Jorge Antonio Montes de Oca Fernández
Expediente 242/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Antonio Montes de Oca Fernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se desprende que transcurrió el plazo legal para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintidós de marzo del año en curso (fojas 21 a 25), que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Antonio Montes de Oca Fernández, por conducto de su apoderado jurídico Rafael Vega Hernández, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, queda FIRME el proveído en cita. Por otro lado, como de autos se obtiene, que se trata de un asunto concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar; consecuentemente, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, encuadra en la hipótesis prevista por la fracción I de dicho precepto, pues se trata de un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo y debido a ello es susceptible de destrucción; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de documentos originales, toda vez que no se exhibieron. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo que se lleva en este juzgado. Toda vez que, del sumario se aprecia que el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del distrito judicial de Zamora, Michoacán, remitió copia certificada del expediente de donde emana el acto reclamado, con las cuales se formó un tomo de prueba; consecuentemente, en razón de que resulta innecesaria su retención, se ordena su devolución, con la atenta solicitud del acuse de su recibo, en la inteligencia de que de no hacerlo en el plazo de tres días se tendrán como recibidos a su entera satisfacción. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que mediante proveído de treinta y uno de enero de la anualidad que transcurre, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Apatzingán, Michoacán; mismo que fue notificado a las partes el uno y siete de febrero pasados (fojas 504 y 545). En consecuencia, este órgano jurisdiccional con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a resolver si el fallo protector se encuentra cumplido de acuerdo a las constancias de autos; en apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuyo rubro se inserta): "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Al respecto, se tiene que por sentencia engrosada el treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete (fojas 308 a 324), por el Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en apoyo de este Juzgado de Distrito, se concedió la protección constitucional a los quejosos Leonel Mora Chávez, Leonel Barocio Barajas, José Antonio Cabrera Bonilla, Calixto Álvarez Andrade, Guillermo Bonilla Lara, Jesús Gutiérrez Torres y José Bonilla Lara, para los efectos que se reproducen: que el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal con sede en Apatzingán, Michoacán: 1. Deje insubsistente, sólo por lo que hace a los quejosos Leonel Mora Chávez, Leonel Barocio Barajas, José Antonio Cabrera Bonilla, Calixto Álvarez Andrade, Guillermo Bonilla Lara, Jesús Gutiérrez Torres y José Bonilla Lara, la orden de aprehensión de quince de mayo de dos mil catorce emitida en la causa penal 65/2014. 2. Emita otra resolución con plenitud de jurisdicción, la cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, siempre y cuando purgue los vicios antes analizados, es decir: Valore y exprese de manera fundada y motivada la trascendencia del testimonio de María del Carmen Álvarez López (fojas 244 a 251 del anexo); Melquíades Miguel Esquivel Álvarez (fojas 254 a 256 ídem); Inocente Díaz Béjar (fojas 258 y 259 ídem); Adelina Gallegos Rangel (fojas 261 y 262 ídem); Carmen Alejandra Espinoza Rangel (fojas 265 y 266 ídem), todos de dieciocho de marzo de dos mil catorce; ampliación de declaración de Patricia Magaña Godoy (fojas 275 a 279 ídem); y ampliación del protocolo de la necrocirugía rendida mediante oficio 445-51/2014 (fojas 284 a 288 ídem), de diecinueve de esos mes y año. Exprese las razones por las cuales, en su caso, estime acreditada la probable responsabilidad de los quejosos, esto es, la forma en que de acuerdo a las pruebas de autos se demuestre la participación de cada uno de ellos en los hechos delictivos atribuidos, respecto a las lesiones inferidas a los pasivos". Lo anterior, según las consideraciones de la sentencia de amparo en la que se estableció que el mandato de captura emitido por el juzgador responsable incumplió las garantías de fundamentación y motivación consagradas en el artículo 16 constitucional, al haber omitido valorar los testimonios de María del Carmen Álvarez López, Melquíades Miguel Esquivel Álvarez, Inocente Díaz Béjar, Adelina Gallegos Rangel y Carmen Alejandra Espinoza Rangel, todos de dieciocho de marzo de dos mil catorce; ampliación de declaración de Patricia Magaña Godoy, y ampliación del protocolo de la necrocirugía rendida mediante oficio 445-51/2014, de diecinueve de esos mes y año; al momento de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados -quejosos- en la comisión del delito de homicidio calificado. Asimismo, estableció que el juzgador natural se abstuvo de señalar la forma en que los solicitantes del amparo intervinieron en los hechos atribuidos; es decir, no indicó cuáles eran los datos que de las pruebas consistentes en la denuncia por comparecencia efectuada por Miguel Ángel Torres Valencia; declaración ministerial de Alicia López Torres; José Luis Torres Valencia; Patricia Magaña Godoy; y dictamen pericial sobre levantamiento de cadáveres humanos, sirvieron para determinar el modo en que aquéllos infirieron a los fallecidos las lesiones en su corporeidad; tampoco precisó la manera de participación de cada uno en los hechos delictivos, esto es, el procedimiento en cómo ocasionaron a las víctimas tales lesiones en el tiempo y lugar donde acontecieron los sucesos delictivos. Además, omitió expresar la forma en que con las pruebas señaladas en el párrafo que antecede se acreditó la intervención de los quejosos en los eventos delictivos atribuidos; o sea, olvidó señalar los datos de esos medios de convicción que, en su caso, sirvieron para evidenciar que los inconformes participaron en tales hechos, concretamente, la manera en cómo infirieron las lesiones a los pasivos en el lugar en donde acontecieron los sucesos antijurídicos; así como en qué consistieron tales lesiones y la forma en que fueron inferidas por cada uno de los quejosos; por todo ello, resultó dogmática la conclusión del juez responsable en cuanto a la acreditación de la probable responsabilidad de los inculpados, pues no expresó las razones que sustentaran su participación en el delito atribuido. Sentencia que causó ejecutoria el veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete y en el propio acuerdo se requirió su cumplimiento (fojas 343-344). Ahora bien, en acatamiento al fallo concesivo emitido por el juzgado auxiliar, el encargado del despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Apatzingán, Michoacán, mediante oficio 2113 (foja 352), allegó copia certificada de lo siguiente: Misiva 2091 de cinco de octubre de dos mil diecisiete, por la que hizo del conocimiento del Director de Control de Procesos de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán, que en esa fecha, dejó insubsistente y sin ningún efecto la orden de aprehensión de quince de mayo de dos mil catorce, emitida en el proceso penal 65/2014, única y exclusivamente por los quejosos Leonel Mora Chávez, Leonel Barocio Barajas, José Antonio Cabrera Bonilla, Calixto Álvarez Andrade, Guillermo Bonilla Lara, Jesús Gutiérrez Torres y José Bonilla Lara. Luego, en su lugar, el diez siguiente, con plenitud de jurisdicción, emitió otra resolución en la que negó el mandato de captura solicitado por el fiscal consignador contra los peticionarios del amparo; toda vez que no se satisficieron los requisitos que al respecto establece el artículo 16 constitucional, como el numeral 225 del Código de Procedimientos Penales de esta Entidad Federativa. Por su parte, el Coordinador General de la Agencia de Investigación y Análisis, así como el Director de Amparos de la Procuraduría General de Justicia del Estado en representación del Procurador General de Justicia del Estado con residencia en esta ciudad, con los oficios con terminación 4122/2017 y 4122/2017 (fojas 347 y 349), manifestaron el acatamiento dado a la ejecutoria de amparo. Después, el veintidós de enero del año en curso, al calificar el cumplimiento dado a la sentencia concesiva del amparo, este órgano jurisdiccional no tuvo cumplido en su totalidad el fallo protector, al advertir que la responsable obedeció parcialmente en sus términos la ejecutoria de amparo, toda vez que realizó lo fundamental o sustancial de la sentencia, pero omitió valorar y expresar de manera fundada y motivada la trascendencia de los testimonios de María del Carmen Álvarez López; Melquíades Miguel Esquivel Álvarez; Inocente Díaz Béjar; Adelina Gallegos Rangel; Carmen Alejandra Espinoza Rangel, todos de dieciocho de marzo de dos mil catorce; ampliación de declaración de Patricia Magaña Godoy; y ampliación del protocolo de la necrocirugía rendida mediante oficio 445-51/2014, de diecinueve de esos mes y año. Así, en relación al requerimiento efectuado el veintidós de enero pasado, mediante comunicación 125 (foja 470), manifestó la observancia dada a la ejecutoria de amparo; y, para acreditarlo, allegó copia certificada de lo siguiente: Auto de veintiséis de enero de dos mil dieciocho (fojas 470 vuelta y 471), en el que dejó insubsistente y sin ningún efecto la determinación de diez de octubre de dos mil diecisiete. Misiva 103 de esa propia fecha (foja 471 vuelta), por la que hizo del conocimiento del Director de Control de Procesos de la Fiscalía Regional de Apatzingán, Michoacán, que en esa data, dejó insubsistente y sin ningún efecto la resolución de diez de octubre del año inmediato anterior, mediante el cual negó dictar orden de aprehensión en el proceso penal 65/2014, contra los quejosos Leonel Mora Chávez, Leonel Barocio Barajas, José Antonio Cabrera Bonilla, Calixto Álvarez Andrade, Guillermo Bonilla Lara, Jesús Gutiérrez Torres y José Bonilla Lara. Resolución de treinta de enero del presente año (fojas 472 a 503), en la que al analizar el cuerpo del delito, llevó a cabo una inferencia respecto a los medios de prueba, entre ellos, la ampliación del protocolo de la necrocirugía rendida mediante oficio 445-51/2014 de diecinueve de marzo de dos mil catorce, al igual que de la ampliación de declaración de Patricia Magaña Godoy, los que además valoró acorde a los artículos 272 párrafo segundo, 323, 325, 331 fracciones I, II, III, IV y V y 334 al Código de Procedimientos Penales del Estado, para otorgarles credibilidad plena (fojas 514, 521 y 522). Luego, al inicio del considerando cuarto expresó que no existían datos que acreditaran la probable responsabilidad jurídico penal de los quejosos en la comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda, toda vez que era menester que las pruebas recabadas por el representante social, arrojaran datos -bastantes- para justificar que Leonel Mora Chávez, Leonel Barocio Barajas, José Antonio Cabrera Bonilla, Calixto Álvarez Andrade, Guillermo Bonilla Lara, Jesús Gutiérrez Torres y José Bonilla Lara, fueron las personas que intervinieron para privar de la vida a los pasivos, para posteriormente dejarlos en la camioneta que tripulaban y prenderle fuego a la misma o en su caso que existan datos que a su vez generen indicios suficientes que tiende a justificar lo anterior (foja 489 vuelta). Posteriormente, analizó y valoró la ampliación de declaración de Patricia Magaña Godoy, acorde a los arábigos 325 y 331 fracciones I, II, III, IV y V y 334 del Código de Procedimientos Penales del Estado, para otorgarle credibilidad plena; para deducir que de la deposición y ampliación de ésta, eran insuficientes por sí solas para demostrar la probable responsabilidad jurídico penal de los indiciados, por no estar consolidadas con algún otro medio de convicción obrante en el proceso (fojas 492 vuelta y 493). Asimismo, una vez que llevó a cabo el análisis y valoración de la denuncia de Miguel Ángel Torres Valencia, el dicho de Alicia López Torres y José Luis Torres Valencia y declaración de José Alfredo Espinoza, coligió que no eran aptos, idóneos y suficientes para corroborar lo señalado por Patricia Magaña Godoy, pues por lo que hace al primero, éste refirió que fue posible que Hipólito Mora Chávez, mandó matar a los occisos, sin embargo, en ningún momento hizo señalamiento alguno contra los indiciados (fojas 495 vuelta, 497 y 498). Luego, por lo que hace a la segunda, asentó que los hechos que mencionó, los efectúo por dichos, toda vez que no los presenció de manera directa, además que el señalamiento que hizo de los solicitantes del amparo, lo realizó por una conclusión a la que llegó, toda vez que no lo sustentó con dato alguno que llevara a determinar que acción realizó cada uno de los activos del delito para la privación de la vida de los occisos. Después, en lo referente al tercero, fijó que éste fue testigo de referencia, pues no le constó lo que declaró en relación a quienes fueron las personas que privaron de la vida a las víctimas, pues cuando sucedieron los hechos, el deponente se encontraba en el Distrito Federal -Ciudad de México-. Finalmente, en lo concerniente al último, no advirtió dato alguno que sirviera para acreditar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad de los indiciados. Antes de concluir, argumentó que de lo manifestado por Patricia Magaña Godoy en sus declaraciones, no estaba corroborado con medio de convicción alguno, y su dicho se redujo a indicio aislado que no generó prueba; y por tanto, no se acreditó que los quejosos, golpearon hasta privar de la vida a las víctimas, para después colocarlas en la unidad que tripulaban y prenderles fuego, dado que no existió medio de prueba que determinara tal situación. Ante ese contexto, -agregó- se encontró en presencia de elementos probatorios que resultaron insuficientes e ineficaces para justificar la probable responsabilidad jurídico penal de Leonel Mora Chávez, Leonel Barocio Barajas, José Antonio Cabrera Bonilla, Calixto Álvarez Andrade, Guillermo Bonilla Lara, Jesús Gutiérrez Torres y José Bonilla Lara (foja 498). A continuación, valoró conforme a los numerales 325 y 331 fracciones I, II, III, IV y V y 334 del Código de Procedimientos Penales del Estado los testimonios de María del Carmen Álvarez López; Melquíades Miguel Esquivel Álvarez; Inocente Díaz Béjar; Adelina Gallegos Rangel; Carmen Alejandra Espinoza Rangel, todos de dieciocho de marzo de dos mil catorce, y expresó que dichos medios de convicción hasta ese momento, no aportaban ningún medio relevante para acreditar el cuerpo del delito de homicidio o la probable responsabilidad de los indiciados, toda vez que los mismos no refirieron ningún hecho que llevara a justificar la privación de la vida de las víctimas, y menos aún, hacían señalamiento directo contra éstos, como las personas que el día de los hechos privaron de la vida a los pasivos o, bien, que hubieran participado de alguna manera en los hechos delictivos que se investigaron. Finalmente, con plenitud de jurisdicción, negó el mandato de captura solicitado por el fiscal consignador contra los peticionarios de amparo, toda vez que no se satisfacían los requisitos que al respecto establece el artículo 16 constitucional, como el numeral 225 del Código de Procedimientos Penales de esta Entidad Federativa. Ahora, del examen de las documentales aportadas en vías de cumplimiento, así como las transcritas con antelación, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, hacen patente que se encuentran satisfechos los efectos de la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: El cinco de octubre de dos mil diecisiete, la responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Apatzingán, Michoacán, dejó insubsistente y sin ningún efecto la orden de aprehensión de quince de mayo de dos mil catorce, emitida en el proceso penal 65/2014, única y exclusivamente por lo que a los quejosos Leonel Mora Chávez, Leonel Barocio Barajas, José Antonio Cabrera Bonilla, Calixto Álvarez Andrade, Guillermo Bonilla Lara, Jesús Gutiérrez Torres y José Bonilla Lara. Luego, atendiendo a los lineamientos trazados en el fallo protector, dicto otra en la que valoró y expresó de manera fundada y motivada la trascendencia del testimonio de María del Carmen Álvarez López; Melquíades Miguel Esquivel Álvarez; Inocente Díaz Béjar; Adelina Gallegos Rangel; Carmen Alejandra Espinoza Rangel, todos de dieciocho de marzo de dos mil catorce; ampliación de declaración de Patricia Magaña Godoy; y ampliación del protocolo de la necrocirugía rendida mediante oficio 445-51/2014, de diecinueve de esos mes y año. Una vez que llevó a cabo lo anterior, haciendo uso de su plenitud de jurisdicción, determinó que en el caso justiciable al no encontrarse satisfechos los requisitos señalados por los artículos 16 constitucional y 225 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, procedía negar la orden de aprehensión solicitada contra Leonel Mora Chávez, Leonel Barocio Barajas, José Antonio Cabrera Bonilla, Calixto Álvarez Andrade, Guillermo Bonilla Lara, Jesús Gutiérrez Torres y José Bonilla Lara, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda. Por consiguiente, el suscrito considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales y las garantías individuales violadas, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de amparo. Es pertinente dejar establecido que no existió defecto o exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, considerando que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; por cuanto hace a lo afirmado en este párrafo, se cita la jurisprudencia cuyo título es: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO". Se estima que no hay defecto en el cumplimiento en razón de que la responsable acató con lo determinado en la sentencia constitucional, conforme a lo que ya se dijo, pues el cinco de octubre de dos mil diecisiete, en el proceso penal 65/2015, dejó insubsistente el mandato de captura emitido contra los quejosos el quince de mayo de dos mil catorce, por la comisión del delito de homicidio calificado, en agravio de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda. Luego, en su lugar, el veintiséis de enero del año en curso, con plenitud de jurisdicción y acorde a los lineamientos contenidos en la sentencia concesiva del amparo, dictó una nueva determinación, en la que después de apreciar los medios de ilustración, así como el testimonio de María del Carmen Álvarez López; Melquíades Miguel Esquivel Álvarez; Inocente Díaz Béjar; Adelina Gallegos Rangel; Carmen Alejandra Espinoza Rangel, todos de dieciocho de marzo de dos mil catorce; ampliación de declaración de Patricia Magaña Godoy; y ampliación del protocolo de la necrocirugía rendida mediante oficio 445-51/2014, de diecinueve de esos mes y año, determinó que en el caso justiciable al no encontrarse satisfechos los requisitos señalados por los artículos 16 constitucional y 225 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, procedía negar la orden de aprehensión solicitada contra Leonel Mora Chávez, Leonel Barocio Barajas, José Antonio Cabrera Bonilla, Calixto Álvarez Andrade, Guillermo Bonilla Lara, Jesús Gutiérrez Torres y José Bonilla Lara, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado en agravio de Rafael Sánchez Moreno y José Luis Torres Castañeda. En otras palabras, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo; tampoco existe exceso en el cumplimiento, ya que la responsable no fue más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, pues su actuar fue dejar insubsistente una resolución y emitir otra con libertad de jurisdicción, la cual podía ser en el mismo sentido o en uno diverso, siempre y cuando purgara los vicios señalados en la ejecutoria de amparo, es decir valorara y expresara de manera fundada y motivada la trascendencia de unas pruebas. En otro orden de ideas, entérese a las partes que cuentan con el plazo de quince días para que en caso de no estar conformes con la presente determinación, hagan valer el recurso de inconformidad en términos de los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo. Por otra parte, una vez que transcurra el plazo establecido en el párrafo que antecede, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, provéase respecto al archivo del expediente en que se actúa, a la valoración de éste, así como la devolución de las constancias de donde emana el acto reclamado que remitió la responsable, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente. Finalmente, conforme lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el comunicado de la Jefa de Departamento de Recursos Administrativos de la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, mediante el cual comunica que en cumplimiento al auto de ocho de marzo último instruyó al Administrador de Rentas de dicha secretaría, para que dé cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de enero último, de lo que se toma conocimiento. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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