Jorge Chávez Torres
Expediente 769/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Chávez Torres
- Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, Morelia, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el sobreseimiento decretado fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Devolución de constancias. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se ordena su devolución en un cuaderno, solicitando acusar recibo de su recepción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Josué Romero Mena, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Prueba documental. Agréguese a los autos, el oficio rendido por la autoridad que lo remite, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, téngase por admitida y desahogada, en razón a su propia y especial naturaleza, las documentales que la responsable adjuntó a su oficio de cuenta. Sobreseimiento. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución de queja número 0009/2018, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho. Se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" De conformidad con el citado numeral, el juicio de amparo resulta improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia del mismo, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de realizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio constitucional. En la especie acontece que de las constancias que conforman el presente juicio se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de la queja número 0009/2018, en que resultaron infundados los argumentos vertidos por la parte quejosa, toda vez que no ha existido conducta omisiva por parte del Magistrado Instructor, ni de la Procuraduría demandada, ya que la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, esto es, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, si bien no fue señalada en el escrito de queja como autoridad omisa, si es a la que corresponde liberar los recursos de la demandada para que ésta pueda dar cumplimiento con la sentencia de nueve de julio de dos mil quince. Así, del informe rendido por la autoridad responsable se desprende que el quince de octubre de dos mil dieciocho, le fue entregado al quejoso Jorge Chávez Torres, dentro del expediente administrativo JA-0622/2014-I, el cheque número 0000057 de la institución de crédito denominada "BBVA Bancomer, S.A" de diez de octubre de dos mil dieciocho, por la cantidad de $270,000.00 doscientos setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), expresando que se daba por pagado y satisfecho de la totalidad de las prestaciones y pretenciones obtenidas en la sentencia emitida el nueve de julio de dos mil quince. De lo antes expuesto, es incuestionable que el acto combatido si bien es existente y subsiste, en el presente juicio de amparo, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, puesto que su objeto dejo de existir toda vez que se dio cumplimiento con la sentencia, al haber recibido de conformidad la parte quejosa el cheque número 0000057 de la institución de crédito denominada "BBVA Bancomer, S.A" de diez de octubre de dos mil dieciocho, por la cantidad de $270,000.00 doscientos setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por el cual se dio por pagado y satisfecho de la totalidad de las prestaciones y pretenciones obtenidas en la sentencia de nueve de julio de dos mil quince. Dicho de otra forma, pese a la existencia de la resolución de la queja 0009/2018, de treinta de mayo de dos mil dieciocho, debe decirse que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo con motivo de que el quince de octubre de dos mil dieciocho, le fue entregado al quejoso Jorge Chávez Torres, dentro del expediente administrativo JA-0622/2014-I, el cheque número 0000057 de la institución de crédito denominada "BBVA Bancomer, S.A" de diez de octubre de dos mil dieciocho, por la cantidad de $270,000.00 doscientos setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), expresando que se daba por pagado y satisfecho de la totalidad de las prestaciones y pretenciones obtenidas en la sentencia de nueve de julio de dos mil quince, relativa a la queja interpuesta por el incumplimiento dado a la misma. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 189, número de registro 173858, Tomo XXIV, Diciembre 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia previstas por la XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE. Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Prueba documental. Agréguese a los autos, el oficio rendido por la autoridad que lo remite, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de la Materia, téngase por admitida y desahogada, en razón a su propia y especial naturaleza, las documentales que la responsable adjuntó a su oficio de cuenta. Sobreseimiento. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: La resolución de queja número 0009/2018, de fecha treinta de mayo de dos mil dieciocho. Se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" De conformidad con el citado numeral, el juicio de amparo resulta improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia del mismo, ya que el propósito de esta causa se encuentra orientado hacia la imposibilidad de realizar el señalado fin que justifica la existencia e importancia del juicio constitucional. En la especie acontece que de las constancias que conforman el presente juicio se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de la queja número 0009/2018, en que resultaron infundados los argumentos vertidos por la parte quejosa, toda vez que no ha existido conducta omisiva por parte del Magistrado Instructor, ni de la Procuraduría demandada, ya que la autoridad vinculada al cumplimiento de la sentencia, esto es, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, si bien no fue señalada en el escrito de queja como autoridad omisa, si es a la que corresponde liberar los recursos de la demandada para que ésta pueda dar cumplimiento con la sentencia de nueve de julio de dos mil quince. Así, del informe rendido por la autoridad responsable se desprende que el quince de octubre de dos mil dieciocho, le fue entregado al quejoso Jorge Chávez Torres, dentro del expediente administrativo JA-0622/2014-I, el cheque número 0000057 de la institución de crédito denominada "BBVA Bancomer, S.A" de diez de octubre de dos mil dieciocho, por la cantidad de $270,000.00 doscientos setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), expresando que se daba por pagado y satisfecho de la totalidad de las prestaciones y pretenciones obtenidas en la sentencia emitida el nueve de julio de dos mil quince. De lo antes expuesto, es incuestionable que el acto combatido si bien es existente y subsiste, en el presente juicio de amparo, ya no puede surtir efecto legal o material alguno, puesto que su objeto dejo de existir toda vez que se dio cumplimiento con la sentencia, al haber recibido de conformidad la parte quejosa el cheque número 0000057 de la institución de crédito denominada "BBVA Bancomer, S.A" de diez de octubre de dos mil dieciocho, por la cantidad de $270,000.00 doscientos setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por el cual se dio por pagado y satisfecho de la totalidad de las prestaciones y pretenciones obtenidas en la sentencia de nueve de julio de dos mil quince. Dicho de otra forma, pese a la existencia de la resolución de la queja 0009/2018, de treinta de mayo de dos mil dieciocho, debe decirse que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo con motivo de que el quince de octubre de dos mil dieciocho, le fue entregado al quejoso Jorge Chávez Torres, dentro del expediente administrativo JA-0622/2014-I, el cheque número 0000057 de la institución de crédito denominada "BBVA Bancomer, S.A" de diez de octubre de dos mil dieciocho, por la cantidad de $270,000.00 doscientos setenta mil pesos 00/100 moneda nacional), expresando que se daba por pagado y satisfecho de la totalidad de las prestaciones y pretenciones obtenidas en la sentencia de nueve de julio de dos mil quince, relativa a la queja interpuesta por el incumplimiento dado a la misma. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 189, número de registro 173858, Tomo XXIV, Diciembre 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En esas condiciones, se reitera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia previstas por la XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. No es óbice a lo anterior, que la audiencia constitucional en el presente juicio se encuentra señalada para las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; por consiguiente, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Diferimiento. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado, en virtud de que el tercero interesado fue emplazado el dieciséis de octubre de dos mil dieciocho (foja 82 vuelta). Por tanto, la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se señalan las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.
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