Jorge de Jesús Arratia Cuadros
Expediente 1591/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1591/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/11/2016
Partes del expediente
- Jorge de Jesús Arratia Cuadros
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito de la autoridad responsable, mediante el cual interpone revisión contra la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada.
- Principal
Radicación. Visto el escrito de demanda promovido por ***Cuadros, por su propio derecho, contra actos del Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca; atento a su contenido; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 286/2016. Ahora bien, con la finalidad de proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Desechamiento. Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia se deseche de plano; en consecuencia, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A.J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta una causa de improcedencia del juicio constitucional; además, que esta sea manifiesta, es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Precisión de acto reclamado en atención al análisis integral de la demanda. Por consiguiente, de un análisis integral de la demanda este órgano jurisdiccional llega a la conclusión que el acto que por esta vía se reclama es: El auto de doce de octubre de dos mil dieciséis, por el que la autoridad responsable no admite el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso, en contra del auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 2315/2014, por el que se tuvo por anunciada la prueba pericial de la tercero interesada. Causal de improcedencia. Así, este Juzgado Federal analiza la causal de improcedencia que advierte opera y que es la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, precepto y fracción que textualmente disponen: Artículo 61. (.) El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Como puede advertirse, la señalada causa de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta obvio que a él sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse, pues en esto estriba precisamente el principio de definitividad que rige en el juicio de derechos, el cual debió agotarse previamente por el accionante del amparo. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. Contemplándose como casos de excepción, cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; cuando el acto reclamado consista en resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; mismos que en el caso particular no acontecen. Preceptos legales aplicables. Por consiguiente, el artículo 5.78, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, estatuye: Artículo 5.78. El trámite y substanciación del recurso de apelación, se sujetara a las disposiciones generales de este Código con la salvedad de que en el auto de la calificación del grado, en su caso, se realizara el turno respectivo para su resolución. En ese orden de ideas, este juzgador a manera de tener una correcta apreciación de la ley, advierte que en el diverso transcrito con anterioridad el legislador menciona que para el trámite y substanciación del recurso de apelación, se sujetara a las disposiciones generales del Código en mención, por tanto, aun cuando la autoridad se haya negado a admitir la apelación por lo motivos y fundamentos expuestos en auto de doce de octubre de dos mil dieciséis, el mismo constituye el trámite previsto para ese recurso, y se debe sujetar a las disposiciones generales del Código de referencia. Lo anterior, en relación con los diversos 1.360, 1.361 y 1.393 del Código de referencia, de su Libro Primero que a su letra dicen: Artículo 1.360. Se reconocen como recursos los siguientes: Revocación Apelación Queja Artículo 1. 361 Los recursos no son renunciables. Artículo 1.393. El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: No admite una demanda Deniega una apelación Así pues, tomando en consideración que el acto reclamado lo constituye el proveído de doce de octubre de dos mil dieciséis, por el que la autoridad responsable no admite el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso, en contra del auto de cinco de octubre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 2315/2014, por el que se tuvo por anunciada una probanza de la tercero interesada; resulta incuestionable que el peticionario del amparo estaba obligados a interponer contra dicho auto el recurso previsto en la ley como queja, antes de ocurrir a demandar la protección de la Justicia de la Unión, medio de defensa legal que en el supuesto de ser declarado fundado, se ordenará admitir la apelación. Por lo que, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil de Procedimientos Civiles para el Estado de México, el promovente en primer momento debió impugnar el referido auto a través del recurso de queja que establece los supuestos en que es procedente, lo anterior, tomando en consideración que para el código civil adjetivo los recursos no son renunciables. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Tesis aplicables. Apoya a lo anterior, el criterio contenido en la tesis emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIV, Materia Común, página 128, que reza: "RECURSOS ORDINARIOS. Los recursos ordinarios que, por no interponerse, hacen improcedente el amparo, son aquellos que concede la ley, y por los cuales, mediante determinado procedimiento, se obtiene que la autoridad misma o su superior, reformen o revoquen la resolución motivo del amparo; pero cuando este medio de modificar o reformar el acto que se reclama, está constituido por una verdadera contienda judicial, entonces no puede considerarse ya que existe el recurso ordinario que hace improcedente el amparo." Asimismo, sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Penal, página 485, de rubro y texto: "DENEGADA APELACIÓN, RECURSO DE.- La interposición del recurso de denegada apelación en trámite, constituye un medio de defensa que puede tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado en el juicio de garantías, por lo que es claro que concurre en el caso la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo y la consecuencia de sobreseimiento, a que alude la fracción III del artículo 74 de la propia ley." De igual forma, apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por el Tribunal Colegido del Vigésimo Circuito, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de Federación 2000, Tomo II, Penal, 9° Época, página 1835, que dice: "AUTO QUE NIEGA LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. PROCEDE EL RECURSO DE DENEGADA APELACIÓN CONTRA EL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).- Contra el auto que niega la admisión del recurso de apelación, en términos del artículo 403 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chiapas, procede el recurso de denegada apelación, por tanto, si no se hace valer este recurso antes de ocurrir al juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías resulta improcedente en razón de que el acto reclamado carece de definitividad." Aunado a lo anterior, la resolución combatida tiene su origen en el reclamo de una violación procesal, pues se trata del pronunciamiento intrínsecamente relacionado con pruebas, y por regla general dichas violaciones pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita; por lo que en su caso, esas posibles violaciones deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva correspondiente, si es contraria a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, 170, fracción I y 172, fracción XXII, de la ley de la materia, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que sean motivo de la determinación que considera violatoria de sus derechos otorgados. En ese orden de ideas, el acto reclamado no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que, como ya se estableció, su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27, fracción I, en relación con el diverso 29, ambos de la ley reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, se tiene como domicilio del quejoso, las listas que se fijen en los estrados, en virtud de así haberlo solicitado. AUTORIZADOS. De acuerdo a la reforma del artículo 12 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de junio del año en curso, se tiene por autorizados en términos amplios a las personas respecto de las cuales se haya cumplido con los extremos previstos en su segundo párrafo; es decir, aquellas que acrediten encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y se hayan proporcionado los datos correspondientes. De igual forma, se autoriza en términos restringidos a las mencionadas si no se cumplió con dichos requisitos, determinación que subsistirá hasta en tanto se efectúen dichas acotaciones. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en cita, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. PROTECCIÓN DE DATOS. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda su solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testaran las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. SISTEMA ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE EXPEDIENTES. De la misma forma, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace del conocimiento de las partes, que para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este órgano jurisdiccional, para lo cual deberán atender al Título Cuarto del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. Finalmente, se ordena comunicar a las autoridades responsables que las notificaciones que resulten durante la tramitación del presente juicio se les practicarán por medio de lista, que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, acorde con el criterio jurisprudencial que enseguida se cita, salvo aquéllas que, por su trascendencia, se les deban notificar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, de la ley en cita, a saber, mediante oficio. Sustenta por su contenido la anterior determinación, la jurisprudencia 176/2012, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar."
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 15,134 expedientes
- Jorge Colín Arellano1528/2023
- Jorge Cortéz Vega y Otros.1853/2017
- Jorge Cristian Vargas Pérez658/2015
- Jorge Cristobal Castillo644/2019
- Jorge Damian de Jesus y Otros.715/2022
- Jorge de Jesús Arratia Cuadros1592/2016
- Jorge de Jesús Arratia Cuadros1838/2016
- Jorge de Jesus Becerril Corona1377/2015
- Jorge Díaz Morales |685/2017
- Jorge Edgardo Zepeda Reyes671/2015
- Jorge Eduardo Costilla Sánchez983/2014
- Jorge Eduardo García Bringas363/2018