Jorge Carlos Ramírez Zarzosa
Expediente 247/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 247/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/05/2017
Partes del expediente
- Jorge Carlos Ramírez Zarzosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Intégrese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de reclamación 8/2017, de su índice, en el cual dicha superioridad declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete dictado por el Presidente del citado Tribunal en el toca formado al recurso de revisión administrativa 92/2017, derivado del recurso de revisión interpuesto por Jorge Carlos Ramírez Zarzosa en contra del proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en el que se desechó el presente juicio; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los fines legales a que hubiere lugar, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. Acúsese recibo. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero fracción l del citado acuerdo por haberse desechado la demanda de amparo. En tal virtud, hágase saber a las partes que deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....I
- Principal
. Agréguese a los presentes autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, a través del cual acusa recibo del diverso por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo en el que se actúa, el cual quedó registrado con el consecutivo 92/2017, asimismo informa que se desechó el recurso de revisión interpuesto, determinación de la cual se toma nota.....I
- Principal
Agréguese a los autos, el escrito de agravios de cuenta signado por la parte quejosa *****, por el que interpone recurso de revisión en contra del auto de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, en el que se desechó el presente juicio; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 80, 81, 84, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; y en su oportunidad, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en turno del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, para la substanciación del recurso interpuesto.....i
- Principal
. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso *******, por medio del cual cumple con la prevención de veintidós de los corrientes, y atendiendo al contenido de dicho ocurso, al efecto se provee lo siguiente: DESECHAMIENTO Ahora, en primer término debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. Así, dicho precepto, autoriza al Juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio, lo que en la especie acontece, como más adelante se expone. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." ACTO RECLAMADO Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, así como de su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: El contenido del oficio DDU/CN/463/2017 de siete de febrero de dos mil diecisiete, signado por el Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, al considerar que por medio de éste no se le dio respuesta a su petición que realizó el veinte de enero del presente año a dicha Secretaría. Bajo ese contexto, el presente juicio de amparo es improcedente toda vez que, previo al juicio de amparo, el quejoso debió interponer en contra del acto combatido en esta vía constitucional, el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, por lo cual se actualiza la causal prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, al no haber observado la parte quejosa el principio de definitividad que anima este medio de control constitucional. Se estima así, conforme a las consideraciones siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) --- XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." La reproducción que antecede pone de manifiesto que para estar en condiciones de instar con eficacia el juicio de amparo es necesario que el acto de autoridad reclamado tenga el carácter de definitivo, esto es, que sea la última determinación ordinaria que provenga de la autoridad administrativa; lo anterior, en razón de que el juicio de amparo tiene como fundamento esencial su carácter extraordinario, esto es, que ante la autoridad de control constitucional sólo se deban analizar aquellos actos respecto de los que ya no exista la posibilidad jurídica procesal de modificarse o revocarse, en otras palabras, que el acto materia de la violación de garantías sea de carácter definitorio. En armonía con lo dicho se precisa que los medios de defensa ordinarios son instituidos en las leyes para que los gobernados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener una resolución favorable a sus intereses existe la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que lo es el juicio de amparo, de lo contrario el juicio constitucional se convertiría en un recurso ordinario de defensa. Apoya lo considerado la Jurisprudencia número 115/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448 del tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". De igual modo robustece lo considerado la Jurisprudencia 116/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 447 del tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)". Para lograr lo anterior, el gobernado tendrá -como carga procesal- la obligación de agotar todos los mecanismos de impugnación y defensa que al efecto estén a su disposición por mandato del marco normativo ordinario que regule el acto que afecte su esfera jurídica; la obligación referida es lo que se conoce como la satisfacción del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo como presupuesto procesal de la acción constitucional. Pues bien, en la especie, la causa de improcedencia que se explicó se surte en la medida en que respecto a los actos de autoridad que reclama el justiciable, éste no agotó el medio de defensa legal que a su favor se prevé, antes de ejercitar la acción constitucional, como lo es el juicio contencioso administrativo local. En torno al tópico de la defensa jurisdiccional contenciosa administrativa en el Estado de Querétaro debe destacarse lo que al respecto consideró el legislador en la exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo de esta entidad federativa que en su parte conducente asentó lo siguiente: "Que no se puede soslayar el enorme reto que la institución de lo contencioso- administrativo tiene en el ámbito local, con lo cual se moderniza el camino en que transita la gestión pública para alcanzar una completa impartición de justicia administrativa, al establecer sistemas y métodos más profesionales y eficaces que permitan cumplir de manera plena y cabal su función. --- Que la presente Ley incorpora fórmulas y figuras novedosas, tales como la declaración del derecho aplicable, la nulidad del acto fundamentado en disposiciones generales secundarias que contravengan a las leyes administrativas, el establecimiento de la fórmula progresiva de plazos para la interposición de la demanda que atiende a la distancia que existe entre los municipios y la sede de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, la figura del fumum bonis iura o la suspensión del acto reclamado por presunción del buen derecho del administrado, la ampliación del concepto "ciudad" aplicable no solo al territorio de la ciudad de Santiago de Querétaro, sino a los municipios conurbados de Corregidora y El Marqués. --- Que con la presente reforma, nuestro Estado contribuye a la modernización de la vida jurídica del país y la inscribe en el imperativo dual de democracia y eficacia, que es el reto que tiene frente a sí el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en nuestra Entidad. La modernización del marco jurídico adquiere particular relevancia cuando se trata de Leyes que regulan las funciones de los tribunales, porque en éstos se materializa el valor más importante para la sociedad, la justicia. --- Que dicha reforma es atinente al cumplimiento de los fines del Estado, pues el juzgador sólo puede interpretar y calificar imparcialmente la aplicación de la ley administrativa, bajo la perspectiva de una decantada especialización, teniendo un riguroso concepto de la legalidad del actuar de la administración pública, en el complicado ámbito de la especificidad de las leyes administrativas." Porción la reproducida que se encuentra en íntima vinculación con lo que se estima constituye el objeto y finalidad de la regulación que es materia de tal ordenamiento normativo en comento, el cual se consagró en el contenido del artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, que dispone lo siguiente: "Artículo 19. Será optativo para el particular agotar el recurso de revisión previsto en la ley procesal de la materia o iniciar juicio contencioso administrativo ante los juzgados de lo contencioso administrativo. --- En todo caso, podrán desistirse del recurso interpuesto y acudir ante los juzgados. El ejercicio de la acción ante los juzgados de lo contencioso administrativo extingue el derecho de ocurrir a otro medio de defensa ordinario." Así, las reproducciones que anteceden ponen de manifiesto que el legislador del Estado de Querétaro estableció la posibilidad de que los particulares que fueran afectados por algún acto desplegado por algún ente de la administración pública estatal o municipal, tienen la obligación de acudir a dirimir la legalidad de tal acto ante una autoridad jurisdiccional con garantía de imparcialidad mediante la prosecución de un procedimiento o juicio en el que se respetarán las garantías de audiencia y defensa; asimismo, que para acudir al procedimiento contencioso administrativo no es necesario agotar previamente el recurso en sede administrativa previsto en el artículo 109 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado y Municipios del Estado de Querétaro, pues al respecto el referido dispositivo también prevé la procedencia del recurso de revisión de manera opcional para el particular, tal y como enseguida se advierte de su contenido que es el siguiente: "Artículo 109. Los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas del estado y municipios, así como de sus órganos descentralizados y fideicomisos, que pongan fin a un procedimiento o instancia, podrán interponer el recurso de revisión, siendo optativo agotarlo o acudir desde luego a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa." Siguiendo con el argumento relativo a la procedencia del juicio contencioso administrativo -como medio legal de defensa que de forma previa debió agotar la parte quejosa en relación a los actos reclamados precisados-, debe decirse que el referido cuerpo normativo en que se prevé su prosecución, esto es, la Ley de Enjuiciamiento Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, no establece un numeral en que se precise un catálogo específico respecto a los diversos tipos de actos que con el referido procedimiento se puedan combatir, antes bien, se prevé de forma genérica su procedencia contra todos los actos administrativos provenientes de la administración pública estatal y municipal, como se precisa en su artículo 19, y por excepción -a contrario sentido- en lo previsto en el diverso artículo 20 que dispone lo siguiente: "Artículo 20. El juicio ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo es improcedente: --- I. Contra actos emanados de los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como de autoridades en materia electoral y laboral; --- II. Contra actos del propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo; --- III. Contra actos o resoluciones que hayan sido materia de otro juicio contencioso administrativo; en el que exista identidad de partes y se trate del mismo acto impugnado, aunque las violaciones reclamadas sean las mismas, siempre que exista sentencia ejecutoria que haya decidido el fondo del asunto; --- IV. Contra actos que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre pendiente de resolución ante la autoridad que lo emitió o ante el propio Tribunal, cuando exista identidad de partes y por el mismo acto administrativo, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; --- V. Contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del actor; --- VI. Contra actos o resoluciones que hayan sido tácita o expresamente consentidas; --- VII. Contra actos consumados de modo irreparable; --- VIII. Cuando el acto impugnado no pueda surtir efecto alguno, legal o material, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y --- IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición legal aplicable." Finalmente debe decirse que, a efecto de colmar todos los requisitos que se exigen para actualizar la hipótesis de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se estima que con el medio ordinario de defensa de mérito la parte quejosa pudo obtener la suspensión de los actos que le agravian mediante la satisfacción de los mismos requisitos que se exigen para el caso de la acción constitucional. Ello es así, dado que los numerales 44 a 49 de la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, disponen lo siguiente: "Artículo 44. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. --- Sólo procede la suspensión de oficio, cuando el juzgador presuma la existencia del buen derecho del administrado y se trate de: --- I. Multa excesiva; --- II. Confiscación de bienes; --- III. Privación de libertad por autoridad administrativa; --- IV. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a particulares de escasos recursos económicos impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia; y --- V. Cuando el acto impugnado, de llegar a consumarse, hiciera materialmente imposible la restitución al actor en el pleno goce de sus derechos. --- En tanto no se pronuncie la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. --- La suspensión en estos casos se decretará de plano en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. --- En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo; ante el juzgador que conozca del asunto. --- Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato e inexcusable cumplimiento." "Artículo 45. La suspensión tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto concluye el proceso administrativo. No se otorgará la suspensión si se provoca un perjuicio evidente al interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. --- La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, tratándose de los casos previstos en el párrafo segundo y en las fracciones III y IV del artículo que antecede. --- La suspensión podrá ser revocada o modificada por el juzgador, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días si varían las condiciones por las cuales fue otorgada." "Artículo 46. Cuando sea necesario garantizar el interés fiscal o económico, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento del mismo, mediante cualquiera de las formas siguientes: --- I. Depósito en efectivo; --- II. Prenda o hipoteca; --- III. Embargo de bienes; y --- IV. Fianza de compañía autorizada o de persona que acredite solvencia suficiente con bienes inscritos en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Los fiadores deberán renunciar expresamente a los beneficios de orden y excusión y someterse, de igual manera, al procedimiento administrativo de ejecución a que hubiere lugar. --- Si la garantía se hubiese constituido previamente ante la autoridad demandada deberá acreditarlo el particular para los efectos legales del caso. Si la garantía no se otorga dentro de los ocho días siguientes al en que fuere notificado el acuerdo que la hubiera concedido dejará de surtir efectos." "Artículo 47. En los casos en que la suspensión sea procedente, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá sólo si el actor concede garantía bastante para reparar los posibles daños y perjuicios que con su concesión se causaran si no obtuviera sentencia favorable en el juicio. --- Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el juzgador fijará discrecionalmente el importe de dicha garantía. --- La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban antes de la violación, así como para garantizar el pago de los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la otorgada por el actor." "Artículo 48. La resolución que conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos inmediatamente, aunque se interponga el recurso de revisión. --- El acuerdo en que se niegue la suspensión deja expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión, pero si la Sala Unitaria revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, ésta surtirá sus efectos de manera inmediata." "Artículo 49. Para hacer efectivas las garantías otorgadas con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo, vía incidental, dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto que declare ejecutoriada la sentencia." Numerales los reproducidos que, a juicio de quien esto resuelve ponen de manifiesto la posibilidad real y legal de que la parte quejosa pudiera obtener el beneficio de la suspensión de los actos reclamados bajo condiciones que no superan los requisitos que al respecto exige la Ley de Amparo, de ser el caso de que el juicio de amparo procediera; así, al no resultarle el carácter de tercera extraña, y al no haberse demostrado que la norma que regula el medio ordinario de defensa ya explicado exija mayores requisitos para obtener la suspensión del acto en relación de los que prevé la Ley de Amparo, se tiene que las dos posibles excepciones esenciales en torno al principio de definitividad NO se surten, sin que en el caso de trato el acto reclamado se refiera a violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; se hubiese impugnado una norma de carácter general con motivo de su primer acto de aplicación; o que el acto reclamado importe peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, se debe llegar a la conclusión de que en la especie se surte la improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo; y sin que tampoco se surta la excepción relativa a que el acto carezca de total fundamentación y motivación, ya que la lectura del acto reclamado, se pone de manifiesto que la autoridad no incurrió en ello, lo que permitía al gobernado enderezar defensa mediante el juicio contencioso administrativo local. Así, es necesario señalar que en la especie no se surte el supuesto de excepción al referido principio que exige sólo la existencia de conceptos de violación tendientes a evidenciar la violación directa del texto constitucional, como así lo exige la Jurisprudencia 449 de la Segunda Sala de la SCJN, visible en la página 298 del tomo VI, Séptima Época del SJF, de rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN", así como la tesis 2ª.LVI/2000, página 156 del tomo XII, julio de 2000, Novena Época del SJF, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", ya que de la lectura al texto del primero de los criterios citados, así como del correspondiente a la ejecutoria de la que derivó el segundo, se pone de manifiesto que la excepción al principio de definitividad cuando se alegan sólo violaciones directas a la Constitución Federal sólo puede operar de acuerdo a las dos premisas siguientes, a saber: a). Cuando el derecho fundamental infringido carezca de reglamentación secundaria para defenderlo, por ejemplo el derecho de petición y respuesta (art 8), el de expedites en la impartición de justicia (art. 17), entre otros casos; o, b). Cuando el gobernado se encuentre en un estado fáctico de desconocimiento que le impida enderezar defensa por los medios ordinarios, verbigracia, cuando el acto de autoridad carezca totalmente de fundamento y motivo (art. 16), o cuando el justiciable no sea parte en un procedimiento de donde derive el acto de autoridad. En realidad, con exclusión de los supuestos relativos a la violación a los artículos 16, 19, 20 y 22 de la Constitución, en materia penal, así como del amparo contra leyes, todos los restantes supuestos establecidos como casos de excepción al principio de definitividad (de terceros extraños al procedimiento; que la ley que rige el acto y establezca el recurso no prevea la suspensión o que lo haga exigiendo mayores requisitos que la Ley de Amparo o que el recurso no se prevea en la ley sino en un reglamento), redundan en la segunda premisa anotada, esto es, que por las circunstancias normativas o fácticas -desconozca el marco normativo que rija el acto porque la autoridad no fundó ni motivó totalmente; que la ley no prevea recurso; lo prevea pero sin suspensión del acto; lo prevea pero exigiendo mayores requisitos- el gobernado no pueda enderezar defensa por la vía ordinaria. Lo anterior es así, puesto que con el principio de definitividad se persigue mantener el carácter extraordinario del juicio de amparo, esto es, que sólo cuando por las circunstancias que rodearon al gobernado e hicieron imposible su defensa -sea por causa fáctica o por diseño irregular del marco normativo ordinario-, se vea imposibilitado a defenderse, el juicio de amparo cobra su eficacia para salvaguardar el derecho fundamental del particular. En ese sentido, en el texto de la Jurisprudencia citada en primer lugar en el segundo párrafo que antecede, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, explicó que no se surtirá la excepción relativa a "violación directa a la constitución" cuando el quejoso además de alegar la infracción a un artículo de la Constitución Federal aduzca irregularidades del acto relacionadas con alguna norma secundaria; y es que, como ya se explicó, tal limitación que señaló la corte encuentra su razón precisamente en lo ya apuntado, esto es, que si el gobernado alega que el acto de autoridad infringe disposiciones de normas secundarias se debe entender que no desconoce el marco normativo que lo rige y, por ende, que tampoco ignora los medios ordinarios que a su alcance tuviera para enderezar defensa, tal y como así se aprecia en la parte del texto de dicho criterio jurisprudencial que dice lo siguiente: "cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes" De ahí que, por ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que aun y cuando el quejoso reclame violaciones de preceptos constitucionales y a la vez infracción al marco normativo secundario, ello no lo releva de "la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Luego, en razón de que se combate el contenido del oficio DDU/CN/463/2017 de siete de febrero de dos mil diecisiete, signado por el Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, al considerar que por medio de éste no se le dio respuesta a su petición que realizó el veinte de enero del presente año a dicha Secretaría, el aquí quejoso está obligado a agotar el principio de definitividad; esto es agotar el medio ordinario de defensa, que prevé el juicio contencioso administrativo local, ya que no por lo propuesto y dicho por la quejosa debe quedar relevada de ajustarse al agotamiento de los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance, ya que por medio del juicio contencioso local podría obtener una respuesta favorable a su petición realizada el veinte de enero del actual. En efecto, el juicio constitucional es un juicio extraordinario, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad, que establece que dicho juicio es únicamente procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicho juicio, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. Esta es la razón por la que, al margen del reconocimiento de la existencia de ciertos actos cuya ejecución tienen efectos irreparables, respecto de los que procede el juicio de amparo indirecto, se exige que previo a instar la acción constitucional se agote el recurso ordinario previsto en la ley que rige el acto y que tenga como efecto la modificación, revocación o nulidad del mismo. Esta directriz de procedencia del juicio de garantías biinstancial se desprende del contenido de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente, lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: "... "IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley." "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "... "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; ." Del contenido de las anteriores disposiciones legales se desprende que para la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que impliquen una ejecución que genere efectos irreparables, por regla general, previo a instar la acción constitucional, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. La observancia del citado presupuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto es entonces un mandato constitucional de estricta observancia que exige la exclusión de interpretaciones contrarias a la excepcionalidad del medio extraordinario de defensa. En consecuencia, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia, que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Es aplicable al caso la tesis sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Décima época, consultable en la página 2397, libro 19, junio de dos mil quince, tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que a la letra dice: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO. EL PLAZO PARA RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN CONFORME A LA LEY DE ENJUICIAMIENTO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO LOCAL, NO ES MAYOR AL QUE EXIGE LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece como excepción a la improcedencia del juicio de amparo indirecto por inobservancia al principio citado, la circunstancia de que el medio de defensa legal ordinario en comparación con la Ley de Amparo restrinja los alcances o exija mayores requisitos para otorgar la suspensión, así como cuando establezca un plazo mayor para resolver sobre la medida que el previsto para el caso de la suspensión provisional. Al respecto, del análisis sistemático del capítulo sexto del título primero, de rubro: "De la suspensión del acto impugnado" de la ley local en cita, se desprende que esta medida cautelar tiene los mismos alcances y exige iguales requisitos que la Ley de Amparo; y si bien no contiene la referencia explícita a un plazo concreto para resolverla, no es dable estimar que se trata de uno mayor al previsto en la Ley de Amparo para la suspensión provisional, ya que el órgano jurisdiccional local, de acuerdo con la naturaleza del acto impugnado, la calidad del demandante, su especial situación frente al acto impugnado y el peligro en la demora, en su caso, resolverá de inmediato. Consecuentemente, la ausencia de un plazo expreso dentro de dicho capítulo de la suspensión, no permite tener por actualizada la hipótesis de excepción al principio de definitividad, pues bajo este contexto, el término general de tres días de dicho ordenamiento legal no puede servir de parámetro para evidenciar un plazo mayor al que exige la Ley de Amparo, en tanto que, además, por un principio de deferencia institucional, habiendo sido creado un sistema de jurisdicción especializada en materia contencioso administrativa en el Estado de Querétaro, debe privilegiarse aquella tutela antes de acudir al amparo indirecto, sin perjuicio de que este medio de control constitucional proceda, en su caso, respecto de otros actos derivados del proceso" Aunado al hecho que el pleno de este Circuito ha señalado que el juicio contencioso no prevé un plazo mayor al establecido en la Ley de Amparo para agotar la suspensión por lo que procede que se agote ese medio de defensa. En tales condiciones, este órgano de control constitucional concluye que si el acto que se reclama puede ser combatido mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Querétaro, en términos de la Constitución Política del Estado de Querétaro, así como de la Ley del Procedimiento Contenciosos Administrativo del Estado de Querétaro, Ley Orgánica que rige a dicho tribunal, y si este último ordenamiento, no exige mayores requisitos para conceder la suspensión del acto impugnado, ni un plazo mayor para pronunciarse sobre medida cautelar que el establecido para conceder la suspensión provisional, independientemente de que éste de acuerdo a su naturaleza sea o no susceptible de ser suspendido, y que dicha medida tiene los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo; resulta inconcuso que la parte quejosa previamente a promover la presente acción constitucional, debió agotar el juicio de nulidad, para así observar el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo; de donde se colige la improcedencia de la acción constitucional ejercitada. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que el quejoso aduzca que su petición de veinte de enero del presente año, aún no ha sido contestada por las autoridades responsables, pues a través del oficio DDU/CN/463/2017 de siete de febrero de dos mil diecisiete, signado por el Director de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Económico, Planeación Urbana y Ecología, sí se le dio contestación a su petición, ya que por oficio SGG/UIG/616/2017 de nueve de febrero de dos mil diecisiete, el Titular de la Unidad de Información Gubernamental de Querétaro, lo citó para entregarle aquél, y el catorce de febrero del actual lo recibió plasmando su firma y fecha de recibido, por lo que, contrario a lo que aduce la parte quejosa su petición sí le fue contestada, y no se trata sólo de una comunicación interinstitucional como lo argumenta, ya que por conducto de la Unidad referida se canalizan las peticiones a las diversas Secretarias Municipales, y a través de ella, se notifican las respuestas que recaen a las diversas solicitudes. Da apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad." (Jurisprudencia 60/2013 (10a.), consultable en la página 933, del Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) Así como la tesis cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. DEBE PROMOVERSE PREVIAMENTE AL AMPARO, DADO QUE CUMPLE A CABALIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, EN VIGOR DESDE EL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, POR CUANTO HACE AL PLAZO PREVISTO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. El artículo en mención prevé que en materia administrativa, previo a la interposición de la demanda de amparo, es necesario agotar los medios de defensa conducentes siempre que conforme a las leyes que los prevén se suspendan los efectos de los actos impugnados de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que se haga valer, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. En este orden de ideas, si el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé que el Magistrado instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, y por su parte, del análisis efectuado a los artículos 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 131 de este último ordenamiento se desprende que al presentarse un escrito se hará constar el día y la hora de ello y se dará cuenta con él dentro del día siguiente, siendo éste el plazo para que se provea sobre la suspensión provisional; por lo que se estima que al ser idénticos los plazos mencionados para conceder o negar la suspensión provisional, sí se cumple con lo dispuesto en la Constitución."(Tesis VI.1o.A.35 A, consultable en la página 1800, del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y sus Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito) Por lo anteriormente considerado y fundado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo en análisis. Da vigor a lo dicho, la jurisprudencia que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época) Por lo que, cabe señalar que no se contravienen las garantías judiciales y de protección judicial que prevén los artículos 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, porque en el caso no se violan en perjuicio del quejoso sus derechos de defensa o audiencia, tampoco se le impide el acceso a la tutela judicial, aunado a lo anterior, en caso de que esté Juzgado admitiera una demanda improcedente, se causaría un mayor perjuicio al impetrante del amparo, porque le vedaría el derecho de combatir el acto reclamado a través del juicio de nulidad respectivo, de ahí la presente determinación.....INotifíquese personalmente
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