Jorge Cruz Sebastian

Expediente 628/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
628/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
06/11/2020

Partes del expediente

  • Jorge Cruz Sebastian

Actuaciones

  1. Principal

    pral.628/2020 mesa 3 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Vistos los autos y tomando en consideración la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo que concede el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintiséis de octubre de este año, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 1.1. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de la parte quejosa. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa en este juicio de amparo no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la determinación relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3.1.Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 3.2. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 3.3. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. .

  2. Principal

    PRAL. 628/2020 MESA 3#.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veinte. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de su defensor particular ****, contra actos del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Santa María Ixcotel, Oaxaca y de otras autoridades, recibida en línea en esta fecha en este órgano jurisdiccional; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con la anotación ***. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) adscrito (a), que llevará el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Estudio de la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, que se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, registro 180663, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". El artículo 62 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Precepto del que deriva que el análisis de las causas de improcedencia debe realizarse de oficio. En el caso, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: La orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Santa María Ixcotel, Oaxaca al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, Oaxaca. Ahora, del oficio *** de veintiséis de octubre de dos mil veinte y anexo, suscrito por el subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, el cual se ordenó agregar a este asunto, por constituir un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que: Mediante acuerdo ***, de veinticinco de octubre de dos mil veinte, la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca determinó el cierre definitivo y total del Centro Penitenciario de Santa María Ixcotel, y a partir del veintiséis de octubre de dos mil veinte ya no sería utilizado para la reclusión de personas privadas de su libertad por resolución judicial; en consecuencia, ordenó la reubicación de las personas privadas de su libertad a diversos centros penitenciarios del Estado de Oaxaca. Jorge Cruz Sebastián fue reubicado al Centro Penitenciario Varonil de Tanivet. De lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de Ley de Amparo; normas que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: - - - - (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley". La disposición prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, transcrita, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que se relaciona con las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que derivan de la Carta Magna y de la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que se prevén en el propio artículo 61, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación -en sentido contrario- de lo ordenado en el artículo 77 de la citada legislación de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo II, enero de 2014, registro 2005313, página 1344, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que enunciativamente prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que de suyo implica que las fracciones I a XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia, pero no son los únicos, pues existen otras causas de improcedencia claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no existe imprecisión en torno de las causas de improcedencia contenidas en esa fracción. Al respecto, debe decirse que el constituyente estructuró el juicio de amparo como un medio de control constitucional plenamente coercitivo sobre los actos de autoridad, dado que sus efectos no se limitan a identificar que un acto de autoridad sea contrario a la norma suprema, como un mero estudio sin resultados prácticos, sino que pretende lograr la restitución del orden que la Constitución Federal establece. Ese fin esencial de esta institución se refleja en el propio texto del artículo 107 constitucional, en cuya fracción II se indica que los efectos de una sentencia concesoria emitida en el juicio de amparo serán los de amparar y proteger a quien promovió la instancia; lo que se robustece con lo dispuesto en la fracción XVI de dicho texto fundamental, en el que se indican una serie de medidas tendentes a obtener de las responsables el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Por otra parte, el legislador ordinario estableció en la Ley de Amparo la forma en que deben materializarse los efectos de una sentencia que conceda la protección de la Justicia Federal, determinando que el objeto de la concesión del amparo es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que exija. Entonces, aunque los órganos jurisdiccionales que concedan la protección constitucional, de conformidad con la disposición en estudio, están facultados para obligar a que la autoridad responsable obre en el sentido que sea necesario o a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación a los derechos del quejoso, esta atribución tiene como fin específico, precisamente, lograr restituirlo al estado de normalidad en el pleno disfrute de sus prerrogativas constitucionales, siendo ésta y no otra la única justificación de tan importante medio de control de los actos de gobierno; y, por ende, debe privilegiarse cuando los órganos encargados de ventilar los juicios de amparo intervienen para hacer cumplir las sentencias concesorias de la protección constitucional. Las precisiones anteriores ponen de relieve la verdadera finalidad del juicio de amparo como institución garante del orden constitucional, lo que, en definitiva, revela que cuando es legalmente imposible restituir al gobernado en el goce del derecho violado o cuando la concesión del amparo no tiene esa consecuencia connatural, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77 (aplicado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, la instancia respectiva debe declararse improcedente, pues ninguna utilidad se obtendría al reconocerse que un acto de autoridad es contrario a los derechos humanos del quejoso, si no se logra, con ello, una finalidad práctica. Al respecto, se estima oportuno citar el siguiente criterio jurisprudencial emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en lo conducente se encuentra vigente de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.-El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Por ello, como, en el caso, la parte quejosa reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Santa María Ixcotel, Oaxaca al Centro Penitenciario de Tanivet, Oaxaca (acto de naturaleza positiva). Y del acuerdo ***, de veinticinco de octubre de dos mil veinte, se advierte que el centro de reclusión de Ixcotel donde se encontraba recluido el quejoso, en esta fecha (veintiséis de octubre) dejó de funcionar como tal, dado al cierre definitivo del mismo; es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia analizada. Ello, toda vez que existe una imposibilidad jurídica, en su caso, de restituir a la parte quejosa en el derecho vulnerado, toda vez que, lo que pretende en este juicio de amparo es que sea regresado al centro de reclusión de Ixcotel; sin embargo, dicho centro de internamiento ha sido cerrado. De ahí que, se reitera, existe imposibilidad jurídica de que se concreten los efectos de la posible concesión del amparo, respecto del acto reclamado. En ese sentido, aun cuando el actuar de las responsables se considerara violatorio de derechos humanos de la parte quejosa, una eventual concesión del amparo no podría cristalizar el efecto restitutorio alguno, porque no sería factible ordenar a las responsables el regreso del quejoso al centro de internamiento de Ixcotel, donde se encontraba, esto, con motivo que dicho centro de reclusión fue cerrado de manera definitiva en esta fecha. Resultan aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL VIOLADA. Cuando se reclame un acto de autoridad que se funde en dos ordenamientos distintos, cualquiera de los cuales puede sustentarlo por sí solo, y únicamente se impugne uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, no sería posible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada porque el acto reclamado seguiría subsistiendo sustentado por el diverso ordenamiento que no se combatió." "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." 4. Desechamiento. Por ello, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, fracción I, interpretado en sentido contrario, ambos de Ley de Amparo, se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por Jorge Cruz Sebastián, por conducto de su defensor particular Carlos Adrián Leyva Patiño. 5. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Debe decirse que la causa de improcedencia analizada se interpretó de manera estricta, pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia. Es ilustrativa al respecto la tesis 2a. CLVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, registro 165538, página 324, de rubro siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". De igual forma, la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, Materia Constitucional, registro 2004217, página 1641, del tenor siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA". 6. Domicilio y personas autorizadas. Con apoyo en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. Y en términos del artículo 24, segundo párrafo, de dicha ley, por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Juan Gabriel Leyva Osorio, por así haberlo solicitado la parte quejosa. En el caso, no es procedente tener por autorizado con las facultades amplias que concede el numeral 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Adrián Leyva Patiño, dado que: 1. Esa persona promovió la demanda de amparo. 2. No es posible jurídicamente que, como promovente del amparo, se autorice a sí mismo para tener las facultades amplias a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo; y, 3. Ambas figuras, quejoso y autorizado legal, no pueden coexistir en una misma persona. 7. Autorización para la consulta y notificación vía electrónica. Con fundamento en los artículos 35, 36 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para accesar al expediente electrónico de este juicio, con el nombre de usuario "ADRIAN.LEYVA", a fin de que pueda realizar la consulta correspondiente; asimismo, se ordena realizar las notificaciones que le correspondan vía electrónica, a través del usuario proporcionado; ello, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, relacionado con el diverso numeral 55 del Acuerdo General 12/2020 ya citado. 7.1. Precisión de la forma de notificar. No pasa desapercibido que en la demanda de amparo haya autorizado, para tales efectos, también un domicilio físico; sin embargo, considerando la contingencia ocasionada por el virus covid-19, y el peligro de la propagación que representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones personales en el domicilio físico; por tanto, aquéllas se harán vía electrónica, por así haberlo solicitado el promovente, a través del usuario ya referido, y únicamente en caso de que exista imposibilidad a través de ese medio, con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se hará en el domicilio físico proporcionado. 8. Autorización de correo electrónico y teléfono. El correo personal y el teléfono proporcionado en la demanda de amparo, no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autorizan dichos medios únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación especial con la parte quejosa y, en su caso, sirvan como auxiliar para lograr las notificaciones personales. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que pueden manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose del auto de desechamiento, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia en que se encuentra el país, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 11. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. 12. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 13. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese en los términos ordenados. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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