Jorge de Jesús Arratia Cuadros
Expediente 1838/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 8 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1838/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 08/12/2016
Partes del expediente
- Jorge de Jesús Arratia Cuadros
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda promovida por Jorge De Jesús Arratia Cuadros, regístrese la demanda bajo el número 1838/2016-V-B. DESECHAMIENTO Previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama el auto de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, dictado en el juicio del orden familiar 2314/2014, en el que se proveyó llevar a cabo el desahogo de la prueba pericial en materia de genética molecular, a costa de la contraparte del quejoso, aquí tercera interesada. Ahora, este Juzgador advierte de oficio la causa de improcedencia derivada de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Así, de la intelección del precepto que sirve de sustento a esta determinación, se derivan como elementos constitutivos de la causa de improcedencia en comento, consistentes en que el acto reclamado emane de una autoridad de los tribunales judiciales; en contra de ese acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa legal; por virtud de ese medio de defensa, el acto reclamado pueda ser modificado, revocado o nulificado; y que ese recurso esté previsto legalmente dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. Establecido lo anterior y dada la naturaleza del procedimiento de origen que deriva del derecho familiar, es oportuno citar el artículo 5.1, primer párrafo y 5.74, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los cuales prevén lo siguiente: "Artículo 5.1. Las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar, se tramitarán de acuerdo con las reglas que se señalan en este Libro, y en lo no previsto, con las del Libro Segundo de este ordenamiento..." "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." De tales artículos se obtiene que los juicios relativos al derecho familiar, como en el 2315/2014 del que deriva el acto reclamado, deben sujetarse a las reglas especiales familiares, asimismo, se establece que los autos o decretos que no fuesen dictados en audiencias públicas y orales, serán revocados conforme a las reglas generales. Es menester precisar que el auto reclamado no fue emitido en audiencia pública oral, pues de la lectura del mismo se advierte que se proveyó un escrito presentado por Oralia Bracamontes Pérez, y fue decretado por escrito; por tanto, el recurso de revocación que procede en su contra se encuentra previsto en el apartado de reglas generales a saber: artículos 1.362 y 1.378 del propio código adjetivo civil estatal, cuyo contenido es: "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 1.378. Son apelables las sentencias interlocutorias y los autos que específicamente señale este Código. La apelación en este caso, se admitirá sin efecto suspensivo, salvo cuando la ley disponga lo contrario." De la lectura de los preceptos legales invocados se presume que sólo serán apelables, además de las sentencias interlocutorias, los autos que específicamente prevea la codificación procesal local señalada, y que los autos que no fueren apelables serán revocables por la autoridad que los emitió. Luego, si del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, no se advierte que contra la determinación reclamada en el presente asunto proceda el recurso de apelación, por lógica interpretativa se concluye que contra ésta procede el recurso de revocación. En ese sentido, si se encuentra acreditado que la determinación de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis proviene de un tribunal judicial; que en su contra procede el recurso de revocación, por medio del cual el acto puede ser modificado, nulificado o revocado; y ese medio de defensa se encuentra contemplado en la legislación local que rige la actuación de la autoridad responsable, es innegable que el juicio de amparo resulta improcedente. En ese contexto, el promovente del amparo previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables al caso, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente. Se estima aplicable la jurisprudencia publicada con el número 573, en la página 515 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "RECURSOS ORDINARIOS, AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada Ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la Ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En consecuencia, al no agotarse el principio de definitividad y no actualizarse alguna causa de excepción a favor del quejoso, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, al hacerse patente la causa de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción XVIII, de la ley invocada. DOMICILIO. Conforme lo establecido por el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, las notificaciones háganse al quejoso por medio de lista. AUTORIZADOS. Se tienen por autorizadas a las personas que refiere en los términos que precisa, conforme al artículo 12, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, es decir, para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Yamín Dávalos Rosas, que da fe.
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