Jorge Cessa Servin
Expediente 863/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 863/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 22/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Cessa Servin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés en la que se negó el amparo solicitado en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, con las cuales se ordenó formar ocho tomos de prueba, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia autorizada el veintisiete de abril de dos mil veintitrés en la que se negó el amparo solicitado en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez SE NEGÓ EL AMPARO Y LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las constancias que remitió la autoridad responsable, Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz, con las cuales se ordenó formar ocho tomos de prueba, devuélvanse a su lugar de origen. Notifíquese.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, a veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba y anexos que acompaña; en atención a su contenido, se le tiene informando el cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en este asunto, ya que manifiesta que en los autos de la causa penal*** de su índice, declaró cerrada la instrucción y ordenó la suspensión del procedimiento hasta en tanto se determine lo conducente en el cuaderno principal del juicio de amparo del que deriva este cuaderno incidental. Notifíquese.
- Principal
Vistos para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 863/2022, promovido por*** contra un acto del Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, que consideró violatorio en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la autoridad responsable, Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, así lo manifestó al rendir su informe justificado.6 Lo que se corrobora con las constancias deducidas de la causa penal*** del índice administrativo de la referida responsable, remitidas como apoyo de su informe. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley*** CUARTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, porque la resolución reclamada se notificó personalmente al defensor del quejoso el uno de octubre de dos mil veintidós, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 71 del Código Federal de Procedimientos Penales, surtió efectos al día hábil siguiente, esto es, el tres; de modo que el plazo de quince días hábiles que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió cuatro al veinticinco de octubre del referido año, sin contar los días ocho, nueve, doce, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés del mes en cita, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós; entonces, resulta oportuna. No pasa inadvertido que la resolución que se reclama fue notificada personalmente al directo quejoso, en el lugar de su reclusión, el treinta de septiembre del citado año; sin embargo, se considera que el cómputo del término para la presentación de la demanda de amparo debe efectuarse con base en la notificación practicada a su defensor voluntario, pues es tal notificación la que genera un mayor beneficio al inconforme, quien se encuentra privado de su libertad con motivo del proceso penal de origen*** QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo; sin embargo, en el caso no se hizo valer ni se advierte de oficio la actualización de causa de improcedencia alguna en relación con el acto reclamado*** SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No se transcriben los conceptos de violación formulados en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia*** SÉPTIMO. CUESTIÓN PREVIA. En el caso opera la suplencia de la queja en términos de la fracción III, inciso a), del artículo 79, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción II, segundo párrafo, del artículo 107 de la Constitución General de la República, pues la resolución reclamada es relativa a la materia penal y la parte quejosa es la imputada. Por otro lado, cabe destacar que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, por cuanto hace al sistema procesal penal acusatorio previsto en la modificación a tales preceptos, su entrada en vigor se encuentra condicionada a que se verifiquen las adecuaciones correspondientes en las legislaciones secundarias, de conformidad con el artículo transitorio segundo establecido para dicha reforma. Ahora, el acto que se reclama fue emitido en una causa penal que se rige por las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, es decir, que corresponde al sistema tradicional o mixto. De ahí que no se apliquen las indicadas reformas constitucionales en esta resolución, sino las que se encontraban vigentes con anterioridad al dieciocho de junio de dos mil ocho. OCTAVO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que este Juzgado advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Por razón de técnica, los conceptos de violación serán analizados en un orden distinto al en que fueron planteados en la demanda de amparo. Ello, en términos de lo establecido en el artículo 76 de la citada Ley de Amparo*** En principio, resulta infundado el motivo de disenso en el que el peticionario de amparo refiere en esencia que el juez responsable, en la resolución reclamada, omitió analizar los alegatos formulados por su defensa dentro del término constitucional, no obstante que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 161, fracción IV, tercer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Penales, se encontraba obligado a tomarlos en cuenta al momento de emitir el acto impugnado. Lo anterior es así, dado que de las constancias que integran la causa penal de origen se desprende en lo que trasciende que si bien el juez responsable, en la resolución reclamada, no se pronunció en relación con los alegatos formulados por la defensa del inconforme. Ello obedeció a que la promoción mediante la cual se presentaron dichas manifestaciones fue recibida por la responsable el cuatro de octubre de dos mil veintidós, 10 esto es, una vez ya emitido el auto de término constitucional (veintiún horas con cinco minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós); de ahí que ante tal circunstancia, el operador jurídico se encontraba imposibilitado para pronunciarse en relación con la referidas alegaciones*** Si bien, como lo refiere el impetrante, de autos se advierte que la promoción de trato fue presentada el treinta de septiembre de la citada anualidad; empero, al haberse presentado dicho escrito en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y no ante el Secretario de Guardia, el referido ocurso fue recepcionado por la responsable al día siguiente hábil, esto es, el cuatro de octubre. Ello, de conformidad con lo que dispuesto en el artículo 10, fracción IV, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en la parte conducente establece que*** Cuando por error o desconocimiento se deposite un asunto urgente en el buzón judicial, cuando debió haberse presentado directamente ante el órgano de guardia, el turno se concluirá hasta el día hábil siguiente*** Por tanto, se reitera, la responsable no contó con dicha promoción al momento de dictar la resolución impugnada. Por otro lado, también resulta infundado el concepto de violación en el que el peticionario de amparo señala toralmente que la responsable, en la resolución reclamada, inadvirtió que en la indagatoria ministerial no existe ningún señalamiento en su contra por parte de la agraviada, pues, señala, nunca es mencionado en la querella del 2010 ni en la ampliación de querella del año 2012; lo que, dice, resultaba importante comprobara la responsable, ya que la querella es un requisito de procedibilidad para iniciar una investigación ministerial. Se afirma lo anterior, dado que de las constancias que integran el sumario natural se advierte, en lo que al caso trasciende, que mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil diez, ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, con residencia en la Ciudad de México, Ángela y Andrea de apellidos Solís Dorantes, presentaron querella en contra de*** Banco Santander Serfin, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfin. así mismo en contra de sus funcionarios y/o empleados. y demás sujetos activos que resulten responsables. por conductas tipificadas como delitos, las cuales, señalaron, se cometieron en agravio de su patrimonio, consistentes en*** De lo anterior se advierte que la parte agraviada aquí tercera interesada puso en conocimiento de la autoridad investigadora, la conducta cometida en su contra que consideró constitutiva de delito, es decir, formuló querella en términos de lo dispuesto en el artículo 118 del Código Federal de Procedimiento Penales; con lo cual satisfizo la condición previa para que proceda el ejercicio de la acción penal en aquellos delitos que afectan preponderantemente los intereses individuales de las víctimas o personas ofendidas; y si bien dicha querella no la formuló directamente en contra del impetrante de amparo, al haberla presentado en contra de quien resultara responsable, ello es suficiente para estimar que sí la enderezó en contra del quejoso, dado que derivado de la investigación realizada por el ministerio público resultó que éste participó en los hechos denunciados*** En otro aspecto, resulta ineficaz el motivo de inconformidad, en el que el impetrante refiere en esencia que en la resolución reclamada, el juez responsable no realizó un análisis oficioso respecto de si en el caso se actualizaba la prescripción de la acción penal. La ineficacia de dicho planteamiento deriva de que si bien al momento de emitir el auto de término constitucional, el juzgador de origen se encuentra obligado a analizar, de oficio, si en el caso se configura la extinción de la acción penal por prescripción, dado que tal aspecto ha sido considerado por el Máximo Tribunal del País como de estudio preferente; también lo es que dicho análisis debe constar en aquélla determinación sólo cuando se actualice dicha figura, dado que de no ser así, resultaría ocioso emitir un pronunciamiento detallado del análisis que se efectué del procedimiento natural, para concluir que la acción penal no prescribió. En efecto, resultaría ineficaz e irrealizable que en el desarrollo de la función jurisdiccional, el juez tenga que emprender estudios oficiosos y abstractos, a partir de cada derecho humano que pudiera resultar violado, para descubrir que ninguno se transgredió. Por tanto, si en el caso el juez responsable no advirtió la actualización de la citada figura, resultaba innecesario que plasmara tal ejercicio en la resolución reclamada. Máxime que de las constancias que integran la causa penal de origen, se advierte que dicho tópico ya fue analizado por el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión*** promovido por los otros inculpados, quien determinó con base en el análisis de las constancias que integran dicho sumario, en lo que trasciende: que si en el caso la representación social de la federación, desde el uno de julio de dos mil diez, data en que se inició la averiguación previa*** con motivo de la querella presentada por*** hasta el once de julio de dos mil diecisiete, fecha en que ejerció acción penal contra*** otros, no dejó de llevar a cabo actuaciones a fin de integrar debidamente la indagatoria de mérito, no podía considerarse actualizada la prescripción de la acción penal. De ahí la ineficacia del concepto de violación en análisis*** Por otra parte, resulta infundado el concepto de violación en el que el solicitante de la protección constitucional refiere sustancialmente que el juez responsable basó su determinación únicamente con su sola supuesta confesión; lo que dice, transgrede el derecho humano a la no autoincriminación. Lo anterior es así, dado que de la lectura del acto reclamado se desprende que contrario a lo señalado por el inconforme el juez responsable no sólo se basó en la declaración ministerial del impetrante de amparo, para emitir el auto de formal prisión en su contra, sino que también tomó en consideración diversos medios de prueba (a cuyo contenido se remite en obvio de transcripciones innecesarias), a saber*** De ahí lo infundado del concepto de violación de que se trata. En el mismo sentido, resulta infundado el motivo de disenso en el que el impetrante señala toralmente, que en la determinación reclamada, el juez responsable no verificó si el supuesto hecho delictivo que se le atribuye fue realizado con dolo o no, así como si se actualiza alguna excluyente de responsabilidad, pues en el caso es evidente que suponiendo sin conceder, que hubiera realizado la conducta que se reprocha, ello obedeció "al engaño" de sus superiores. Ello es así, dado que de la lectura de la determinación reclamada se desprende, en lo que trasciende, que la responsable, al momento de emitir dicha determinación, en relación con los tópicos que destaca el quejoso en el concepto de violación sintetizado, indicó lo siguiente*** De lo anterior queda evidenciado que, contrario a lo afirmado por el quejoso, el juez señalado como responsable, si se pronunció, en la determinación reclamada, respecto de los tópicos que plantea en el motivo de disenso en análisis. De ahí lo infundado de dicho planteamiento*** Finalmente, resultan ineficaces los motivos de inconformidad en los que el quejoso sostiene toralmente que la responsable viola en su perjuicio el contenido de los artículos 1° y 17, de la Carta Magna, así como el 14, párrafo segundo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La ineficacia de dichos motivos de disenso radica en que resulta ser una mera afirmación, puesto que el impetrante únicamente cita los artículos que, en su opinión, fueron violentados, sin exponer argumentos jurídicos concretos para demostrar por qué la autoridad responsable conculcó precisamente tales disposiciones, las aplicó en forma incorrecta, por interpretarlas en forma distinta o por alguna otra causa en específico, es decir, el motivo de ese argumento. Lo que era necesario, si se toma en cuenta que la sola cita genérica de los preceptos presuntamente vulnerados y su contenido, no puede ser considerada como verdaderos conceptos de violación, dado que para que ello sea así, es menester expresar el razonamiento que permita establecer que el acto impugnado es contrario a lo dispuesto en tales disposiciones normativas y que, por ello, deben ser tomados en consideración para resolver de la manera pretendida*** En atención a que conforme a lo dispuesto por el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja de los conceptos de violación, sólo debe expresarse en las sentencias de amparo cuando de ésta derive en un beneficio para el impetrante; y al no advertirse queja que suplir a favor del quejoso que le reporte algún beneficio que lleve a conceder el amparo impetrado; por tanto, resulta innecesario el análisis oficioso de todas las consideraciones de la resolución reclamada*** En ese entendido, al resultar infundados e ineficaces los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Finalmente, cabe señalar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por las partes a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos*** NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se tendrían por inconformes con la divulgación de dicha información*** Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado se*** ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a*** contra el acto reclamado del Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el diverso considerando octavo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, electrónicamente a las terceros interesadas y por oficio a la autoridad con el carácter de tercero interesado.
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