Jorge Armin Villanueva Canul
Expediente 1864/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1864/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jorge Armin Villanueva Canul
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostenta apoderado de ********************, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como facultad exclusiva del juzgador federal, reclama esencialmente lo siguiente: La suspensión innecesaria de la audiencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, así como el hecho de que la responsable no declaró desierta la prueba de ratificación a cargo de ********************, de la documental ofrecida con el número III, incisos g) y m), relativo al dictamen de diez de febrero de dos mil dieciséis y el dictamen de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral ********************; y el no acordar las medidas efectivas para hacer comparecer a ******************** al desahogo de dicha probanza. Al efecto, fórmese expediente, regístrese con el número 1864/2023-VII-B y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD En términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, se reconoce a ********************, su carácter de apoderado del nombrado quejoso, el cual acredita con las copias de las audiencias con firmas autógrafas del juicio laboral de origen que acompaña a su escrito de demanda. DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA Ahora bien, antes de entrar al estudio de la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, es pertinente hacer notar lo que establece el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme al precepto transcrito, este juzgador se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En ese entendido, este juzgador advierte que respecto de los actos que se hacen consistir en la suspensión innecesaria de la audiencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, así como el hecho de que la responsable no declaró desierta la prueba de ratificación a cargo de ********************, de la documental ofrecida con el número III, incisos g) y m), relativo al dictamen de diez de febrero de dos mil dieciséis y el dictamen de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral ********************, se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que está previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley, en concatenación con el diverso 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la ley y el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado a contrario sensu, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 107. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los casos siguientes: . b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y .". De dichos dispositivos legales se advierte que el juicio de amparo en la vía indirecta procede contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando se trata de actos en juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, entendida como la afectación material a derechos sustantivos. Los derechos sustantivos tutelados en la Constitución son los que se otorgan o reconocen por las leyes para su ejercicio en la vida diaria, generalmente en las leyes sustantivas, como por ejemplo, la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas expresiones, la propiedad, la posesión, etcétera. En contraposición están los derechos procesales, que son aquellos que las personas adquieren al participar de un juicio y, por tanto, sus efectos se agotan generalmente dentro del proceso, por lo que se les denomina intraprocesales, pues su finalidad es la obtención de una sentencia de fondo, que es el acto final y más importante del procedimiento. Empero, excepcionalmente llegan a producir efectos fuera del proceso o efectos extraprocesales y afectar derechos sustantivos de las partes o de terceros, como podría ser un arresto que afecte inmediatamente a la libertad de las personas, la imposición de una multa que merma el patrimonio, el arraigo que afecta la libertad de tránsito. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia I.8o.C. J/2 (10a.), del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época. Registro 2013976. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo IV. Página: 2416, que establece: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". Además, con base en las referidas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Por ende, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que antes establecía la tesis LVII/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, Materia Común, Novena Época, del rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Además, abona a lo hasta aquí razonado, por su sentido, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que se comparte, apreciable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de dos mil catorce, Tomo III, página 1539, que lleva por rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Ahora bien, como se adelantó, en el presente asunto se reclama, entre otros, la suspensión innecesaria de la audiencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, así como el hecho de que la responsable no declaró desierta la prueba de ratificación a cargo de ********************, de la documental ofrecida con el número III, incisos g) y m), relativo al dictamen de diez de febrero de dos mil dieciséis y el dictamen de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral ********************. En tal virtud, el acto reclamado no es de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente alguno de los derechos fundamentales tutelados por la Constitución o por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, máxime que en la audiencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, la autoridad laboral responsable señaló el catorce de diciembre de este propio año como nueva fecha para el perfeccionamiento de dicha probanza. Sino que únicamente tienen efectos intraprocesales, los cuales pueden desaparecer si el laudo en el procedimiento de origen le resulta favorable al quejoso. Por lo tanto, lo anterior será, en su caso, hasta el pronunciamiento del laudo cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión de la Junta y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. Resulta aplicable a esta determinación por las razones que la sustentan, la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, tomo 56, agosto de 1992, Octava época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También es aplicable por analogía, la jurisprudencia 1086, publicada en la página 751 del Tomo VI, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1995, que establece: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías". Asimismo, es aplicable por sus consideraciones la jurisprudencia emitida por la entonces Tercera Sala, publicada en la página 996 del Tomo II, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación octava época y del apéndice 2011 que establece: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia legue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." En el caso no se está ante un supuesto de imposible reparación, ya que el desahogo de pruebas en forma contraria a la ley, sólo tiene efectos de carácter procesal sin que afecte de manera directa e inmediata los derechos sustantivos de la solicitante del amparo. Máxime que no se está en el caso de una prueba que haría procedente el juicio de amparo, como la que se cita a continuación a manera ilustrativa. Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 170645 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 71/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 212 Tipo: Jurisprudencia "PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN MATERIA LABORAL. LA CONDICIÓN DE QUE EL TRABAJADOR SE TRASLADE A UN LUGAR DIVERSO AL EN QUE RESIDE PARA SU DESAHOGO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE HACE PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO Y, POR LO MISMO, NO PUEDE CONSIDERARSE ANÁLOGA A LAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 159 DE LA LEY DE AMPARO, LO QUE IMPOSIBILITA IMPUGNARLA EN LA VÍA DIRECTA. Si bien es cierto que la regla general establecida en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo determina que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido o cuando no se reciban conforme a la ley, debiendo ser en el amparo directo, que contra el laudo correspondiente se interponga, cuando deba hacerse valer tal violación, también lo es que esta regla encuentra una excepción en la fracción IV del artículo 114 de la propia ley, la cual prevé la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ésta la afectación a derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no serán susceptibles de reparación aun cuando se dicte un laudo favorable al quejoso. Ahora bien, tratándose de un proceso laboral en el que están en juego intereses de la clase obrera y en el que deben seguirse ciertos principios como el de suplencia de la queja, economía, sencillez y no existencia de costas judiciales, la circunstancia de que la Junta responsable señale como lugar de desahogo de la prueba pericial en medicina del trabajo un lugar diverso al del domicilio del demandante y una fecha lejana implica, por un lado, erogación patrimonial que trasciende a los derechos sustantivos de éste, en tanto condiciona el desahogo de la referida probanza a la capacidad económica que el obrero tenga para trasladarse al lugar indicado; además, aunque tuviera la capacidad para hacerlo, sería un gasto que no podría recuperar aunque el laudo le fuera favorable y, por otro, debe tomarse en consideración que un plazo prolongado para el desahogo de la prueba pericial médica podría resultar perjudicial para la salud del trabajador. De lo anterior se concluye que tales actos deben considerarse como de imposible reparación y, por tanto, en su contra procede el amparo indirecto, sin que dicha violación procesal pueda considerarse como un caso análogo a los que ejemplificativamente menciona el indicado artículo 159, pues se afecta un derecho sustantivo, lo cual excluye la posibilidad de impugnarla en el juicio de garantías en la vía directa como una violación procesal que solamente afecta derechos adjetivos". En ese sentido, al haberse actualizado la invocada causal de improcedencia, la cual es manifiesta e indudable, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, en su carácter de apoderado de ********************, respecto de los actos que se hacen consistir en la suspensión innecesaria de la audiencia de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, así como el hecho de que la responsable no declaró desierta la prueba de ratificación a cargo de ********************, de la documental ofrecida con el número III, incisos g) y m), relativo al dictamen de diez de febrero de dos mil dieciséis y el dictamen de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral ********************, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene sustento en la siguiente jurisprudencia: "Localización: Jurisprudencia: I.1o.A. J/4 Novena Época Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Tomo: VII del mes de mayo de 1998 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo por lo que atañe al acto que se hace consistir en no acordar las medidas efectivas para hacer comparecer a ********************, al desahogo de la prueba de ratificación a su cargo de la documental ofrecida con el número III, incisos g) y m), relativo al dictamen de diez de febrero de dos mil dieciséis y el dictamen de veintisiete de junio de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral ********************. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza del acto reclamado amerita su tramitación oficiosa, conforme al numeral 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con diecisiete minutos del veinte de diciembre de dos mil veintitrés, en la cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sólo podrá alegar verbalmente la parte quejosa cuando se trate de actos de los previstos en el citado numeral de la referida legislación. Sin menoscabo, que de considerarlo necesario, las partes podrán hacer valer sus alegatos por escrito o de manera electrónica. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes a aquel en que reciban el oficio en que se le solicita, en el que expresarán las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la citada ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la materia, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional). Mandamiento que deberá cumplir: a) De ser CIERTO el acto.- A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) Únicamente de ser NEGATIVO el acto.- Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de copia simple de la demanda de amparo y autorizada del presente acuerdo. TERCERO INTERESADO Por otro lado, toda vez que de conformidad con el artículo 5°, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercero interesado a los Servicios de Salud Yucatán; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la citada ley de la materia, con transcripción del presente proveído, hágase de su conocimiento la existencia de este asunto, por medio de oficio que al efecto se le gire, debiendo anexarle copia simple de la demanda, a fin de que pueda apersonarse a este juicio si así conviniere a sus intereses. Exhortando a la parte tercero interesada a continuar el presente juicio, a través del esquema de "juicio en línea", en la forma y condiciones que se señalan en el presente acuerdo, a fin de poder continuar en todo momento con la tramitación del mismo. Asimismo, se instruye al actuario de la adscripción, que en la misiva correspondiente, asiente que se adjunta el anexo descrito. CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, equivalente a $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos, con veinte centavos, moneda nacional). OFRECIMIENTO DE PRUEBAS Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales exhibidas, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto; de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional relativa, en su caso. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal fin en su demanda; y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ******************** y ********************. EXHORTACIÓN A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. DETERMINACIÓN DE ESTE JUZGADO EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY Por otra parte, no habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsable y tercero interesada para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, las fecha y horas acordadas nuevamente para tal efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm. Con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. SOLICITUD DE COPIAS Por otra parte, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. DISPOSICIÓN RESPECTO A LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que solo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese, personalmente a la agente del Ministerio Público Federal adscrita y cúmplase.
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