Jorge Armando Valle Portillo
Expediente 539/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Armando Valle Portillo
Actuaciones
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por la enfermedad COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de diez de junio de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida por Jorge Armando Valle Portillo, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número I-A-539/2021. ACTO RECLAMADO Del estudio integral del escrito de demanda, se aprecia que el quejoso señala como autoridad responsable: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADOJuez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia (Lic. Jesús Alejandro Sosa Maya). La resolución dictada dentro de la causa penal 327/2021 en audiencia de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en la que negó la autorización para la técnica de investigación relativa a la obtención de datos bancarios del número de cuenta 0893720867 de la Institución Bancaria denominada Banco Financiero Banorte, registrada a nombre de Elizabeth Valle Portillo. DESECHAMIENTO En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a consideración del suscrito se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, este Juzgador advierte que respecto a la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado en autos de la causa penal 327/2021, del índice de la responsable, en el que la autoridad responsable negó la autorización para la técnica de investigación relativa a la obtención de datos bancarios del número de cuenta 0893720867 de la Institución Bancaria denominada Banco Financiero Banorte, registrada a nombre de Elizabeth Valle Portillo (determinación que se reclama en sede constitucional), podía obtener su modificación o nulificación, mediante la interposición del recurso de revocación, previsto por el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De manera, que previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación del acto reclamado, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. Es así, porque es indiscutible que el peticionario no cumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario en cuanto a que sólo en casos excepcionales se haga valer una vez que se agoten ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que sea quien remedie la irregularidad existente; y, sólo en el supuesto de que no fuera así, promoverlo cuando el acto reclamado afecte los derechos fundamentales del gobernado. Sin que se esté en el caso en alguno de los supuestos de excepción previstos en la aludida fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de los supuestos contemplados en esos incisos, aunado a que el quejoso es parte en la citada carpeta administrativa (victima) y ha tenido conocimiento de las actuaciones emitidas en éste, según se observa de lo transcrito por el impetrante del amparo en su libelo de demanda. En las relatadas condiciones, el quejoso se encuentra obligado a hacer uso de los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto establece para impugnar el acto ahora reclamado como en el caso lo es el recurso de revocación previsto el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante destacar que aun cuando se hubiera superado el aludido principio de definitividad, esto es, que se hubiera interpuesto y resuelto el recurso correspondiente, el juicio de amparo igualmente sería improcedente en atención a que la violación que reclama correspondería a la etapa de investigación, misma que, en caso de afectarle y no dictar el auto de vinculación a proceso, podrá hacerla valer a través de la apelación o en el juicio de amparo indirecto, por ser el cierre de la etapa inicial del proceso penal acusatorio. Robustece lo anterior la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos directos en revisión 669/2015, 5744/2014, 7225/2016, 7103/2016 y 2058/2017, que dieron origen a la jurisprudencia 74/2018 (10a.), aprobada por ese Alto Tribunal, en sesión privada de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, determinaron de acuerdo a una interpretación conforme con la Constitución del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo concluyeron que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. Ello en atención a que, sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Aclarando que este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide ?investigación, intermedia y juicio? cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Asimismo, consideraron que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. De ahí, atento a las consideraciones del Alto Tribunal para hacer valer en cada etapa las violaciones que se den, esta potestad federal considere que el quejoso debe esperar hasta la última determinación que se dicte en la etapa de investigación, para que válidamente pueda reclamar todas las violaciones procesales que se hubieran cometido dentro de ésta; pues de lo contrario actualizaría diversa causa de improcedencia. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenidos siguientes: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable". En mérito de lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO Se tiene a la quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS En términos de lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesales) el correo electrónico y número telefónico proporcionado por el quejoso. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos de la circular SECNO/10/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS Por otra parte, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida por Jorge Armando Valle Portillo, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número I-A-539/2021. ACTO RECLAMADO Del estudio integral del escrito de demanda, se aprecia que el quejoso señala como autoridad responsable: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTO RECLAMADOJuez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Morelia (Lic. Jesús Alejandro Sosa Maya). La resolución dictada dentro de la causa penal 327/2021 en audiencia de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, en la que negó la autorización para la técnica de investigación relativa a la obtención de datos bancarios del número de cuenta 0893720867 de la Institución Bancaria denominada Banco Financiero Banorte, registrada a nombre de Elizabeth Valle Portillo. DESECHAMIENTO En ese sentido, toda vez que el estudio de las causas de improcedencia debe hacerse de oficio, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, a consideración del suscrito se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Así también, apoya a lo anterior la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, este Juzgador advierte que respecto a la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, dictado en autos de la causa penal 327/2021, del índice de la responsable, en el que la autoridad responsable negó la autorización para la técnica de investigación relativa a la obtención de datos bancarios del número de cuenta 0893720867 de la Institución Bancaria denominada Banco Financiero Banorte, registrada a nombre de Elizabeth Valle Portillo (determinación que se reclama en sede constitucional), podía obtener su modificación o nulificación, mediante la interposición del recurso de revocación, previsto por el artículo 465, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De manera, que previo a solicitar la protección constitucional, la parte quejosa debe agotar el principio de definitividad con el fin de lograr la modificación del acto reclamado, a fin de hacer procedente el juicio constitucional. Es así, porque es indiscutible que el peticionario no cumplió con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, ya que la esencia de la precitada causal de improcedencia consiste en concebir al juicio de amparo como un medio de impugnación extraordinario en cuanto a que sólo en casos excepcionales se haga valer una vez que se agoten ante la propia autoridad responsable los recursos o medios de impugnación, para que sea quien remedie la irregularidad existente; y, sólo en el supuesto de que no fuera así, promoverlo cuando el acto reclamado afecte los derechos fundamentales del gobernado. Sin que se esté en el caso en alguno de los supuestos de excepción previstos en la aludida fracción del artículo 61 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no se trata de los supuestos contemplados en esos incisos, aunado a que el quejoso es parte en la citada carpeta administrativa (victima) y ha tenido conocimiento de las actuaciones emitidas en éste, según se observa de lo transcrito por el impetrante del amparo en su libelo de demanda. En las relatadas condiciones, el quejoso se encuentra obligado a hacer uso de los medios ordinarios de impugnación que la ley que rige el acto establece para impugnar el acto ahora reclamado como en el caso lo es el recurso de revocación previsto el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante destacar que aun cuando se hubiera superado el aludido principio de definitividad, esto es, que se hubiera interpuesto y resuelto el recurso correspondiente, el juicio de amparo igualmente sería improcedente en atención a que la violación que reclama correspondería a la etapa de investigación, misma que, en caso de afectarle y no dictar el auto de vinculación a proceso, podrá hacerla valer a través de la apelación o en el juicio de amparo indirecto, por ser el cierre de la etapa inicial del proceso penal acusatorio. Robustece lo anterior la ejecutoria emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los amparos directos en revisión 669/2015, 5744/2014, 7225/2016, 7103/2016 y 2058/2017, que dieron origen a la jurisprudencia 74/2018 (10a.), aprobada por ese Alto Tribunal, en sesión privada de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, determinaron de acuerdo a una interpretación conforme con la Constitución del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo concluyeron que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. Ello en atención a que, sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Aclarando que este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide ?investigación, intermedia y juicio? cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Asimismo, consideraron que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. De ahí, atento a las consideraciones del Alto Tribunal para hacer valer en cada etapa las violaciones que se den, esta potestad federal considere que el quejoso debe esperar hasta la última determinación que se dicte en la etapa de investigación, para que válidamente pueda reclamar todas las violaciones procesales que se hubieran cometido dentro de ésta; pues de lo contrario actualizaría diversa causa de improcedencia. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenidos siguientes: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable". En mérito de lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO Se tiene a la quejosa señalando domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones de carácter personal. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNOS En términos de lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen como "medios de comunicación alternos" (no procesales) el correo electrónico y número telefónico proporcionado por el quejoso. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos de la circular SECNO/10/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 21/2020. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. APARTADO ESPECIAL PARA ACTUARIOS Por otra parte, de conformidad con el artículo 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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