Jorge Covarrubia Pérez

Expediente 132/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
132/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Jorge Covarrubia Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, uno de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso Jorge Covarrubia Pérez, interpusiera recurso de revisión en contra del auto de diez de junio de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del dieciséis al veintinueve de esos mismos mes y año, con exclusión de los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de junio del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos), en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de diez de junio de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el libro uno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio J.52/083/2022 PRESIDENCIA, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, remite copia certificada del laudo de treinta y uno de mayo del año en curso, emitido en el expediente laboral 374/2017, así como de las constancias de notificación de siete de junio del año en curso, de cuyo contenido se advierte que se notificó al apoderado de la parte actora en el juicio de origen (aquí quejoso) la resolución en forma de laudo. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que remite con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, Julio César Matos Panti, apoderado legal de Jorge Covarrubias Pérez, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen de dictar laudo en el juicio laboral 374/2017 y del actuario adscrito a dicho órgano la falta de notificación del mismo, Ahora bien, las autoridades responsables al rendir su informe justificado mencionaron que eran ciertos los actos reclamados por el quejoso, en razón de que en el expediente laboral 374/2017, se cerró instrucción y se encuentra pendiente de dictamen, por lo que una vez que se emita el laudo correspondiente se turnarán los autos a la actuaria adscrita para la notificación del mismo (fojas 29 a 30). Por otra parte, de las constancias recibidas se desprende que el treinta y uno de mayo del año en curso, los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, dictaron laudo en el expediente laboral 374/2017. Asimismo, que dicho laudo se notificó a la parte actora Jorge Covarrubias Pérez, por conducto de su apoderado legal (quejoso en el presente juicio de amparo) y a los demandados Sección 42 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos, el siete de junio del año en curso. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el laudo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y notificado al quejoso dicha determinación el siete de junio del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las once horas con cuarenta y cinco minutos del trece de junio de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a los terceros interesados; y por oficio a las autoridades responsable.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL CITATORIO ENTREGADO EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN ESTE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL ACUERDO SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio J.52/083/2022 PRESIDENCIA, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, remite copia certificada del laudo de treinta y uno de mayo del año en curso, emitido en el expediente laboral 374/2017, así como de las constancias de notificación de siete de junio del año en curso, de cuyo contenido se advierte que se notificó al apoderado de la parte actora en el juicio de origen (aquí quejoso) la resolución en forma de laudo. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que remite con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, Julio César Matos Panti, apoderado legal de Jorge Covarrubias Pérez, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen de dictar laudo en el juicio laboral 374/2017 y del actuario adscrito a dicho órgano la falta de notificación del mismo, Ahora bien, las autoridades responsables al rendir su informe justificado mencionaron que eran ciertos los actos reclamados por el quejoso, en razón de que en el expediente laboral 374/2017, se cerró instrucción y se encuentra pendiente de dictamen, por lo que una vez que se emita el laudo correspondiente se turnarán los autos a la actuaria adscrita para la notificación del mismo (fojas 29 a 30). Por otra parte, de las constancias recibidas se desprende que el treinta y uno de mayo del año en curso, los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, dictaron laudo en el expediente laboral 374/2017. Asimismo, que dicho laudo se notificó a la parte actora Jorge Covarrubias Pérez, por conducto de su apoderado legal (quejoso en el presente juicio de amparo) y a los demandados Sección 42 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos, el siete de junio del año en curso. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el laudo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y notificado al quejoso dicha determinación el siete de junio del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las once horas con cuarenta y cinco minutos del trece de junio de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a los terceros interesados; y por oficio a las autoridades responsable.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LAS TERCERAS INTERESADAS PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, PETRÓLEOS MEXICANOS y SECCIÓN 42 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, TODA VEZ QUE NINGÚN APODERADO O REPRESENTANTE LEGAL DE LAS TERCERAS INTERESADAS ACUDIERON A ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LOS CITATORIOS ENTREGADOS EL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 132/2022, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. Ciudad del Carmen, Campeche, diez de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio J.52/083/2022 PRESIDENCIA, de la Presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, remite copia certificada del laudo de treinta y uno de mayo del año en curso, emitido en el expediente laboral 374/2017, así como de las constancias de notificación de siete de junio del año en curso, de cuyo contenido se advierte que se notificó al apoderado de la parte actora en el juicio de origen (aquí quejoso) la resolución en forma de laudo. De conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la copia certificada que remite con su oficio de cuenta. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado el seis de abril de dos mil veintidós, Julio César Matos Panti, apoderado legal de Jorge Covarrubias Pérez, promovió demanda de amparo contra la omisión de la Junta Especial Número Cincuenta y Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen de dictar laudo en el juicio laboral 374/2017 y del actuario adscrito a dicho órgano la falta de notificación del mismo, Ahora bien, las autoridades responsables al rendir su informe justificado mencionaron que eran ciertos los actos reclamados por el quejoso, en razón de que en el expediente laboral 374/2017, se cerró instrucción y se encuentra pendiente de dictamen, por lo que una vez que se emita el laudo correspondiente se turnarán los autos a la actuaria adscrita para la notificación del mismo (fojas 29 a 30). Por otra parte, de las constancias recibidas se desprende que el treinta y uno de mayo del año en curso, los integrantes de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, dictaron laudo en el expediente laboral 374/2017. Asimismo, que dicho laudo se notificó a la parte actora Jorge Covarrubias Pérez, por conducto de su apoderado legal (quejoso en el presente juicio de amparo) y a los demandados Sección 42 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Pemex Exploración y Producción y Petróleos Mexicanos, el siete de junio del año en curso. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, al haber emitido la autoridad responsable el laudo de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y notificado al quejoso dicha determinación el siete de junio del año en curso, resulta evidente que han cesado los efectos de los actos reclamados, pues desapareció el motivo que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las once horas con cuarenta y cinco minutos del trece de junio de dos mil veintidós. Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a los terceros interesados; y por oficio a las autoridades responsable.

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