Jorge Carlos Novelo Rosel
Expediente 1191/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Carlos Novelo Rosel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo; lo anterior, por cuanto dicho término transcurrió del trece al veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, sin que alguna de las partes lo hubiese hecho; descontando de dicho cómputo los días dos, tres, nueve, diez, dieciséis y diecisiete de octubre, todos del año en curso, por haber sido sábados y domingos; así como el doce de octubre actual, por haber sido inhábil. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer resolutivo sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1191/2021-VI-A, promovido por JORGE CARLOS NOVELO ROSEL, contra el acto que atribuyó al Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito en el Estado, compareció JORGE CARLOS NOVELO ROSEL, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que atribuyó al Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Mediante proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, se registró la demanda bajo el número 1191/2021-VI-A y se previno al promovente a fin de que proporcionara el domicilio donde pudiera ser debidamente emplazada la parte tercero interesada; a lo que dio cumplimiento mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el catorce del referido mes y año. En consecuencia, por auto de quince de julio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de que se trata; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa JORGE CARLOS NOVELO ROSEL, fundamentalmente, en: El acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, en el que la autoridad responsable determinó no admitir el recurso de revocación interpuesto por el quejoso en contra del diverso proveído de dos de junio del presente año, en el que no se accedió a su solicitud de modificación de régimen de convivencia con su menor hijo, en autos del expediente 172/2018 de su índice. TERCERO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora además con las constancias que remitió en alcance al mismo; por tanto, su certeza se tiene plenamente probada. Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 278, del Pleno del Alto Tribunal de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, con número de registro 917812, de rubros y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTA. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el caso, respecto al acto reclamado, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, en lo que interesa, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Sentado lo anterior, se tiene que de las constancias remitidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º. Se desprende que, mediante proveído de quince de junio del año en curso, dictado en autos del procedimiento ordinario oral familiar de guarda y custodia 172/2018, se determinó lo siguiente: "Mérida, Yucatán, a quince de junio del año dos mil veintiuno. [.] En lo que toca al segundo escrito: se tiene por presentado al ciudadano JORGE CARLOS NOVELO ROSEL, haciendo las manifestaciones a que se contrae en su memorial, y respecto del recurso de revocación que pretende interponer en contra del auto de fecha dos de junio del año que transcurre, declárese que no es de admitirse como desde luego no se admite, por ser frívolo e improcedente, toda vez que de la lectura y revisión de las constancias judiciales que obran en autos, se observa que no existen pruebas pendientes por desahogar y se ha fijado el término para alegatos, el cual feneció el día trece de mayo del año corriente, por lo que queda pendiente únicamente el dictado de la correspondiente sentencia en la cual se determinará de manera definitiva la guarda y custodia del menor de edad [.], así como el régimen de convivencia de dicho menor de edad con el progenitor no custodio, siendo precisamente el objeto de este procedimiento.". Proveído que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. Asimismo, de las constancias en cita, se desprende también que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva en autos del procedimiento de origen, en la que, entre otras cosas, se determinó el régimen de convivencia entre el quejoso y su menor hijo. Ahora bien, a fin de tener por actualizada la causal de improcedencia en estudio, se requiere necesariamente de los siguientes elementos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que en virtud de esa nueva determinación se genere una situación en la cual no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio constitucional, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en virtud de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En ese sentido, es claro que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues aun y cuando el Juez responsable, en el acto reclamado, se negó a admitir el medio de impugnación interpuesto por el aquí quejoso, en contra del proveído en el que no se accedió a la modificación del régimen de convivencia provisional con su menor hijo. Lo cierto es que, como quedó establecido, posteriormente la responsable dictó sentencia definitiva en el procedimiento de origen en la que, entre otras cuestiones, se estableció tal régimen de convivencia. De ahí que no sea factible pronunciarse sobre la legalidad o no del acto reclamado, pues de hacerlo se trastocaría lo determinado en la resolución en cita. Al respecto, conviene citar el criterio de la Segunda Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos diecinueve Tomo IV, diciembre de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Por lo anterior, es patente que aconteció un cambio de situación jurídica, y en ese sentido, deviene inconcuso que no puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado por la parte quejosa, sin afectar la nueva situación jurídica existente en virtud de la resolución definitiva pronunciada en el juicio de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 50, del Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 171841, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la propia ley de la materia; situación que impide analizar el fondo del asunto, de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia número 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por JORGE CARLOS NOVELO ROSEL, contra el acto que atribuyó al Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la tercera interesada interesada ***; y en atención a su contenido, se acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por vertidas las manifestaciones que expone a manera de alegatos, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 2129/2021 remitido por el Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno matutino, con residencia en esta ciudad, recibido con un anexo, con el que, en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veintitrés de agosto del año en curso, remite a este Juzgado Federal copia certificada, completa y legible de las constancias ahí señaladas. Por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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