Jorge Bojalil Chahin
Expediente 246/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Bojalil Chahin
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21 del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que este Juzgado Federal desecho la presente demanda; lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Sin incidente. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Julián Pantaleón Suárez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del dieciséis al treinta de agosto de dos mil veintiuno, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial, del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el catorce de junio de este año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/1594/2021, asistido del Licenciado Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de junio de dos mil veintiuno Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que hay lugar, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de México, por medio del cual solicita si se aceptó la competencia planteada; al respecto, se provee lo siguiente: Dígase la autoridad oficiante, que mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, asumió la competencia planteada por ese Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que hay lugar, el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de México, por medio del cual solicita se informe si se aceptó la competencia planteada; al respecto, se provee lo siguiente: Dígase a la autoridad oficiante, que mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal, asumió la competencia planteada por ese Órgano Jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite el juicio de amparo 154/2021-VI-B, del índice del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en cumplimiento al auto dictado por ese órgano jurisdiccional el diecinueve de marzo del año en curso, en el juicio aludido, mediante el cual declina competencia para continuar con la tramitación de la demanda de amparo promovida por Jorge Bojalil Chahin, por su propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales J.B.T., contra actos del Juez Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en Cuernavaca, Morelos, y otra autoridad, al respecto, se acepta la competencia, por lo que este juzgador continuará con el trámite de la demanda de marras. Acúsese de recibo. REGISTRO DE DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número que corresponda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora, se procede a examinar el escrito de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. El impetrante del amparo señala como acto reclamado ".el auto dictado el treinta de octubre de dos mil veinte en la controversia familiar 294/2020 del índice del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con residencia en Cuernavaca, Morelos. " En el cual, en esencia se acordó lo siguiente: Se fijó pensión alimenticia a favor del menor J.B.T. y se estableció el depósito del menor en el domicilio de su madre con residencia en esta ciudad. Se suspendieron provisionalmente las convivencias entre el menor antes mencionado y su progenitor. Se requirió al demandado aquí quejoso para que se abstenga de acudir a efectuar actos de molestia y violencia en domicilio donde habita la parte actora y su menor hijo. Empero, dicho acto no es susceptible de impugnarse en esta instancia constitucional, en virtud de que, previo a ello, debe agotarse el recurso que contempla la ley en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que, el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En la especie, como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado a la autoridad responsable, consistente en el auto dictado el treinta de octubre de dos mil veinte en la controversia familiar 294/2020, es susceptible de reclamarse mediante la promoción del incidente de reclamación de providencia que contempla el artículo 234 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que a la letra dice: "ARTÍCULO *234.- RECLAMACIÓN DE LA PROVIDENCIA POR EL DEUDOR O POR UN TERCERO. El deudor podrá reclamar la providencia en cualquier tiempo hasta antes de la sentencia, que se dicte en el juicio correspondiente, para cuyo efecto se le notificará ésta, en caso de no haberse ejecutado con su persona o con su representante legítimo. La reclamación deberá fundarse en que la medida cautelar fue innecesaria o no se practicó de acuerdo con la Ley. Su realización se hará sin suspensión del procedimiento excepto para el caso de tratarse de alimentos. También puede reclamar la providencia un tercero, cuando sus bienes hayan sido objeto del secuestro. Estas reclamaciones se substanciarán en forma incidental." De ahí que, si el inconforme estima que la medida cautelar fue emitida en forma ilegal o indebida como lo argumenta en el escrito de demanda, es evidente que debió haber agotado el incidente a que alude en la transcripción anterior, previo a la promoción de este juicio de amparo, ya que su resultado puede dejar sin efecto la medida precautoria que se reclama. Por consecuencia, resulta que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Sirve de apoyo de lo anterior la jurisprudencia número III.5° C. J/4 que aparece a página 1284, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVIII, diciembre de 2003, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. EN SU CONTRA PROCEDE, PREVIAMENTE AL AMPARO, LA RECLAMACIÓN INCIDENTAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO 253 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO. De los artículos 252 y 253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco se advierte que entre sus disposiciones no existe ninguna contradicción ni antinomia, pues el primero establece que la resolución que conceda una medida precautoria "no admite recurso alguno", prohibición general referida directamente a los recursos ordinarios que prevé el mismo código, es decir, apelación, revocación y queja, en tanto que el segundo de manera expresa establece no un recurso sino un medio de defensa disponible sólo para el ejecutado y el tercero, quienes pueden impugnar la providencia o su ejecución a través de la reclamación vía incidental. Por tanto, para que proceda el amparo indirecto contra el embargo precautorio es indispensable que el ejecutado o, en su caso, el tercero promovente del amparo, agoten previamente dicho medio de defensa." De ahí que, la demanda de amparo deviene notoria e indudablemente improcedente, toda vez que en la especie se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Esto último se afirma, pues como se ha dicho, si el inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. Al respecto, es aplicable por analogía la jurisprudencia número VI.1°J/85, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 51, tomo 67, julio de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Así como la tesis número I.3° C. 249 C, que aparece a página 1363, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, agosto de 2001, Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "MEDIDAS PRECAUTORIAS. PROCEDE SU REVOCACIÓN, MODIFICAClÓN O NULIFICACIÓN, MEDIANTE LA RECLAMACIÓN QUE SE TRAMITA EN FORMA INCIDENTAL. Las medidas precautorias son actos que se decretan sin audiencia de las personas contra quienes se dirigen, por lo que no puede establecerse que exista juicio; pero tal circunstancia no implica que los afectados por una providencia precautoria dejen de ser "parte" en ellas, y tienen la legitimación para intervenir en las mismas. Ello es así, porque el artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, otorga a la persona contra quien se dicta una providencia precautoria, la facultad de reclamarla en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria. Esa reclamación que se sustancia en forma incidental, tiene la naturaleza de un medio ordinario de defensa que puede tener como consecuencia la revocación, modificación o nulificación de la providencia precautoria decretada, puesto que como todo incidente, supone que debe ser ejercitado por quien tiene la legitimación procesal y tendrá un periodo probatorio, de alegatos y se resolverá sobre su procedencia. Esa reclamación, que constituye un incidente, es el medio ordinario de defensa idóneo para impugnar la providencia precautoria, puesto que ésta supone que quien la solicitó satisfizo a juicio del órgano jurisdiccional la legitimación en la causa y los requisitos formales de procedencia de la medida y, por ende, desvirtuar la existencia de esos supuestos de procedencia de la providencia precautoria, requiere de prueba que no otorga un recurso, puesto que éste sólo tiene en cuenta las constancias y el contexto en que se dictó el auto impugnado, mientras que en el incidente existe la oportunidad de ofrecer pruebas que es más acorde con la finalidad de reclamar o impugnar una providencia precautoria, y el órgano que la emitió tendrá los elementos de prueba que en vía incidental se le aporten, a fin de resolver sobre la subsistencia, modificación o revocación de su medida." Además se precisa que la determinación aquí adoptada no afecta los derechos del menor, ya que si bien es cierto que se encuentra inmerso en la contienda jurídica que se analiza, también lo es que el interés superior del menor no constituye una justificación válida para confundir los elementos de ese principio de definitividad y los requisitos de procedencia del juicio de amparo, tal como lo ilustra la jurisprudencia con número de registro 2005039, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Pág. 350 cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En este orden de ideas, al existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto al acto precisado con antelación, en términos de la fracción XVIII del artículo 61, y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. No ha lugar a tener como domicilio procesal el que indica el quejoso, toda vez que se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, sin embargo, a efecto de evitar dejarlo en estado de indefensión, por única vez se ordena notificar este proveído en el domicilio que indica. En mérito de lo que antecede, de conformidad con los numerales 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, a efecto de que se constituya en el domicilio ubicado en Boulevard Manuel Ávila Camacho, número 830, Colonia Santa Cruz Acatlán, Naucalpan de Juárez, Estado de México, y notifique al quejoso Jorge Bojalil Chahin, el presente proveído. Asimismo se requiere al quejoso, para que al momento de la diligencia, o en el plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado federal, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se realizarán por medio de lista, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de llevar a cabo la diligencia de mérito. Una vez realizado lo anterior, se le solicita al Juez exhortado que remita a la brevedad posible y vía electrónica, a este órgano de control constitucional las constancias relativas a la diligencia encomendada. Por otra parte, téngase por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados que propone siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en la base de datos de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación. Asimismo se tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que enuncia. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES.) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. DISPONIBILIDAD DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el de la Federación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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