Jorge Cabrera Vera y Otros.
Expediente 415/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Cabrera Vera y Otros.
- Jorge Cabrera Vera
Actuaciones
- Principal
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, devuelve el juicio de amparo 415/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, así como la copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja penal 37/2016, de la que se advierte que dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de once de abril de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo; por tal motivo, acúsese recibo, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del medio de impugnación de referencia y archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la parte quejosa, mediante el cual cumple con la prevención realizada en autos. Del escrito de cuenta, relativo a la demanda presentada en este asunto, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: a) La determinación de catorce de septiembre de dos mil quince, dictada en la indagatoria FESP/298/2012/IV, del índice de la Fiscalía Séptima Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal, a favor de Luis Octavio Salmerón Ortiz. b) La omisión por parte del Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional Zona Centro Xalapa, Encargada del Despacho de la Agencia Séptima y Tercera del Ministerio Público Investigador, con sede en esta ciudad, de declararse incompetente en la indagatoria 1535/2012/3ª./Mesa_1 de su índice. Al respecto, se realizan los siguientes pronunciamientos: 1. Pronunciamiento relativo al acto reclamado precisado en el inciso a), del párrafo que antecede. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura integral del escrito de demanda y aclaratorio, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, respecto de la determinación de catorce de septiembre de dos mil quince, dictada en la indagatoria FESP/298/2012/IV, del índice de la Fiscalía Séptima Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." De acuerdo con la disposición transcrita, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueve esa instancia constitucional dentro de los términos establecidos para ello. El artículo 17 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." De dicho artículo se advierte que el término genérico para la promoción de la demanda de amparo es de quince días, salvo los casos previstos en las fracciones transcritas. Por otra parte, se destaca que el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que los plazos previstos en el artículo 17 de dicha Ley se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme con la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; hipótesis legales que resultan excluyentes entre sí y carecen de prelación, por lo que la actualización de una hipótesis impide que opere alguna otra y no es necesario que se siga el orden en que fueron previstas por el legislador en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al analizar su actualización. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el plazo para presentar una demanda de amparo, cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame, sin que deba esperarse a que se entere del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2010666 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2015 (10a.) Página: 5 "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, escrito aclaratorio y constancias anexas, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: a) La determinación de catorce de septiembre de dos mil quince, dictada en la indagatoria FESP/298/2012/IV, del índice de la Fiscalía Séptima Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal, a favor de Luis Octavio Salmerón Ortiz. Asimismo, se advierte que el escrito de demanda fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (fojas 5 a 11). Por otra parte, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que el acto reclamado consistente en la determinación de catorce de septiembre de dos mil quince, dictada en la indagatoria FESP/298/2012/IV, del índice de la Fiscalía Séptima Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, fue dictada en cumplimiento a la sentencia amparadora emitida en el diverso juicio de amparo 187/2014 del índice de este juzgado, el cual se tiene a la vista en este momento como se ordenó en la certificación secretarial; asimismo, del contenido de los autos del citado juicio de amparo, se advierte que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil quince (foja 1660 del tomo II, del juicio de amparo 187/2014), se ordenó dar vista con las medidas y constancias remitidas por la referida fiscal (consistente en la resolución reclamada en este asunto), misma que le fue notificada personalmente al aquí quejoso Jorge Cabrera Vera, el seis de octubre de dos mil quince 1666 del tomo II, del juicio de amparo 187/2014); posteriormente, el catorce de octubre de dos mil dieciséis, este juzgador determinó tener por cumplida la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 187/2014 del índice de este órgano jurisdiccional (fojas 1675 a 1677 del tomo II, del juicio de amparo 187/2014). Acorde con lo anterior, el término para la promoción del juicio de amparo inició el ocho de octubre y feneció el veintiocho de octubre de dos mil quince; ello es así, descontando los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de octubre de dos mil quince, por corresponder a sábados y domingos. Sin embargo, la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, hasta el treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis (foja 5). A manera de ilustración y para mayor claridad de lo que aquí se trata de destacar, se estima pertinente exponer gráficamente el cómputo del término antes aludido. SEPTIEMBRE 2015 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 - - - - OCTUBRE 2015 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO - - - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - = FECHA EN QUE SE DICTÓ EL ACTO RECLAMADO =SE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO 187/2014 CON LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL MISMO (SE NOTIFICÓ PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA). MARZO 2016 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 - - - = SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. =TRANSCURRE TÉRMINO. =FENECE TÉRMINO = PRESENTA LA DEMANDA CONCLUSIÓN La parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, consistente en la determinación de catorce de septiembre de dos mil quince, dictada en la indagatoria FESP/298/2012/IV, del índice de la Fiscalía Séptima Especializada en Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con sede en esta ciudad, en la que se determinó el no ejercicio de la acción penal, a favor de Luis Octavio Salmerón Ortiz, al menos desde el día seis de octubre de dos mil quince, de acuerdo con la constancia de notificación personal que obra en los autos del diverso juicio de amparo 187/2014 del índice de este órgano jurisdiccional. Por lo anterior, se concluye respetuosamente que la presentación de la demanda es extemporánea, al haber tenido lugar con posterioridad a los quince días al en que fue notificado la parte quejosa, pues debió presentarse ante el Juez de Distrito en turno a más tardar el veintiocho de octubre de dos mil quince; por tanto, se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por el quejoso, al no haber presentado su escrito de demanda dentro del término legal; aunado a que, el acto reclamado no actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. No es obstáculo lo anterior, que la parte quejosa haya manifestado que tuvo conocimiento del acto reclamado el dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, debido a que del diverso juicio de amparo 187/2014 del índice de este órgano jurisdiccional, se advierte que el auto con el que se le dio vista a las partes, con las constancias relativas al cumplimiento de la ejecutoria en el referido juicio (que constituye el acto que por esta vía pretende impugnar), le fue notificado personalmente a los aquí quejosos, el seis de octubre de dos mil quince (foja1666 del tomo II, del juicio de amparo 187/2014); por lo que de acuerdo al criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis citada en párrafos que anteceden, desde ese momento comenzó a transcurrir el término para promover el amparo contra dicho acto, sin que hubiera necesidad de que existiera pronunciamiento respecto al cumplimiento de sentencia, emitido por este juzgado, o en su caso, del Tribunal Colegiado que conoció del recurso de inconformidad. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, respecto al acto precisado en el inciso a), en el apartado relativo a los hechos. 2. Pronunciamiento relativo al acto reclamado consistente en la omisión por parte del Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional Zona Centro Xalapa, Encargada del Despacho de la Agencia Séptima y Tercera del Ministerio Público Investigador, con sede en esta ciudad, de declararse incompetente en la indagatoria 1535/2012/3ª./Mesa_1 de su índice. CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura integral del escrito de demanda y aclaratorio, se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de la omisión atribuida al Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional Zona Centro Xalapa, Encargada del Despacho de la Agencia Séptima y Tercera del Ministerio Público Investigador, con sede en esta ciudad, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Por su parte el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé: "El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Asimismo, el artículo 107, fracción V, de la Ley mencionada establece: "El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." El primero de los artículos, refiere que el juicio de amparo es improcedente, en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en su fracción relativa, que procederá el juicio de amparo indirecto en contra de actos dentro de juicio, limitativamente cuando exista una afectación a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que sea parte el Estado Mexicano. Así, una interpretación a contrario sensu del artículo indicado en segundo término, permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos dentro del juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución imposible reparación. Cabe destacar que esta última disposición establece que por dichos actos de imposible reparación se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.", con lo cual el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; es decir, el legislador secundario dispuso diversas condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva; por lo que la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados dentro de juicio solamente opera cuando se afecten materialmente derechos sustantivos. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006338 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III Materia(s): Común Tesis: IV.2o.C. J/2 (10a.) Página: 1539 "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." HECHOS En el caso, los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en: b) La omisión por parte del Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Regional Zona Centro Xalapa, Encargada del Despacho de la Agencia Séptima y Tercera del Ministerio Público Investigador, con sede en esta ciudad, de declararse incompetente en la indagatoria 1535/2012/3ª./Mesa_1 de su índice. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye que los actos reclamados, por su naturaleza procesal, no son actos de imposible reparación, pues no implica necesariamente que la parte quejosa vaya a obtener una resolución desfavorable a sus intereses en cuanto a la determinación del asunto, debido a que los representantes sociales tienen la obligación de examinar la procedencia de la acción y determinar si se configuran o no sus elementos. Ni menos aún que los actos reclamados tengan sobre las cosas o las personas en sus derechos sustantivos, una afectación de carácter de irreparable mientras exista la posibilidad legal de que el afectado obtenga una resolución favorable a sus pretensiones o no. Por lo anterior, el acto que aquí se impugna, no se advierte que por el momento constituya una violación que afecte en grado predominante o superior, porque de ellos no depende la suerte de toda la averiguación ministerial, pues inclusive no incide en su continuación ni conlleva el riesgo de que su tramitación resulte innecesaria; asimismo, por regla general, los actos realizados para la integración de la citada indagatoria ministerial no son susceptibles de control constitucional, ya que para que esos actos pudieran impugnarse mediante el juicio de amparo que aquí se intenta tendría que advertirse una afectación de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo. Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Novena Época Registro: 164853 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Abril de 2010 Materia(s): Penal Tesis: III.2o.P.234 P Página: 2702 "AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. De una interpretación amplia del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a que alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, es decir, el que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y no exclusivamente el que se sigue ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal; en relación con lo anterior, el artículo 8o. del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, contempla dentro de las distintas etapas de que consta el enjuiciamiento penal estatal, a la averiguación previa que abarca las actuaciones practicadas por el Ministerio Público o sus auxiliares, con motivo de la comisión de un delito y que termina con la resolución en que se decide ejercer acción penal o con la determinación del procurador confirmando el criterio del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal; esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, la averiguación previa guarda identidad con el proceso penal, porque el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco, prevé disposiciones comunes para la averiguación previa y la instrucción que se lleva ante el órgano jurisdiccional, las cuales comprenden similarmente lo referente a la comprobación del cuerpo del delito, huellas del delito, atención médica a los lesionados y aseguramiento de inculpado; igualmente, el Ministerio Público, en la averiguación previa, tiene que hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, para en su caso, ejercer acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el Juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. En ambos casos, se estará a lo dispuesto por el código procesal penal ya sea para el desahogo de las pruebas, como para su valoración. Por ello, debe considerarse a la averiguación previa, en una interpretación amplia del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el Juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de garantías." Novena Época Registro: 168201 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009 Materia(s): Penal Tesis: 1a./J. 87/2008 Página: 71 "AVERIGUACIÓN PREVIA. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES IMPROCEDENTE, POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DEL INDICIADO, CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA POR LA QUE REVOCA EL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PROPUESTO POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y ORDENA LA DEVOLUCIÓN DE LA CAUSA A ÉSTE PARA QUE SE RECABEN Y DESAHOGUEN DIVERSOS MEDIOS DE PRUEBA. Conforme al artículo 73, fracción V, en relación con el numeral 4°., ambos de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es improcedente cuando el quejoso carece de interés jurídico. Ahora bien, si se toma en cuenta que la comprobación de dicho interés requiere demostrar que el acto reclamado lesiona la esfera jurídica del gobernado, resulta evidente que el indiciado carece de interés jurídico y, por tanto, es improcedente el juicio de amparo indirecto que promueva contra la determinación del Procurador General de Justicia por la que revoca el no ejercicio de la acción penal propuesto por el agente del Ministerio Público y ordena la devolución de la causa a la representación social para que se recaben y desahoguen diversos medios de prueba, en tanto que ello constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos, y ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Al respecto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la revisión, a través del juicio de amparo indirecto, de los actos acaecidos durante la averiguación previa es excepcional y debe ser determinada en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de no entorpecer las facultades y obligaciones conferidas constitucionalmente al Ministerio Público. Además, la determinación de revocar el no ejercicio de la acción penal no causa un perjuicio actual a los indiciados, pues sus efectos no son de imposible reparación, ya que pueden desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica". En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, únicamente respecto a los actos precisados en el inciso b), en el apartado relativo a los hechos.
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