Jorge del Carmen Ramirez Cardenas

Expediente 1245/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1245/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Jorge del Carmen Ramirez Cardenas

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, once de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, transcurrió del dos al seis de enero de dos mil veintitrés; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, que tuvo por desechada de plano la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso d), y 24 del referido Acuerdo General. En consecuencia, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Por consiguiente, efectúense las anotaciones correspondientes en el libro uno: de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Jorge del Carmen Ramírez Cárdenas, contra actos de la Kathryn Hensley, manager auditor del Banco Nacional de Filipinas y otras autoridades; radíquese con el número de expediente 1245/2022, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúese las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 2 de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 1245/2022-III 3 Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". La interpretación conjunta de los preceptos legales transcritos conduce a establecer que el juicio de amparo es un 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 4 medio de control constitucional creado para proteger a las personas contra actos de autoridades emanadas de la misma Constitución Federal, sean de la Federación, los Estados de la República, la Ciudad de México o los Municipios y demás autoridades que tengan su fuente en la Constitución o en la ley, que violen derechos fundamentales. Lo anterior es así, en razón de que el juicio de amparo tiene por objeto que se respete la norma constitucional por parte de una autoridad en relación con los derechos fundamentales de los gobernados (personas físicas y morales). Por tanto, es claro que las autoridades a las que los artículos 1 de la Ley de amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son aquellas que emanan, como ya se anticipó, de la propia Constitución Federal y las leyes que de ésta derivan, pues al ser creadas por éstas, están obligadas en el ámbito de sus respectivas competencias, a cumplir lo que la propia Carta Magna mandata y, de no hacerlo así, el gobernado tendrá el derecho de promover, entre otros medios de defensa, el juicio de amparo contra tales autoridades, ya sean, federales, estatales o municipales, con la finalidad de hacer respetar los derechos fundamentales que estime transgredidos en su perjuicio. Lo que no es posible en relación con autoridades extranjeras, pues con independencia de que tengan o no facultades para ejercer su jurisdicción en este país, ya sea de acuerdo a las leyes que les rigen o conforme a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte, lo verdaderamente relevante es que son autoridades emanadas de un orden jurídico distinto al que rige en los Estados Unidos Mexicanos y por ello, su actuación se tutela por lo dispuesto en normatividad interna, de manera tal que al no emanar de la Constitución Federal no están sujetas a la obligación impuesta por el artículo 1 de la Constitución Federal, consistente en promover, 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 1245/2022-III 5 respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En ese contexto, se arriba a la conclusión de que el juicio de amparo no es la vía para pretender reparar las violaciones que el quejoso estima cometidas en su perjuicio, con motivo de actos u omisiones de autoridades extranjeras, pues aun ante una eventual concesión de la protección de la Justicia de la Unión, no podría exigírseles su cumplimiento, al no tener los Tribunales de la Federación jurisdicción sobre éstas. Es decir, no es factible que se les requiera a las autoridades de otro país un informe con justificación en términos de lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, menos decretar apercibimiento alguno en caso de omisión, debido a que, ante la falta de jurisdicción sobre ellas, los Tribunales de la Federación no las pueden someter a las disposiciones de las leyes mexicanas. Al respecto, resulta aplicable la tesis aislada II.1o.P.1 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril 2018, Tomo III, página 1901, Décima Época, que dice: "AUTORIDADES EXTRANJERAS. EL JUEZ DE AMPARO NO ESTÁ FACULTADO PARA REQUERIRLES INFORMES JUSTIFICADOS CON LOS APERCIBIMIENTOS DE LEY, NI EXIGIRLES EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA PROTECTORA. El juzgador de amparo no está facultado para requerir informes justificados con los apercibimientos de ley a las autoridades extranjeras, ni podría exigirles el cumplimiento de una ejecutoria, en el caso de que la protección de la Justicia Federal llegara a concederse. Lo que es comprensible, porque ningún país puede ejercer potestad sobre otro y, de hacerlo, se contravendrían los principios del derecho internacional público de libre autodeterminación de los pueblos y de no intervención." Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada II.1o.P.2 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 6 Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, abril 2018, Tomo III, página 1901, Décima Época, intitulada: "AUTORIDADES EXTRANJERAS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AUN CUANDO TENGAN SU RESIDENCIA EN LA REPÚBLICA MEXICANA. Acorde con los artículos 1o., 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado gozará de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, y los órganos federales están constreñidos a resolver las controversias suscitadas por normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen precisamente esos derechos; por lo que la titularidad de esas prerrogativas corresponde a todo sujeto que pueda considerarse, en un momento específico, gobernado por las autoridades del país, ya sea que los agraviados sean nacionales o extranjeros, ciudadanos o no ciudadanos y, en ese entendido, los Jueces de amparo se encuentran imposibilitados para admitir una demanda cuando los actos reclamados no provengan de una autoridad para efectos del juicio constitucional, porque la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos mediante el juicio de amparo, es para verificar la actuación de autoridades en algún nivel de gobierno de este país, por ende, las autoridades extranjeras no pueden tener el carácter de responsables, porque no cuentan con las facultades necesarias para ejercer jurisdicción, en el entendido de que el amparo fue creado para proteger a las personas contra actos de autoridades emanadas de la propia Constitución Federal; sin que obste para ello que las autoridades señaladas como responsables tengan su residencia en este país, toda vez que, en términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, los espacios físicos que ocupan se considerarán territorio extranjero." En el caso que nos ocupa, la lectura integral a la demanda de garantías, se advierte que la parte promovente acude a esta instancia a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades responsables siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Bajo Protesta de decir verdad manifiesto que son: La señora KATHRYN HENSLEY manager auditor del Banco Nacional de Filipinas, con domicilio en Macapagal Bvld. Pasay City, Manila, Filipinas; el Banco Nacional de Filipinas con domicilio en Macapagal Blvd Pasay City, Manila, Manila, 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 1245/2022-III 7 Filipinas, el Presidente de Filipinas, FERDINAND MARCOS Jr, con domicilio en el Palacio Malacañan, domicilio conocido en Manila, Filipinas" Y, como actos reclamados señaló los siguientes: "III. ACTOS RECLAMADOS: El pago de la cantiodad de $13,280,000.00 Doláres, dínero que originalmente depositó en ese banco mi tío GENTIAN RAMIREZ por la cantidad de $12,500,000.00 dólares y que durante los diez años que lleva de fallecido ganó la cantidad de $1,780,000.00 dólares, y sin embargo, cuando pagué la activación de la cuenta por la cantidad de $3,228.00 dls, solamente me mostró la cantidad de $13,280,000.00 dls. Que a la fecha se niegan a depositar a mi cuenta bancaria número 7018000005413444, con clave interbancaria 002890701854134448, sucursal 6494 de Banamex, ciudad del Carmen". "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La negativa a depositarme la herencia que me corresponde y que dejó mi tío GENTIAN RAMIREZ, quien falleció en un accidente en una coalisión de choque de varios vehículos donde él fallece por perdida de sangre (desangramiento) por falta de atención médica. No omito declarar que a mi tío lo conocí vía telefónica en el año 2005 cuando estuve radicando en la ciudad de Draper, en el Estado de Utah, Estados Unidos, cuando me convertí a la iglesia mormona y dos Elderes de la iglesia me comenzaron a ayudar a mis familiares fallecidos, uno en nuestra nación México y otro en otras naciones y el que respondió y se comunicó conmigo fue mi tío GENTIAN RAMIREZ, quien estaba radicando en Manila Filipinas y según la Señora KATHRYN HENSLEY tenía su domicilio en la calle 59C Bragy Perez, Bulucan, Philipinas, quien había fundado su propia empresa denominada GENTIAN´S INTERPRICE LIMITED. Tuvimos varias platicas y lloramos juntos porque su madre MARIANA RAMIREZ CONTRERAS, había fallecido el dia 2 de enero del año 2005 y mi padre el 17 de junio del mismo año, por lo que nos unía el mismo dolor que es la pérdida de un". De la anterior transcripción, se advierte que la acción de amparo se promueve contra actos de autoridades extranjeras, sin embargo, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, las autoridades extranjeras no pueden tener el carácter de autoridades responsables, al no ser jurídicamente posible examinar la legalidad de sus actos. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113, en relación con los numerales 1 y 61, fracción XXIII, de la Ley de 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 8 Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Jorge del Carmen Ramírez Cárdenas. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales en calle Champotón, número 46, colonia Belisario Domínguez, Ciudad del Carmen. DATOS DE CONTACTO. Por otra parte, con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener la dirección de correo electrónico y número de teléfono que proporciona el promovente, como medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ Juicio de amparo 1245/2022-III 9 Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar 04/10/23 10:41:45 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.7c.c7 MARIA DEL CIELO MATA RAMIREZ 10 expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

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