Jorge Casanova Arevalo

Expediente 218/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
218/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Jorge Casanova Arevalo

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio, hubiera recurrido la sentencia de veintidós de febrero de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo HA QUEDADO FIRME para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 18, del Capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el primer punto resolutivo de la sentencia que resolvió el presente asunto la justicia de la Unión no amparó ni protegió a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la artículo 18, fracción I, inciso b), por lo que es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los tres años a que se refiere el antepenúltimo párrafo del citado artículo. Asimismo, y como lo dispone el artículo 18 penúltimo párrafo del capítulo séptimo y en razón al sentido de la sentencia dictada en el presente asunto, consérvese únicamente la demanda y la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional mismas que deberán digitalizarse en términos del capítulo noveno del citado acuerdo, debiendo depurarse las constancias restantes, como lo señala el citado artículo 18. En virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente, una vez transcurrido el término de tres años señalados en el artículo 18 del Acuerdo General sin número, ya citado, éste debe ser transferido, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, ya que no existe objeto alguno para que sigan permaneciendo en este Juzgado los legajos que se ordenaron formar en acuerdos de veinte de enero de dos mil veintitrés, con las constancias remitidas por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán y Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse a las referidas autoridades sin que sea necesario solicitar acusar el recibo correspondiente dado que de la constancia de notificación se va a desprender que se recibió dichos legajos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    V. Mérida, Yucatán; veintidós de febrero de dos mil veintitrés. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 218/2023-III del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ***, contra el acto reclamado a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió el oficio del Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informó que quedó firme el proveído mediante el cual se declaró incompetente para conocer en la vía directa la demanda promovida por el quejoso Jorge Casanova Arévalo, contra el acto que reclamó a la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad, consistentes en la resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, que modificó la diversa de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria de origen. En la demanda de amparo, se narraron los antecedentes del acto reclamado, se precisaron los derechos fundamentales del parámetro de regularidad constitucional que se consideraron vulnerados, y fueron expresados los conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, la demanda fue enviada al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Mediante auto de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, se registró bajo el número 2544/2022, y en proveído de catorce de noviembre siguiente, se admitió la demanda. En la secuela procesal, se recibió el informe justificado de las autoridades responsables y se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada Andrea Casanova Martínez y Verónica Mayela Martínez García, en representación de su menor hija de iniciales ***; asimismo, se dio la intervención correspondiente a la representación social. Finalmente, el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional. TERCERO. Remisión de los autos a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con motivo de su apertura. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 04/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación de este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. En cumplimiento a lo anterior, por determinación de veinte de enero de dos mil veintitrés, este juzgado se avocó al conocimiento del presente asunto y turnó los autos para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción de este Juzgado Federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: [...] La resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación ***, que modificó la sentencia de once de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez responsable, en los autos de las diligencias de jurisdicción voluntaria 378/2020, y su ejecución. [...] TERCERO. Certeza de los actos reclamados Al rendir su informe con justificación, el Presidente de la Segunda Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, y el Juez Cuarto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, aceptaron la existencia del acto reclamado. La certeza del acto reclamado se corrobora con la constancias del procedimiento de origen y del toca de apelación, documentales que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para ejercer la acción de amparo, y la forma en que se computarán los términos para la presentación de la demanda, el cual, en todos los casos comenzará desde el día siguiente al en que: (1) haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto; (2) el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado, y (3) el inconforme se haya ostentado sabedor de los actos. Efectuada la precisión anterior, el acto reclamado es una resolución de segunda instancia dictada en un procedimiento jurisdiccional de tramitación especial, en la cual se confirmó la resolución que fijó los alimentos provisionales, por lo que el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, al no ubicarse en alguno de los supuestos de excepción descritos por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Para el cómputo del aludido plazo debe considerarse la primera hipótesis que establece el artículo 18 de la Ley de Amparo, esto es, a partir del día siguiente en que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto. Acorde a las constancias del toca de origen, la resolución reclamada se notificó el treinta de agosto de dos mil veintidós; en términos del artículo 191 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, esa notificación surtió efectos el mismo día. [...] Así, el plazo para presentar la demanda de amparo trascurrió del treinta y uno de agosto al veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, con apoyo en el artículo 19 de la Ley de Amparo, deben descontarse los sábados y domingos al ser días inhábiles, así como el catorce, quince y dieciséis de septiembre de veintidós. En el caso particular, la demanda se presentó como amparo directo ante la autoridad responsable el catorce de septiembre de dos mil veintidós; el suscrito considera que el término para ejercer la acción de amparo se interrumpió en la fecha de presentación ante la autoridad responsable, ya que no existió mala fe procesal del quejoso en la elección de la vía, por lo tanto, se concluye que la acción de amparo se ejerció dentro del plazo legal. [...] QUINTO. Antecedentes del acto reclamado Para entender la problemática planteada en el presente asunto, es necesario conocer el origen del acto reclamado, el cual se obtiene de las constancias remitidas por la responsable al rendir su informe con justificación: Por auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, se admitieron las diligencia de jurisdicción voluntaria promovidas por Andrea Casanova Martínez y Verónica Máyela Martínez García, la primera por su propio derecho y la segunda en ejercicio de la patria potestad de la menor A.C.M., a fin de se fijara el monto de la pensión alimenticia provisional a cargo de Jorge Casanova Arévalo, bajo el número 378/2020 del índice del juzgado responsable. [...] SEXTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento al mandato legal, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. SÉPTIMO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado En este considerando se examinarán los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, cuya transcripción es innecesaria, basta con su estudio y respuesta vinculada a los planteamientos propuestos por la parte quejosa. Además, su análisis se realizará bajo la óptica de la suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. En vía de conceptos de violación, el quejoso argumenta que en esencia, los siguientes: A. Insuficiencia probatoria de su capacidad económica. El quejoso aduce que la Sala no se allegó de pruebas suficientes, para confirmar el monto de la pensión fijada por el juez de origen, dado que en la temporalidad en la que se dictó la resolución reclamada, no hay elementos que acrediten su capacidad económica para cumplir su obligación alimentaria en la medida en la que le fue impuesta. Afirma, que desde el año dos mil diecinueve sus ingresos han disminuido, pues ya no labora para la empresa ***, la cual es propiedad de su hermana, lo que se acreditó con el acta constitutiva ante el tribunal de alzada. Que su único ingreso actual es por la renta de dos cabañas, y éste es variable y reducido, aunado a que no se recabó la información necesaria para conocer el monto al que asciende. Si bien, se presentaron diversas facturas respecto del pago de colegiaturas, esos pagos fueron anteriores al año dos mil diecinueve, cuando sus ingresos eran más elevados. Además, que no fue debidamente valorada la información proporcionada por las diversas dependencia e instituciones financieras, respecto de su capacidad económica. Que los avalúos efectuados en el procedimiento de origen no cumplen con las formalidades necesarias para otorgarles valor probatorio, aunado a que no se recabó información respecto de lo bienes inmuebles valuados, los cuales no constituyen una cantidad líquida. Afirma, que al no existir una prueba fehaciente de sus ingresos, la Sala dictó una resolución imponiéndole una obligación alimentaria excesiva a sus capacidades, lo que vulnera el mínimo vital y su dignidad humana, apartándose del principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 35 del Código de Familia del Estado de Yucatán. Falta de legitimación de la necesidad de recibir alimentos, respecto de una de las acreedoras alimentarias. Reiteró que el juez de origen no actualizó que una de las acreedoras alimentarias ya concluyó con sus estudios profesionales, por lo que ya no debe considerársele como tal. B. Transgresión al derecho audiencia. La Sala responsable pasó por alto que no se respetó su derecho de audiencia y se dejó llevar por lo que manifestó la parte actora. Son inoperantes e infundados los conceptos de violación. La justificación de la calificativa de los conceptos de violación se abordará en el orden siguiente: primero, se expondrá por qué lo relacionado a la capacidad económica del obligado alimentario y la necesidad de recibir alimentos de una de las acreedoras resulta inoperante; luego, se explicará el porqué, como lo resolvió la Sala, no se vulneró el derecho de audiencia del quejoso, a pesar de que no formó parte del procedimiento de jurisdicción voluntaria. Indebida valoración de pruebas e insuficiencia probatoria de su capacidad económica, así como la necesidad de recibir alimentos de una de las acreedoras alimentarias. Los planteamientos, resultan inoperantes, ya que se trata de los mismos argumentos sobre los que basó sus agravios al interponer el recurso de apelación, los cuales ya fueron analizados y desestimados por la responsable, sin introducir algún aspecto que controvierta las consideraciones torales por las cuales la Sala responsable los declaró infundado. En efecto, al cuestionar el material probatorio como insuficiente e indebidamente valorado, la sala responsable consideró que para fijar el monto de la pensión alimenticia provisional, se debía actuar en apego a lo dispuesto por el artículo 37 del Código de Familia para el Estado de Yucatán, es decir, debía tomarse en cuenta la capacidad económica del obligado y el nivel de vida que tenía tanto él como sus acreedoras alimentarias de manera habitual durante los últimos dos años, no en la temporalidad en la que se dictó la resolución. Precisó, que la legislación de la materia no prevé la apertura de un período probatorio en segunda instancia, pues el órgano colegiado sólo podía resolver apreciando los hechos como fueron probados en la primera instancia, razón por la cual no era posible tomar en consideración los documentos anexados por el apelante. Estimó, que la apelación no es el momento ni la vía procesal para cuestionar la suma fijada como pensión alimenticia, pues de conformidad con el artículo 711 del Código de Procedimientos Familiar del Estado, en caso de ser necesario el aumento o disminución de los alimentos fijados, debe ser acreditado en la vía contenciosa. En relación a que una de las acreedoras alimentarias ya no tenía esa calidad, dado que ya no se encontraba estudiando, estimó que la pretensión del recurrente, planteada como agravio, debía ser resuelta a través de un juicio ordinario Oral Familiar, en términos del artículo 44, fracción II, del Código de Familia para el Estado, ya que es una acción distinta que no fue objeto de análisis en la primera instancia. Las consideraciones anteriores, no fueron controvertidas, ya que en sus conceptos de violación, el quejoso se limitó a reiterar los argumentos que fueron desestimados por la Sala responsable, de ahí lo inoperante de los mismos. [...] Derecho de audiencia No asiste razón al quejoso respecto a que se vulneró su derecho de audiencia, dado que la determinación impugnada se originó en un procedimiento de jurisdicción voluntaria de alimentos, lo cual no vulnera el derecho de audiencia del deudor alimentario, pues es una medida provisional, que podrá recurrirse a través del medio ordinario de defensa, o bien, solicitar su reducción o modificación a través de un juicio contencioso. Ciertamente, el derecho fundamental de audiencia tiene su fundamento en numeral 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refiere que en cumplimiento al derecho al debido proceso legal las autoridades tienen obligación de observar, previo a decretar un acto privativo que afecte a los gobernados. Ahora, es necesario establecer que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se hace una clara distinción entre los actos privativos y los actos de molestia. Así, los actos privativos que se encuentran regulados en el artículo 14 constitucional, son aquéllos que producen como efecto la disminución o supresión de carácter definitivo de un derecho del particular. Este tipo de actos solamente pueden llevarse a cabo mediante la existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, que cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia que regula el diverso numeral 16 constitucional, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. Esta restricción se autoriza únicamente cuando exista un mandamiento escrito girado por una autoridad competente, en donde se cumplan con los derechos humanos de fundamentación y motivación. Para distinguir entre estos dos tipos de actos es necesario atender a su finalidad, es decir, el acto será privativo si la supresión o menoscabo de un derecho es definitiva, o bien, será de molestia cuando tienda sólo a una restricción provisional. [...] Entonces, conforme a los preceptos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen distintas etapas que configuran el derecho humano de audiencia y debido proceso; entre estas formalidades se encuentra la de audiencia previa, que consiste en que el afectado tenga conocimiento del inicio del procedimiento, con la finalidad que se entere completamente en qué consiste para darle la oportunidad de preparar la defensa correspondiente en contra de los actos que tienden a privar o mermar su esfera de derechos. Sin embargo, esta formalidad procesal no rige para el supuesto de las medidas cautelares, pues constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto prevenir el peligro en la dilación, por lo que tales medidas constituyen un instrumento que buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se refuta antijurídica. Entonces, debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige el derecho de previa audiencia. Ahora, en el caso, el procedimiento de origen se encuentra previsto en el Titulo Segundo del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, denominado asuntos de jurisdicción voluntaria con tramitación especial, concretamente en el Capítulo I, de los Alimentos Provisionales, que abarca de los artículos 705 a 713. Conforme a los citados preceptos, el legislador diseñó un mecanismo para que los acreedores alimentarios puedan acceder con mayor prontitud a una pensión alimenticia, que les permita un nivel de vida adecuado. A través de las diligencias de jurisdicción voluntaria, las cuales son actos que requieren la intervención del juez sin que se promueva cuestión alguna entre partes; que si a la solicitud se opusiere parte legítima, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda; que el juez puede variar o modificar las providencias que dicte, siempre que no tengan fuerza de definitivos o que no se hubiera interpuesto recurso alguno a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción. Así, tratándose de los alimentos, el juez los fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria en diligencias de jurisdicción voluntaria, que son actos que requieren la intervención del juez sin que se promueva cuestión alguna entre partes; que si a la solicitud se opusiere parte legítima, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda; que el juez puede variar o modificarlas siempre que no tengan fuerza de definitivos o que no se hubiera interpuesto recurso alguno a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción; y del capítulo de los alimentos se observa que el juez los fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria. En ese sentido, los alimentos que se determinan en el procedimiento de jurisdicción voluntaria tienen el carácter de provisionales, están encaminadas al aseguramiento de bienes para garantizar el éxito de una reclamación, o a satisfacer de manera temprana una necesidad que, por su naturaleza misma, es de inaplazable atención; no conceden a favor del deudor alimentario el derecho fundamental de audiencia previa a la fijación de la pensión alimenticia, y no por ello son violatorios del artículo 14 Constitucional, pues los actos de privación que este precepto condiciona al otorgamiento previo del referido derecho de audiencia, son aquellos que tienen el carácter de definitivos e irreparables lo que no ocurre en el caso particular. De ahí que, la afectación provisional del patrimonio del deudor alimentario, se justifica plenamente si se considera que la necesidad de percibir alimentos, por su propia naturaleza, tiene un rango especial dentro del derecho familiar, y por tanto, requiere de disposiciones adecuadas que permitan su pronta satisfacción, pues carecería de sentido el condicionar en todo caso su otorgamiento a un procedimiento previo en el que el deudor pudiera hacer valer recursos o medios legales de defensa cuya tramitación, en muchos casos prolongada, torne inoportuna la atención de esa necesidad, que en sí misma implica la subsistencia del solicitante. Por su contenido es aplicable la tesis 1a. CLXXXIV/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL ARTÍCULO 943 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL DERECHO A LA IGUALDAD. Si bien el dictado de una medida cautelar por parte del juzgador puede actualizarse con el conocimiento de las pruebas y los argumentos de sólo una de las partes, no puede soslayarse que esto se debe a un ejercicio de valoración previo y en abstracto por parte del órgano legislativo que reguló esa medida, respecto a la importancia de intervenir en ciertos casos para salvaguardar el objeto de la litis o para evitar daños con dimensiones materialmente irreparables, al menos en un sentido de restitución. Ahora bien, en el caso específico de la obligación de ministrar alimentos durante el desarrollo de controversias del orden familiar, el órgano legislativo ha previsto la pensión alimenticia provisional por su instrumentalidad para permitir el acceso a un nivel de vida adecuado o digno de los acreedores alimentarios, lo cual le confiere un carácter de interés social y orden público, que hace que trascienda de quienes integran el grupo familiar. Estas consideraciones constituyen la base objetiva que justifica la existencia de la medida cautelar, mientras que el hecho de que revista esta naturaleza precautoria implica que no rija previamente a su dictado el derecho de audiencia previa, lo cual hace evidente que no se deba escuchar ni recibir pruebas del deudor alimentario. Así, el artículo 943 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que prevé, entre otras cuestiones, que tratándose de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban por contrato, por testamento, o por disposición de la ley, el Juez fijará a petición del acreedor, sin audiencia del deudor y mediante la información que estime necesaria, una pensión alimenticia provisional, mientras se resuelve el juicio, no viola el derecho a la igualdad, aun cuando sólo permita al acreedor alimentario alegar y probar con antelación a la fijación de la pensión provisional, pues la diferencia de trato entre el deudor y el acreedor alimentarios no atenta contra la dignidad de las personas, sino que se erige como una consecuencia necesaria del carácter de la pensión alimenticia provisional como una medida cautelar. En efecto, la posibilidad de que dicha pensión se dicte, obedece a que: persigue un fin constitucionalmente admisible para la subsistencia de la parte acreedora alimentaria; es instrumentalmente adecuada para lograr dicha finalidad en tanto que asegura la ministración de alimentos mientras se resuelve el juicio; y, es proporcional en tanto que sólo procede en casos en los que opera una presunción de necesidad de los alimentos, dejando a salvo las acciones legales para que se cuestione la validez o el monto de la pensión." Así, ante lo inoperantes e infundado de los conceptos de violación, es que debe negarse la protección constitucional solicitada, sin que en el caso, se advierta alguna violación a derechos que se haya actualizado y amerite ser reparada. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ****, contra el acto reclamado a la Segunda Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otra autoridad, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. [...]

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, toda vez que la audiencia constitucional en el presente juicio fue celebrada el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós y el oficio de cuenta se recibió con posterioridad; en consecuencia, fórmese cuadernillo y agréguese para que obre como legalmente corresponda el citado oficio, u provéase lo conducente. En atención al oficio del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Uno, mediante el cual solicita copia certificada de las constancias que integran el toca de apelación y el procedimiento de jurisdicción voluntaria de origen, a fin de integrar correctamente la carpeta investigación de su índice. Al efecto, dígase a la autoridad oficiante que no es dable acceder a lo solicitado, pues s u petición debe efectuarse ante las autoridades de responsables, quienes conocen del asunto de origen del que deriva la acción constitucional, dado que no se advierte manifestación de imposibilidad alguna al respecto, y de ser así, serán las autoridades responsables quienes deberán informarlo a este órgano jurisdiccional; lo anterior hágase del conocimiento a la autoridad oficiante. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; veinte de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo 2544/2022 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 218/2023-III; acúsese recibo. Competencia. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/1345/2022 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Turno para el dictado de la sentencia. De la revisión del expediente, se obtiene que el veintiocho de diciembre de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional; por lo tanto, túrnese el expediente para el dictado de la sentencia una vez que lo permitan las labores del juzgado. Anexos. Igualmente, se tiene por recibido dos anexos originales y un disco en formato DVD, con los cuales se ordena formar los anexos I, II y III. Incidente de suspensión. No se ordena la formación del cuaderno Domicilio y autorizados. Se reconoce el carácter de autorizados de las partes y como domicilio para oír y recibir notificaciones designados por las partes durante el trámite del juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.

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