Jorge Armando Ricárdez Soto
Expediente 700/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 700/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jorge Armando Ricárdez Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio remitido por el Secretario General de Acuerdos Interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del oficio 22360/2023 con el que se remitieron los autos originales del toca penal ********************.
- Principal
ha causado estado, se ordena el archivo
- Principal
Mexicali, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos para que obren como corresponda el oficio y anexo que remite la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 249/2023-1, con mismo orden, del índice de este Juzgado; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes. Por otra parte, agréguese el escrito presentado por Gildardo Valenzuela Borbón, quien se ostenta como defensor del quejoso Jorge Armando Ricárdez Soto y, en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento a la prevención de veintiséis de junio del año en curso. Desechamiento Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil trece dictada en el toca penal 2586/2013 por la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, que confirmó el auto de formal prisión emitido el veintiuno de mayo de dos mil trece en la causa penal 159/2013. En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte que el presente juicio deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61 fracción XIV de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado fue consentido tácitamente, como a continuación se verá. El numeral invocado dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del precepto legal transcrito se desprende, en lo que interesa, que el juicio de amparo no será procedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos legales transcritos se desprende que el término genérico para promover el juicio de amparo indirecto es de quince días y que éste, dependiendo de cada caso, se computará en la forma siguiente: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. 4. Tratándose de normas generales autoaplicativas, a partir del día de su entrada en vigor. Como es dable apreciar, en el artículo 18 invocado se hacen cuatro distinciones para el cómputo aludido y los supuestos que se menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. En el caso concreto, en el escrito aclaratorio ****, quien se ostenta como defensor particular del quejoso, manifestó bajo protesta de decir verdad que el nueve de octubre de dos mil trece se notificó al quejoso la resolución reclamada. Luego, dicha manifestación adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y demuestra, en forma fehaciente, la fecha en que se notificó al agraviado el acto reclamado, a saber, el nueve de octubre de dos mil trece. En ese sentido y tomando en consideración que de las documentales consistentes en original de las actuaciones que integran el toca penal de origen, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el dos de octubre de dos mil trece se notificó al defensor de oficio del quejoso la resolución reclamada; por tanto, en términos de la jurisprudencia 1a./J. 48/2015 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar el cómputo correspondiente se tomará la última notificación realizada. Entonces, dado que el artículo 53 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California, vigente en el momento en que se practicó la comunicación procesal relativo, establece que los términos se computarán a partir del día siguiente en que se realizó la notificación, se estima que el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo comprendió del diez al treinta de octubre de dos mil trece, descontándose los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil trece, por haber sido sábados y domingos. Luego, si el escrito inicial de demanda de amparo se presentó vía electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el catorce de abril de dos mil veintitrés, según se advierte de la boleta de turno correspondiente, es claro que dicha presentación resulta extemporánea. Sin que sea obstáculo para la anterior conclusión, que la persona que se ostenta como defensor particular del directamente agraviado, haya indicado que él (como su nuevo defensor) tuvo conocimiento de la resolución reclamada hasta el diez de abril de dos mil veintitrés. Ello es así, toda vez que -como se explicó- la Ley de Amparo establece expresamente cuáles son las hipótesis para realizar el cómputo del plazo para presentar la demanda de derechos fundamentales, sin que de ellas se advierta la posibilidad de que el inicio de dicho cómputo pueda determinarse a partir de la fecha en que se realice la nueva designación de la persona que se encargará de la defensa de la parte quejosa. Por tanto, en este caso resulta aplicable el principio general de derecho que establece que donde el legislador no distinguió no debe hacerlo el juzgador, de modo que no es dable analizar la oportunidad de la presentación de la demanda, con base en la fecha en que el nuevo defensor tuvo conocimiento del acto reclamado. Precisado lo anterior, se destaca que en el caso, tampoco se surte algún supuesto de excepción a la regla establecida en el citado numeral 17 de la ley de la materia, ya que la parte quejosa no reclama: a) Una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición. b) La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. c) Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. d) Un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Tampoco se oponen a la anterior determinación las manifestaciones que expone el promovente respecto a la prolongación de la detención del quejoso, pues ello resulta ajeno a la litis de este juicio, en el que expresamente se reclamó la resolución que confirmó el auto de formal prisión dictado en contra del agraviado; de modo que no puede ser tomado en consideración para establecer la oportunidad de la presentación de la demanda. Máxime, que el solicitante del amparo conserva el derecho para hacer valer dicha circunstancia a través de la vía y forma que corresponda. Por ende, al estar demostrado que la demanda fue presentada fuera del plazo de quince días aludido, debe concluirse que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado en este juicio, de modo que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el diverso numeral 113 del propio ordenamiento legal, se desecha la demanda relativa.
- Principal
Mexicali, Baja California, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos para que obren como corresponda, el oficio y anexo de cuenta remitidos por la Representante de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California y, en atención a su contenido, se le tiene informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · 8,097 expedientes
- Jorge Antonio Flores Parra262/2021
- Jorge Antonio Lozano Valenzuela1386/2021
- Jorge Antonio Lozano Valenzuela257/2021
- Jorge Antonio Sanchez Romero662/2021
- Jorge Antonio Villalobos Sandoval1300/2021
- Jorge Arguilez Gallego181/2016
- Jorge Armando Santillana Espinoza48/2019
- Jorge Armando Santillana Espinoza152/2016
- Jorge Armando Santillana Espinoza357/2017
- Jorge Armando Villa Peña890/2021
- Jorge Artemio Centurion Aguilar680/2018
- Jorge Arturo Barajas Hernandez388/2015