de dos de agosto de dos mil diecinueve. 4. El diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, el juez responsable dictó la resolución relativa al referido recurso de reclamación, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Resulta procedente la reclamación planteada, por consiguiente: SEGUNDO.- Por los motivos vertidos en el considerando Tercero de esta resolución, de acuerdo a lo que dispone el artículo 242 de la ley civil, se estima justa y equitativo REDUCIR la pensión alimenticia provisional del veinticinco por ciento al DIEZ POR CIENTO en favor de .por su propio derecho, quedando firme el veinticinco por ciento que le corresponde al menor, el niño . del salario y demás prestaciones que percibe el demandado como trabajador de la . por lo que gírese oficio a la fuente laboral del demandado para que proceda a la reducción ordenada, ello sin perjuicio de lo que se resuelva en sentencia definitiva. TERCERO.- Remítase copia certificada de este fallo a la Superioridad, para los fines legales procedentes, así como remítase copia certificada de la presente resolución al juzgado (sic) Décimo sexto (sic) de distrito (sic) en cumplimiento a su sentencia amparadora. CUARTO.- NOTIFÍQUESE POR LISTA DE ACUERDOS [.]" Esta última resolución es la que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora, en los conceptos de violación el quejoso esencialmente aduce lo siguiente: - El quejoso aduce que la determinación reclamada es transgresora de los artículos 1º, 4º, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución federal, así como del numeral 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que dicha determinación -relativa a alimentos provisionalescontraviene la finalidad por la cual fue creada la figura jurídica de alimentos, consistente en no enriquecer al acreedor, o para darle una vida holgada y dedicada al ocio; sino que dicha institución busca que el acreedor viva con decoro y pueda atender a su subsistencia, e invoca como sustento de sus alegaciones la jurisprudencia de rubro: "ALIMENTOS, FINALIDAD DE LA INSTITUCIÓN DE." - Que está acreditado en los autos del juicio de origen que la actora percibe un ingreso, dado que tiene un negocio de belleza denominado "."; no obstante, el juez responsable determinó solo reducir la pensión provisional del cincuenta por ciento al treinta y cinco por ciento de su salario y demás prestaciones; esto es, veinticinco por ciento para el menor y diez por ciento para .; ello, a pesar de que la actora tiene el deber de apoyar el demandado -aquí quejoso- con la manutención del infante, de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz. - Que conforme a la redacción anterior del Código Civil, se consideraba que la mujer casada tenía la presunción de necesitar alimentos; sin embargo, en la actualidad la carga de demostrar la necesidad alimentaria corresponde a quien solicita alimentos, pues así se desprende del contenido de los artículos 100, 101 y 233 de la citada legislación. - Que en los autos del juicio de origen está demostrado que la actora inició un negocio de belleza (estética) para solventar algunos gastos; por tanto, el hora quejoso considera que debe apoyarlo con la manutención del menor. - Que la determinación reclamada carece de fundamentación y motivación. - Que la autoridad responsable no tomó en consideración las pruebas documentales aportadas por el aquí quejoso; por tanto, al emitir la determinación reclamada, el juzgador no tomó en cuenta los gastos del demandado ni la posibilidad de la actora para ayudar al sostenimiento del menor; lo que originó que se transgrediera lo establecido en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz; en consecuencia, el inconforme estima que la resolución reclamada es incongruente. Los conceptos de violación son infundados. Para así considerarlo, resulta conveniente establecer: a) la naturaleza de los alimentos; b) los requisitos para su fijación provisional; c) las notas distintivas del recurso de reclamación que tiene como materia dilucidar si es factible afectar el porcentaje inicialmente concedido, y d) en qué hipótesis opera la presunción de necesitarlos, así como a quién le corresponde la carga de probar tal estado de necesidad. En primer término, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la obligación alimentaria nace a partir de la concurrencia de tres presupuestos: a) El estado de necesidad del acreedor alimentario (origen y fundamento del vínculo alimentario); b) Un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor, y c) La capacidad económica del obligado a prestarlos. Las anteriores consideraciones están contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 265, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2012502, del tenor siguiente: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto." Asimismo, debe precisarse que la Primera Sala del máximo tribunal del país estimó, en el mencionado criterio, que las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a dicha obligación, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. Por otra parte, el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz2 dispone que la prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, así como lo necesario para la asistencia en las enfermedades, siendo estos los factores que debe tomar en cuenta el juzgador para establecer los gastos ordinarios que, por ello, se originen, y respecto de los menores comprenden, además, los necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. En la fijación de estos gastos deberán considerarse las condiciones del acreedor y las posibilidades del deudor, en términos de lo dispuesto en el artículo 242 del citado código3; para lo cual se debe atender al concepto amplio de lo que se entiende por alimentos; esto es, todo lo que es necesario al consumo diario de una casa o de la persona; además, debe comprender lo necesario para la educación y gastos de enfermedad; en la inteligencia de que el alimentado tiene derecho a reclamar, al margen de la cuota fijada para gastos ordinarios, lo indispensable para satisfacer otros que por su naturaleza no están comprendidos en este concepto. Así, la obligación de dar alimentos se puede satisfacer mediante el pago de una pensión alimenticia, o bien, incorporando el deudor en su casa al acreedor para proporcionarle los elementos necesarios en cuanto a comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad. En ese mismo orden, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el procedimiento para la fijación de la pensión alimenticia provisional, bajo el texto siguiente: "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario. En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." Del precepto legal que antecede, se observa que en los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial, su parentesco con el deudor alimentista o incluso el concubinato, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera, que es la que en el caso interesa, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda, y la segunda, se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba que aporten las partes en el juicio, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. La medida cautelar a que se refiere el numeral invocado tiene un carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los demandan mientras se resuelve el juicio respectivo. La fijación de la pensión alimenticia provisional y el consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, es de naturaleza transitoria o temporal, pues rige o subsiste exclusivamente hasta el momento en que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada, y no puede considerarse arbitraria o carente de fundamento, pues de lo dispuesto por el artículo antes citado se colige con facilidad que la resolución en que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, solo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando las actas del Registro Civil respectivas. De igual forma, en el tercer párrafo del dispositivo en comento, se prevé la existencia de un remedio procesal contra la fijación provisional de los alimentos (recurso de reclamación), el cual se sustancia con la vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días. Esto es, se concede al deudor alimentario un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la parte actora en su demanda. Así, dicha reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta datos o pruebas que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin. Ahora, el impetrante de amparo aduce que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación, por lo que es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución federal. Tal argumento que se estima infundado. Para demostrar la afirmación anterior, en primer lugar, es menester traer a contexto lo previsto en el párrafo primero del numeral 16 de la Carta Magna, que textualmente dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" En términos de lo previsto en el artículo 16 de la Constitución federal, la conformación de la fundamentación y motivación es condición de existencia del acto autoritario, pues con la sola mención del derecho -que es abstractoresulta imposible resolver un caso concreto y, sin ella; es decir, sin la concurrencia aludida, es igualmente imposible la operación lógica de adecuar un caso concreto a aquellas disposiciones abstractas. Por fundamentación se debe entender la cita del precepto o preceptos legales que soportan la emisión de un acto. La motivación implica adecuar lo establecido en los artículos invocados, al sentido del acto que se emite, lo que debe realizarse a través de la exposición de los razonamientos que conducen a la autoridad a tomar su decisión y respaldarla en la ley. Se corroboran estos conceptos con lo dispuesto en la jurisprudencia 204 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 166, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Apéndice 2000, Séptima Época, con registro digital 917738, cuyo rubro y texto dicen: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 sustentada por la Primera Sala del máximo tribunal del país, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 176546, que dispone: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Así, en la resolución reclamada se advierte que se citó el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, que regula la emisión del acto reclamado; esto es, el recurso de reclamación. Asimismo, se citaron los artículos 100, 101, 102 y 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz, así como los diversos 210, 261, fracción IV, 265, 266, 327 y 333 del Código de Procedimientos Civiles para esa entidad federativa, que regulan la naturaleza de la resolución judicial dictada, así como lo relacionado con las pruebas y su valoración. De ahí que, resulta patente que la autoridad responsable, contrario a lo sostenido por el quejoso, sí fundó su proceder al emitir el acto reclamado. Luego, por cuanto hace a la motivación que todo acto de autoridad debe tener; de igual forma, se estima cubierto dicho requisito constitucional, como se verá a continuación. Por cuanto hace a los motivos que tuvo la autoridad responsable para confirmar la medida provisional de alimentos provisionalmente concedida a la actora, se observa que ponderó el ingreso que el demandado percibe como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, el hecho que . tiene un negocio y percibe ingresos, la edad del menor acreedor, así como las pruebas allegadas al controvertido, y con base en ello determinó era procedente reducir la pensión alimenticia provisional del veinticinco por ciento al diez por ciento en favor de . y confirmar el monto fijado en favor del infante, del sueldo y demás prestaciones que percibe el ahora quejoso. En esa tesitura, es evidente que el acto reclamado no transgrede, en perjuicio del quejoso, los derechos fundamentales de seguridad jurídica; en lo referente a la fundamentación y motivación; por ende, resulta infundado el concepto de violación que se analiza. Asimismo, son infundados los motivos de disenso en los cuales el quejoso aduce: - Que la determinación reclamada contraviene la finalidad por la cual fue creada la figura jurídica de alimentos, consistente en no enriquecer al acreedor, o para darle una vida holgada y dedicada al ocio; sino que dicha institución busca que el acreedor viva con decoro y pueda atender a su subsistencia, e invoca como sustento de sus alegaciones la jurisprudencia de rubro: "ALIMENTOS, FINALIDAD DE LA INSTITUCIÓN DE." - Que está acreditado en los autos del juicio de origen que la actora percibe un ingreso, dado que tiene un negocio de belleza denominado "."; no obstante, el juez responsable determinó solo reducir la pensión provisional del cincuenta por ciento al treinta y cinco por ciento de su salario y demás prestaciones; esto es, veinticinco por ciento para el menor y diez por ciento para .; ello, a pesar de que la actora tiene el deber de apoyar el demandado -aquí quejoso- con la manutención del infante, de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz. - Que conforme a la redacción anterior del Código Civil, se consideraba que la mujer casada tenía la presunción de necesitar alimentos; sin embargo, en la actualidad la carga de demostrar la necesidad alimentaria corresponde a quien solicita alimentos, pues así se desprende del contenido de los artículos 100, 101 y 233 de la citada legislación. - Que en los autos del juicio de origen está demostrado que la actora inició un negocio de belleza (estética) para solventar algunos gastos; por tanto, el ahora quejoso considera que debe apoyarlo con la manutención del menor. - Que la autoridad responsable no tomó en consideración las pruebas documentales aportadas por el aquí quejoso; por tanto, al emitir la determinación reclamada, el juzgador no tomó en cuenta los gastos del demandado ni la posibilidad de la actora para ayudar al sostenimiento del menor; lo que originó que se transgrediera lo establecido en el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Veracruz; en consecuencia, el inconforme estima que la resolución reclamada es incongruente. Esto es así, porque contrario a lo argumentado por el quejoso, el juez responsable sí valoró el caudal probatorio; sin embargo, este resultó insuficiente, al menos hasta la etapa en que se encuentra el juicio de origen, para arribar a una determinación contraria a la adoptada en la resolución que constituye el acto reclamado. Se sostiene lo anterior, ya que basta la lectura de la resolución que se combate para afirmar que el juez responsable sí valoró los medios de convicción ofrecidos por el ahora quejoso, a saber: a) Acta de matrimonio número ., de veintiséis de abril de dos mil diecisiete de doce de junio de dos mil diez; en la que se registró la unión de ambos litigantes. b) Dos estados de cuenta de ., así como una consulta de saldo y un ticket de abono de . c) Cinco impresiones de fotografía. d) Un contrato de arrendamiento. En torno a tales medios de convicción, el juez responsable señaló que con el acta de matrimonio se demostró que la actora y el demandado se encuentran casados. En lo referente a los estados de cuenta de . consulta de saldo y ticket de abono de . el juzgador responsable consideró que con tales documentales se demostró que el demandado -aquí quejoso- tiene deudas en dichas empresas; sin embargo, no se acreditó que tales adeudos fueron adquiridos con el fin de cubrir alimentos del demandado o de los acreedores; motivo por el cual no les atribuyó valor probatorio. En lo relativo a las impresiones fotográficas, la autoridad responsable consideró que carecían de alcance probatorio, dado que no se demostró que las personas que aparecen en dichas imágenes sean la actora y el demandado, ni que el inmueble que aparece en tales fotografías corresponda al salón de belleza o estética propiedad de la actora. Por último, en lo referente al contrato de arrendamiento, el juzgador responsable consideró que con dicha documental el demandado demostró que paga mil quinientos pesos mensuales por dicho concepto. Los anteriores medios de prueba fueron valorados por el juez responsable en términos de lo establecido en los artículos 210, 266, 327 y 333 del Código Procesal Civil del Estado de Veracruz. Así las cosas, la resolución reclamada se estima apegada a derecho, pues la autoridad responsable consideró los elementos probatorios ofrecidos por el demandado -aquí quejoso- y realizó un correcto análisis de tales probanzas, así como de las cuestiones debatidas; lo que permitió que las partes conocieran la motivación de la determinación reclamada. Por tanto, deben desestimarse los planteamientos hechos valer por el quejoso, pues resulta evidente que el juez de primera instancia sí se pronunció sobre las pruebas ofertadas y analizó correctamente la litis de la reclamación interpuesta; de ahí que, la resolución de diecisiete de marzo de dos mil diecinueve, que constituye el acto reclamado, esté debidamente fundada y motivada. Resulta aplicable la jurisprudencia VII.1o.C. J/10 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 603, Tomo XII, septiembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 191085, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS PROVISIONALES. VALORACIÓN DE PRUEBAS EN LA RECLAMACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Al establecer el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, que el Juez que conozca de una demanda de alimentos podrá fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento en el auto admisorio, a petición de parte, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y que contra esa medida, el deudor alimentista en su escrito de contestación de demanda podrá promover reclamación, se le está concediendo un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el Juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la actora en su demanda, reclamación que debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta pruebas documentales que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin. De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia VII.1o.C. J/21, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 775, Tomo XXII, noviembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 176670, del tenor siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: "Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.". Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver." Por lo tanto, contrario a lo aducido por el impetrante del amparo, la determinación reclamada se considerada apegado a derecho; consecuentemente, se deben desestimar los planteamientos vertidos por el inconforme en los que sostiene que la autoridad responsable no tomó en consideración los gastos del demandado ni la posibilidad de la actora para ayudar al sostenimiento del menor. Esto es así, porque fueron precisamente tales circunstancias las que propiciaron la reducción en el porcentaje de la pensión alimenticia provisional. En efecto, la responsable determinó reducir la pensión por lo que respecta a la acreedora ., del veinticinco por ciento al diez por ciento; al considerar que dicha actora tiene una fuente de ingresos. Por lo tanto, la responsable consideró que la cantidad correspondiente a la pensión alimenticia provisional sumada a los ingresos que percibe la actora con motivo de su negocio, resultaba suficiente para cubrir los alimentos de dicha acreedora; lo anterior, tomando en consideración que no se demostró la cantidad que . percibe de su negocio. Aunado a que tampoco existe medio de prueba que permitiera establecer la suma a la que ascienden los gastos alimentarios del deudor, salvo la cantidad de mil quinientos pesos por concepto de renta. En ese orden de ideas, resultan infundados los planteamientos formulados por el quejoso relacionados con la valoración de las pruebas, toda vez que la autoridad responsable sí otorgó el valor probatorio correspondiente a las documentales que exhibió; máxime el porcentaje que como pensión se fijó es acorde con el principio de proporcionalidad en materia de alimentos. En efecto, la pensión provisional del veinticinco por ciento que le corresponde al menor, y del diez por ciento (ya reducida) por lo que respecta a la acreedora . de los ingresos del ahora quejoso, no se estima excesiva; pues de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. En el caso, en lo referente al infante, se acreditó la urgencia de la medida provisional, dado que, precisamente, dicho acreedor se trata de un menor de edad; por tanto, se estima correcto que la autoridad responsable haya fijado tal porcentaje por lo que respecta a dicho infante; pues tal cantidad se considera indispensable para sufragar los gastos elementales del rubro de alimentos, los cuales comprenden diversos gastos que se requieren para su normal desarrollo. En lo relativo a los alimentos provisionales fijados en favor de la acreedora ., resulta pertinente traer a colación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 416/2012, realizó una interpretación sistemática de los numerales 100, 232, 233 y 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, y concluyó que el simple hecho que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz -hasta antes de la reforma de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis- no establecía presunción legal alguna en ese sentido; esto, aun cuando el artículo 2334 de citado ordenamiento legal dispusiera que los cónyuges debían darse alimentos, dicho deber constituía una obligación de carácter general que no hacía distinción por razón de 4 "Artículo 233. Los cónyuges deben darse alimentos; la Ley determinará cuándo queda subsistente esta obligación en los casos de divorcio y otros que la misma Ley señale. Los concubinos están obligados, en igual forma, a darse alimentos si se satisfacen los requisitos señalados por el artículo 1568." género, en tanto no preveía que uno de ellos en particular estuviera obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 2325 de ese código, era recíproca. Al tenor de dichos preceptos legales el máximo tribunal resolvió que, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta. En ese sentido está la redacción del actual artículo 233 Bis del Código Civil del Estado de Veracruz6, a saber: "Artículo 233 Bis. La mujer que demande el pago de alimentos con el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, tiene a su favor la presunción de necesitarlos." Tal conclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y redacción del referido numeral deriva del hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos; lo que origina una limitación a sus oportunidades de desarrollo profesional o 5 "Artículo 232. La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su vez el derecho de pedirlos." 6 Introducido con la reforma de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. laboral, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido. De ahí que, si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario; es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 6/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 619, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2003217, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias." De igual forma, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho de alimentos solo puede constituirse a favor del cónyuge que tendría derecho a recibirlos si queda probada, en mayor o menor grado, su necesidad de recibirlos, sea porque las partes lo acrediten o porque el juez, bajo su discrecionalidad y arbitrio judicial, determine que no obstante la falta de prueba contundente, hay necesidad de establecerlos, precisamente, por advertir cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico, por lo que a falta de prueba esa determinación debe sustentarse en métodos válidos de argumentación jurídica, de acuerdo con las circunstancias del caso. En este sentido, el origen y la justificación que persigue la obligación alimenticia, en estos casos, deben comprenderse desde la igualdad de derechos y el aseguramiento de la adecuada equivalencia de las responsabilidades entre los cónyuges, durante el matrimonio y una vez concluido éste. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 21/2017 (10a.) de la Primera Sala del máximo tribunal del país, publicada en la página 390, Libro 43, junio de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2014567, que se transcribe a continuación: "ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO POR ACREDITACIÓN DE CAUSALES. SU IMPOSICIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE SANCIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.), de rubro: "DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS).", sostuvo la inconstitucionalidad del régimen de divorcio que condiciona su declaración a que se acredite una de las causas establecidas en la ley; de ahí que la imposición de una pensión alimenticia derivada del divorcio por acreditación de causales no tiene el carácter de sanción, antes bien esa carga subsiste cuando, a partir de la valoración del caudal probatorio, el juzgador así lo resuelva. Esa circunstancia implica que los calificativos de cónyuge culpable e inocente no tienen más cabida en este tipo de procesos judiciales ni, por ende, puede imponerse alguna sanción a las partes, incluidos los alimentos. En todo caso, el derecho a ellos sólo podrá constituirse a favor del cónyuge que tendría derecho a recibirlos si queda probada, en mayor o menor grado, su necesidad de recibirlos, sea porque las partes lo acrediten o porque el juez, bajo su discrecionalidad y arbitrio judicial, determine que no obstante la falta de prueba contundente, hay necesidad de establecerlos precisamente por advertir cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico, por lo que a falta de prueba esa determinación debe sustentarse en métodos válidos de argumentación jurídica, de acuerdo con las circunstancias del caso. En este sentido, el origen y la justificación que persigue la obligación alimenticia en los casos de divorcio deben comprenderse desde la igualdad de derechos y el aseguramiento de la adecuada equivalencia de las responsabilidades entre los cónyuges, durante el matrimonio y una vez concluido éste." Incluso, de conformidad con lo establecido en los artículos 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, inciso f), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Estado mexicano tiene la obligación de asegurar la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges o, en su caso, de los exconsortes cuando ocurre el divorcio, y adoptar todas las medidas adecuadas para modificar o derogar usos y prácticas que constituyan una discriminación contra la mujer. Por tanto, el juez tiene la facultad de establecer una pensión compensatoria, con independencia de si la acreedora alimentaria haya señalado en su demanda haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, ya que el derecho alimentario puede fundarse con la utilización de métodos válidos de argumentación jurídica con los cuales se justifique la vulnerabilidad y desequilibrio económico de la mujer. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis VII.2o.C.144 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 2699, Libro 54, mayo de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2016941, del tenor siguiente: "PENSIÓN COMPENSATORIA. SI LA ACREEDORA ALIMENTARIA NO SEÑALÓ EN SU DEMANDA HABERSE DEDICADO PREPONDERANTEMENTE A LAS LABORES DEL HOGAR Y CUIDADO DE LOS HIJOS, ELLO NO LA EXCLUYE DE PERCIBIR AQUÉLLA, YA QUE PUEDE DEMOSTRAR SU DESEQUILIBRIO ECONÓMICO CON UNA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA VÁLIDA QUE JUSTIFIQUE SU NECESIDAD Y VULNERABILIDAD. De conformidad con los artículos 17, numeral 4, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2, inciso f), de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Estado debe asegurar la adecuada equivalencia de responsabilidades de los ex cónyuges cuando ocurre el divorcio y adoptar todas las medidas adecuadas para modificar o derogar usos y prácticas que constituyan una discriminación contra la mujer. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 21/2017 (10a.), de título y subtítulo: "ALIMENTOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO POR ACREDITACIÓN DE CAUSALES. SU IMPOSICIÓN NO TIENE EL CARÁCTER DE SANCIÓN.", sostuvo que el Juez puede decretar alimentos al disolverse el vínculo matrimonial, no obstante la falta de prueba contundente sobre la necesidad alimentaria de alguno de los ex cónyuges, en tanto tiene la facultad de establecerlos al advertir cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico de alguna de las partes, pues el derecho alimentario del ex cónyuge puede sustentarse con una argumentación jurídica válida que justifique la necesidad y vulnerabilidad del acreedor alimentario, de acuerdo con las circunstancias del caso. Por tanto, resulta inconcuso que si la acreedora alimentaria no señaló en su demanda haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar y al cuidado de los hijos, ello no la excluye de percibir alimentos después de concluido el matrimonio, porque de los hechos narrados en la demanda, su contestación y cualquier otra probanza pudiera derivarse la presunción humana en relación con que al asumir la carga doméstica y la crianza de los hijos, se coloca en una situación de vulnerabilidad y desequilibrio económico. De ahí que el Juez tenga la facultad de establecer una pensión compensatoria, ya que el derecho alimentario puede fundarse con la utilización de métodos válidos de argumentación jurídica con los cuales se justifique la vulnerabilidad de la ex cónyuge." En el caso, la acreedora . señaló en su demanda que tuvo la necesidad de combinar las actividades del hogar, con las laborales, con la finalidad de solventar los gastos originados por las necesidades alimentarias del menor, pues el apoyo económico que le proporcionaba el aquí quejoso resultaba insuficiente; incluso, la referida demandante refirió que a la fecha de presentación de la demanda de alimentos, el demandado no aportaba ninguna ayuda económica al sostenimiento de los alimentos del infante ni del hogar, a saber: "2.- Es preciso puntualizar, que durante los primeros meses al nacimiento de mi menor hijo [.] el hoy demandado proporcionaba cantidades irrisorias con las cuales pretendía solventar las necesidades alimentarias más básicas de dicho menor, siendo evidentemente insuficiente, motivo por el cual la suscrita me vi en la imperiosa necesidad de combinar mis actividades del hogar con las laborales, teniendo como objeto primordial, el poder solventar aquellos gastos que de forma inherente surgían y resultaban necesarios para brindar a mi menor hijo un perfecto desarrollo tanto físico como psicológico teniendo en cuenta el interés superior del mismo. 3.- [.] sin que a la fecha el hoy demandado aporte económicamente al sostenimiento alimentario de mi menor hijo así como el domicilio conyugal que habitamos [.]" Por tanto, se considera correcta la determinación del juzgador responsable, consistente en fijar una pensión alimenticia provisional a favor de .; pues, si bien en el caso no está demostrada fehacientemente la necesidad alimentaria de dicha acreedora, lo cierto es que sí se infieren cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico entre las partes, en perjuicio de la referida acreedora. Máxime que en los autos del juicio de origen no está demostrada la cantidad que . percibe con motivo de sus actividades laborales o comerciales. Por tales motivos, se puede concluir que la pensión provisional decretada sí atendió a los principios de equidad y justicia, así como al de proporcionalidad que rige en las cuestiones alimentarias, previsto en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, atento a las circunstancias del caso. A mayor abundamiento, se debe mencionar que el quejoso, como padre del menor, tiene la obligación de proveerle alimentos, con independencia de la parte proporcional que cubre la progenitora por el hecho de tenerlo a su cuidado y protección. Aunado a que el inconforme no ofreció medio de prueba alguno con el que acreditara que la pensión alimenticia fijada es excesiva de acuerdo a sus ingresos, o que dichos ingresos no son suficientes para sustentar sus necesidades básicas o, en su caso, que demostrara que no existe proporcionalidad en la cantidad que le fue fijada como pensión alimenticia provisional. Ahora, en relación con la manifestación del quejoso en el sentido de que la manutención del menor debe estar a cargo de ambos padres, y que la tercero interesada debe contribuir a dicho sostenimiento dado que percibe ingresos; debe decirse que si bien la obligación alimentaria debe recaer en ambos progenitores conforme al numeral 234 del Código Civil para el Estado de Veracruz, también es cierto que no deben omitirse las cuestiones surgidas en torno al infante; así, de lo expuesto por las partes y de las constancias de autos se desprende que el menor de iniciales ... está al cuidado y protección de su progenitora, así como que ésta complementa su parte proporcional con sus propios ingresos, pues al vivir con ella, es claro que cualquier necesidad que surja es satisfecha por ella; de ahí que, resulte ineficaz lo argüido por el quejoso en ese sentido. Además, es menester puntualizar que la resolución reclamada en el presente sumario, es una medida cautelar provisional, por lo que las partes podrán, en la secuela del juicio natural, ofrecer las pruebas pertinentes y aportar los datos para que en su caso el juzgador responsable fije un porcentaje mayor o menor como pensión alimenticia definitiva; para lo cual, incluso, está facultado para recabar de oficio las pruebas que considere pertinentes a fin de conocer las posibilidades del deudor y las necesidades de los acreedores. Es aplicable a este último razonamiento la jurisprudencia 1a./J. 57/2014 (10a.) sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 575, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2007719, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ). En el ejercicio de sus funciones, todo juzgador tiene la potestad legal de allegarse, oficiosamente, de los elementos de convicción que estime necesarios para conocer la verdad sobre los puntos litigiosos que deberá dirimir en la sentencia. Lo anterior adquiere relevancia en materia familiar cuando están involucrados intereses de menores, donde la facultad se convierte en obligación, pues es evidente la intención del legislador de propiciar una mayor protección para aquéllos. Entonces, para estar en condiciones de cuantificar el monto de la pensión, con base en los principios de proporcionalidad y equidad que rigen la materia alimentaria, el juzgador está obligado a allegarse de los elementos probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, atendiendo a sus circunstancias particulares. Además, esa obligación coadyuva a solucionar un problema práctico que se presenta con frecuencia en las controversias del orden familiar, que consiste en la imposibilidad que tiene la parte actora (acreedores alimentarios), para demostrar los ingresos del demandado (deudor alimentario) y la renuencia de este último a aportar los elementos necesarios para demostrar sus ingresos". De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 58/2014 (10a.) de la Primera Sala del máximo tribunal de país, consultable en la página 576, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2007720, que dispone: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EN LOS JUICIOS RELATIVOS, DEBEN RECABARSE PREVIO AL DICTADO DE LA SENTENCIA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ). Cuando en una sentencia se determina una obligación de pago pero no se fija la cantidad líquida que debe pagarse, para determinarla se actualiza la necesidad de tramitar un incidente de liquidación, que es un procedimiento contencioso que admite el ofrecimiento y valoración de pruebas, según lo ha determinado esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 53/2011, de rubro: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE ADMITIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO EN SU TEXTO ABROGADO Y VIGENTE)."; sin embargo, el procedimiento incidental no resulta adecuado para fijar el monto de las pensiones alimentarias, pues en los juicios de alimentos, la determinación de la cantidad líquida a pagar, junto con la procedencia de la obligación, constituyen la litis a resolver en el juicio principal, de modo que antes de la sentencia deberá el juzgador contar con los medios probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno. Además, la celeridad y la brevedad de los plazos que para los incidentes de liquidación prevén las codificaciones procesales del Distrito Federal y del Estado de Veracruz, harían prácticamente imposible para el juzgador, recabar, recibir y desahogar las pruebas necesarias para normar un criterio que atendiera a los parámetros de proporcionalidad y equidad que rigen la materia alimentaria". Finalmente, no asiste razón al quejoso cuando sostiene que el juez de primera instancia responsable violentó el principio de congruencia. Se afirma lo anterior, porque basta realizar una consulta a la resolución reclamada para advertir que el juez del conocimiento se limitó a resolver la litis de la reclamación; en efecto, dicho juzgador atendió únicamente lo concerniente a la proporcionalidad de la pensión alimenticia fijada en el auto de radicación, los agravios hechos valer por el aquí quejoso, así como las pruebas ofrecidas por el impetrante del amparo y la hoy tercera interesada. Asimismo, por las razones apuntadas no cobran vigencia las jurisprudencias y tesis que el quejoso invocó en su demanda de amparo como sustento de los conceptos de violación que hizo valer. En ese contexto, al ser constitucional el acto que por esta vía se reclama e infundados los conceptos de violación, y al no existir motivo manifiesto para suplir la deficiencia de la queja en favor del inconforme; lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Eduardo Rodríguez Jiménez, contra el acto reclamado y respecto de la autoridad responsable que se precisan en el considerando cuarto de esta sentencia, por las razones contenidas en el considerando octavo de la presente resolución.

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