Jorge de Ligorio Leal
Expediente 702/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/06/2015
Partes del expediente
- Jorge de Ligorio Leal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que la parte quejosa desahogo la vista ordenada en auto de veintiséis de mayo de dos mil quince, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente y en las manifestaciones del quejoso. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veintitrés de abril de dos mil quince, dictada por este Juzgado se determinó en su único punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a Jorge de Ligorio Leal, para los efectos siguientes: "[.] En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge de Ligorio Leal, para el efecto de que el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social, con sede en San José El Alto, Querétaro, deje insubsistente la resolución dictada en sesión de diez de julio de dos mil catorce, en el acta 218/2014, y en su lugar con plenitud de jurisdicción y sólo si cuenta con los elementos suficientes, atendiendo a su facultad discrecional de imponer sanciones, dicte otra resolución debidamente fundada y motivada, evitando incurrir en el mismo vicio aquí encontrado relativo a que las sanciones impuestas al quejoso, no son congruentes con las infracciones que se le imputan, ni tampoco constituyen el tipo de correcciones disciplinarias previstas en el artículo 124, fracción II, III, VII, VIII, IX y XIII del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro, que sirvió de fundamento a su imposición, tomando en consideración que las infracciones que se le atribuyen se refieren a infringir o desobedecer disposiciones en materia de seguridad y vigilancia y otras disposiciones, esto es, no se advierte que la responsable acreditase específicamente a quien puso en peligro la conducta del quejoso, a su propia seguridad, la de sus compañeros "o" la institución; así como sin señalar si infringió "o" desobedeció las disposiciones en materia de seguridad y vigilancia y en su caso "cuáles" son esas disposiciones, o bien "como" alteró la conducta del quejoso el orden en los dormitorios, por qué consideró que la falta de respeto fue dirigida hacia la autoridad y no un compañero de celda, o señalar "cual" disposición específica infringió el quejoso con su conducta." Por auto de quince de mayo de dos mil quince, se declaró ejecutoriada la sentencia, y se requirió a la autoridad responsable Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado de Querétaro y sus integrantes, con residencia en San José El Alto, Querétaro, para el efecto de que diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. Mediante oficio E066/SAI-JUR/1650/2015, recibido por este Juzgado el veinticinco de mayo de dos mil quince, el Director por sí y como Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social del Estado de Querétaro, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada del acta de sesión ordinaria 155/2015 de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, en lo que sostuvo en la parte que interesa lo siguiente: "[.] De lo arriba expuesto, se desprende que el interno Jorge de Ligorio Leal incurrió en conducta indebida contraria a la normatividad que rige a esta institución, la cual, vulneró los dispositivos reglamentarios de este Centro, contenidos en el artículo 124 fracción VII en relación con el artículo 98 del reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro, ello tal y como lo describen los citados artículos, los cuales establecen: Artículo 124.- Para efectos de este reglamento, se consideran infracciones: (.) VII.- Faltar al respeto a las autoridades mediante injurias u otras expresiones. (.) Artículo 98.- El orden y la disciplina en el interior de los Centros, deberá mantenerse con firmeza Desprendiéndose del propio Reglamento Interno en cita, que las correcciones disciplinarias aplicables a los internos que incurran en las infracciones establecidas en el artículo anteriormente citado serán: Artículo 125.- Las correcciones disciplinarias aplicables a los internos que incurran en las infracciones previstas en el artículo anterior, serán: III.- Suspensión total o parcial de estímulos por tiempo determinado en los casos de las fracciones IV, V, VI, VII, IX y IX. (.)". De lo arriba expuesto y a fin de demostrar lo anterior, se tienen como elementos de prueba, en primer término, el reporte vertido en la tarjeta informativa con número de referencia E066/JT-1449/2014 de fecha 7 de julio de 2014, suscrita por el custodio J. Carmen Arias Frías, en la que se reporta al interno Jorge de Ligorio Leal, por la Comisión de posible infracción reglamentaria, en la cual, se señaló en su parte esencial lo siguiente: "en fecha 7 de julio de 2014 al salir el interno a realizar una llamada telefónica empezó a escandalizar en el pasillo, dándole la indicación que guardara silencio, contestando de forma altanera: pinche custodio, como quiera repórtame, al cabo no hacen nada, son mamadas, custodios estresados, nada más están cagando el palo" Medio de prueba al que se le concede valor probatorio de indicio, toda vez que fue realizado por persona mayor de edad, con criterio, capacidad e instrucción, sin dudas ni reticencias, ya que los elementos de seguridad no fueron obligados a elaborar dicho informe bajo engaño, error o soborno, puesto que se trata de servidor público en ejercicio de sus funciones con la encomienda de reportar las novedades ocurridas durante su servicio dentro de este Centro, por ser encargados de la seguridad y custodia institucional de conformidad con los artículos 10, 21 fracciones II y V, 22 del citado ordenamiento reglamentario; además de que dicho elemento de custodia tuvo conocimiento directo de los eventos ocurridos por ser quien se encontraba asignado en la fecha citada en el servicio de seguridad y vigilancia y se percató que el interno Jorge de Ligorio Leal al momento en que al salir el interno a realizar una llamada telefónica empezó a escandalizar en el pasillo, dándole la indicación que guardara silencio, contestando de forma altanera: pinche custodio, como quiera repórtame, al cabo no hacen nada, son mamadas, custodios estresados, nada más están cagando el palo. Percatándose directamente de la vulneración con el hecho, a las disposiciones en materia de seguridad y vigilancia tal y como lo señalan los artículos arriba transcritos, ya que la acción desplegada por el reportado son constitutivas de las fracciones contempladas en el artículo 124 fracción VII, en relación con el artículo 98 del Reglamento invocado. (.) Robustece lo anterior, el testimonio del interno Jorge de Ligorio Leal, realizado en fecha veintisiete de marzo de dos mil catorce, quien expresó en relación a los hechos en lo que fue reportado, lo siguiente Jorge de Ligorio Leal (MO2-205).- Las palabras precisadas no son como lo están diciendo así. Yo siempre pido las cosas de buena manera. Yo salí a perímetro y el oficial me hizo el favor de pasarme la tarjeta pero al que le grité fue a mi compañero de celda porque me habían pasado una tarjeta para el teléfono con un peso de crédito nada más. A mi compañero le grité que cómo era pendejo por darme la tarjeta equivocada. Toda vez que de las manifestaciones rendidas por el reportado se aprecia que se limitó a negar los hechos aún a pesar de que el Director y Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario en uso de la voz, le insistió en que agregara algún argumento o prueba a su favor, que desvirtuara en su favor los hechos narrados en la tarjeta informativa, decidió no manifestar nada, no ofrecer medios de prueba que a su parte corresponde;: así como tampoco fue su deseo realizar ningún tipo de alegato, al manifestar "No, no tengo más que manifestar, alguna prueba o alegato que ofrecer a mi favor". Por lo que dicha declaración que adquiere valor demostrativo de indicio en la particular y pleno al conjugarse con el resto del material probatorio al contar el interno con capacidad y criterio suficientes para narrar respecto de los hechos que se le atribuyen, al hacerlo sin dudas ni reticencia o que se infiera que se haya conducido por error, engaño o soborno Situación que evidentemente vulnera los dispositivos legales aludidos así como las medidas de seguridad institucionales, ya que de los hechos descritos por el personal de seguridad se reporta al interno Jorge de Ligorio Leal, quien al momento de salir de su celda, para hacer uso del teléfono comenzó a escandalizar en el pasillo, dándole la indicación que guardara silencio, contestando de forma altanera: "pinche custodio, como quiera repórtame, al cabo no hacen nada, son mamadas, custodios estresados, nada más están cagando el palo"; ahora bien, la anterior conducta constituye infracción al artículo 124 fracción VII del Reglamento Interno invocado, misma que como ya se señalo, en su texto señala lo siguiente: "Artículo 124.- Para efectos de este reglamento, se consideran infracciones: (.), VII.- Faltar al respeto a las autoridades mediante injurias u otras expresiones. (.) En base a lo antes vertido y toda vez que la conducta imputada al interno Jorge de Ligorio Leal encuadra en al establecida en el numeral 124 fracción VII del reglamento multicitado, advirtiéndose del mismo que a dicha infracción corresponde aplicar la sanción determinada en la fracción III del artículo 125 consistente en la suspensión total o parcial de estímulos por tiempo determinado. Por lo anteriormente expuesto por unanimidad de votos, este órgano colegiado determina imponer una corrección disciplinaria consistente en: suspensión total de estímulos por un plazo determinado de seis meses contados a partir de su notificación, y una vez que transcurra el plazo señalado, a efecto de levantar dicha suspensión deberá de realizarse el trámite correspondiente que marca el numeral 25 fracción I y II del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social en el Estado de Querétaro." De la anterior transcripción se advierte que dicha autoridad precisó que el hoy quejoso infringió un dispositivo reglamentario del Centro de Reinserción Social, en específico en el artículo 124 del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro, por lo que le impuso una corrección disciplinaria prevista en la fracción III del artículo 125 de la citada normatividad, consistente en la suspensión total o parcial de estímulos por tiempo determinado. Es así, que este juzgador estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que el Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, impuso una corrección disciplinaria prevista en la fracción III del artículo 125 del Reglamento Interno de los Centros de Readaptación Social del Estado de Querétaro, al estimar que el quejoso infringió la fracción VII del artículo 124 del citado ordenamiento, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo. Sirve de apoyo por analogía, la jurisprudencia siguiente: "FORMAL PRISIÓN, LIMITES DE LA SENTENCIA DE AMPARO CUANDO CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR NO ESTAR FUNDADO Y MOTIVADO EL AUTO DE. La falta de fundamentación y motivación del auto de formal prisión dictado en contra del indiciado por el delito de fraude, determinó en el Juez del amparo la decisión de conceder al quejoso la Protección Constitucional para el efecto de que la autoridad responsable ordenadora decretara la formal prisión por el expresado delito o la libertad por falta de méritos, según proceda, en la inteligencia de que si dicta la formal prisión lo haga con el estricto apego al artículo 16 constitucional, es decir, fundando y motivando el auto. Sobre el particular, cabe observar que el Juez de Distrito al establecer los anteriores efectos que en su concepto produce la sentencia de amparo, vincula a dicha sentencia, sin razón legal alguna, a la autoridad responsable, privándola del ejercicio de su propia jurisdicción. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda la Protección Constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exige. Como en el caso el auto de formal prisión reclamado es un acto de carácter positivo y se concede el amparo al quejoso en razón de que el auto de formal prisión no se encuentra fundado y motivado, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada se limita a la anulación de semejante resolución, de manera que no produzca efecto legal alguno en su contra. No siendo el acto reclamado en este juicio de carácter negativo, no puede obligarse al Juez del proceso a que dicte, como efecto de esta sentencia de amparo, un auto de formal prisión respetando esa garantía; menos aún se le puede exigir que si no le es posible legalmente fundar y motivar el referido auto, entonces, decrete la libertad del indiciado por falta de méritos con las reservas de ley. Si bien es cierto que el Juez mencionado tendrá que adoptar en su caso cualquiera de estas decisiones, ello será en uso de su propia jurisdicción y como consecuencia del ejercicio de la acción penal que se encuentra en movimiento e impulsa la actuación posterior del referido Juez dentro del proceso penal. Es de advertir que de admitirse que esas resoluciones las debe dictar, en cumplimiento de la sentencia que concede el amparo, se llegaría a conclusiones contrarias a la formalidad del procedimiento, puesto que las partes en el proceso, principalmente el Ministerio Público, no podrían interponer contra dichas resoluciones los recursos ordinarios, con la circunstancia de que si el Juez decreta la libertad del indiciado, tampoco podría la representación social ocurrir en queja, por no ser parte en el juicio de amparo. Por lo tanto, debe modificarse el fallo recurrido únicamente para establecer que queda libre la jurisdicción propia del Juez del proceso para dictar, bajo su más estricta responsabilidad, la resolución legal que en el caso proceda, ya que como se ha observado, la sentencia de amparo se limita a anular el auto de formal prisión, por contrariar el artículo 16 constitucional, al no estar fundado ni motivado." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida, la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dése vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Íbidem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. . .II
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta, signado por el Director por sí y como Presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social de San José El Alto, Querétaro, mediante el cual remite copia certificada de la sesión ordinaria 155/2015 de fecha diecinueve de mayo de dos mil quince, con la que acredita dar cumplimiento al fallo; en esa virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista por el término de tres días contados a partir de la notificación de este auto a la parte quejosa para que manifieste lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, se entenderá que está conforme y este Tribunal, procederá a analizar en forma oficiosa, lo relativo al cumplimiento de la sentencia. . .II
- Principal
V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia de veintitrés de abril de dos mil quince, en el presente juicio, en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa JORGE DE LIGORIO LEAL; con apoyo en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la ley reglamentaria invocada, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo de mérito, NOTIFÍQUESE SIN DEMORA A LAS PARTES el presente proveído, para los efectos legales consiguientes. Bajo ese contexto, con fundamento en el propio artículo 192 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece; requiérase a la autoridad responsable CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL CON SEDE EN SAN JOSÉ EL ALTO, QUERÉTARO, para que, dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del en que reciba la presente notificación, cumpla con la sentencia ejecutoria de amparo pronunciada en autos. Apercibido que, de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá en forma individual una multa de CIEN DÍAS de salario mínimo vigente en la zona del Distrito Federal, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo; y se remitirá el expediente a la Superioridad, para el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, acorde a lo dispuesto en el párrafo segundo y tercero del numeral 192 en relación con el 194, ambos de la Ley de Amparo en cita. A menos que, tal y como lo previene el párrafo tercero del artículo 193 del ordenamiento jurídico invocado, se demuestre que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o se justifique la causa del retraso, en cuyo caso SE PODRÁ AMPLIAR EL PLAZO POR UNA SOLA VEZ, subsistiendo los apercibimientos efectuados. En el entendido de que el incumplimiento a lo expuesto en el párrafo anterior, ameritara la imposición de los apercibimientos decretados. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo invocada, la jurisprudencia número 9/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XIV, Octubre de 2001, Página 366, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. PRINCIPIOS QUE HA ESTABLECIDO LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN RELACIÓN CON LOS TRÁMITES, DETERMINACIONES Y MEDIOS PROCEDENTES DE DEFENSA". . .II
- Principal
ÚNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A. . .II
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