Jorge Arturo Casados Cuervo
Expediente 21/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Jorge Arturo Casados Cuervo
Actuaciones
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que el artículo único del acuerdo general 01/2021 modificó el periodo de vigencia del diverso 21/2020; numeral en el cual, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que del tres de agosto de dos mil veinte al treinta de junio de dos mil veintiuno, la actividad jurisdiccional se sujetará a las reglas establecidas en el último acuerdo citado. Del mismo modo, de la segunda certificación de cuenta, se advierte que en términos de los puntos 1, 2 y 3 de las circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021 y la fracción II punto 13 de la diversa SECNO/10/2021 emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que respecto de las demandas presentadas físicamente, sólo se dio trámite a los asuntos considerados como urgentes, así como a aquellos bajo la modalidad de juicio en línea y, fuera de los mencionados supuestos, no corrieron plazos ni términos procesales; por lo que a partir del dieciocho de febrero de esta anualidad se reanudaron los plazos y términos procesales, tal como lo establece el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por consiguiente, Vista la tercera y cuarta certificación secretarial, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de veintiuno de enero de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; sin que se hiciera valer, en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado. Orden de archivo. De conformidad con el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación; se hace constar, que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo concluyó, en tanto que se desechó de plano la demanda de amparo; además, no es de relevancia documental. Devolución de documentos. Finalmente, se hace constar que en el presente asunto, no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Vista la primera certificación de cuenta, se advierte que en términos de los puntos 1, 2 y 3 de las circulares SECNO/29/2020, SECNO/1/2021 y SECNO/4/2021, emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, durante el periodo comprendido del cinco de diciembre de dos mil veinte al veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se regresa al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que respecto de las demandas presentadas físicamente, sólo se dará trámite a los asuntos considerados como urgentes, así como a aquellos bajo la modalidad de juicio en línea; y fuera de los mencionados supuestos, no correrán plazos ni términos procesales. Asimismo, de conformidad con la segunda certificación secretarial, son considerados como urgentes los juicios de amparo que se promuevan en contra de medidas cautelares, precautorias, o de protección en casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres en general, contra determinaciones sobre pensiones alimenticias corrientes; y aquellos relacionados con actos que afecten el interés superior del menor y que se estimen trascendentes para el ejercicio de sus derechos en el contexto de la contingencia. En el caso, la demanda fue presentada de manera electrónica, contra el auto de catorce de agosto de dos mil veinte, dictado por el Juez Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, en la controversia de arrendamiento 349/2020, mediante el cual, admite la demanda que dio origen al sumario natural, ordena el emplazamiento del demandado, así como el embargo de bienes para garantizar las prestaciones reclamadas. Asimismo, se reclama la notificación de dicho proveído. Por tanto, es evidente que el asunto encuadra en las hipótesis de urgencia referidas. En consecuencia... el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En el caso, se estima que se actualiza en modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista por los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo carece de firma electrónica del quejoso para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Ciertamente, el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo, en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 61; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 6° de la Ley de Amparo dispone, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción primera del artículo 5° de la Ley de amparo, y que esto podrá hacerse por si, por conducto de su representante legal. Como se aprecia del criterio trascrito, cuando se presente una demanda de amparo en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, firmada electrónicamente con la firma electrónica certificada del poder judicial de la federación "FIREL", de la persona que la parte quejosa señala como su autorizado en el escrito de demanda; el juez de distrito está facultado para desecharla de plano al no apreciarse la voluntad de quien aparece como promovente. Lo anterior, porque la implementación del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y la utilización de la firma electrónica, no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" contenido en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6°, de la Ley de Amparo; puesto que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, a efecto de otorgar validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales como el correo electrónico y la firma electrónica, con los mismos efectos jurídicos que los comunicados oficiales y las firmas autógrafas. Sobre esa base, la falta de firma electrónica de la parte quejosa no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir a la misma para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. En el caso en estudio, se advierte que la demanda de amparo que dio origen a este juicio se presentó a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) de José Humberto Martínez de Castro Rebollo, autorizado por el quejoso. Por tanto, se considera que el promovente del amparo no incorporó manifestación de voluntad en el ejercicio de un derecho y debe estimarse que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad del directamente interesado en la promoción del juicio de amparo. Efectivamente, al carecer el escrito inicial de amparo de la voluntad de su ocursante para promover la instancia constitucional, se contraviene lo dispuesto en el referido artículo 6° de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional por ser la firma electrónica una formalidad esencial de cualquier acto jurídico y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa. Por tanto, lo expuesto permite concluir que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la falta de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso, implica que no ha expresado su voluntad de realizar dicho acto y, por ende, de la acción constitucional. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el precepto 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda que se analiza. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Julio Verne, número cincuenta y seis, piso siete, Polanco segunda sección, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Por otra parte, téngase por autorizado de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, a José Humberto Martínez de Castro Rebollo, en virtud de que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación de cuenta. Asimismo, ténganse por autorizado para oír y recibir notificaciones, documentos y valores a Diego Martínez de Castro Rivera. Autorización para obtener imágenes. Hágase de su conocimiento, que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los autos a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Se autoriza al actuario adscrito a firmar los oficios que genere el presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso, para lo cual la diligencia respectiva deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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