Jorge Carlos Bernal Soriano
Expediente 1321/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1321/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Carlos Bernal Soriano
Actuaciones
- Principal
AVISO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO Y/O RESOLUCIÓN DE CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1321/2023-III en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Desechamiento de la demanda De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, esta sede constitucional desecha la demanda de que se trata, toda vez que de su estudio integral se advierte que existe una causal manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 61, fracción XVIII, de la ley en consulta, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El texto del artículo transcrito es la expresión normativa del principio de definitividad que impera en el juicio de amparo. Este principio establece la improcedencia del juicio cuando las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sean impugnables mediante algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas y no se hubieren agotado. Tal principio encuentra justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previo a promoverlo, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los ejerzan y, sólo en el caso de no obtener resolución favorable, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si al pasarse por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos provenientes de los órganos jurisdiccionales ordinarios no tuvieran la carga de plantear las defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de dichos órganos. Ahora bien, la parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado, lo siguiente: 1).- Del Juez Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, 2).- De la Secretaria de Acuerdos de la Tercera Secretaría del Juzgado Cuarto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; reclama lo siguiente: a).- Auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, relativo al juicio de alimentos promovido por ******************** contra ********************. En esta tesitura, se actualiza la causal de improcedencia en estudio, debido a que la parte quejosa debió agotar los medios ordinarios de defensa legal, contra el acto reclamado consistente en el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, relativo al juicio de alimentos promovido por ********************. Se determina lo anterior, en virtud de que, de los antecedentes narrados por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se advierte que, en contra del citado acto procedía el recurso de revocación previsto por los artículos 120, 556, fracción I, 566 y 567 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que establecen: "Artículo 120.- Los autos podrán ser revocados por el juez que los dicta, salvo cuando la ley disponga que procede otro recurso o que no son recurribles. Deben contener una motivación y los preceptos legales en que se apoyen". "Artículo 556.- Para impugnar las resoluciones judiciales se conceden los siguientes recursos: I. Revocación y reposición". "Artículo 566.- Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso". "Artículo 567.-. Son aplicables las siguientes reglas para la tramitación del recurso de revocación: I. El recurso deberá hacerse valer dentro de los tres días siguientes al de la notificación de la resolución respectiva; II. La petición de revocación deberá hacerse mediante escrito o verbalmente en el acto de la notificación del auto o proveído y deberá contener la expresión de los hechos y fundamentos legales procedentes; III. No se concederá término de prueba para substanciar la revocación y sólo se tomarán en cuenta los documentos que se señalen al pedirla, y IV. La revocación no suspende el curso del juicio y se resolverá, bien de plano o mandándolo substanciar con vista de la contraparte por el término de tres días, según el juez lo estime oportuno. La resolución que se dicte no es recurrible. En los juicios que se tramitan oralmente, la revocación se decidirá siempre de plano". De lo anterior, se advierte que, el acto que se combate en esta sede constitucional, consistente en el auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, relativo al juicio de alimentos promovido por ********************, debió ser impugnado mediante recurso de revocación, previsto por la norma que rige el acto reclamado. En consecuencia, la parte quejosa no cumplió con el principio rector de definitividad, derivado de lo dispuesto en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, respecto de su obligación de agotar los medios ordinarios de defensa previstos en las leyes que rigen el acto reclamado, antes de promover la instancia constitucional. La irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo. Por su parte, la regla de definitividad se refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. En esa tesitura, como se dijo, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley. En consecuencia, en el presente asunto, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en los numerales 61, fracción XVIII, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, por lo que se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO de que se trata. Notifíquese personalmente.
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