Jorge Carlos Casares Mendez
Expediente 129/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Carlos Casares Mendez
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta por Jorge Carlos Casares Méndez. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y por cuanto no existe razón para que el expedientillo en que se actúa siga en la secretaría de este juzgado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se este juzgado declaró que carece de competencia para conocer del presente asunto, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso j) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente cuaderno de antecedentes, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del de la remisión del expediente original 129/2023, del índice de este Juzgado y anexos del mismo. Ahora bien, toda vez que señala que a efecto de determinar sobre la competencia planteada a ese órgano jurisdiccional, remitió a la Sala responsable, el original de la demanda de amparo, con el fin de que rinda su informe justificado; por tanto, estese en espera de lo anterior, para acordar lo conducente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 129/2023-IV del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ******, contra actos de la Segunda Sala Colegida del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El diecinueve de octubre de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por Jorge Carlos Cásares Méndez, contra actos de la Segunda Sala Colegida del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otras autoridades, consistentes en la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 45/2022. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo La demanda fue enviada por razón de turno al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán; en acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la registró con el número de expediente 2510/2022-V, y la admitió a trámite. En la secuela procesal, se dio intervención a la representación social federa; se emplazó al representante social que intervino en el proceso penal natural, y a *****, terceros interesados en términos del artículo 5º, fracción III, incisos c) y e) de la Ley de Amparo. Se recibieron los informes con justificación de las autoridades responsables; finalmente, el siete de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional. Posteriormente, en cumplimiento a la medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, contenida en el punto de acuerdo 219/2022 aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, remitió el presente juicio de amparo para que este Juzgado de Distrito dicte la resolución, continúe con la eventual ejecución, hasta ordenar el archivo definitivo. En atención a lo anterior, mediante acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del juicio de amparo remitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, registrándolo con el número de expediente 129/2023-IV, y se turnó para el dictado de la sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente incompetente para conocer el presente juicio de amparo, pues el acto reclamado es materia de amparo directo. En efecto, de conformidad con los artículos 170, fracción I de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito se encuentra establecida con base en los siguientes supuestos: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; (.)" "Artículo 37. Con salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y (.)". En ese contexto, las leyes en cita son categóricas al establecer que la competencia para conocer de un juicio de amparo en el que se reclamen sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales jurisdiccionales, administrativos o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellas, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, entendiendo por sentencias definitivas, las que deciden el juicio en lo principal y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito. Es decir, estos tres casos son los únicos que la Ley de Amparo reconoce como formas de conclusión del proceso, lo que lleva a considerar que, por exclusión, cuando los actos de autoridad que se reclamen en un juicio de amparo no sean de los previstos en los numerales en comento, procederá el juicio de amparo indirecto, lo que a contrario sensu, hace concluir que cuando se ataquen esos actos, es decir, fallos definitivos, laudos y resoluciones que ponen fin al juicio, procederá el juicio de amparo directo. En efecto, la legislación en consulta señala que debe entenderse por sentencia o fallo definitivo, el que decida el juicio en lo principal y respecto del cual las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado. También señala lo que debe entenderse por resoluciones que ponen fin a un juicio, para lo cual prevé que son aquellas que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y, respecto de las que la ley común no concede ningún recurso ordinario por virtud del que puedan modificarse o revocarse. Con lo anterior, resulta evidente que un juicio puede terminar decidiéndose en lo principal, en este caso, hablamos de sentencias definitivas o laudos; o bien sin decidir en lo principal, en cuyo supuesto se está en presencia de resoluciones que ponen fin a algún juicio, siempre que las leyes no concedan respecto de ellas, un medio legal de defensa por el cual puedan ser modificadas o revocadas, de ahí que en esas hipótesis el medio constitucional idóneo para impugnar actos de tal índole, es el juicio de amparo directo. Por tanto, los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo son: a) sentencias definitivas; b) laudos; y, c) resoluciones que ponen fin al juicio. Por lo que, cuando los actos de autoridad reclamados en un juicio de amparo no encuadren en cualquiera de esos tres supuestos, procederá el juicio de amparo indirecto. Ahora, en materia penal, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso termina con la sentencia firme, que es la que no admite recurso alguno y, por tanto, tiene el carácter de cosa juzgada; de acuerdo con el numeral 327 de ese ordenamiento, en el proceso puede decretarse el sobreseimiento, que tiene efectos de sentencia absolutoria y pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubiesen dictado, según lo establece el artículo 328 del propio código. En este sentido, si bien el sobreseimiento no constituye una sentencia definitiva, lo cierto es que se trata de una resolución que pone fin al juicio sin resolverlo en lo principal, ya que adquiere la calidad de sentencia absolutoria y, de no ser recurrida, alcanza la categoría de cosa juzgada. Consecuentemente, para determinar la procedencia del amparo directo en términos del artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo debe examinarse si además del auto de no vinculación, la autoridad jurisdiccional decretó el sobreseimiento. En este asunto, del análisis de la demanda de amparo, y sus anexos, se obtiene que la persona quejosa reclama la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 45/2022, del índice de la Segunda Sala Colegida del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. El origen del acto reclamado es el siguiente: El cuatro de abril de dos mil veintidós, la Administración del Centro de Justicia Oral de Mérida, recibió la solicitud del Ministerio Público para formular imputación en contra de Jorge Carlos Cásares Méndez, por su probable participación en hechos que la ley describe como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 228 del Código Penal del Estado de Yucatán, con la cual ordenó administrativa 103/2022. El dos de mayo de dos mil veintidós, se celebró la continuación de la audiencia inicial, en la que el Juez de Control adscrito al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, decretó el sobreseimiento de la causa penal, ya que se actualizó la prescripción de los hechos con apariencia de delito materia de la imputación. Inconforme, el nueve de mayo de dos ml veintidós, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación. La Segunda Sala Colegida del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, conoció del recurso ordinario en el toca penal 45/2022, quien la admitió y substanció. Finalmente, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, la Alzada confirmó la resolución recurrida, determinó la no vinculación a proceso, y decretó el sobreseimiento de la carpeta administrativa. Acorde a lo anterior, en la resolución reclamada la Sala confirmó el sobreseimiento de la carpeta administrativa, al considerar extinguía por prescripción la acción penal, respecto de los que respecto de los hechos que fueron materia de la imputación. Así, la determinación de no vincular a proceso estuvo justificada en que se actualizó una causa de extinción de la acción penal, consistente en la extinción de la pretensión punitiva por prescripción conforme al numeral 485, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esa conclusión impide al Ministerio Público formular nueva imputación sobre los mismos hechos, porque el auto de no vinculación a proceso no derivó de la insuficiencia de los datos de prueba para establecer que se ha cometido un delito y la probabilidad de que las imputadas lo cometieron, sino a que se actualizó una causa de extinción de la acción penal -prescripción-, lo cual es un motivo de sobreseimiento de acuerdo con el artículo 327, fracción VI, del Código Nacional de Procedimiento Penales. Esa circunstancia conlleva que la conclusión alcanzada por la autoridad responsable tenga los efectos de sobreseimiento a que refiere el segundo párrafo del artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que impide formular imputación nuevamente por los mismos hechos. En ese orden de ideas, acorde con los diversos numerales 328 y 329 del mismo código, el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria, porque pone fin al procedimiento con relación al imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos. Esa situación actualiza la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, por razón de vía, cuenta habida que lo reclamado adquiere el carácter de sentencia absolutoria, aspecto que encuadra en el artículo 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso a), de la Constitución Federal y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. No es obstáculo a lo anterior, que la Sala haya expuesto que la figura de la prescripción no se actualizó respecto de los hechos que la querellante hizo del conocimiento al fiscal el dos de enero de dos mil diecisiete, ya que no fueron atendidos por la representación social. No obstante, esos hechos son distintos a la materia de la imputación que se formuló en la audiencia inicial y sobre los cuales se declaró la prescripción de la acción penal. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito carece de competencia para conocer de este asunto, por lo que, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase el expediente y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Por ende, se remite el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, solicitándole de manera atenta, se sirva informar la determinación que al efecto emita, con base en la legal competencia planteada. Por su contenido, es aplicable la 1a./J. 40/2015 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal de rubro y texto siguiente: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECRETA FIRME EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA PENAL (LEGISLACIÓN FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE MÉXICO Y DE CHIAPAS). De los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el numeral 107, fracciones III, inciso a), párrafos primero y tercero, y V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el amparo directo procede contra las resoluciones dictadas por órganos jurisdiccionales que pongan fin al juicio sin decidirlo en lo principal y respecto de las cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas. En ese sentido, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que la determinación que deja firme el sobreseimiento de la causa penal, contra la cual no procede algún medio de impugnación, adquiere el estatus de sentencia absolutoria con categoría de cosa juzgada, como lo previenen los artículos 304, 275 y 523 Bis, de los Códigos de Procedimientos Penales, Federal, y de los Estados de México y de Chiapas, respectivamente -que regulan el sistema penal anterior a la reforma de 18 de junio de 2008-, por lo que constituye una resolución que pone fin al proceso penal iniciado a partir de que el juez radicó la averiguación previa pues sus efectos necesariamente dan por concluido el juicio sin resolverlo en el fondo, ya que no decide sobre la existencia del delito o la responsabilidad del inculpado pero culmina en definitiva la tramitación del proceso penal, lo que permite determinar que en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, R E S U E L V E: PRIMERO. Este órgano de control constitucional se declara legalmente incompetente por razón de vía para conocer del juicio de amparo promovido por *******, contra actos de la Segunda Sala Colegida del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otras autoridades, consistentes en la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el toca de apelación 45/2022. SEGUNDO. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para que tenga a bien determinar lo conducente, solicitándole atentamente acuse de recibo e informe si acepta o no la competencia declinada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Radicación. Se tiene por recibido el expediente de amparo 2510/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 129/2023-IV, acúsese recibo. Competencia. El dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual se autorizó la creación del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, con inicio de funciones a partir de esa propia fecha, acorde a lo dispuesto por el artículo segundo del citado acuerdo. Posteriormente, a través del oficio SECNO/STCCNO/13******************** suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se notificó el punto de acuerdo de 219/2022, relativo a la Medida de equilibrio de asuntos en los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, en cumplimiento al artículo 6 del Acuerdo General 104/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del inicio de funciones del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, en cuyos puntos de acuerdo primero y segundo, se acordó la remisión de juicios de amparo originalmente turnados a los Juzgados Primero a Quinto de Distrito en el Estado de Yucatán, a este órgano jurisdiccional, para continuar con la tramitación del juicio hasta el archivo definitivo. Consecuentemente, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, se avoca al conocimiento del juicio de amparo. Turno para el dictado de la sentencia. De la revisión del expediente, se obtiene que el siete de diciembre de dos mil veintidós, se celebró la audiencia constitucional; por lo tanto, túrnese el expediente para el dictado de la sentencia una vez que lo permitan las labores del juzgado. Anexos. Igualmente, se tienen por recibidas las copias certificadas de la causa penal ********************, el original del toca de apelación ******************** y tres discos compactos en formato DVD, con los cuales se ordena formar los legajos I, II y III. Incidente de suspensión. Fórmese el incidente de suspensión relativo, para continuar con su tramitación, en el entendido que el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se resolvió la audiencia incidental en la cual se negó la suspensión definitiva del acto reclamado. Domicilio y autorizados. Se reconoce el carácter de autorizados de las partes y como domicilio para oír y recibir notificaciones designados por las partes durante el trámite del juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE.
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