Jorge Daniel Chávez Calderón

Expediente 486/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
486/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Jorge Daniel Chávez Calderón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que, por una parte, se sobreseyó y, por otra, negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Por tanto, con apoyo en los artículos 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los referidos numerales; hecho lo anterior, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 4. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN y no es de relevancia documental. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 4.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 5. Precisión del cómputo para las responsables. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento y se negó el amparo en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a estas. 6. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/20202, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el secretario Osmar Iván Esparza Piñón, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Morelia, Michoacán, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Informe previo sin mayor trámite. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remite el telegrama suscrito por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Inmediata Mesa II De La Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. Acúsese de recibo. Por otra parte, respecto al telegrama anexo, se ordena glosarlo sin mayor acuerdo, toda vez que de su contenido se advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Inmediata Mesa II De La Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán rinde su informe previo; no obstante, el seis de julio de la presente anualidad, se celebró la audiencia incidental en la que se resolvió la suspensión definitiva. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Acto seguido, el secretario da cuenta a la Juez, con un oficio registro con el número 10900. LA JUEZ ACUERDA: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Inmediata Mesa III de la Fiscalía General Región Zamora Michoacán, mediante el cual rinde su informe previos, en atención a su contenido, sin que haya lugar a proveer respecto al mismo, en razón de que por auto diecisiete de junio de la presente anualidad, se tuvo por rindiendo dicho informe. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. Copia de demanda; 2. Auto de nueve de mayo del año en curso, en que se concedió la suspensión provisional; 3. Auto de ocho de junio de la presente anualidad, en el que se tuvo a la parte quejosa desahogando la vista con la denominación correcta de las autoridades responsables, 1. Agente del Ministerio Público Inmediata I de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 2. Agente del Ministerio Público Inmediata II de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 3. Agente del Ministerio Público Inmediata III de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 4. Agente del Ministerio Público Inmediata IV de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 5. Agente del Ministerio Público Inmediata V de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 6. Agente del Ministerio Público Inmediata VI de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 7. Agente del Ministerio Público Inmediata VII de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 8. Agente del Ministerio Público de Unidad Especializada en Delitos de alto Impacto de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 9. Primer Comandante de la Policía Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 10. Jefe de Unidad de Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 11. Comandante Especializado de Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 12. Jefe de Unidad Especializada de Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 13. Agente Especializado de Policía de Investigación del Área de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 14. Director de Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán, con las mismas se ordenó su notificación; 4). Informes previos rendidos por las autoridades responsables 1). Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán; 2). Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán; 3). Fiscal Regional de Zamora, Michoacán; 4). Agente del Ministerio Publico Investigador de la Mesa V de Atención Inmediata; 5). Agente del Ministerio Público adscrita al Área de Atención Inmediata I; 6). Agente del ministerio Publico Investigador de la Unidad de Atención Inmediata Mesa IV: 7). Agente del Ministerio Publico Atención Inmediata Mesa VII, 8). Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Inmediata Mesa III, todos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán y 9). Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. Por otra parte, hago constar que no obran los informes previos de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Inmediata II y Agente del Ministerio Público Inmediata VI ambos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, no obstante de que fueron notificadas el catorce de junio de la presente anualidad, como se advierte de la constancia que obra en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). A LO ANTERIOR, LA JUEZ ACUERDA: se tiene por hecha la relación de constancias de conformidad con el artículo 140 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, por lo que ve a la falta de los informes previos de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Inmediata II y Agente del Ministerio Público Inmediata VI ambos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, se acordará lo conducente en el considerando respectivo. SE ABRE EL PERIODO PROBATORIO: en que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. LA JUEZ ACUERDA: Se tiene a las partes por omisas en ofrecer medios de convicción. Se cierra el periodo probatorio. Enseguida, abierta LA ETAPA DE ALEGATOS, el secretario hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló alegatos, sin que las demás partes realizaran manifestaciones en este sentido. A LO QUE SE ACUERDA: Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, téngase a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formulando alegatos y a las demás partes por omisas en formularlos. Con lo anterior, se da por concluida esta fase de la audiencia y se procede a dictar la resolución correspondiente. RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA V I S T O S, los autos que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 486/2022; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Jorge Daniel Chávez Calderón, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 CINCO JUECES DE ORALIDAD O DE CONTROL DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 2 FISCAL REGIONAL, ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 3 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN DELITOS FAMILIARES Y SEXUALES, ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 4 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA I DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 5 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA II DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. OMISO 6 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA III DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 7 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA IV DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 8 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA V DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 9 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA VI DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. OMISO 10 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA VII DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 11 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ALTO IMPACTO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. INEXISTENTE 12 PRIMER COMANDANTE DE LA POLICÍA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. INEXISTENTE 13 JEFE DE UNIDAD DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. INEXISTENTE 14 COMANDANTE ESPECIALIZADO DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. INEXISTENTE 15 JEFE DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. INEXISTENTE 16 AGENTE ESPECIALIZADO DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL ÁREA DE APREHENSIONES DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. INEXISTENTE 17 DIRECTOR DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. (CON DENOMINACION CORRECTA) NEGÓ PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como actos reclamados: De los Jueces de Control reclama la posible orden de aprehensión y captura dictada en su contra. Del Fiscal Regional, del Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional, de los siete Agentes del Ministerio Público de las Agencias de Atención Temprana, los tres Agentes del Ministerio Público de Alto Impacto y de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Familiares y Sexuales, la posible orden de búsqueda, localización y presentación dictada en su contra. De las autoridades ejecutoras reclama la ejecución de dichas órdenes. SEGUNDO. Mediante auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, se ordenó abrir este incidente de suspensión, se proveyó respecto de la suspensión provisional y se señaló fecha para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 y 125 de la referida Ley de Amparo. SEGUNDO. Actos inexistentes. Las autoridades responsables 1). Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán; 2). Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán; 3). Fiscal Regional de Zamora, Michoacán; 4). Agente del Ministerio Publico Investigador de la Mesa V de Atención Inmediata; 5). Agente del Ministerio Público adscrita al Área de Atención Inmediata I; 6). Agente del ministerio Publico Investigador de la Unidad de Atención Inmediata Mesa IV: 7). Agente del Ministerio Publico Atención Inmediata Mesa VII, 8). Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Inmediata Mesa III, todos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán y 9). Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, los negaron expresamente al rendir su informe previo. Por su parte, la quejosa no aportó prueba para desvirtuar dicha negativa; máxime que es a ella a quien corresponde probar lo contrario, sin que ello aconteciera; por tanto, se impone negar la suspensión definitiva solicitada por lo que respecta a dichas autoridades, al no existir materia sobre la cuál decretarla. TERCERO. Actos existentes. Ahora bien, por lo que ve a las autoridades Agente del Ministerio Público Inmediata II y Agente del Ministerio Público Inmediata VI ambos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, fueron omisas en rendir su informe previo, al haber trascurrido las cuarenta y ocho horas con las que contaba para hacerlo; por tanto, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. CUARDO. Se concede suspensión por la orden de búsqueda, localización o presentación. Por otra parte, igualmente, con fundamento en los artículos 136, 139, 162, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a Jorge Daniel Chávez Calderón, para los siguientes efectos: Que el citado quejoso quede a disposición de este órgano jurisdiccional, sólo en lo que se refiere a su libertad personal, pero a disposición de la autoridad que deba juzgarlo para la continuación del procedimiento del orden penal que se siga en su contra. En caso de que el acto reclamado no se haya ejecutado, para que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute el mandato respectivo. Si ya fue ejecutado y se encuentra a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de una orden de detención del mismo, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, si se trata de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea consignado ante el juez penal correspondiente o puesto en libertad, según corresponda. En el entendido de que si la privación de la libertad del quejoso es a consecuencia de su detención en flagrancia, el plazo se contará a partir de que el imputado sea puesto a disposición del Ministerio Público que corresponda. En el supuesto de que la detención del quejoso haya sido efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, sin demora deberá cesar la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público correspondiente. En el entendido que en este supuesto, cuando la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, deberá ser puesto en libertad. En cualquier caso distinto a los anteriores, en los que el Ministerio Público restringa la libertad del quejoso, deberá ponerlo en inmediata libertad o consignarlo ante un Juez, según proceda. Con fundamento en el artículo 162 de la Ley de Amparo en vigor y como medida para asegurar que el quejoso no evada la acción de la justicia se decreta que el impetrante del amparo deberá comparecer cuantas y tantas veces sea citado por el Ministerio Público, para colaborar en la investigación con la cual se encuentre relacionado y ante este órgano jurisdiccional, cuantas veces le sea exigido, apercibido que de incumplir con cualquiera de estas prevenciones, la suspensión del acto reclamado cesará en sus efectos y la autoridad responsable, previa notificación de tal evento, podrá ejecutar el acto. Lo anterior, en tanto las autoridades responsables reciban la notificación del auto en el que cause ejecutoria la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo y siempre que la orden que reclama no derive de casos urgentes cuando se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, en cuyo caso, dicha autoridad deberá fundar y expresar los indicios que motiven su proceder y, además, que el quejoso no sea sorprendido en flagrante delito. REQUISITOS DE EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN. Para estar en condiciones de fijar los requisitos de eficacia a fin de que la presente medida cautelar surta efectos, es conveniente establecer que el imperativo 168 del cuerpo legal en consulta, establece textualmente lo siguiente: "Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes. Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; II. Las características personales y situación económica del quejoso, y, III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia." Como se advierte, son tres los requisitos que debe tomar en cuenta el órgano de control constitucional para la fijación de la garantía que deberá satisfacer la parte quejosa. En relación al primero "la naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso", no se aprecia de su demanda de qué delito se trata. En cuanto al segundo de los elementos referente a las "características personales y situación económica del quejoso", no realizó manifestación alguna. Respecto al tercero de los elementos consistente en valorar la "posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia", no existe ningún dato revelador de dicha circunstancia. GARANTÍA. Al tenor de las anteriores consideraciones, se estima necesario fijar de manera discrecional la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.), para garantizar la suspensión definitiva de los actos reclamados, la cual deberá exhibir la parte quejosa, en cualquiera de las formas permitidas por la ley, pudiendo hacerlo en su caso en billete de depósito expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANSEFI), y en la inteligencia que si opta por garantizar en póliza de fianza, el documento respectivo contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado; la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, con la aclaración de que si fenece antes, la suspensión definitiva dejará de surtir efectos previo acuerdo; lo anterior, sin perjuicio de que pueda ser modificada. En el entendido que de no exhibirla en el plazo de cinco días, se comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 377, tomo XXVIII, Octubre de 2008, Materia Penal, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO PENAL QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUEZ DE DISTRITO PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO). La facultad de fijar el monto de la garantía es de carácter discrecional, siempre que ello no implique exceder los extremos señalados por el legislador en las condiciones de aplicación de la citada norma. Así, el juez de distrito debe llevar a cabo un análisis integral en el que conjugue adecuadamente las siguientes tres condiciones legales. En primer lugar, debe tomar en cuenta el tipo de delito de que se trata, su naturaleza dolosa o culposa, el bien jurídico tutelado, etcétera, y aunque en este primer momento puede hacerse presente el monto estimado de la reparación del daño, eso no significa que la garantía fijada por el juez de amparo tenga que coincidir con dicho monto, pues aquélla no puede equipararse a la caución que se fija para decretar la libertad provisional, ya que la garantía tiene la finalidad de asegurar que el quejoso acuda al proceso, la dicta un juez de amparo y responde a los objetivos del control constitucional; mientras que la fianza o caución obedece a la necesidad de garantizar la reparación del daño, la fija un juez penal y es acorde con los fines del proceso penal. En segundo lugar, el juzgador debe indagar respecto a la situación económica del quejoso. Y finalmente, en tercer lugar, el juez debe vigilar que el monto de la garantía no permita al quejoso sustraerse a la acción de la justicia, es decir, habrá de fijar una cantidad que no invite al quejoso a realizar un cálculo utilitario que le orille a evadir la acción de la justicia. Por tanto, una primera cantidad obtenida a partir de la obligación derivada de la fracción I del artículo 124 bis de la Ley de Amparo debe modularse, por un lado, mediante la capacidad económica del quejoso (fracción II), para establecer el límite inferior de la garantía y, por el otro, a través de la precaución de no disminuirla a tal grado que se promueva una posible conducta evasiva por parte del quejoso (fracción III)". Al respecto es pertinente señalar que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, este debe ser constituido ante el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANSEFI), de conformidad con el artículo 52, fracción I, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LA GARANTÍA RESPECTIVA, YA SEA EN BILLETE DE DEPÓSITO O PÓLIZA DE FIANZA, DEBERÁ CONTENER EL TEXTO SIGUIENTE EN EL APARTADO "CONCEPTO": "PARA GARANTIZAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA A JORGE DANIEL CHÁVEZ CALDERÓN, EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN V-486/2022". En el entendido que, no se aceptará el billete si tiene inscripción diversa; asimismo, en el momento procesal en que se considere procedente la devolución de la citada garantía, el billete será endosado a nombre de la persona que aparezca como depositante; pero solo se entregará a la parte quejosa, o bien, a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Toda vez que se presumió la existencia del acto reclamado, se impone al quejoso la obligación de presentarse ante las autoridades respecto de las cuales se concede esta medida, en un plazo de TRES DÍAS, contado a partir de que tenga conocimiento de la certeza del acto para la práctica de las diligencias correspondientes; lo anterior, sin que deba privarlo de la libertad, ello en atención a lo establecido por el artículo 162, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo y la tesis cuyo rubro y texto a continuación se citan. "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso". Se apercibe al quejoso que aún y cuando haya exhibido la caución que se le exige, deberá acreditar que compareció dentro del plazo referido, ante la autoridad emisora del acto, para tal efecto, deberá exhibir constancia donde obre sello, firma, día y hora de la audiencia judicial mencionada, con el apercibimiento que de no hacerlo la medida suspensional otorgada dejará de surtir sus efectos y la caución exhibida se hará efectiva a favor de la Federación. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 1a./J. 94/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre de 2001, página 26, que establece: "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA. Del criterio sustentado por esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 16/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, mayo de 1997, página 226, así como de la exposición de motivos de la iniciativa que adicionó un segundo párrafo al artículo 138 de la Ley de Amparo, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, y de los preceptos de dicha ley que rigen la suspensión del acto reclamado, se desprende que el Juez de amparo cuenta con las más amplias facultades para fijar las medidas de aseguramiento que estime pertinentes cuando conceda la suspensión tratándose de una orden de aprehensión emitida en contra del quejoso, entre ellas, la prevista en el citado párrafo, consistente en su comparecencia ante el Juez de la causa, como requisito para que surta efectos la suspensión concedida; medida que tiene como finalidad que el quejoso sea devuelto a la autoridad responsable en caso de que le sea negado el amparo, que no se sustraiga a la acción de la justicia, y que la concesión de la suspensión no constituya un obstáculo para la continuación del procedimiento penal, en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del propio artículo 138, dicho procedimiento debe continuar para asegurar un equilibrio entre el interés particular del agraviado que solicita amparo en contra de un acto que afecta su libertad personal y el interés de la sociedad en general. De manera que aun cuando el segundo párrafo del citado precepto, no establece expresamente que la comparecencia del quejoso ante el juzgado de la causa tenga por objeto que rinda su declaración preparatoria, del análisis de los elementos antes citados se advierte que esa es precisamente su finalidad, toda vez que al ser dicha declaración parte de la instrucción, resulta necesaria para la continuación del proceso seguido en contra del quejoso, quien no puede quedar eximido de rendirla por gozar de la suspensión. Lo anterior, sin menoscabo del beneficio que en favor del gobernado prevé la fracción II del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que no podrá ser obligado a declarar, prerrogativa que puede hacer valer en el momento en que comparezca ante el Juez de la causa, al desahogo de dicha diligencia". La medida decretada no surtirá efecto en los siguientes casos: Si la orden combatida tiene como propósito que el quejoso cumpla con alguna sentencia ejecutoriada dictada en su contra. Si la orden de detención, fue materia de un diverso juicio de amparo en que se haya negado la protección constitucional solicitada. Si el quejoso es sorprendido en flagrante delito o urgencia a la que alude el artículo 16, párrafo quinto constitucional; y, Si la orden reclamada fue dictada con posterioridad a la promoción de este amparo. Esta medida cautelar deberá ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que, en caso de desobediencia, se procederá conforme con lo dispuesto por el artículo 206 de la Ley de Amparo. Cabe mencionar que no se realiza pronunciamiento respecto de los alegatos que hace valer la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, ya que los mismos no forman parte de la litis. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el contenido de la jurisprudencia P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, Tomo 80, agosto de 1994, registro 205449, página 14, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se niega a Jorge Daniel Chávez Calderón, la suspensión definitiva, en términos del considerando segundo de la presente resolución. SEGUNDO. Se concede a Jorge Daniel Chávez Calderón, la suspensión definitiva, en términos del considerando cuarto de la presente resolución. Notifíquese en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las diez horas con diez minutos del seis de julio de dos mil veintidós, día y hora señalados para que tenga verificativo la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Carlos Fernando Cabrera López, el secretario del juzgado que autoriza y da fe, se declara abierta la audiencia del juicio de amparo número 486/2022, sin la presencia de las partes, ni persona alguna que las represente. Así mismo, se hace constar que de conformidad con los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, ninguna de la partes solicitó su celebración a través del método de videoconferencia, por lo que ante la imposibilidad de su comparecencia física ante el personal actuante, la misma se celebra sin su asistencia, en aras de proporcionar una justicia completa, ya que si bien el artículo 124 de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que las partes asistan a su celebración, tal presencia no es requisito de validez para verificarla. El Secretario da cuenta al Juez, con un oficio registrado con el número 10899. LA JUEZ ACUERDA: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Inmediata Mesa III de la Fiscalía General Región Zamora Michoacán, mediante el cual rinde su informe justificado, en atención a su contenido, sin que haya lugar a proveer respecto al mismo, en razón de que por auto diecisiete de junio de la presente anualidad, se tuvo por rindiendo dicho informe. Acto continuo, el secretario hace constar que en los presentes autos obra: 1. Escrito de la demanda de amparo promovida por Jorge Daniel Chávez Calderón; 2. Auto de nueve de mayo de dos mil veintidós, por el que este juzgado federal la admite a trámite; 3. Constancia de notificación a la Agente del Ministerio Público de la Federación; 4. Auto de ocho de junio de la presente anualidad, en el que se tuvo a la parte quejosa desahogando la vista con la denominación correcta de las autoridades responsables, 1. Agente del Ministerio Público Inmediata I de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 2. Agente del Ministerio Público Inmediata II de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 3. Agente del Ministerio Público Inmediata III de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 4. Agente del Ministerio Público Inmediata IV de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 5. Agente del Ministerio Público Inmediata V de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 6. Agente del Ministerio Público Inmediata VI de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 7. Agente del Ministerio Público Inmediata VII de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 8. Agente del Ministerio Público de Unidad Especializada en Delitos de alto Impacto de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 9. Primer Comandante de la Policía Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 10. Jefe de Unidad de Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 11. Comandante Especializado de Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 12. Jefe de Unidad Especializada de Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 13. Agente Especializado de Policía de Investigación del Área de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán. 14. Director de Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Justicia del Estado, Región Zamora, Michoacán, con las mismas se ordenó su notificación; 5). Informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1). Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán; 2). Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán; 3). Fiscal Regional de Zamora, Michoacán; 4). Agente del Ministerio Publico Investigador de la Mesa V de Atención Inmediata; 5). Agente del Ministerio Público adscrita al Área de Atención Inmediata I; 6). Agente del ministerio Publico Investigador de la Unidad de Atención Inmediata Mesa IV: 7). Agente del Ministerio Publico Atención Inmediata Mesa VII, 8). Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Inmediata Mesa III, todos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán y 9). Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán. Por otra parte, hago constar que no obran los informes justificados de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Inmediata II y Agente del Ministerio Público Inmediata VI ambos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, no obstante de que fueron notificadas el catorce de junio de la presente anualidad, como se advierte de la constancia que obra en el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). A LO ANTERIOR, LA JUEZ ACUERDA: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por efectuada la relación de constancias existentes en autos; por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables; por otorgada la intervención legal que corresponde a la Representante Social de la Federación. Por otra parte, por lo que ve a la falta de los informes justificados de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Inmediata II y Agente del Ministerio Público Inmediata VI ambos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, se acordará lo conducente en el considerando respectivo. ABIERTO EL PERIODO PROBATORIO: en que el secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. ACTO SEGUIDO, LA JUEZ ACUERDA: Se tiene a las partes por omisas en ofrecer medios de convicción. Se cierra el periodo probatorio. Enseguida, abierta LA ETAPA DE ALEGATOS, el secretario hace constar que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formuló alegatos, sin que las demás partes realizaran manifestaciones en este sentido. A LO QUE SE ACUERDA: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, formulando alegatos y a las demás partes por omisas en formularlos. Se levanta la presente acta para constancia legal, y se procede a dictar la resolución siguiente: SENTENCIA VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 486/2022. RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, Jorge Daniel Chávez Calderón, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 CINCO JUECES DE ORALIDAD O DE CONTROL DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 2 FISCAL REGIONAL, ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 3 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA AGENCIA ESPECIALIZADA EN DELITOS FAMILIARES Y SEXUALES, ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 4 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA I DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 5 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA II DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. OMISO 6 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA III DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 7 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA IV DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 8 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA V DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 9 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA VI DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. OMISO 10 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INMEDIATA VII DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. NEGÓ 11 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS DE ALTO IMPACTO DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. INEXISTENTE 12 PRIMER COMANDANTE DE LA POLICÍA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. INEXISTENTE 13 JEFE DE UNIDAD DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. INEXISTENTE 14 COMANDANTE ESPECIALIZADO DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. INEXISTENTE 15 JEFE DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. INEXISTENTE 16 AGENTE ESPECIALIZADO DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DEL ÁREA DE APREHENSIONES DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. INEXISTENTE 17 DIRECTOR DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, REGIÓN ZAMORA, MICHOACÁN. (CON DENOMINACION CORRECTA) NEGÓ PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa destaca como actos reclamados: De los Jueces de Control reclama la posible orden de aprehensión y captura dictada en su contra. Del Fiscal Regional, del Director de Investigación y Análisis de la Fiscalía Regional, de los siete Agentes del Ministerio Público de las Agencias de Atención Temprana, los tres Agentes del Ministerio Público de Alto Impacto y de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada en Delitos Familiares y Sexuales, la posible orden de búsqueda, localización y presentación dictada en su contra. De las autoridades ejecutoras reclama la ejecución de dichas órdenes. Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19 y 21de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado el conocimiento del asunto; y, por acuerdo de nueveo de mayo de la presente anualidad, se admitió, se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes justificados, se dio la intervención legal que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Actos inexistentes. Las autoridades responsables 1). Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán; 2). Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Zamora, Michoacán; 3). Fiscal Regional de Zamora, Michoacán; 4). Agente del Ministerio Publico Investigador de la Mesa V de Atención Inmediata; 5). Agente del Ministerio Público adscrita al Área de Atención Inmediata I; 6). Agente del ministerio Publico Investigador de la Unidad de Atención Inmediata Mesa IV: 7). Agente del Ministerio Publico Atención Inmediata Mesa VII, 8). Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Atención Inmediata Mesa III, todos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán y 9). Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, los negaron expresamente al rendir sus informes justificados. Por su parte, el quejoso fue omiso en ofrecer prueba que desvirtúe la aseveración de las autoridades, por lo que no queda sino acoger esta última. En esta tesitura, es que devienen inexistentes los actos reclamados en el presente juicio de amparo. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO. Actos existentes. Ahora bien, por lo que ve a las autoridades Agente del Ministerio Público Inmediata II y Agente del Ministerio Público Inmediata VI ambos de la Fiscalía Regional de Zamora, Michoacán, fueron omisas en rendir su informe justificado, no obstante encontrarse debidamente notificada del oficio por el que se le requirió el mismo; por tanto, en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos reclamados. Cabe mencionar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita con su escrito de alegatos que presentó ante este juzgado, manifestó que el juicio de amparo debe sobreseerse porque -en su opinión- la responsable negó la existencia de los actos reclamados, lo que trae como consecuencia que deba decretarse su sobreseimiento. Argumento que se desestima, en virtud de que, por los motivos dados, el acto reclamado es cierto. CUARTO. Síntesis y estudio de los conceptos de violación. No es necesario ni obligatorio transcribir los motivos de disenso para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en la sentencia, por lo que su análisis se realiza en el presente considerando de conformidad con lo siguiente: El quejoso esencialmente sostiene que la autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución, derivado de la falta de fundamentación y motivación del acto de autoridad, además, de que no ha sido oído y vencido en juicio. Los conceptos de violación son infundados. Primeramente debe mencionarse que el quejoso no allegó al juicio medio probatorio para poner de relieve la inconstitucionalidad del acto reclamado, privación de la libertad derivada de una orden de búsqueda, localización y presentación dictada en su contra. Ciertamente, el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, establece un principio de distribución probatorio en el juicio de amparo, conforme al cual, en aquellos supuestos en que las autoridades responsables omitan rendir su informe justificado, la carga procesal de acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso, siempre y cuando dicho acto no sea violatorio en sí mismo, de derechos humanos y garantías. Luego, debe decirse que la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no en las circunstancias que lo rodean, pues el dispositivo en análisis es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación "se presumirá cierto el acto reclamado" excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés legítimo y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XXII. J/4, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 452, Novena Época, Tomo II, Septiembre de 1995 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE REMITIR CONSTANCIAS EN EL. La omisión de las autoridades responsables de acompañar pruebas a su informe justificado, para acreditar la legalidad del acto reclamado, sólo da lugar a imponerles determinada multa, pero ello no releva a los quejosos de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que los quejosos tienen la carga de la prueba conforme lo dispone el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no sea inconstitucional en sí mismo. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que el juez de Distrito, conforme lo establece el último párrafo del artículo 78 reformado de la ley antes aludida, tiene la obligación de recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y considere necesarias para la resolución del asunto, pues tal reforma alude a que el juez de amparo debe recabar de oficio "pruebas", mas no constancias, porque éstas pueden consistir en elementos diversos de aquellos que tuvo en cuenta la responsable para emitir el acto reclamado, y son precisamente estas "pruebas" las que corresponde al quejoso allegar al juicio de garantías, en términos del primero de los preceptos mencionados. Ahora, un acto de autoridad es violatorio de los derechos fundamentales en sí mismo, en los casos siguientes: 1. Cuando la Constitución Federal prohíba su realización o no prevea la facultad de la autoridad para emitirlo. 2. Cuando por su propia naturaleza sea contrario a los cánones constitucionales. 3. Cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por dicha Constitución. En cambio, el acto reclamado no será violatorio de derechos fundamentales en sí mismo, cuando pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos y cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto. De ahí, que el citado numeral 117 de la reglamentación de la materia, establezca que corresponde al promovente del amparo probar la inconstitucionalidad del acto que, en sí mismo, no es violatorio de las garantías y los derechos fundamentales tutelados en la constitución; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, pues, cuando los actos son violatorios de las garantías y de los derechos fundamentales en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia. Luego, para apreciar cuándo un acto reclamado en amparo es violatorio de garantías en sí mismo, debe atenderse a aquéllos casos en que su constitucionalidad o inconstitucionalidad no dependan de los motivos, datos o pruebas, en que se haya fundado dicho acto; esto es, cuando el acto reclamado pueda ser realizado por la autoridad responsable mediante el cumplimiento de determinados requisitos, no puede ser considerando violatorio de garantías en sí mismo. En cambio, cuando en ningún caso la responsable pueda realizar el acto reclamado, con independencia de que deba o no llegar algún requisito, entonces sí puede estimarse como violatorio de garantías en sí mismo, porque aquélla estaría actuando fuera de su competencia legal; lo mismo ocurriría si el acto contraviniera prohibiciones establecidas en la Ley Fundamental. En el caso, el acto reclamado consistente en la orden de búsqueda, localización y presentación dictada en contra del quejoso, no es inconstitucional en sí mismo, porque el artículo 21 de la Constitución Política reconoce que el monopolio en la facultad investigadora del Estado, por la comisión de delitos, le corresponde a la institución del Ministerio Público. Acorde a ello, los artículos 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito; III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento; V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan; VII. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; VIII. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación; IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma; XI. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece este Código; XII.." Conforme a dichos numerales el Agente del Ministerio Público como conductor de la investigación, se encuentra facultado para ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión; para lo cual puede emitir los actos reclamados, cuando resulte procedente Ahora bien, como se dijo, en el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de derechos que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aun y cuando las autoridades responsables no rindan su informe justificado, pues si bien es cierto la ley establece la presunción de la existencia de los actos, también es verdad que arroja en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. De ahí, que si el quejoso no logró demostrar que se vulnere en su perjuicio los derechos fundamentales que citó como infringidos, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL QUE SOLICITA. QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por Jorge Daniel Chávez Calderón, por su propio derecho, por los motivos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Daniel Chávez Calderón, por las razones dadas en los considerandos tercero y cuatro. TERCERO. En términos de lo previsto en el considerando quinto, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. CUARTO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante el secretario Carlos Fernando Cabrera López, con quien actúa y da fe.

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