Jorge Carlos Pacho Durán

Expediente 1218/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 23 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1218/2018
Año
2018
Actuaciones
23
Última actuación
02/03/2021

Partes del expediente

  • Jorge Carlos Pacho Durán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito presentado por JORGE CARLOS PACHO DURÁN, en su carácter de quejoso en este juicio de amparo. Ahora bien, en lo que atañe a la petición que hace consistir en la solicitud de dos juegos de copias certificadas de las constancias que señala en su ocurso de cuenta, por el conducto que indica, mismas que se encuentran glosadas en el presente expediente. Dígasele que se acuerda procedente la misma, sin embargo, dado el esquema de trabajo que actualmente se sigue en los órganos del Poder Judicial Federal, en términos de lo dispuesto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 25/2020, deberá ceñirse al siguiente procedimiento. Dependiendo de la cantidad de copias que requiera, para la obtención de las mismas, deberá hacerse en diversos momentos, es decir, podrá generar una primera cita con relación a este expediente, a partir de las once horas, -horario de apertura del módulo de fotocopiado que se encuentra en el edificio sede del Poder Judicial Federal en esta entidad- y hasta las catorce horas, tomando en consideración el horario de labores presenciales de este juzgado; precisando el motivo de la misma, obteniendo el código QR relativo, a través del sistema "Agenda OJ" del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Cita en la que acudirá al recinto judicial a iniciar el trámite relativo a la expedición de copias, dentro del cual, la logística establecida implica que una persona de este órgano -con resguardo del expediente- lo acompañará al módulo de fotocopiado que se encuentra dentro del edificio, -lugar únicamente autorizado para tal efecto-, a fin de que el promovente gestione lo relativo a la reproducción de las copias, como lo es el costo de la reproducción. En el entendido que, las citas tienen una duración de veinticinco minutos, y por tal circunstancia, probablemente no se obtengan en ese momento las copias pretendidas, por lo que tendrá que agendar una segunda cita, o las que sean necesarias, a fin de que se logre la totalidad de las mismas. Así, ya que se culmine con la fase de obtención íntegra de las copias, tendrá que procederse a su cotejo y certificación; por tanto, a fin de dar oportunidad a ello, previa promoción del interesado, en cuanto a que se ha obtenido la totalidad de las copias solicitadas, este Juzgado procederá a agendar una última cita al promovente para que en el día y hora que le sean señalados, acuda a recoger las copias certificadas, acto del cual se deberá levantar constancia de entrega y recepción. Finalmente, a efecto de estar en coordinación para lo anterior, el ocursante deberá proporcionar un número de telefonía móvil o un correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales, en su caso. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de febrero de dos mil diecinueve Visto el estado que guarda el presente expediente, se acuerda: agréguese el escrito signado por **********, tercera interesada en este asunto; y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase a la ocursante la copia certificada que solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintinueve de enero del actual año, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, ambos del Estado, con sede en esta ciudad; lo anterior, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se realizó el seis de febrero del año actual, siendo que el siete siguiente, se tuvo por presentada a la tercero interesada Ileana Mariel Urbina Pacho, realizando manifestaciones en relación la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, al resultar fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en la demanda de amparo, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez responsable dejara insubsistente el embargo trabado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, sobre el inmueble número ciento cuarenta y cinco, de la calle veinte, de la colonia Chuburná de Hidalgo de esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 1010/2018. Así como todas las consecuencias legales que le correspondieran, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos subjetivos públicos que se conculcaron. Haciéndose extensiva dicha concesión a la actuaria adscrita al Juzgado responsable, así como a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos del Estado, con sede en esta ciudad. Dicha determinación causó ejecutoria el veintidós de enero recién transcurrido (foja 212), por lo que se requirió su cumplimiento a dichas responsables. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio 280/2019, signado por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, informó que por auto de veinticuatro de enero pasado, se dejó insubsistente el embargo de que se trata, ordenando girar el oficio respectivo a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para que cancelara dicho embargo (fojas 222 a 228). Por su parte, la citada autoridad registral comunicó haber realizado dicha cancelación, acreditándolo con las constancias relativas. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción I, se advierte que las autoridades responsables, en sus respectivas funciones, se encontraban constreñidas a dejar sin efecto el embargo reclamado, lo que así hicieron acreditándolo fehacientemente con las constancias respectivas. De ahí que se considere destruidos los actos que se les atribuyeron y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Por tanto, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que obste a lo anterior, el escrito presentado por la tercero interesada Ileana María Urbina Pacho, pues si bien manifiesta dar contestación a la vista otorgada con el cumplimiento dado por las responsables a la sentencia dictada en el presente juicio, lo cierto es que de su contenido se advierte que sus argumentos van encaminados a combatir el fallo protector, lo que evidentemente no es técnicamente factible en este momento procesal, pues dicha sentencia causó ejecutoria sin que interpusiera en su contra medio de impugnación alguno. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues por una parte, se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de veintinueve de enero del actual año, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, con lo informado por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, ambos del Estado, con sede en esta ciudad; lo anterior, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se realizó el seis de febrero del año actual, siendo que el siete siguiente, se tuvo por presentada a la tercero interesada Ileana Mariel Urbina Pacho, realizando manifestaciones en relación la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En sentencia de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, al resultar fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en la demanda de amparo, se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Juez responsable dejara insubsistente el embargo trabado el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, sobre el inmueble número ciento cuarenta y cinco, de la calle veinte, de la colonia Chuburná de Hidalgo de esta ciudad, en el juicio ejecutivo mercantil 1010/2018. Así como todas las consecuencias legales que le correspondieran, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos subjetivos públicos que se conculcaron. Haciéndose extensiva dicha concesión a la actuaria adscrita al Juzgado responsable, así como a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ambos del Estado, con sede en esta ciudad. Dicha determinación causó ejecutoria el veintidós de enero recién transcurrido (foja 212), por lo que se requirió su cumplimiento a dichas responsables. Con la finalidad de cumplir con el fallo protector, mediante oficio 280/2019, signado por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, informó que por auto de veinticuatro de enero pasado, se dejó insubsistente el embargo de que se trata, ordenando girar el oficio respectivo a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, para que cancelara dicho embargo (fojas 222 a 228). Por su parte, la citada autoridad registral comunicó haber realizado dicha cancelación, acreditándolo con las constancias relativas. Consecuentemente, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción I, se advierte que las autoridades responsables, en sus respectivas funciones, se encontraban constreñidas a dejar sin efecto el embargo reclamado, lo que así hicieron acreditándolo fehacientemente con las constancias respectivas. De ahí que se considere destruidos los actos que se les atribuyeron y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Por tanto, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que obste a lo anterior, el escrito presentado por la tercero interesada Ileana María Urbina Pacho, pues si bien manifiesta dar contestación a la vista otorgada con el cumplimiento dado por las responsables a la sentencia dictada en el presente juicio, lo cierto es que de su contenido se advierte que sus argumentos van encaminados a combatir el fallo protector, lo que evidentemente no es técnicamente factible en este momento procesal, pues dicha sentencia causó ejecutoria sin que interpusiera en su contra medio de impugnación alguno. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues por una parte, se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente. SE NOTIFICA A LAS TERCERAS INTERESADAS DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO.

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