Jorge Cabrera Vera y Otros.

Expediente 827/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
827/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
25/07/2017

Partes del expediente

  • Jorge Cabrera Vera y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el proveído mediante el cual se desechó la demanda de amparo sin que el promovente lo haya hecho valer; por tal motivo con apoyo en lo dispuesto en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese este expediente como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los plenos de la suprema corte de justicia de la nación y del consejo de la judicatura federal relativo a la transferencia digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general conjunto al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto por lo cual una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha deberá transferirse al centro de documentación y análisis previa anotación correspondiente en los libros de gobierno tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA JORGE Y ALEJANDRO RAFAEL CABRERA VERA, EL AUTO QUE DICE: Jorge y Alejandro Rafael Cabrera Vera promueven juicio de amparo contra actos de la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 827/2017 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura íntegra del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA De los citados artículos 6° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte que la facultad de ejercer la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto u omisión de autoridad o por la aplicación de una ley. La noción perjuicio, para la procedencia de la acción constitucional, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, a demandar el cese de esa transgresión. Asimismo, de conformidad con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está legitimado para promover el juicio de amparo, entre otros, la persona que aduzca violación a un derecho subjetivo, quien deberá acreditar ser titular del mismo, pues la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Localización: Registro No. 170500 Novena ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: XXVII, Enero de 2008Página: 225Tesis: 1a./J. 168/2007JurisprudenciaMateria(s): Común "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Aunado a lo anterior, se destaca que existe criterio jurisprudencial, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si bien los particulares tienen derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, no pueden exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, por lo que carecen de interés jurídico para promover juicio de amparo, debido a que el régimen de responsabilidades de servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate; dicho criterio dio origen a la tesis 2ª. J. 1/2006. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La determinación de archivo de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, dictada por la Directora General de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, con sede en esta ciudad, en la investigación administrativa SSP/AI/Q/187/2016, mediante la cual el oficial del cuartel de "San José" impidió el ejercicio de la defensa de la persona que por error de los elementos policiacos ingresó como detenido en dicho lugar; lo anterior, con motivo de la queja presentada por los aquí quejosos. CONCLUSIÓN Por lo anterior, se concluye que los quejosos no están legitimados para promover el juicio de amparo por su propio derecho, debido a que no son los directamente agraviados por el acto que estiman violatorio de derechos, lo que es presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, ya que en la especie, sobre el asunto no existe la comprobación plena de la afectación que sufren los derechos sustantivos de los quejosos, debido a que en su carácter de denunciantes carecen de interés jurídico para impugnar el resultado de un procedimiento de responsabilidad administrativa. Lo anterior es así, pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos 49 y 50 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Veracruz, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que los quejosos en su carácter de denunciantes carezcan de interés jurídico para impugnar en amparo indirecto la determinación que reclaman en este juicio. Sirve como apoyo la tesis siguiente: Registro No. 176129 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Segunda SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo: XXIII, Enero de 2006Página: 1120Tesis: 2a./J. 1/2006JurisprudenciaMateria(s): Administrativa "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." Por lo tanto, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE COMÚN Como lo solicitan los promoventes, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común a Jorge Cabrera Vera. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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