Jorge Bernardo Mendoza Cuervo

Expediente 897/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
897/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
20/07/2023

Partes del expediente

  • Jorge Bernardo Mendoza Cuervo
  • Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio procedente del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. por medio del cual informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado de Distrito y se avoca al conocimiento del asunto. Se toma conocimiento de lo anterior. Asimismo, póngase a disposición del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Ciudad de México el expediente electrónico Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Pleno Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino Final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Finalmente, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20 fracción IX, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, este Juzgado Federal se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo del asunto, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a once de julio de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los autos se advierte que en proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional declaró ser incompetente para conocer del presente juicio de amparo, en atención a las siguientes razones: "..".Cuernavaca, Morelos, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación por María Elena Jiménez García, promoviendo en favor del señor Jorge Bernardo Mendoza Cuervo, contra actos de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Incompetencia En ese contexto, este juzgado considera que no es competente para conocer del presente asunto, en atención a las siguientes razones: En este caso, se estima que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer y resolver del presente asunto; para demostrar esta premisa, es necesario transcribir el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la norma transcrita se puede concluir, en lo que aquí interesa, que el Juez de Distrito legalmente competente para conocer del juicio de amparo, es aquel en cuya jurisdicción se haya ejecutado, se ejecute o se trate de ejecutar el acto reclamado. Establecido ello, se precisa que para determinar la competencia en el conocimiento del juicio de amparo entre Jueces de Distrito, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado y, también, a su análisis íntegro; lo cual, trae como consecuencia la determinación referente a si el acto reclamado requiere o no ejecución material. Esto, desde luego, con el objeto de determinar si se está en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya Jurisdicción deba tener ejecución, se haya ejecutado o se esté ejecutando el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo primero del ordinal 37 de la legislación en consulta. En ese mismo orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 14/2003-PS, que las tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito son: "a) La primera regla que se encuentra contenida en el señalado numeral, se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren necesariamente de ejecución material para su cumplimentación por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de estas jurisdicciones. c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado el acto reclamado." Ahora bien, en la demanda de amparo la parte quejosa reclama la negativa de proporcionar atención médica a los padecimientos que tiene, por parte del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Así las cosas, es evidente que el supuesto de competencia relativo se ubica en el párrafo del artículo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior por similitud de razones jurídicas la Tesis Aislada, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo IV, Enero de 2012, página 4311, cuyo rubro y texto señalan: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE REO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN DONDE SE MATERIALIZÓ ESE ACTO. La orden de traslado de un reo de un centro penitenciario a otro es un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, que es propiamente el traslado que se realice de la persona y cuyos efectos no se agotan con la sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo, en este sentido, la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión del reo al otro centro penitenciario. Por tanto, cuando se reclama en el juicio de amparo una orden de traslado que ya se ejecutó fuera de la jurisdicción del Juzgado de Distrito en donde se promovió, entonces a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito en donde se materializó su ejecución, en términos de la regla señalada en el párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Amparo, que establece que será competente para conocer de un juicio de garantías el Juez de Distrito del lugar en que se haya ejecutado el acto reclamado. Lo anterior tiene singular relevancia, en la medida de que es voluntad del Constituyente que se atienda a la facilidad del agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías individuales. No representa obstáculo a la postura anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia número 1a./J. 35/2008, cuyo rubro indica: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", mediante la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, por lo que entonces, a quien compete conocer del juicio de garantías es al Juez de Distrito ante el que se promovió, con jurisdicción sobre uno de los lugares en que se dio una parte de la ejecución, por ser el que previno, ya que el Alto Tribunal también ha reconocido que el referido procedimiento de traslado culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario. En otras palabras, la aplicación del criterio contenido en la citada jurisprudencia en relación con la actualización de la regla establecida en el párrafo segundo del citado artículo 36, únicamente tiene aplicación cuando todavía no se ha consumado el traslado del reo, es decir, en el supuesto de que se emita la orden relativa y se encuentren pendientes los trámites de mérito, sin que se haya ejecutado en su plenitud; sin embargo, cuando ya se materializó el traslado de la persona al nuevo centro de readaptación social se está en presencia de un acto ejecutado en su totalidad, actualizándose así la hipótesis contenida en el párrafo primero del mencionado precepto legal. Sostener un criterio contrario haría nugatoria la intención del legislador federal en el sentido de hacer el juicio de garantías asequible al gobernado, a través de reglas que lo faciliten, contando con mejores medios y posibilidades de defensa para atender y vigilar el desenvolvimiento del juicio, por eso, tratándose de la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, se toma en consideración el lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado. Por otra parte, en el Acuerdo General 3/2013, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, proveyó lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; precisando en el párrafo segundo del punto noveno, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa. En consecuencia, quien resulta competente para conocer del presente juicio de amparo, es el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute el acto reclamado; es decir, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Turno, con residencia en la Ciudad de México. En mérito de lo expuesto, este Juzgado declara que carece legalmente de competente para el conocimiento de la presente demanda de amparo, debiéndose remitir el juicio al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Turno, con residencia en la Ciudad de México, por ser dónde tendrá ejecución el acto reclamado. Determinación que se adopta en razón a lo manifestado por María Elena Jiménez García, quien promueve en favor del señor Jorge Bernardo Mendoza Cuervo, quien refiere se encuentra en la Penitenciaria de la Ciudad de México en el dormitorio tres, zona cinco, estancia catorce; lo cual de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, para arribar a esta determinación. Por otra parte, solicítese al Juez al que se le declina competencia el acuse de recibo correspondiente. De la suspensión de plano No obstante lo anterior, respecto del acto reclamado consistente en la falta de atención médica, se hace el siguiente pronunciamiento con fundamento en los artículos 125 y 126, en relación con el artículo 15, todos de la Ley de Amparo vigente, se decreta la suspensión de plano, por lo que respecta la falta de atención médica, acorde a los padecimientos del quejoso, es decir: Se concede la suspensión de plano al impetrante de amparo Jorge Bernardo Mendoza Cuervo, para el efecto de que las responsables otorguen la atención médica necesaria a sus padecimientos (¿transcribir el acto como lo precisa el quejoso?), de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del centro de reclusión, o bien, que lo canalicen a la institución que corresponda de acuerdo con lo que permita la normatividad aplicable. Cabe destacar que si bien los actos reclamados no encuadran exactamente en lo previsto en el artículo 22 Constitucional; procede conceder la suspensión de plano por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro-persona. Por otra parte, se requiere a las autoridades responsables para que, en el término de veinticuatro horas, informen al Juzgado homologo al que se le declina competencia sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales, significándoles que queda a cargo y bajo su responsabilidad la integridad y salud del quejoso. Con relación a lo anterior se impone la obligación a las autoridades responsables para informar de inmediato sobre el cumplimiento dado a esta medida, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con apoyo en la fracción l, del artículo 237 y 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida de actualización; aunado a que podrán incurrir en la hipótesis que establece el inciso III), del artículo 262 de la propia ley. En la inteligencia que a las autoridades responsables se encuentran obligadas a rendir su informe al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Turno, con residencia en la Ciudad de México, que conozca de la presente incompetencia. Domicilio procesal Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Penitenciaria de la Ciudad de México en el dormitorio tres, zona cinco, estancia catorce, toda vez que se encuentra fuera de la población en la que este Juzgado de Distrito tiene su sede. Domicilio donde se encuentra internado el quejoso Con fundamento en el artículo 28, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en el que se encuentra recluido el quejoso. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. De la notificación de este auto al promovente Jorge Bernardo Mendoza Cuervo. Se libra atento exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materia Penal con residencia en la Ciudad de México, en Turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, comisione a un actuario de su adscripción (en funciones de notificador) para que realice lo siguiente: Se constituya en las instalaciones de la Penitenciaria de la Ciudad de México en el dormitorio tres, zona cinco, estancia catorce, lugar donde actualmente se encuentra recluido, ello a fin de que solicite la presencia del directo quejoso Jorge Bernardo Mendoza Cuervo, lo requiera para que manifieste si ratifica o no la demanda de amparo, o lo haga por escrito en el término de tres días; apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda en cuestión y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Hecho lo anterior, notifique personalmente al promovente Jorge Bernardo Mendoza Cuervo, el contenido de esta determinación. Haga entrega de los oficios () dirigidos a las diversas autoridades señaladas como responsables: Ordenadoras Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; Unidad Administrativa Financiera de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México; Comité Técnico de la Penitenciaria de la Ciudad de México; Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México; Subdirección de Apoyo Jurídico de la Penitenciaria de la Ciudad de México Ejecutoras Secretaria de Salud Federal de la Ciudad de México; Directora de la Unidad Médica de la Penitenciaria de la Ciudad de México; Todos y cada uno de los Médicos de la Unidad Médica de la Penitenciaria de la Ciudad de México; Trabajo Social de la Penitenciaria de la Ciudad de México; y Encargado de la Subdirección de Seguridad de la Penitenciaria de la Ciudad de México Con el fin de que rindan el informe relativo a la suspensión de plano que se concede en el presente acuerdo. Con copia autorizada del escrito de demanda, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese; y personalmente al quejoso en su lugar de reclusión por medio de exhorto. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe." Toda vez que con esta fecha se recibió la comunicación oficial en la cual se desprende que el directo quejoso ratificó su demanda de amparo, remítanse de inmediato los autos al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en Turno, con residencia en la Ciudad de México, para los efectos del auto de incompetencia. En mérito de lo expuesto, a fin de que se avoque al conocimiento correspondiente; y proceda a determinar si acepta o no la competencia planteada, solicitando atentamente que lo informe a este juzgado federal, para lo cual se remite expediente de amparo 897/2023; se ordena forma cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de julio de dos mil veintitrés Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe sobre la suspensión de plano rendido por la Subdirectora de Recursos Administrativos adscrita a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud. Al respecto, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Hago constar que notifico la determinación de fecha veintinueve de junio de dos mil veintitrés, a la parte quejosa Néstor Morales Méndez; por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de La Federación; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de agosto de dos mil veintidós: Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de treinta de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, el cual ejerció la parte quejosa mediante escrito del dos de junio del año en curso, por tanto, las manifestaciones que emite serán tomadas en consideración en su oportunidad; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". SEXTO.- Concesión de amparo. En tales circunstancias, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso ********************, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: (De contestación fundada y motivada, a la totalidad de las peticiones realizadas por ********************, el seis de mayo de dos mil veintidós, recibido por la responsable el nueve del mismo mes y año, y lo haga del conocimiento a la parte quejosa, como legalmente corresponda. Sin que con ello implique que la responsable acuerde de manera favorable o desfavorable las peticiones del aquí quejoso, ya que dicha cuestión seria materia de otro juicio de amparo, pues únicamente la presente concesión se limita a dar contestación a la totalidad de las peticiones del impetrante de amparo, respetando los artículos 8 y, 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..". Resolución concesoria del amparo que fue impugnada mediante recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable, el cual, en acuerdo del trece de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de revisión RA 123/2023, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, fue desechado; en consecuencia, en auto del tres de abril del año en curso, al quedar firme la resolución de amparo, se procedió a requerir su cumplimiento. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tepalcingo, Morelos, por escrito recibido el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, remite en copias certificadas la contestación de fecha veintitrés de mayo del año en curso, relativa a las peticiones que formuló el quejoso ********************, el seis de mayo de dos mil veintidós, y también, remite la constancia de notificación que corresponde a dicha contestación, la cual fue realizada el veintiséis de mayo siguiente, de cuyo contenido se aprecia el acuse de recibo de esta última fecha asentado por el quejoso de su puño y letra y con firma autógrafa, además, se advierte emitió contestación de manera fundada y motivada a todas las peticiones que realizó en la data mencionada. Lo anterior es así, pues de una lectura realizada al escrito de contestación mencionado y a las peticiones que formuló en el escrito de petición del seis de mayo de dos mil veintidós, queda de manifestó que contrario a los argumentos del quejoso emitidos en el escrito del dos de junio de dos mil veintitrés, al contestar la vista dada con el cumplimiento de ejecutoria, sí se le indica la sección relativa a establecimientos comerciales, el artículo relativo a la autorización de licencias de funcionamiento para ese tipo de establecimientos, las claves que corresponden a los conceptos de revalidación anual y al de abarrotes con venta de cerveza en envase cerrado para llevar, así como la cuota que corresponde para ese concepto, con lo cual, lleva implícito el giro comercial de "abarrotes con venta de cerveza para llevar". Asimismo, hace alusión a la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcingo, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, al Bando de Policía y Buen Gobierno del citado Municipio e incluso emite argumentos relativos a su propuesta del pago en parcialidades respecto del pago de cuotas impuestas; en consecuencia, se advierte que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de mérito, debido a que la concesión de amparo, se limita a dar contestación a la totalidad de las peticiones, sin que implique que acuerde de manera favorable o desfavorable las peticiones del aquí quejoso. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar con las constancias descritas en párrafos anteriores, haber dado contestación de fecha veintitrés de mayo del año en curso, relativa a las peticiones que formuló el quejoso ********************, el seis de mayo de dos mil veintidós, y haber notificado dicha contestación al quejoso, mediante la constancia respectiva del veintiséis de mayo siguiente, la cual contiene el acuse de recibo de esta última fecha asentado por el quejoso de su puño y letra y con firma autógrafa; además, se advierte emitió contestación en forma fundada y motivada a todas las peticiones que realizó en la data mencionada, toda vez que en la contestación sí se le indica la sección relativa a establecimientos comerciales, el artículo relativo a la autorización de licencias de funcionamiento para ese tipo de establecimientos, las claves que corresponden a los conceptos de revalidación anual y al de abarrotes con venta de cerveza en envase cerrado para llevar, así como la cuota que corresponde para ese concepto, con lo cual, lleva implícito el giro comercial de "abarrotes con venta de cerveza para llevar". Asimismo, hace alusión a la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcingo, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, al Bando de Policía y Buen Gobierno del citado Municipio e incluso emite argumentos relativos a su propuesta del pago en parcialidades respecto del pago de cuotas impuestas; en consecuencia, queda de manifestó que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de mérito, debido a que la concesión de amparo, se limita a dar contestación a la totalidad de las peticiones, sin que implique que la responsable acuerde de manera favorable o desfavorable las peticiones del aquí quejoso. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, al acatar en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable diera contestación fundada y motivada, a la totalidad de las peticiones realizadas por ********************, el seis de mayo de dos mil veintidós, y lo hiciera del conocimiento a la parte quejosa, sin que con ello implique acordar de manera favorable o desfavorable las peticiones del aquí quejoso, ya que dicha cuestión seria materia de otro juicio de amparo, pues únicamente la concesión se limitó a dar contestación a la totalidad de las peticiones del impetrante de amparo. En ese sentido, este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se advierte y acreditó la responsable haber dado contestación de fecha veintitrés de mayo del año en curso, relativa a las peticiones que formuló el quejoso ********************, el seis de mayo de dos mil veintidós, y haber notificado dicha contestación al quejoso, mediante la constancia respectiva del veintiséis de mayo siguiente, la cual contiene el acuse de recibo de esta última fecha asentado por el quejoso de su puño y letra y con firma autógrafa; además, se advierte emitió contestación de manera fundada y motivada a todas las peticiones que realizó en la data mencionada, toda vez que en la contestación sí se le indica la sección relativa a establecimientos comerciales, el artículo relativo a la autorización de licencias de funcionamiento para ese tipo de establecimientos, las claves que corresponden a los conceptos de revalidación anual y al de abarrotes con venta de cerveza en envase cerrado para llevar, así como la cuota que corresponde para ese concepto, con lo cual, lleva implícito el giro comercial de "abarrotes con venta de cerveza para llevar". Asimismo, hace alusión a la Ley de Ingresos del Municipio de Tepalcingo, Morelos, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, al Bando de Policía y Buen Gobierno del citado Municipio e incluso emite argumentos relativos a su propuesta del pago en parcialidades respecto del pago de cuotas impuestas; en consecuencia, queda de manifestó que la autoridad responsable se ajustó a los lineamientos de la ejecutoria de mérito, debido a que la concesión de amparo, se limita a dar contestación a la totalidad de las peticiones, sin que implique que la responsable acuerde de manera favorable o desfavorable las peticiones del aquí quejoso. En razón a lo precisado en párrafos anteriores, dígase al quejoso, que la ejecutoria de amparo si está cumplida por parte de la autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, lo anterior, cerciorándose que todas las actuaciones se encuentran debidamente integradas en el expediente electrónico, asimismo, que se hayan hecho las anotaciones, todo lo anterior, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto último con fundamento en el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, conservación, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo establecido en los capítulos Tercero, Cuarto, Quinto, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es conservable, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión. Asimismo, en términos del precepto 20, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. En relación al incidente de suspensión se hace constar que no se formó por no haber sido solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

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