Jorge Arturo Casados Cuervo

Expediente 95/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
95/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
28/06/2021

Partes del expediente

  • Jorge Arturo Casados Cuervo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ."Vista la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este juzgado, en la que hace constar los motivos por los cuales no pudo notificar al quejoso Jorge Arturo Casados Cuervo, el acuerdo de veinticuatro de junio del año en curso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquesele el presente proveído por medio de lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. -------------------EN VEIN TINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEIN TIUNO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO EN LA FORMA QUE SE INDICA Y EL DE VEINTICUATRO DEL MISMO MES Y AÑO DE LA FORMA SIGUIENTE:----------------------."Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra de la sentencia firmada el veintiocho de mayo del presente año, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; sin que hasta estos momentos lo hicieran valer las partes. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Devolución de constancias. Devuélvanse al Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, las constancias que remitió, Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese al presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la quejosa.

  2. Principal

    ."Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra de la sentencia firmada el veintiocho de mayo del presente año, por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; sin que hasta estos momentos lo hicieran valer las partes. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria; hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Devolución de constancias. Devuélvanse al Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, las constancias que remitió, Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese al presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    ."Vista la razón asentada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, en la que hace constar los motivos por los cuales no pudo notificar al quejoso Jorge Arturo Casados Cuervo la sentencia firmada el veintiocho de mayo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, notifíquesele la sentencia de mérito, este proveído y los autos subsecuentes que se dicten en forma personal, por medio de lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, hasta en tanto se señale nuevo domicilio para tal efecto. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.-----En siete de junio de dos mil veintiuno, notifico por medio de lista al quejoso Jorge Arturo Casados Cuervo el presente auto de la forma en que en que aparece con antelación y la sentencia definitiva de veintiocho de mayo del año en curso, esta de la forma siguiente:-------."ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA Previo al estudio del fondo, por ser una cuestión de orden público y de carácter preferente, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que de oficio se adviertan. La secretaria de acuerdos no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Este órgano jurisdiccional estima que en relación con el acto reclamado a la secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, aplicados en sentido inverso, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que lo asiste el carácter de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo. D conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley. Por su parte, el artículo 1 de la Ley de Amparo, fracción I, estatuye que el juicio constitucional tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, el artículo 5 del ordenamiento legal invocado, establece que tendrá el carácter autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En suma, el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona física, jurídico colectiva, e incluso oficial, por sí o en representación de persona diversa, contra leyes, actos u omisiones de autoridad, ante la posible transgresión de sus derechos fundamentales, estatuidos en la Constitución General, o tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución en el goce de sus derechos fundamentales, atendiendo para su procedencia a los artículos 103 y 107 constitucionales, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia. ."De lo anterior, se colige que el ente de quien se reclamen actos presumiblemente violatorios de derechos humanos, debe ser un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación regidas por el derecho público y que afecten el ámbito jurídico del gobernado, lo que en el caso no ocurre. En ese orden, de acuerdo con la doctrina, las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y obligatoriedad; por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Ahora, el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece que los secretarios de acuerdos tiene como obligaciones: formular los proyectos de acuerdo, realizar emplazamientos y notificaciones cuando lo ordene el órgano jurisdiccional; dar cuenta diariamente al órgano jurisdiccional bajo su responsabilidad y dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación ante la oficialía de partes del Tribunal, con todos los escritos y promociones, en los negocios de la competencia de aquellos, así como de los oficios y demás documentos que se reciban en él; autorizar y dar fe de los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o dicten por el órgano jurisdiccional; asentar en los expedientes las certificaciones que procedan conforme a la ley o que el órgano jurisdiccional ordene; asistir a las diligencias de pruebas que debe recibir el órgano jurisdiccional de acuerdo con las leyes aplicables; así como expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto judicial, entre otras. Como se aprecia de lo anterior, las obligaciones a cargo del secretario de acuerdos de un juzgado no revisten el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que no tiene facultades para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En consecuencia, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del numeral 1 y fracción II del artículo 5, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido inverso, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo contra el acto reclamado a la secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México. ."Falta de interés jurídico En diverso aspecto, este órgano federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional, dado que no demuestra la existencia de un derecho sustantivo. ."Así, la causal de improcedencia en estudio se traduce en la falta de interés jurídico que pesa sobre la parte solicitante de la protección constitucional, en relación con el acto que reclama; interés que se hace consistir en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar en vía de amparo cualquier acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio. Esto es, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, al ocasionar un perjuicio a su titular. De esa manera, se requiere de una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses jurídicamente tutelados del peticionario, para que válidamente pueda acudir al juicio de amparo. Por tanto, para que la autoridad federal esté en aptitud de advertir que un acto reclamado en amparo causa perjuicio a una persona (quejoso) ésta debe acreditar la titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y la afectación, agravio o perjuicio que le causa el acto de autoridad, la cual debe estar plenamente acreditada y no inferirse con base en presunciones. En este sentido, para que el quejoso acredite el interés jurídico que le asiste para promover el presente juicio de amparo, debe acreditar: El carácter de tercero extraño al juicio, es decir, que no es parte en el juicio de donde derivan los actos reclamados. La existencia de un derecho subjetivo en su favor; y, La afectación de ese derecho por parte de la autoridad. En la especie, el elemento número 1 se colma, dado que de las constancias que obran en la controversia de arrendamiento inmobiliario 349/2020, se advierte que Carlos Eduardo Soto Treviño demandó a Jorge Arturo Cuervo Casados, en tanto que quien acude a esta instancia constitucional es ********************. Aunado a ello, el impetrante exhibió copia certificada de la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de ********************; documental que valorada en términos de los artículos 129, 130 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta suficiente para acreditar que el quejoso tiene un nombre distinto al de quien ostenta la calidad de demandado en el juicio de origen. En este punto, es dable precisar que el artículo 135 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que para solicitar la credencial para votar, el ciudadano se deberá identificar con su acta de nacimiento, además de los documentos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, esto es: Documento de identidad. Copia certificada del acta de nacimiento o del documento análogo expedido de conformidad con la normatividad de las diferentes entidades federativas en materia del Registro Civil o por los consulados o embajadas de México; o bien, documento que acredite la nacionalidad mexicana por naturalización. Identificación con fotografía. Los ciudadanos deberán identificarse con alguna de sus huellas dactilares o mediante la identificación por su fotografía, a saber: cartilla, pasaporte, cédula profesional, licencia, credenciales de identificación laboral, entre otros. Comprobante de domicilio. Recibo de pago de impuestos, de servicios privados o estados de cuenta. De lo anterior, se desprende que la credencial para votar, además de cumplir con esta función, también es útil para acreditar la identidad del elector. En este sentido, si en el juicio natural el enjuiciado es Jorge Arturo Cuervo Casados, en tanto que el quejoso es ********************, como se advierte de la documental en comento, es evidente que éste no participa en la relación jurídico-procesal. Sin embargo, no se acredita el elemento marcado con el número 2, debido a que el peticionario no acredita la existencia de un derecho sustantivo. En efecto, de la demanda de amparo se observa que el quejoso sustenta su interés, en esencia, en que se encuentra en imposibilidad jurídica de formular una defensa adecuada, pues desconoce si efectivamente él es el demandado, en virtud de que el auto de catorce de agosto de dos mil veinte contiene una orden de emplazamiento y requerimiento, así como una prevención de embargo de bienes, dirigida a Jorge Arturo Cuervo Casados; la cual fue notificada a una empleada del inmueble en el que se practicó la diligencia, quien al conocer al impetrante y percatarse de que ese nombre es similar en grado de confusión al de él (********************) le hizo llegar la cédula respectiva. Lo anterior, revela que el promovente defiende una prerrogativa de carácter adjetivo (cuya finalidad es que las partes tomen la posición que les corresponde y estimen conveniente durante ese procedimiento, ya sea contestando escritos, desahogando vistas, aportando pruebas o recurriendo las resoluciones que afecten sus intereses) puesto que a su decir Blanca Jazmín Viques Ruiz le entregó la notificación del auto de catorce de agosto de dos mil veinte, porque lo conoce y el nombre de la persona a quien va dirigida la cédula es similar en grado de confusión al de él, lo cual lo coloca en estado de indefensión al desconocer si es el destinatario del emplazamiento y requerimiento. En este sentido, si no defiende un derecho sustantivo (propiedades, posesiones, derecho a la vida, a la libertad, entre otros), es inconcuso que tampoco cumple con el supuesto número 3, puesto que los actos que reclama no le irrogan perjuicio de ninguna especie; máxime que de la diligencia no se advierte que se hubiere trabado embargo sobre algún bien propiedad del quejoso ********************. IX. DECISIÓN En mérito de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado ." se resuelve: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra el acto de la secretaria de acuerdos "A" adscrita al Juzgado Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, por las razones apuntadas en el apartado 1, del último considerando de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México y actuario de su adscripción, por las razones apuntadas en el apartado 2, del último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a las partes.

  4. Principal

    ."ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA Previo al estudio del fondo, por ser una cuestión de orden público y de carácter preferente, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, las que de oficio se adviertan. La secretaria de acuerdos no es autoridad para efectos del juicio de amparo. Este órgano jurisdiccional estima que en relación con el acto reclamado a la secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, aplicados en sentido inverso, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que lo asiste el carácter de autoridad responsable para efecto del juicio de amparo. D conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley. Por su parte, el artículo 1 de la Ley de Amparo, fracción I, estatuye que el juicio constitucional tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, el artículo 5 del ordenamiento legal invocado, establece que tendrá el carácter autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En suma, el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional, que se inicia mediante la acción de una persona física, jurídico colectiva, e incluso oficial, por sí o en representación de persona diversa, contra leyes, actos u omisiones de autoridad, ante la posible transgresión de sus derechos fundamentales, estatuidos en la Constitución General, o tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución en el goce de sus derechos fundamentales, atendiendo para su procedencia a los artículos 103 y 107 constitucionales, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia. ."De lo anterior, se colige que el ente de quien se reclamen actos presumiblemente violatorios de derechos humanos, debe ser un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra a subordinación regidas por el derecho público y que afecten el ámbito jurídico del gobernado, lo que en el caso no ocurre. En ese orden, de acuerdo con la doctrina, las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y obligatoriedad; por esto, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional. Ahora, el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece que los secretarios de acuerdos tiene como obligaciones: formular los proyectos de acuerdo, realizar emplazamientos y notificaciones cuando lo ordene el órgano jurisdiccional; dar cuenta diariamente al órgano jurisdiccional bajo su responsabilidad y dentro de las veinticuatro horas siguientes a su presentación ante la oficialía de partes del Tribunal, con todos los escritos y promociones, en los negocios de la competencia de aquellos, así como de los oficios y demás documentos que se reciban en él; autorizar y dar fe de los despachos, exhortos, actas, diligencias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan, asienten, practiquen o dicten por el órgano jurisdiccional; asentar en los expedientes las certificaciones que procedan conforme a la ley o que el órgano jurisdiccional ordene; asistir a las diligencias de pruebas que debe recibir el órgano jurisdiccional de acuerdo con las leyes aplicables; así como expedir las copias autorizadas que la ley determine o deban darse a las partes en virtud de decreto judicial, entre otras. Como se aprecia de lo anterior, las obligaciones a cargo del secretario de acuerdos de un juzgado no revisten el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que no tiene facultades para dictar, ordenar, ejecutar o tratar de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En consecuencia, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I, del numeral 1 y fracción II del artículo 5, de la Ley de Amparo, aplicados en sentido inverso, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo contra el acto reclamado a la secretaria de acuerdos adscrita al Juzgado Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México. ."Falta de interés jurídico En diverso aspecto, este órgano federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso carece de interés jurídico para promover el presente juicio constitucional, dado que no demuestra la existencia de un derecho sustantivo. ."Así, la causal de improcedencia en estudio se traduce en la falta de interés jurídico que pesa sobre la parte solicitante de la protección constitucional, en relación con el acto que reclama; interés que se hace consistir en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar en vía de amparo cualquier acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio. Esto es, se trata de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por determinado acto de autoridad, al ocasionar un perjuicio a su titular. De esa manera, se requiere de una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses jurídicamente tutelados del peticionario, para que válidamente pueda acudir al juicio de amparo. Por tanto, para que la autoridad federal esté en aptitud de advertir que un acto reclamado en amparo causa perjuicio a una persona (quejoso) ésta debe acreditar la titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y la afectación, agravio o perjuicio que le causa el acto de autoridad, la cual debe estar plenamente acreditada y no inferirse con base en presunciones. En este sentido, para que el quejoso acredite el interés jurídico que le asiste para promover el presente juicio de amparo, debe acreditar: El carácter de tercero extraño al juicio, es decir, que no es parte en el juicio de donde derivan los actos reclamados. La existencia de un derecho subjetivo en su favor; y, La afectación de ese derecho por parte de la autoridad. En la especie, el elemento número 1 se colma, dado que de las constancias que obran en la controversia de arrendamiento inmobiliario 349/2020, se advierte que Carlos Eduardo Soto Treviño demandó a Jorge Arturo Cuervo Casados, en tanto que quien acude a esta instancia constitucional es ********************. Aunado a ello, el impetrante exhibió copia certificada de la credencial para votar, expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre de ********************; documental que valorada en términos de los artículos 129, 130 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta suficiente para acreditar que el quejoso tiene un nombre distinto al de quien ostenta la calidad de demandado en el juicio de origen. En este punto, es dable precisar que el artículo 135 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que para solicitar la credencial para votar, el ciudadano se deberá identificar con su acta de nacimiento, además de los documentos que determine la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores, esto es: Documento de identidad. Copia certificada del acta de nacimiento o del documento análogo expedido de conformidad con la normatividad de las diferentes entidades federativas en materia del Registro Civil o por los consulados o embajadas de México; o bien, documento que acredite la nacionalidad mexicana por naturalización. Identificación con fotografía. Los ciudadanos deberán identificarse con alguna de sus huellas dactilares o mediante la identificación por su fotografía, a saber: cartilla, pasaporte, cédula profesional, licencia, credenciales de identificación laboral, entre otros. Comprobante de domicilio. Recibo de pago de impuestos, de servicios privados o estados de cuenta. De lo anterior, se desprende que la credencial para votar, además de cumplir con esta función, también es útil para acreditar la identidad del elector. En este sentido, si en el juicio natural el enjuiciado es Jorge Arturo Cuervo Casados, en tanto que el quejoso es ********************, como se advierte de la documental en comento, es evidente que éste no participa en la relación jurídico-procesal. Sin embargo, no se acredita el elemento marcado con el número 2, debido a que el peticionario no acredita la existencia de un derecho sustantivo. En efecto, de la demanda de amparo se observa que el quejoso sustenta su interés, en esencia, en que se encuentra en imposibilidad jurídica de formular una defensa adecuada, pues desconoce si efectivamente él es el demandado, en virtud de que el auto de catorce de agosto de dos mil veinte contiene una orden de emplazamiento y requerimiento, así como una prevención de embargo de bienes, dirigida a Jorge Arturo Cuervo Casados; la cual fue notificada a una empleada del inmueble en el que se practicó la diligencia, quien al conocer al impetrante y percatarse de que ese nombre es similar en grado de confusión al de él (********************) le hizo llegar la cédula respectiva. Lo anterior, revela que el promovente defiende una prerrogativa de carácter adjetivo (cuya finalidad es que las partes tomen la posición que les corresponde y estimen conveniente durante ese procedimiento, ya sea contestando escritos, desahogando vistas, aportando pruebas o recurriendo las resoluciones que afecten sus intereses) puesto que a su decir Blanca Jazmín Viques Ruiz le entregó la notificación del auto de catorce de agosto de dos mil veinte, porque lo conoce y el nombre de la persona a quien va dirigida la cédula es similar en grado de confusión al de él, lo cual lo coloca en estado de indefensión al desconocer si es el destinatario del emplazamiento y requerimiento. En este sentido, si no defiende un derecho sustantivo (propiedades, posesiones, derecho a la vida, a la libertad, entre otros), es inconcuso que tampoco cumple con el supuesto número 3, puesto que los actos que reclama no le irrogan perjuicio de ninguna especie; máxime que de la diligencia no se advierte que se hubiere trabado embargo sobre algún bien propiedad del quejoso ********************. IX. DECISIÓN En mérito de lo anterior, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto, fundado ." se resuelve: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra el acto de la secretaria de acuerdos "A" adscrita al Juzgado Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México, por las razones apuntadas en el apartado 1, del último considerando de esta ejecutoria. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Juez Sexagésimo Tercero Civil de la Ciudad de México y actuario de su adscripción, por las razones apuntadas en el apartado 2, del último considerando de esta ejecutoria. Notifíquese en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a las partes.

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