Jorge Armando Santillana Espinoza
Expediente 357/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 357/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jorge Armando Santillana Espinoza
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación que antecede de la que se desprende que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del auto de trece de julio de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio constitucional; en tal virtud, se declara que queda firme dicha determinación, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo en relación con el artículo 86 y 81 inciso d) del mismo ordenamiento. En consecuencia, en términos del artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, previa revisión por la Secretaría de que estén hechas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ("SISE"), y archívese este asunto como totalmente concluido. Asimismo, a fin de dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acuerdo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, Tribunales Colegiados de Circuito, manténgase en archivo reciente el presente expediente, con la indicación de que es susceptible de destrucción, conforme al considerando vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos del último párrafo del mencionado considerando.
- Principal
se notifica por lista a la parte quejosa el auto de fecha trece de julio de dos mil diecisiete..."Agréguese a los autos, el oficio signado por la Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del laudo dictado en treinta de junio de dos mil diecisiete, en el expediente laboral 93/2011-III; de lo cual este juzgado toma el debido conocimiento para los efectos legales correspondientes. Ahora, vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la omisión del Presidente del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, de emitir el dictamen y el laudo respectivo en el expediente citado en líneas precedentes. Atento a ello, no es necesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional, toda vez que en este juicio de garantías se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, una causa de improcedencia que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conducen a decretar el sobreseimiento del presente asunto en atención a lo siguiente: En la especie, se estima que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 63 del mismo cuerpo de leyes en consulta. En efecto, el precepto y fracción citados en primer término, literalmente dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La parte quejosa reclama de la autoridad responsable antes mencionada, la omisión de emitir el laudo en el expediente 93/2011-III de su índice. Sin embargo, de las constancias que anexa al oficio de cuenta, la autoridad responsable se advierte el laudo de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictado en el referido expediente laboral. Luego, si el acto reclamado era, la omisión de la responsable de emitir el dictamen y laudo respectivo, el cual ya se emitió, es claro que para los efectos del amparo los actos reclamados han cesado en sus efectos y, por consiguiente, la posible violación de garantías alegadas, al no advertirse que prevalezca algún efecto de los actos tildados de inconstitucionales, actualizándose de esta manera la hipótesis de la tesis de jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente (énfasis añadido): "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página mil quinientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes (énfasis añadido): "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, lo que procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la citada legislación, dejando sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintiuno de julio de dos mil diecisiete. Sirve de apoyo a tal determinación, la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, la cual establece literalmente lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
Admisión Vista la demanda de amparo promovida por parte quejosa, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los diversos artículos 1º, 107, 108, 112, 113, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de cuenta, regístrese en el Libro de Gobierno con el número 357/2017-2; háganse las anotaciones relativas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin que sea el caso formar por separado y duplicado el incidente de suspensión relativo, por no haberse solicitado. Ministerio Público Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito la intervención que legalmente le compete, a quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la legislación federal en consulta, asiste el carácter de parte en el presente juicio, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo. Informe Justificado y Audiencia Constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable, mismo que deberá rendir dentro del término de quince días, apercibida que de no rendirlo o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la citada ley, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo tercero del precepto legal antes invocado, asimismo, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con los artículos 238 y 260 fracción II de la ley en cita, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente al día siguiente, en el entendido de que se han señalado las nueve horas del veintiuno de julio de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero Interesado Con fundamento en el artículo 5° fracción III inciso b), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado a Ayuntamiento de Ensenada, Baja California; en consecuencia y mediante oficio con transcripción del presente proveído, emplácese a juicio al citado tercero, de conformidad con el artículo 26 fracción II, inciso b), de la Ley de la materia; para tal efecto gíresele oficio con copia simple de la demanda de amparo. Domicilio y Autorizados de la Parte Quejosa. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa designando como domicilio para efectos de oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciandos Fernando Antonio Aguilar Gudiño, Teodulo Alejandro Robles Robles, Ana Karenina Aguilar Gudiño y Fernando Antonio Aguilar Piña; asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones a María del Carmen Urciel Márquez, Iran Luigi Gonti Portela y Andrés Aarón Acosta Aburto. Días y horas inhábiles Luego y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; impone al suscrito el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, en base en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de garantías deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario Judicial de la Adscripción pueda efectuar las mismas. Prevención Se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento del juicio, están obligadas a comunicarlo a este Juzgado, tal como lo prevé el artículo 64 de la Ley de Amparo, apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Inexistencias Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable; en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a la autoridad responsable debido a su inexistencia, sin mayor trámite se tendrá como inexistente, suspendiendo toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la audiencia constitucional; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. Asimismo, en apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
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