Jorge Contreras Ramirez
Expediente 471/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Contreras Ramirez
Actuaciones
- Principal
CITATORIO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 471/2016, POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a once de abril de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el escrito aclaratorio signado por el quejoso ***, a través del cual, se le tiene dando cumplimiento a la prevención realizada mediante auto de dieciocho de marzo del año en curso, ya que precisa el acto que se encuentra combatiendo en esta instancia constitucional, cita de forma cronológica los hechos y antecedentes relacionados con dicho acto y precisa los efectos de la suspensión correspondiente. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional DESECHA la demanda de amparo de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón a que en contra del acto reclamado procede recurso de queja, por lo que el quejoso debía agotarlo en cumplimiento al principio de definitividad. Los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)". El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan contra tal acto. La regla de la definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. En ese tenor, respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo en aquellos casos en los cuales el particular promueve el juicio constitucional impugnando un acto emanado de dichos tribunales sin haber agotado previamente el recurso que proceda. Por tanto, el principio de definitividad respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo conlleva la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En el caso, el acto combatido en la presente vía constitucional, consistente en la resolución interlocutoria de doce de febrero de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, dentro del incidente de falsedad de firmas y documentos, en la cual, tuvo por no admitido el recurso de apelación y el escrito de expresión de agravios, presentado por el impetrante de amparo. Dicho acto, no tiene el carácter de definitivo para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que en contra de este procede el recurso de queja previsto en el artículo 553 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, que a continuación se transcribe: "ARTICULO 553.- Recurso de queja contra el Juez. El recurso de queja contra el Juez procede: I.- Contra la resolución en que se niegue la admisión de una demanda, o se desconozca la personalidad de un litigante; II.- Respecto de las interlocutorias y autos dictados en la ejecución de sentencias; III.- Contra la denegación de la apelación; IV.- Por exceso o por defecto en la ejecución de la sentencia dictada en segunda instancia; V.- En los demás casos fijados por la Ley. La queja contra los jueces procede aun cuando se trate de juicios en los que por su cuantía no se admite recurso de apelación.". Dicho numeral establece que el recurso de queja proceden contra los autos o resoluciones que denieguen la interposición del recurso de apelación. En el caso, la resolución interlocutoria de doce de febrero del año en curso, se encuentra dentro de los supuestos previstos en el artículo 553 del Código Procesal Civil para el Estado de Morelos, al haber sido dictada por el juez del conocimiento. Por tanto, es evidente que en contra del acto reclamado procedía el recurso de queja, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues previo al juicio de amparo, la parte quejosa se encontraba obligada a agotar dicho medio de defensa (queja), mediante el cual pudo ser revocado o nulificado el acto de autoridad en comento. Se afirma lo anterior, en virtud de que se colman las exigencias establecidas en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que: 1. El acto reclamado es una resolución proveniente de un juez. 2. El citado recurso de queja, se encuentra previsto en la ley que rige el acto, es decir, en el Código Procesal Civil para el Estado de Morelos. 3. Ese medio de defensa, opera dentro del procedimiento del juicio en donde se dictó el acto reclamado; y, 4. Por virtud del referido recurso de queja, la determinación dictada por la responsable, pudo ser modificada, revocada o nulificada. Por tanto, al existir un medio de defensa idóneo por el cual pudo modificarse, revocarse o nulificarse el acto que por esta vía se reclama, es inconcuso para este Juzgador que al no haberse agotado previamente a la promoción del juicio constitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Cabe hacer mención que en el caso no se está en los casos de excepción señalados por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Dicha disposición establece, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. [.] Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Ello, en razón de que el acto que por esta vía se reclama se trata de una resolución interlocutoria emitida en el juicio civil 463/2008, de doce de febrero de dos mil dieciséis, mediante la cual, tuvo por no admitida el recurso de apelación y el escrito de expresión de agravios, presentados por el quejoso, por lo que no se trata de ninguno de los actos señalados en los incisos a) y b) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, y el quejoso no es tercero extraño en el procedimiento de origen. Aunado a que la procedencia del recurso de queja no está sujeto a interpretación adicional, ni su fundamento legal sea insuficiente para determinar su procedencia. En consecuencia, y como ha quedado acreditado en los párrafos que anteceden, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su celebración. Notifíquese
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