Jorge de Jesús López Sosa
Expediente 1115/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 22 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1115/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 18/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge de Jesús López Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Incidental
INC.1115/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que en este cuaderno incidental obran dos discos DVD exhibidos por la parte quejosa; sin embargo, en interlocutoria de cinco de noviembre de dos mil veintiuno se ordenó el archivo de este expediente; por lo cual, resulta innecesaria la permanencia de la referida documental en este Juzgado. Por tanto, se deja a disposición de la parte quejosa dichos discos, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger la documental respectiva; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidos en su momento junto con el expediente. Por ello, a efecto de que pueda presentarse a las oficinas de este Juzgado a recibir dichos discos, se le hace del conocimiento que de conformidad a lo establecido por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micro-sitio de "Servicios jurisdiccionales", podrá generar cita a través del sistema "Agenda OJ". Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1115/2021.MESA-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de febrero de este año en la que se sobreseyó en el juicio de amparo, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 2. Causa ejecutoria. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 2.1. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las 1) autoridades responsables, 2) parte tercera interesada y 3) agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado pues, al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Devolución de discos. Por otra parte, como se advierte de la certificación de cuenta, en este expediente obran dos discos compactos certificados exhibidos por la parte quejosa; por tanto, se dejan a su disposición dichos discos, para que dentro del plazo de noventa días siguientes a su legal notificación, acuda a este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles a recoger la documental de referencia; apercibida que de no comparecer en dicho plazo, sin ulterior acuerdo, serán destruidos en su momento junto con el expediente. Por ello, a efecto de que pueda presentarse a las oficinas de este Juzgado a recibir dichos discos compactos, se le hace del conocimiento que de conformidad a lo establecido por el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micro-sitio de "Servicios jurisdiccionales", podrá generar cita a través del sistema "Agenda OJ". 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 del acuerdo en cita, y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, este expediente es destruible; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a su destrucción, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1115/2021.MESA-6 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con treinta y seis minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, estando presente Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia vía remota, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. Apertura de la audiencia. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, por lo que el secretario hace relación de las constancias de autos a través del expediente electrónico, entre las que se encuentra: a) la demanda de amparo promovida por el quejoso Jorge de Jesús López Sosa, por propio derecho, misma que fue presentada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y recibida en este Juzgado al día siguiente, la cual quedó registrada con el número 1115/2021; b) acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se admitió la demanda de amparo; e) informe justificado rendido por las autoridades responsables. Asimismo, CERTIFICA: Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se le previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. En cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, acuérdese lo conducente al dictarse sentencia. Acto continuo, se abre el periodo probatorio; por lo que en este acto se reciben las documentales de la parte quejosa, consistentes en: a) Dos discos compactos certificado que contienen registros de diversos videos realizados en recorridos desde San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sobre la carretera y hasta la Avenida Símbolos Patrios y otros puntos; así como b) una copia fotostática simple de su credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral. Documentales que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, mismas que, de ser necesario, se tomará en cuenta para resolver este asunto; al no existir alguna otra probanza que desahogar, se cierra este periodo. Fase de alegatos. Abierta esta fase, se hace constar que ninguna de las partes formularon alegatos; por su parte, la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado no presentó pedimento alguno; por lo cual, se cierra esta última etapa y se dicta sentencia. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1115/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y recibida en este Juzgado al día siguiente, el quejoso Jorge de Jesús López Sosa, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; de quien reclamó los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde; y se le notificó de la presentación de la misma; así también, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se emplazó a la parte tercera interesada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el diverso 46/2016, del mismo Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa; además de que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta de los actos reclamados por los cuales se realizará el estudio, los cuales consisten en lo siguiente: 1) La orden de derribamiento de los árboles y destrucción del ecosistema que se encuentran sobre la Avenida Símbolos Patrios, del kilómetro 1+000 al Kilometro 3+000, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez; así como, 2) Las consecuencias en cumplimiento a la referida orden. Es aplicable la tesis del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado por parte de una autoridad. El 1) jefe de la Unidad jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable en Oaxaca, residente en Tlalixtac de Cabrera, en representación del titular de esa secretaría, negó los actos reclamados, pues agregó que aquéllos no son asuntos de la competencia de esa Secretaría en los términos señalados por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca. Además, refirió que, respecto a la construcción del puente sobre el "Río Salado", es facultad exclusiva de la Federación, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, al tratarse de una obra que se encuentra en una vía de comunicación de carácter federal. De las anteriores manifestaciones se puede advertir que la autoridad negó la existencia del acto que se le atribuyó, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción para desvirtuar dicha negativa. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio por lo que respecta a esta autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Registro 917818, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados a diversas autoridades. Las diversas autoridades, 2) jefe de la Unidad jurídica del Organismo Público Descentralizado, denominado "Caminos y Aeropistas de Oaxaca", en representación del director, 3) director jurídico y representante legal de la secretaría de las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable (SINFRA) y el 4) gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a través del director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno, negaron la existencia de los actos que se les atribuyó. Sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas con las propias manifestaciones realizadas en los informes justificados de las dos autoridades mencionadas en último término, ya que convinieron en la existencia de un proyecto de obra denominado "ampliación y modernización de la carretera 175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca". QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. Así, al haberse analizado y valorado previamente las constancias que conforman este juicio se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no acreditó el interés legítimo para instar el juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; - - -- (.)". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. De esta forma, es preciso distinguir lo que implica el interés jurídico e interés legítimo. El referido artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." Destacados los anteriores normativos, debe puntualizarse que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo; el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados; interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Debe entenderse que la fracción I del artículo 107 constitucional, al hacer referencia a la afectación de un derecho, se hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, necesariamente, se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. El referido normativo constitucional establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." Precisado lo anterior, debe decirse entonces que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Por ello, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, por lo que, en ese tenor, como requisito de procedencia del juicio de amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. De ese modo, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Debe destacarse también que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es menester atender la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, para de este modo estar en aptitud de exigir al quejoso en el juicio de amparo que acredite fehacientemente su interés, ya sea jurídico o legítimo, que le asista y no inferirse con base en presunciones. En tratándose del interés jurídico, el quejoso estará obligado a demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo intentado sea improcedente. Ahora, en torno al derecho humano a un medio ambiente sano, sus servicios ambientales y núcleo esencial, así como el interés legítimo para promover el juicio de amparo en esa materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 307/2016, estableció, en lo esencial, lo siguiente: ".Conforme a este concepto, son beneficiarios ambientales aquellos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Las áreas de influencia se refieren a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. Con otras palabras, son las áreas en las cuales las funciones de un ecosistema, entendidas como los procesos biofísicos que ahí se generan, impactan en beneficio de los seres humanos y del medio ambiente. Cada ecosistema tiene diversas áreas de influencia dependiendo de la naturaleza de los servicios ambientales que presta; la identificación o el reconocimiento de este espacio geográfico permite entender que cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia o el "entorno adyacente" de un ecosistema es beneficiario de sus servicios ambientales y, por tanto, está legitimado para promover el juicio de amparo en su defensa. Cabe precisar que, si bien el entorno adyacente constituye un concepto esencialmente geográfico, esto no implica que esté limitado a un criterio de vecindad inmediata, es decir, que solo puedan acudir en defensa del ecosistema aquellos que viven "a un lado" del mismo. Por el contrario, la delimitación de este espacio geográfico es amplia, pues se determina por los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde impactan estos beneficios. El concepto del entorno adyacente como uno de los criterios para definir la legitimación activa en el juicio de amparo ambiental, resulta acorde con el principio de participación ciudadana, en tanto los principales interesados, y obligados, a defender un determinado ecosistema, son sus beneficiarios, es decir, aquellos que habitan o utilizan su zona de influencia. No pasa inadvertido para esta Sala que la definición del área de influencia de cada ecosistema resulta en un problema casuístico que se habrá de resolver caso a caso, por lo que es inconveniente para garantizar la efectiva protección del derecho humano al medio ambiente definir ex ante cuáles son las áreas de influencia de los ecosistemas, pues éstas dependerán del tipo de ecosistema y de la naturaleza -que puede ser hasta de índole religiosa- de los servicios ambientales que presta. Por tanto, acorde con todo lo expuesto en este apartado, esta Sala concluye que se actualiza el interés legítimo en un juicio de amparo en materia ambiental, cuando se acredita que existe un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que puede demostrarse -como uno de los criterios de identificación, mas no el único- cuando el accionante acredita habitar o utilizar el "entorno adyacente" del ecosistema, entendiendo éste como su área de influencia a partir de los servicios ambientales que presta". (.) (Énfasis añadido). Así, son beneficiarios ambientales aquéllos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema, refiriéndose a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. También se sostuvo en esa ejecutoria que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho al medio ambiente como un auténtico derecho humano, al reconocer una específica y particular esfera de protección en favor de la persona, que se caracteriza por la salvaguarda del entorno o medio ambiente en el que se desenvuelve, mismo que exige la tutela más amplia, como lo establece el diverso 1º constitucional. Además, el bien jurídicamente protegido por ese derecho humano es el "medio natural", entendido como el entorno en el que se desenvuelve la persona, caracterizado por el conjunto de ecosistemas y recursos naturales que permiten el desarrollo integral de su individualidad, lo que implica que el estado mexicano está obligado a garantizar ambas dimensiones del derecho al medio ambiente sano, con la finalidad de evitar el daño ecológico como consecuencia inmediata o mediata de la intervención del hombre en la administración de los recursos naturales, ocasionando una afectación a los intereses difusos o colectivos cuya reparación pertenece a la sociedad en general. En ese sentido, cuando se alegue la afectación de derechos difusos, como es el medio ambiente, sea en forma individual o colectiva, la parte que acude al juicio constitucional tiene la carga de probar, mediante medios de prueba idóneos y eficaces, que son vecinos o habitan en la comunidad adyacente al lugar referido, pues sólo así se acredita el extremo de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientes. En el caso, se estima que el quejoso no acreditó haber sufrido una afectación jurídica de manera indirecta, al ubicarse en una especial situación, teniendo interés personal de que se restituya a una colectividad determinada en el goce de sus derechos. En efecto, el quejoso señaló como actos reclamados la orden de derribamiento de los árboles y destrucción del ecosistema que se encuentran sobre la Avenida Símbolos Patrios, del kilómetro 1+000 al Kilometro 3+000, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez; así como las consecuencias en cumplimiento a la referida orden. Asimismo, refirió que la realización del proyecto implicará la remoción de algunos árboles con motivo de esa obra, para darle simetría a la geometría de la avenida, siendo un total de 1386 ejemplares que se verán afectados con los trabajos de modernización de la avenida. Así, el quejoso alega que es habitante del Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y que su fuente de trabajo se ubica en el fraccionamiento La Noria, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que transita diariamente esa vía en su bicicleta. Para acreditar su aseveración, el quejoso exhibió: A) Una copia fotostática simple de su credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, en el que aparece como su domicilio el ubicado en calle Allende 12, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; y B) dos discos compactos que contienen registro de diversos videos realizados en un recorrido desde San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sobre la carretera y hasta la Avenida Símbolos Patrios, pasando por distintos puntos. Sin embargo, de la justipreciación de dichas probanzas se advierte que sólo tienen valor indiciario, porque en cuanto a la identificación, se trata de una copia simple, sin estar certificada por notario Público o alguna autoridad investida de fe pública, por lo cual, esa documental es ineficaz para demostrar que el quejoso es vecino del lugar donde se realiza la obra de infraestructura de carretera denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca, y que, por ello, le cause afectación a su esfera jurídica. De igual manera, es ineficaz la diversa documental ofrecida consistente en dos discos compactos que contienen registro de diversos videos realizados en un recorrido desde San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sobre la carretera y hasta la Avenida Símbolos Patrios, pasando por distintos puntos; lo anterior es así, porque, aun y cuando pretendió acreditar que transita por esa vía con los discos ópticos exhibidos, no se adminiculó con alguna otra probanza que acredite que, efectivamente, sea el directo quejoso quien tome esa vía y que hasta el momento que se grabó hubiera algún desconsiderado derribo de los árboles, en el lugar donde se lleva a cabo la construcción de la obra ya referida; en consecuencia, se reitera, las documentales ofrecidas son insuficientes para establecer que es beneficiario ambiental de ese entorno adyacente. Por tanto, no existe daño inminente e irreparable a la pretensión del quejoso, pues su sola manifestación se estima ineficaz para demostrar que se encuentra en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alegó acreditaba su interés para comprobar la afectación a su derecho a un ambiente sano y, por tanto, no demuestra el interés legítimo para instar el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Registro 2012364, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia de juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo; como así lo ilustra la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Publicación de datos personales. Las partes en este juicio de amparo, no manifestaron su oposición de manera expresa, para que en la consulta de la sentencia que se pronunciara en este juicio se omitan sus datos personales; por ello, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por el quejoso Jorge de Jesús López Sosa, contra los actos reclamados al 1) titular de la Unidad jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable en Oaxaca, residente en Tlalixtac de Cabrera, 2) director del Organismo Público Descentralizado, denominado "Caminos y Aeropistas de Oaxaca", 3) director jurídico de la secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) y el 4) gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; consistentes en a) la orden de derribamiento de los árboles y destrucción del ecosistema que se encuentran sobre la Avenida Símbolos Patrios, del kilómetro 1+000 al Kilometro 3+000, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez; así como b) las consecuencias en cumplimiento a la referida orden; por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; remítase copia de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA (AVISO) PRAL.1115/2021.MESA-6 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las once horas con treinta y seis minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintidós, hora y fecha señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo, estando presente Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia vía remota, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. Apertura de la audiencia. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, por lo que el secretario hace relación de las constancias de autos a través del expediente electrónico, entre las que se encuentra: a) la demanda de amparo promovida por el quejoso Jorge de Jesús López Sosa, por propio derecho, misma que fue presentada el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y recibida en este Juzgado al día siguiente, la cual quedó registrada con el número 1115/2021; b) acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se admitió la demanda de amparo; e) informe justificado rendido por las autoridades responsables. Asimismo, CERTIFICA: Que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio de amparo sea omitiendo sus datos personales, como se le previno en auto admisorio. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. En cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, acuérdese lo conducente al dictarse sentencia. Acto continuo, se abre el periodo probatorio; por lo que en este acto se reciben las documentales de la parte quejosa, consistentes en: a) Dos discos compactos certificado que contienen registros de diversos videos realizados en recorridos desde San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sobre la carretera y hasta la Avenida Símbolos Patrios y otros puntos; así como b) una copia fotostática simple de su credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral. Documentales que, conforme a lo dispuesto en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desahogan dada su propia y especial naturaleza, mismas que, de ser necesario, se tomará en cuenta para resolver este asunto; al no existir alguna otra probanza que desahogar, se cierra este periodo. Fase de alegatos. Abierta esta fase, se hace constar que ninguna de las partes formularon alegatos; por su parte, la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado no presentó pedimento alguno; por lo cual, se cierra esta última etapa y se dicta sentencia. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 1115/2021; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población y recibida en este Juzgado al día siguiente, el quejoso Jorge de Jesús López Sosa, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; de quien reclamó los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por auto de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno se admitió la demanda de amparo; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente corresponde; y se le notificó de la presentación de la misma; así también, se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se emplazó a la parte tercera interesada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; una vez integrado el expediente, se llevó a cabo la audiencia, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, es legalmente competente para conocer, tramitar y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 6º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112, 113, 115, 117 y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo; 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el acuerdo 3/2013, en sus numerales SEGUNDO, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el CUARTO, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y el diverso 46/2016, del mismo Pleno, relativo a la denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial, domicilio y fecha de inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como a las reglas de turno, sistema de recepción, registro y distribución de asuntos, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa; además de que la autoridad responsable tiene su domicilio dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y exacta de los actos reclamados por los cuales se realizará el estudio, los cuales consisten en lo siguiente: 1) La orden de derribamiento de los árboles y destrucción del ecosistema que se encuentran sobre la Avenida Símbolos Patrios, del kilómetro 1+000 al Kilometro 3+000, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez; así como, 2) Las consecuencias en cumplimiento a la referida orden. Es aplicable la tesis del rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado por parte de una autoridad. El 1) jefe de la Unidad jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable en Oaxaca, residente en Tlalixtac de Cabrera, en representación del titular de esa secretaría, negó los actos reclamados, pues agregó que aquéllos no son asuntos de la competencia de esa Secretaría en los términos señalados por la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para el Estado de Oaxaca. Además, refirió que, respecto a la construcción del puente sobre el "Río Salado", es facultad exclusiva de la Federación, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, al tratarse de una obra que se encuentra en una vía de comunicación de carácter federal. De las anteriores manifestaciones se puede advertir que la autoridad negó la existencia del acto que se le atribuyó, sin que la parte quejosa aportara medio de convicción para desvirtuar dicha negativa. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio por lo que respecta a esta autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, consultable en la página 236, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Registro 917818, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados a diversas autoridades. Las diversas autoridades, 2) jefe de la Unidad jurídica del Organismo Público Descentralizado, denominado "Caminos y Aeropistas de Oaxaca", en representación del director, 3) director jurídico y representante legal de la secretaría de las infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable (SINFRA) y el 4) gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, a través del director General de Trámite y Substanciación de Procesos Jurídicos de la Consejería Jurídica del Gobierno, negaron la existencia de los actos que se les atribuyó. Sin embargo, dichas negativas quedan desvirtuadas con las propias manifestaciones realizadas en los informes justificados de las dos autoridades mencionadas en último término, ya que convinieron en la existencia de un proyecto de obra denominado "ampliación y modernización de la carretera 175 (Oaxaca-Puerto Ángel) del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los Municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca". QUINTO. Estudio de las causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, es necesario abordar el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o bien que este tribunal llegara a advertir de manera oficiosa, ya que, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse de oficio y en forma preferente. Así, al haberse analizado y valorado previamente las constancias que conforman este juicio se concluye que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos artículos 5, fracción I, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no acreditó el interés legítimo para instar el juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; - - -- (.)". Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo deviene improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo. De esta forma, es preciso distinguir lo que implica el interés jurídico e interés legítimo. El referido artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." Destacados los anteriores normativos, debe puntualizarse que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo; el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados; interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica de la persona, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Debe entenderse que la fracción I del artículo 107 constitucional, al hacer referencia a la afectación de un derecho, se hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales, necesariamente, se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. El referido normativo constitucional establece lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)." Precisado lo anterior, debe decirse entonces que el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella. Por ello, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, por lo que, en ese tenor, como requisito de procedencia del juicio de amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. De ese modo, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Debe destacarse también que, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. Por tanto, es menester atender la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad que lo emite, para de este modo estar en aptitud de exigir al quejoso en el juicio de amparo que acredite fehacientemente su interés, ya sea jurídico o legítimo, que le asista y no inferirse con base en presunciones. En tratándose del interés jurídico, el quejoso estará obligado a demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) Exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. b) El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) El promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el juicio de amparo intentado sea improcedente. Ahora, en torno al derecho humano a un medio ambiente sano, sus servicios ambientales y núcleo esencial, así como el interés legítimo para promover el juicio de amparo en esa materia, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 307/2016, estableció, en lo esencial, lo siguiente: ".Conforme a este concepto, son beneficiarios ambientales aquellos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema. Las áreas de influencia se refieren a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. Con otras palabras, son las áreas en las cuales las funciones de un ecosistema, entendidas como los procesos biofísicos que ahí se generan, impactan en beneficio de los seres humanos y del medio ambiente. Cada ecosistema tiene diversas áreas de influencia dependiendo de la naturaleza de los servicios ambientales que presta; la identificación o el reconocimiento de este espacio geográfico permite entender que cualquier persona que utiliza o habita el área de influencia o el "entorno adyacente" de un ecosistema es beneficiario de sus servicios ambientales y, por tanto, está legitimado para promover el juicio de amparo en su defensa. Cabe precisar que, si bien el entorno adyacente constituye un concepto esencialmente geográfico, esto no implica que esté limitado a un criterio de vecindad inmediata, es decir, que solo puedan acudir en defensa del ecosistema aquellos que viven "a un lado" del mismo. Por el contrario, la delimitación de este espacio geográfico es amplia, pues se determina por los beneficios que prestan los ecosistemas y las zonas en donde impactan estos beneficios. El concepto del entorno adyacente como uno de los criterios para definir la legitimación activa en el juicio de amparo ambiental, resulta acorde con el principio de participación ciudadana, en tanto los principales interesados, y obligados, a defender un determinado ecosistema, son sus beneficiarios, es decir, aquellos que habitan o utilizan su zona de influencia. No pasa inadvertido para esta Sala que la definición del área de influencia de cada ecosistema resulta en un problema casuístico que se habrá de resolver caso a caso, por lo que es inconveniente para garantizar la efectiva protección del derecho humano al medio ambiente definir ex ante cuáles son las áreas de influencia de los ecosistemas, pues éstas dependerán del tipo de ecosistema y de la naturaleza -que puede ser hasta de índole religiosa- de los servicios ambientales que presta. Por tanto, acorde con todo lo expuesto en este apartado, esta Sala concluye que se actualiza el interés legítimo en un juicio de amparo en materia ambiental, cuando se acredita que existe un vínculo entre quien alega ser titular del derecho ambiental y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado; vínculo que puede demostrarse -como uno de los criterios de identificación, mas no el único- cuando el accionante acredita habitar o utilizar el "entorno adyacente" del ecosistema, entendiendo éste como su área de influencia a partir de los servicios ambientales que presta". (.) (Énfasis añadido). Así, son beneficiarios ambientales aquéllos que habitan o utilizan el "entorno adyacente" o las áreas de influencia de un determinado ecosistema, refiriéndose a las zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente. También se sostuvo en esa ejecutoria que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho al medio ambiente como un auténtico derecho humano, al reconocer una específica y particular esfera de protección en favor de la persona, que se caracteriza por la salvaguarda del entorno o medio ambiente en el que se desenvuelve, mismo que exige la tutela más amplia, como lo establece el diverso 1º constitucional. Además, el bien jurídicamente protegido por ese derecho humano es el "medio natural", entendido como el entorno en el que se desenvuelve la persona, caracterizado por el conjunto de ecosistemas y recursos naturales que permiten el desarrollo integral de su individualidad, lo que implica que el estado mexicano está obligado a garantizar ambas dimensiones del derecho al medio ambiente sano, con la finalidad de evitar el daño ecológico como consecuencia inmediata o mediata de la intervención del hombre en la administración de los recursos naturales, ocasionando una afectación a los intereses difusos o colectivos cuya reparación pertenece a la sociedad en general. En ese sentido, cuando se alegue la afectación de derechos difusos, como es el medio ambiente, sea en forma individual o colectiva, la parte que acude al juicio constitucional tiene la carga de probar, mediante medios de prueba idóneos y eficaces, que son vecinos o habitan en la comunidad adyacente al lugar referido, pues sólo así se acredita el extremo de la especial situación que guarda la persona o comunidad con el ecosistema que se estima vulnerado, particularmente, con sus servicios ambientes. En el caso, se estima que el quejoso no acreditó haber sufrido una afectación jurídica de manera indirecta, al ubicarse en una especial situación, teniendo interés personal de que se restituya a una colectividad determinada en el goce de sus derechos. En efecto, el quejoso señaló como actos reclamados la orden de derribamiento de los árboles y destrucción del ecosistema que se encuentran sobre la Avenida Símbolos Patrios, del kilómetro 1+000 al Kilometro 3+000, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez; así como las consecuencias en cumplimiento a la referida orden. Asimismo, refirió que la realización del proyecto implicará la remoción de algunos árboles con motivo de esa obra, para darle simetría a la geometría de la avenida, siendo un total de 1386 ejemplares que se verán afectados con los trabajos de modernización de la avenida. Así, el quejoso alega que es habitante del Municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca y que su fuente de trabajo se ubica en el fraccionamiento La Noria, en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por lo que transita diariamente esa vía en su bicicleta. Para acreditar su aseveración, el quejoso exhibió: A) Una copia fotostática simple de su credencial de elector, expedida por el Instituto Nacional Electoral, en el que aparece como su domicilio el ubicado en calle Allende 12, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; y B) dos discos compactos que contienen registro de diversos videos realizados en un recorrido desde San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sobre la carretera y hasta la Avenida Símbolos Patrios, pasando por distintos puntos. Sin embargo, de la justipreciación de dichas probanzas se advierte que sólo tienen valor indiciario, porque en cuanto a la identificación, se trata de una copia simple, sin estar certificada por notario Público o alguna autoridad investida de fe pública, por lo cual, esa documental es ineficaz para demostrar que el quejoso es vecino del lugar donde se realiza la obra de infraestructura de carretera denominada "ampliación y modernización de la carretera troncal número 175 Oaxaca-Puerto Ángel del km 1+000 al km 3+000 entronque a nivel con Avenida Universidad km 2+320 y construcción de puente sobre "Río Salado" en el kilómetro 2+977.14 en los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal, Oaxaca, y que, por ello, le cause afectación a su esfera jurídica. De igual manera, es ineficaz la diversa documental ofrecida consistente en dos discos compactos que contienen registro de diversos videos realizados en un recorrido desde San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, sobre la carretera y hasta la Avenida Símbolos Patrios, pasando por distintos puntos; lo anterior es así, porque, aun y cuando pretendió acreditar que transita por esa vía con los discos ópticos exhibidos, no se adminiculó con alguna otra probanza que acredite que, efectivamente, sea el directo quejoso quien tome esa vía y que hasta el momento que se grabó hubiera algún desconsiderado derribo de los árboles, en el lugar donde se lleva a cabo la construcción de la obra ya referida; en consecuencia, se reitera, las documentales ofrecidas son insuficientes para establecer que es beneficiario ambiental de ese entorno adyacente. Por tanto, no existe daño inminente e irreparable a la pretensión del quejoso, pues su sola manifestación se estima ineficaz para demostrar que se encuentra en una situación especial frente al ordenamiento jurídico, en relación con el derecho que alegó acreditaba su interés para comprobar la afectación a su derecho a un ambiente sano y, por tanto, no demuestra el interés legítimo para instar el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Registro 2012364, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, toda vez que el estudio de la procedencia de juicio de amparo es de naturaleza preferente y de orden público, y la actualización de alguna causa que lo haga improcedente impide el análisis de la cuestión de fondo; como así lo ilustra la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Publicación de datos personales. Las partes en este juicio de amparo, no manifestaron su oposición de manera expresa, para que en la consulta de la sentencia que se pronunciara en este juicio se omitan sus datos personales; por ello, con fundamento en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de la misma se realizará en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por el quejoso Jorge de Jesús López Sosa, contra los actos reclamados al 1) titular de la Unidad jurídica de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable en Oaxaca, residente en Tlalixtac de Cabrera, 2) director del Organismo Público Descentralizado, denominado "Caminos y Aeropistas de Oaxaca", 3) director jurídico de la secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) y el 4) gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca; consistentes en a) la orden de derribamiento de los árboles y destrucción del ecosistema que se encuentran sobre la Avenida Símbolos Patrios, del kilómetro 1+000 al Kilometro 3+000, perteneciente a los Municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, San Antonio de la Cal y Oaxaca de Juárez; así como b) las consecuencias en cumplimiento a la referida orden; por los motivos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta resolución en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente; anótese en el registro y en la estadística; hágase la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional; remítase copia de esta resolución a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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