Jorge Arturo Villegas Osorio

Expediente 2014/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2014/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
14/10/2022

Partes del expediente

  • Jorge Arturo Villegas Osorio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por lo tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c), del artículo 21 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el penúltimo párrafo del citado precepto. En términos de lo dispuesto en el inciso a), de la fracción II, del artículo 20 del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el artículo 23 del referido acuerdo normativo. Por último, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTO para resolver el juicio de amparo 2014/2022-I-B, promovido por JORGE ARTURO VILLEGAS OSORIO; y, RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán mismo día; y turnado el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció JORGE ARTURO VILLEGAS OSORIO, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de las autoridades siguientes: Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, Fiscalía General del Estado de Yucatán; y, Delegación de la Fiscalía General de la República, en su correcta denominación, Todas con sede en esta ciudad Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad; y, Comisión Nacional Bancaria con sede en la Ciudad de México: SEGUNDO. Admisión de la demanda y separación de juicios. Por acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda de amparo con el número 2014/2022-I-B, se admitió a trámite la demanda de amparo únicamente respecto de los actos reclamados al Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, Fiscalía General del Estado de Yucatán; y, Delegación de la Fiscalía General de la República, todos con sede en esta ciudad. Así mismo, se ordenó la separación de juicio y se ordenó remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, respecto de las diversas autoridades y actos reclamados: Del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad; y, De la Comisión Nacional Bancaria, con sede en la Ciudad de México. El bloqueo a la cuenta bancaria 278707131845109 y su ejecución. Se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su correspondiente informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tiene verificativo este día, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación. Lo anterior, cumpliendo con lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del mismo modo, cobra aplicación, la tesis P. VI/2004 que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que la parte quejosa reclamó lo siguiente: La orden de aprehensión y detención así como su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables: 1. Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, (promoción 19550, foja 22), 2. Fiscalía General del Estado de Yucatán (promoción 20104, foja 40); y, 3. Delegación de la Fiscalía General de la República, en su correcta denominación, (promoción 19790, foja 26), todas con sede en esta ciudad. Pues así lo manifestaron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para demostrar la existencia de los actos y con ello desvirtuar la negativa. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, únicamente respecto a ese acto reclamado a dicha autoridad, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por JORGE ARTURO VILLEGAS OSORIO, en contra de los actos que reclamó del Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, Fiscalía General del Estado de Yucatán; y, Delegación de la Fiscalía General de la República, todos con sede en esta ciudad, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando cuarto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. TERCERO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de treinta de agosto del año en curso, se dio vista a las partes con lo informado por la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, con sede en Chetumal, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho proveído se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se efectuó personalmente al quejoso José Ignacio Almazán Arteaga, el día treinta y uno de agosto pasado; sin que hubiese hecho manifestación al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que fue otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia firmada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en su primer punto, se sobreseyó en el presente asunto, y en su segundo punto, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó al Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, con sede en Chetumal, para el efecto siguiente: "de que la autoridad responsable: a) Deje insubsistente la calificación registral negativa de nueve de octubre de dos mil dieciocho, y en su lugar, siguiendo los lineamientos contenidos en la presente ejecutoria, emita otra en la que prescinda de tomar en cuenta la opinión técnica de gabinete de cinco de octubre de dos mil dieciséis de la Dirección General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional; ello, pues para la calificación y registro del contrato de enajenación de derechos parcelarios es innecesario contar con dictamen u opinión técnica que establezca si la parcela 386 Z-1 P-3 está asentada o no sobre bosques o selvas; b) Hecho lo anterior, resuelva lo que corresponda." Posteriormente, en auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por ejecutoriada la sentencia que amparó y protegió a la parte quejosa, y se requirió a la autoridad responsable Registrador Integral del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, con sede en Chetumal, el cumplimiento de la misma. Seguidos los trámites de ejecución de sentencia, mediante oficio DRAN.Q.ROO/150/2022, el encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo informó que por oficio SR/85/2022, de veinte de enero de dos mil veintidós, emitió un acuerdo de prevención derivado de la solicitud de trámite número 23180006228 a fin de que la autoridad responsable se encontrara en aptitud de emitir la nueva calificación registral, en los términos establecidos en la sentencia ejecutoria de mérito. Luego, por oficio DRAN.Q.ROO/903/2022, la encargada de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo comunicó que el día ocho de abril del año en curso notificó el citado acuerdo de prevención al aquí quejoso mediante correo certificado registrado con el número de guía MC469624372MX. Por lo que, mediante oficio DRAN.Q.ROO/1489/2022, la Registradora responsable informó y acreditó que el día seis de junio de dos mil veintidós emitió calificación negativa en relación a la solicitud de trámite número 23180006228. Luego si bien, de los diversos oficios y constancias remitidas por las autoridades responsables se desprende que la Registradora Integral del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo emitió la calificación relativa tomando en consideración directrices distintas a las señaladas en la sentencia dictada en este asunto; lo cierto es, que dicha calificación fue emitida con motivo de la falta de cumplimiento a la prevención efectuada al aquí quejoso. Empero, el diecisiete de junio pasado, se tuvo por no cumplida la ejecutoria, atendiendo a que los efectos de la concesión otorgada al quejoso, consisten en dejar insubsistente la calificación registral negativa de nueve de octubre de dos mil dieciocho, y en su lugar, se emitiera otra resolución en la que prescindiera de tomar en cuenta la opinión técnica de gabinete de cinco de octubre de dos mil dieciséis, y hecho ello, resolviera lo que corresponda; esto es, de ninguna manera se le instruyó recabara documentación adicional para emitir su pronunciamiento. Por lo que nuevamente, se requirió a la responsable el debido cumplimento a la ejecutoria de amparo. Derivado de ello, mediante oficio DRAN.Q.ROO/1741/2022, de doce de julio de pasado, la encargada del despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Quintana Roo, informó que en esa propia fecha, emitió una nueva calificación registral al quejoso, en la que denegó el servicio registral instado, debido que la documentación integrada en la solicitud no reúne los requisitos de forma y fondo, puesto quien fue el enajenante del inmueble no cuenta con un derecho vigente sobre la parcela 386 Z1 P3 materia de la litis, ya que el certificado parcelario número 1004597 que ampara dicha parcela, se encuentra actualmente cancelado derivado de la inscripción de contrato de enajenación de derechos parcelarios celebrado entre Jorge Enrique Pérez Ruiz y Antonino Almazán Arteaga, con fecha de inscripción de once de agosto de dos mil veintiuno. Ante ello, resulta necesario recalcar, que los efectos de la concesión otorgada al quejoso, consisten en dejar insubsistente la calificación registral negativa de nueve de octubre de dos mil dieciocho, y en su lugar, se emitiera otra resolución en la que prescindiera de tomar en cuenta la opinión técnica de gabinete de cinco de octubre de dos mil dieciséis, y hecho ello, resolviera lo que corresponda. Esto es, debe resolver con la documentación que obraba en el expediente en el momento en el que el impetrante realizó su solicitud. Finalmente, seguidos los trámites de cumplimiento a la ejecutoria de mérito, mediante oficio DRAN.Q.ROO/2081/2022 el Registrador Integral adscrito a la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal, informó y acreditó que mediante acta administrativa de dieciséis de agosto pasado, dejó insubsistente la calificación negativa de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho recaída a la solicitud de enajenación de derecho parcelario número 23189996228 correspondiente a la parcela 386 del Ejido Isla Holbox en el Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, y mediante resolución de veintinueve de agosto de dos mil veintidós, emitió una nueva determinación, en sentido negativo, en relación a dicha solicitud. Ante ello, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77, de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. Con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez que en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vistos estos autos, se agrega el oficio firmado por los Magistrados del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios de Yucatán, residentes en esta ciudad, así como su anexo; que remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada. Del oficio de mérito se advierte que el treinta y uno de agosto de este año, el Tribunal responsable dictó un acuerdo en el expediente laboral de origen, en el cual, concedió a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, el término de diez días hábiles, para que acredite la solicitud que realizó ante el Congreso de esta entidad, para la obtención de un préstamo con el fin de dar cumplimiento al pago del laudo condenatorio; y, en su caso, la respuesta que haya obtenido. Al respecto, se requiere al Tribunal responsable para que una vez transcurrido el plazo que otorgó a la Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Seyé, Yucatán, para atender lo anterior, comunique el cumplimiento que se dé a dicho requerimiento; en el entendido que, de efectuarse con anterioridad al fenecimiento del plazo señalado, lo deberá informar a este Juzgado Federal para acordar lo conducente. Apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por el equivalente al valor de cien unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos, con cero centavos, moneda nacional); y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

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