Jorge Arturo Nuñez Covarrubias

Expediente 258/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
258/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/05/2023

Partes del expediente

  • Jorge Arturo Nuñez Covarrubias

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se desprende que no se interpuso medio de impugnación contra la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; en consecuencia, conforme lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Destino del expediente principal. Con fundamento en el artículo 21 inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior con motivo de que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de marzo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Del análisis de las actuaciones de este asunto se pudo destacar que por auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, se dio trámite al recurso de revisión que interpuso una de las autoridades responsables contra la sentencia de engrose de quince de noviembre de la anualidad en cita, el cual se encontraba pendientes por remitir para su debida substanciación. Envió de recurso de revisión integrado. Ahora, en virtud de que se hizo constar que el aludido medio de impugnación se encuentra debidamente integrado y, al no existir impedimento legal alguno, la suscrita juzgadora considera a bien en mandar el escrito original de agravios, las actuaciones del presente asunto y los tomos de pruebas que obran por separado al tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda a cada uno. Asimismo, se solicita que de no existir impedimento legal alguno y si las cargas de trabajo lo permiten, acuse el recibo de los anexos que se le enviarán para tal efecto. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de marzo de dos mil veintitrés. Devolución de oficio. Visto el oficio de cuenta del índice de este juzgado, dirigido al Agente Social adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil del Décimo Cuarto Partido Judicial del Estado de Jalisco, en Ciudad Guzmán, se advierte que fue devuelto por el servicio de mensajería denominado "Estafeta", por los motivos que se expone en las etiquetas de visita y control. Reenvío. En consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción para que reenvíe el oficio de mérito, previo cercioramiento del correo electrónico oficial de la citada autoridad, a fin de que le sea notificado el auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese; y cúmplase.

  4. Principal

    SENTENCIA CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: De la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, le reclama: La omisión de llevar a cabo el desahogo de la prueba documental de informes ofrecida por la parte demandada a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y de vigilar su desahogo, dentro del juicio laboral ******************** del índice de la responsable. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Es cierto el acto reclamado a la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, pues no obstante de haber negado la existencia de los mismos al rendir su informe justificado, de las constancias que acompañó se advierte la existencia del acto reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias certificadas agregadas en autos remitidas por la Junta responsable, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Respecto de la prueba documental de informes a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, la suscrita advierte que se actualiza una causa de improcedencia en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado consistente en la omisión de llevar a cabo el desahogo de la prueba documental de informes ofrecida por la parte demandada a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Dicho precepto legal, establece la figura jurídica de cesación de efectos del acto reclamado, la cual se actualiza cuando ante la existencia de éste, todos sus efectos han desaparecido o han sido destruidos en forma total e incondicionalmente como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto reclamado no hubiera existido. De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Sirve apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Ahora, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que en tres de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por desahogada la documental de informes a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. En ese tenor, como se señaló, de lo expuesto se advierte que la cesación de los efectos del acto reclamado se actualiza en el presente asunto, toda vez que, la omisión reclamada, fue subsanada por la determinación emitida el tres de octubre de dos mil veintidós, pronunciada por la misma junta de conocimiento, en la que tuvo por desahogada la documental de informes a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa tesis aislada: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. PARA VERIFICAR SI SE ACTUALIZA ESE MOTIVO DE IMPROCEDENCIA, NO SE REQUIERE ANALIZAR LA LEGALIDAD DEL DIVERSO ACTO QUE LO REVOCA O SUSTITUYE PROCESALMENTE, SINO ÚNICAMENTE DETERMINAR SI LOS EFECTOS QUE PRODUCE ORIGINAN O NO LA CITADA CAUSAL." Además, no debe pasarse por alto que en el caso de los juicios de amparo, en los que se reclama una omisión o dilación en el juicio laboral, en caso de conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, esa concesión se delimita en función del acto reclamado, no a subsecuentes actuaciones. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, por este acto aquí referido. En esa virtud, se hace innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por el impetrante de garantías, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto analizado en párrafos anteriores, procede decretar el sobreseimiento en el juicio con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe señalar que no es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que el informe justificado no se rindió con la anticipación de ocho días que refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo, segundo párrafo, pues se considera que, en el supuesto que se interpusiera recurso de revisión contra la presente sentencia, sería infructuoso y en perjuicio del propio quejoso que el tribunal revisor ordenara la reposición del procedimiento, pues si bien es cierto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia definida sostuvo que la "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Lo cierto es que, en el particular, no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que al estar plenamente demostrado que la dilación que reclama existe en el juicio natural. Lo que a su vez permite concluir que resulta ocioso e innecesario postergar la conclusión del presente sumario, en virtud de que el sentido de la resolución que al respecto se emite, sin duda, seguiría siendo el mismo. Sostener lo contrario, aun cuando existe certeza de que en nada práctico conduce postergar la conclusión del presente juicio constitucional, sería en detrimento de los principios de impartición de justicia pronta, expedita y acceso efectivo a la jurisdicción, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Respecto de la prueba documental de informes a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Respecto del acto reclamado, d consistente en la omisión de llevar a cabo el desahogo de la prueba documental de informes ofrecida por la parte demandada a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, son fundados los conceptos de violación a través de los cuales se reprocha que la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, vulnerara el derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Al respecto, debe decirse que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Artículo 17. [.]Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados en la siguiente jurisprudencia: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 1°, 2°, 8° (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, establecen lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.". "Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.". "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.". Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL." En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. Para ello, es menester acudir a la legislación secundaria, a efecto de dilucidar si la misma fija un plazo dentro del cual se deba desahogar la audiencia, de cuya fijación tardía se duele el peticionario. Respecto del acto reclamado a la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistente en la omisión de desahogar la prueba documental de informes a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro del juicio laboral ******************** del índice de la responsable. En ese tenor, el artículo 883 de la Ley Federal de Trabajo, dispone: "Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido. Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días.". Del anterior se advierte, entre otras disposiciones, que la junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, ordenará se giren los oficios necesarios para recabar los informes que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en la ley, dictando las medidas necesarias, para que se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido; asimismo, que cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas el tribunal considere que no es posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del demandado y que, en todo caso, este periodo no debe exceder de treinta días. Así pues, resulta claro que la autoridad responsable, debe ordenar lo necesario para recabar los informes que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados en la ley, dictando las medidas necesarias, para que se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido; por tanto, si en el caso tenemos que la junta responsable fue omisa en pronunciarse respecto de dicha documental de informes; y a la fecha de la presente resolución no se tiene noticia de que se haya desahogado ni que hubiere enviado oficio, pues no obra el acuse de recepción del mismo, puesto que como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a juicio de esta resolutora no se han realizado las acciones necesarias para lograr tener por desahogada la prueba consistente en la documental en vía de informe a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Se afirma lo anterior, pues no obra constancia de que la junta hubiese girado oficio para su desahogo, ni acuse que acredite su diligenciación al destinatario, ni mucho menos, la respuesta al mismo y mucho menos ha señalado fecha para su desahogo; resulta inconcuso que esta es contraria a lo previsto por la ley. Dado que en el presente caso resulta fundada la pretensión de la parte quejosa, por lo que hace a la omisión de desahogar la prueba consistente en la documental de informes, y que a la fecha no se advierte que se haya desahogado en su totalidad; por lo tanto como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable y que así lo reconoció expresamente no se han realizados los trámites necesarios para el desahogo del medio de convicción. Lo anterior, evidencia una clara paralización del proceso; violación que amerita el deber de reparar. En ese orden de ideas, el actuar de la junta responsable resulta contrario a las obligaciones que prevé la legislación laboral, con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. En consecuencia, al quedar evidenciada la violación de mérito, se concede el amparo solicitado contra dicha omisión, para los efectos que a continuación se precisaran en el siguiente al presente considerando. SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la quejosa, es para el efecto de que la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; realice de inmediato pronunciamiento y actuación procesal tendientes al desahogo únicamente de la prueba consistente en la documental de informes a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro del juicio laboral ******************** del índice de la responsable; a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 constitucional. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo, reclamados de la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; por las determinaciones tomadas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó la Décimo Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que precisado quedó en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando ultimo de esta sentencia.

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