Jorge Capetillo Ascencio
Expediente 1309/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1309/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/05/2021
Partes del expediente
- Jorge Capetillo Ascencio
- Congreso del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la cual se sobreseyó y se negó el amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, archívese el presente expediente, como asunto concluido. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se sobreseyó el juicio y se negó la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE).
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA DE AVISO: De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de Abril de dos mil trece, se publica por lista en la página electrónica del Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación a la parte QUEJOSA Jorge Capetillo Ascencio, el contenido de la sentencia de fecha de engrose de treinta de marzo de dos mil veintiuno, mismo que en síntesis dice:" PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinacio´n del nu´mero y li´mites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la Repu´blica Mexicana; y al nu´mero, a la jurisdiccio´n territorial y especializacio´n por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; asi´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominacio´n y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residente en la jurisdiccio´n de este o´rgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la, se advierte que lo es: La aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal dos mil veinte, en específico, el artículo 11, fracción I, inciso a), así como los numerales 23 a 29 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, que reclama del Gobernador y del Congreso del Estado de Jalisco, en su respectivo ámbito de competencia; y, La ejecución de tales preceptos, que reclama del Titular, del Director de Ingresos y de la Oficina de Recaudación Fiscal 97 de Tonalá, todos de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos destacados en el punto 2 del considerando anterior, toda vez que, contrario a lo estimado por el quejoso, la ejecución de las normas reclamadas es, en realidad, una autoaplicación de las mismas por parte del propio promovente, como lo explicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 153/2007, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora.". Por tanto, se sobresee en el juicio respecto de tales actos, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Determinación la anterior que no contraviene lo expuesto por el quejoso a páginas 9 y 10 de la demanda, en el sentido de que se te tenga como acto reclamado el señalado y no como una autoaplicación, por ser las responsables quienes calcularon el impuesto liquidado, toda vez que, como lo patentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el reprochado se determina, precisamente, por su acción. De manera que si fue él quien acudió ante las autoridades y sufragó el monto relativo al Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados, no obstante hayan sido éstas quienes le indicaron la cantidad, el acto no le puede ser atribuido a las mismas. Máxime, como se verá en el análisis de los conceptos de violación, que para obtener la base gravable del impuesto en comento las autoridades acudieron a lo dispuesto en las normas hoy reclamadas, a las cuales él mismo tiene acceso, es decir, no fue a su arbitrio sino que se guiaron en lo que la normatividad dispone para tal efecto. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos sintetizados en el punto 1 del considerando segundo, pues al tratarse de la constitucionalidad de normas, basta su publicación en un medio oficial de difusión masiva para que el juzgador pueda invocarla como hecho notorio y, así, acreditar su certeza. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, no se advierte, de oficio, motivo que haga improcedente este asunto constitucional, ni las partes hicieron valer diverso con ese fin, por lo que se procederá con el estudio del fondo del asunto. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, consistentes en que las normas reclamadas violan en su perjuicio el derecho fundamental de legalidad tributaria, establecida en la fracción IV, del artículo 31 constitucional. En primer término, debe destacarse que el análisis de legalidad tributaria es previo al de los diversos derechos humanos de corte económico, tal y como se explica en la tesis jurisprudencial P./J. 77/99, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEGALIDAD TRIBUTARIA. EL EXAMEN DE ESTA GARANTÍA EN EL JUICIO DE AMPARO, ES PREVIO AL DE LAS DEMÁS DE JUSTICIA FISCAL." En efecto, en un apartado de sus conceptos de violación, la parte quejosa alega que el artículo 25, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, en relación con el diverso 11 de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio dos mil veinte, es inconstitucional, porque contraviene el principio de legalidad tributaria. Ahora, para ponderar los planteamientos expuestos por la parte quejosa, sobre ese tópico, es necesario precisar en qué consiste el principio que se considera vulnerado. El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, dispone: "Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos. (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.". Del transcrito desprende que el principio de legalidad tributaria que emana de este artículo constitucional consiste en que la ley que establece el tributo debe definir cuáles son los elementos y supuestos de la obligación tributaria, esto es: los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la obligación que va a nacer, así como el objeto y la cantidad de la prestación, por lo que todos esos elementos no deben quedar al arbitrio o discreción de la autoridad administrativa, pues en tal caso se provocaría incertidumbre, al no conocer de manera cierta en qué proporción lo debe hacer. Así, al estar consignados dichos elementos expresamente en la ley, no queda margen de arbitrariedad a las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevistos o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria puede en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, a la luz de lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Tal garantía implica que las situaciones jurídicas tributarias de los contribuyentes estén previstas en la ley, de forma clara para que puedan saber con certeza qué derechos y deberes les genera, así como la forma de cumplir con sus obligaciones, es decir, que es necesario que los elementos esenciales de una contribución, así como aquellos estrictamente relacionados con éstos, estén establecidos en un acto formal y materialmente legislativo, sin que se deje margen de discrecionalidad a las autoridades exactoras en cuanto a su determinación, debiendo constreñirse su función a aplicar, en el caso concreto, las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad. Así, el propósito radica primordialmente en evitar: Que quede a la arbitrariedad de las autoridades exactoras, la fijación del tributo, para que de esta manera sólo apliquen las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas por el legislador en el caso concreto. El cobro de impuestos imprevisibles. El cobro de impuestos a título particular; y, Permitir que el particular, en todo momento, conozca de manera cierta y anticipada al hecho impositivo o hipótesis de causación del tributo, su obligación de contribuir al gasto público, al ser el legislador y no otro órgano el que precise los elementos del tributo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de rubro y texto: "IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE, CONSAGRA LA CONSTITUCION FEDERAL. El principio de legalidad se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el período que la misma abarca. Por otra parte, examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa tan solo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel poder que, conforme a la Constitución del Estado, está encargado de la función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles." Como puede apreciarse, lo que el principio de legalidad tributaria salvaguarda es la protección a los contribuyentes de la posible existencia de alguna actuación caprichosa de parte de las autoridades administrativas, estableciendo que debe ser el legislador quien determine todos los elementos esenciales de la contribución. En ese contexto, el principio de legalidad tributaria implica que los elementos esenciales de las contribuciones, como son sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, deben estar contemplados en la ley, de manera que no quede al arbitrio de la autoridad administrativa la definición de alguno de éstos elementos. Así, con el objeto de determinar los elementos esenciales del impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores es menester acudir a los artículos 23, 24, 25 y 26 de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, que disponen lo siguiente: "Artículo 23. Es objeto de este impuesto, la adquisición, la compra-venta, donación, permuta o aportación a una sociedad, tanto de vehículos automotores usados, eléctricos, de remolques y semirremolques, así como los obtenidos por premios en rifas y sorteos. Artículo 24. Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas, jurídicas y unidades económicas que adquieran vehículos automotores usados, dentro del territorio del estado. Se considera que la adquisición, compra-venta, donación, permuta o aportación a una sociedad, se realizó en el Estado de Jalisco, cuando el adquirente lleve a cabo los trámites de cambio de propietario o matriculación del vehículo ante las autoridades competentes en el Estado. Artículo 25. Para los efectos de este impuesto, la base gravable se determinará aplicando el siguiente procedimiento: I. Se considerará el valor total del vehículo establecido en la factura inicial de adquisición o carta factura que hubiese expedido el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizados, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, siempre que se encuentre desglosado. El valor del vehículo se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la tabla siguiente: TABLA Años de antigüedad Factor 1 0.850 2 0.725 3 0.600 4 0.500 5 0.400 6 0.300 7 0.225 8 0.150 9 y más antiguos 0.075 El resultado se actualizará, en los términos del artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, del mes anterior al en que se realice el pago del impuesto, entre el citado Índice correspondiente al mes anterior a la fecha de factura inicial de adquisición o carta factura, del vehículo de que se trate. II. Tratándose de vehículos usados cuyo modelo sea del año en curso o del siguiente, el valor total consignado la factura inicial de adquisición o carta factura expedida por el fabricante, ensamblador o distribuidor autorizados, relativo al precio de la unidad, equipo opcional y otros accesorios, III. Se deroga IV. En el caso de vehículos no aptos para circular se considerará sólo el 25% del valor factura, de acuerdo al procedimiento de la fracción I de este artículo. Se considerará que los vehículos no son aptos para circular, cuando se destinen para la venta de partes o refacciones usadas. Artículo 26. Este impuesto se calculará aplicando a la base determinada conforme al artículo anterior, las tasas establecidas en la Ley de Ingresos del Estado. Tratándose de vehículos usados, deberá pagarse dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha en que ocurra cualquiera de los siguientes hechos: I. Endoso de la factura o del documento que acredite legalmente la propiedad del vehículo; o II. La fecha de adquisición, compra-venta, donación, permuta o aportación a una sociedad, o en que hubiera sido obtenido como premio en rifa o sorteos." "Artículo 27. Los bienes transmitidos o adquiridos quedan afectos, preferentemente, a garantizar el pago del impuesto a que se refiere este capítulo." "Artículo 28. Para la recaudación de este impuesto se observarán las reglas siguientes: I. Los contribuyentes deberán presentar la documentación que acredite la propiedad del vehículo, ante la oficina de recaudación fiscal que corresponda; y II. La oficina de recaudación fiscal, al efectuarse el entero del impuesto, expedirá el recibo oficial respectivo y certificará constancia de pago en la factura o documento que ampare la propiedad del vehículo. Los contribuyentes propietarios de vehículos automotores usados registrados en el Estado que efectúen la transmisión de un vehículo, o los contribuyentes que lo adquieran, deberán presentar ante la oficina de recaudación fiscal competente, el aviso de cambio de propietario dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que se realice la adquisición, compra-venta, donación, permuta o aportación a una sociedad, adjuntando el documento que acredite dicha circunstancia." "Artículo 29. Están exentas del pago de este impuesto, las operaciones de compra-venta de vehículos usados por cuya enajenación debe pagarse el impuesto al valor agregado, así como las relativas a vehículos eléctricos y en un 50% a los vehículos híbridos." Los transcritos establecen los elementos esenciales del impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores, elementos que componen en su conjunto el sistema tributario propio de dicho impuesto, los cuales son: Sujeto. Las personas físicas, jurídicas y unidades económicas que adquieran vehículos automotores usados, dentro del territorio del estado. Objeto. La adquisición, la compra-venta, donación, permuta o aportación a una sociedad, tanto de vehículos automotores usados, eléctricos, de remolques y semirremolques, así como los obtenidos por premios en rifas y sorteos. Base. El valor total del vehículo establecido en la factura inicial de adquisición o carta factura, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, el que se multiplicará por el factor de depreciación, de acuerdo al año modelo del vehículo, de conformidad con la tabla que se contiene en el artículo 25, y el resultado se actualizará, en los términos del artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor, del mes anterior al en que se realice el pago del impuesto, entre el citado Índice correspondiente al mes anterior a la fecha de factura inicial de adquisición o carta factura, del vehículo de que se trate. Tasa. Este impuesto se calculará aplicando a la base determinada conforme a lo anterior, las tasas establecidas en la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de dos mil veinte, respectivamente. Época de pago. Tratándose de vehículos usados, deberá pagarse dentro de los diez días posteriores a la fecha en que ocurra cualquiera de los siguientes hechos: I. Endoso de la factura o del documento que acredite legalmente la propiedad del vehículo; o II. La fecha de adquisición, compra-venta, donación, permuta o aportación a una sociedad, o en que hubiera sido obtenido como premio en rifa o sorteos. Sentado lo anterior, y atento a que conforme al principio de legalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, constitucional, los elementos del impuesto tales como: el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, deben estar consignados expresamente en la ley, es inconcuso que no se viola dicho principio, pues claramente se define el sujeto, objeto y época de pago, así como la base y tasa, en la medida en que el legislador también establece con precisión el procedimiento para la determinación de la base del tributo y la tasa que deberá considerarse, de modo que no provoca inseguridad jurídica al gobernado sobre la manera de determinar los elementos esenciales del tributo. Además, los tributos no sólo deben ser proporcionales y equitativos, sino que también deben estar establecidos por ley; de ahí que al haberse establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se satisface el principio de legalidad tributaria, que refiere el citado artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la expedición de una ley formal, en la cual se precisen los elementos esenciales del tributo, como lo son, el sujeto, objeto, tasa y época de pago, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que la autoridad sólo tenga que aplicar las disposiciones generales de observación obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda conocer en todo momento la forma cierta de su contribución Esto es, que el legislador y no las autoridades administrativas, sea quien establezca los elementos constitutivos de las contribuciones, con claridad y concreción razonable, con el objeto de que el contribuyente tenga la certeza sobre la forma en que deben atender sus obligaciones tributarias, máxime que su cumplimiento defectuoso tiende a generar actos de molestia y, en su caso, a la emisión de sanciones que afectan su esfera jurídica. Estableciendo, de igual forma, que en materia de legalidad tributaria la reserva de la ley es relativa, esto es, que las contribuciones no deben ser reguladas en su totalidad por una ley formal y materialmente legislativa, sino que es suficiente que los elementos esenciales de la contribución se describan en ella, para que puedan ser desarrollados en otros ordenamientos de menor jerarquía, siempre que estas normas observen irrestrictamente los lineamientos planteados en la ley primaria. A todo lo anterior, resulta aplicable la tesis hecha valer por el quejoso, de rubro y texto siguiente: "IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY. Al disponer el artículo 31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos "contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", no sólo establece que para la validez constitucional de un tributo es necesario que, primero, que esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos, sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en que resida." En ese orden, la circunstancia de que el legislador no haya explicado en forma pormenorizada los parámetros que consideró para establecer los factores de depreciación contenidos en la tabla establecida en el artículo 25, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, no trastoca el principio de legalidad tributaria. Lo expuesto, partiendo de que la base del impuesto es el elemento del hecho imponible que sirve para cuantificar el presupuesto de hecho u objeto del impuesto, cuyo fin es que sobre dicho elemento se aplique un porcentaje o una tarifa que delimite el monto del impuesto; de manera que la base del impuesto ayude a determinar la magnitud de un fenómeno económico que el legislador ha considerado relevante para sustentar las finanzas públicas. Así, conforme a dicho dispositivo legal, la base del impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos automotores usados, será el resultado actualizado conforme al artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco, que se obtenga del valor del vehículo multiplicado por el factor de depreciación de acuerdo al año modelo del vehículo. Esto es, en virtud de que la transmisión de propiedad de vehículos automotores usados se rige por el principio de la oferta y la demanda que en determinada época exista en el mercado, cuya variación de valores cambia de momento a momento de acuerdo al principio en cita, y es por ello, que se atienda a una realidad material y económica vigente en el momento en que se realicen las operaciones de transmisión de propiedad de vehículos automotrices usados, para cuyo caso la ley dispone los factores de depreciación, provocando que se desconozca la auténtica capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo; en tanto que es imposible que en la ley se establezcan con precisión cada valor comercial de los vehículos usados, esto es, en la realidad económica del mercado de los vehículos automotores usados. En la inteligencia de que el contribuyente sujeto pasivo del impuesto, previa realización de la hipótesis normativa, tendrá el conocimiento del valor y al modelo del vehículo con miras a su adquisición, elemento que integran la base del impuesto. De modo que, en el 25, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, objeto de estudio sí se precisa con claridad la base del impuesto sobre transmisión de propiedad de vehículos usados, sin que resulte necesario que el legislador explique en forma pormenorizada la razón de los factores de depreciación, pues esa circunstancia no constituye por sí misma una transgresión al principio de legalidad tributaria, pues para acatarlo basta que la disposición formal y materialmente legislativa aplicable, prevea y precise el procedimiento o mecanismo que dicha autoridad debe seguir, con tal precisión que, atendiendo al fenómeno que se pretende cuantificar, impidan su actuación arbitraria y generen certidumbre al gobernado sobre los factores que inciden en sus cargas tributaria, por lo que no queda al arbitrio de órganos ajenos al Poder Legislativo la determinación de los elementos que trascienden al momento de las cargas tributarias de los gobernados. En ese contexto, contrario a lo que señaló el quejoso, el artículo 25, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, reclamado no viola la garantía de legalidad tributaria establecida en el diverso 31, fracción IV, de la Constitución Federal y, por tanto, se niega el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1o, 73 a 79 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio promovido por Jorge Capetillo Ascencio, contra los actos sintetizados en el punto 2 del considerando segundo, reclamados del Titular, del Director de Ingresos y de la Oficina de Recaudación Fiscal 97 de Tonalá, todos de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por las determinaciones tomadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Jorge Capetillo Ascencio, respecto de los actos destacados en el punto 1 del considerando segundo, reclamados del Gobernador y del Congreso del Estado de Jalisco, por las determinaciones establecidas en el considerando último de esta resolución. Notifíquese y personalmente. Asi´ lo resolvio´ y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, hoy treinta de marzo de dos mil veintiuno, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional lo permitieron, ante Marco Aurelio Araiza Arroyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a nueve de diciembre de dos mil veinte. Informe justificado. Se tienen por recibidos los comunicados del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, el Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaria de Hacienda Pública del Estado y el coordinador de procesos legislativos y asuntos jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, mediante los cuales con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinden su informe justificado correspondiente, relaciónese en la audiencia constitucional. II. Pruebas. Con fundamento en el dispositivo legal 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las pruebas ofertadas por la hacienda pública en cita, consistentes en la documental y la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas, el día en que tenga verificativo la audiencia de ley. Vista a las partes. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto en el canon 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, dese vista a las partes con los referidos informes y las constancias respectivas, para su conocimiento y efectos legales procedentes. Nombra delegados y señala domicilio. Atento a lo que solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene nombrando como sus delegados en términos del citado numeral a las personas que refiere en su oficio de cuenta; de igual manera, se le tiene designando domicilio para oír y recibir notificaciones. Causales de improcedencia. Se les tiene haciendo valer causales de improcedencia a las citadas autoridades responsables, las cuales de ser procedentes, serán tomadas en consideración al momento procesal oportuno. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y como lo peticiona la autoridad oficiante, se le autoriza a las personas que propone el congreso en cita, el uso de medios electrónicos tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares con el fin de reproducir las actuaciones que obran en el presente expediente, previo razón de uso que dejen en autos. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal. Asimismo, dígasele a la solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas como cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Resulta aplicable en el presente caso la siguiente tesis que establece: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran" No ha lugar a notificar por medio de oficio. Finalmente, atento al contenido del oficio del coordinador del congreso local, consistente en que se notifique el presente proveído en la residencia oficial donde se ubica el Congreso del Estado, dígasele que resulta innecesario, toda vez que es una determinación que no amerita tal circunstancia, conforme a lo previsto en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que está transcurriendo el plazo que otorga el artículo 117 de la Ley de Amparo, a efecto de que las autoridades responsables rindan sus informes justificados; en consecuencia, a fin de dar oportunidad a que acontezca lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. En otro contexto, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a las autoridades responsables en el presente juicio de amparo indirecto, o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable a página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS" Notifíquese.
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