Jorge Armando Medina Villanueva

Expediente 941/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
941/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Jorge Armando Medina Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parta quejosa.

  3. Principal

    Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa el auto de seis del mes en curso, por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a seis de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguense en autos el escrito signado por el quejoso y anexos de cuenta, mediante el cual desahoga la prevención formulada en autos, pues hace referencia a que considera que la autoridad responsable ".no entra al estudio real, de mi iniciación de carpeta de investigación.", en virtud que existe un trato diferenciado a su persona derivado de la parcialidad de género. En ese sentido, es inconcuso que la discriminación a que hace referencia está directamente vinculada con el retraso o falta de continuidad de la carpeta de investigación CIFJG/75 BIS/UI-2S/D/254/02-2019; por tanto, este órgano de control constitucional considera que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que contra la deficiencia en la integración del expediente mencionado, el cual se ha destacado como acto reclamado, procede el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 945, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Agosto de 2018, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Así como en la diversa jurisprudencia emitida por la Primera Sala de ese Alto Tribunal, publicada en la página 943, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Agosto de 2018, de rubro y texto siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". Por tanto, si la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia...".

  4. Principal

    Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa el auto de veintidós de noviembre pasado, por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Jorge Armando Medina Villanueva, contra actos de la agente del Ministerio Público de la Agencia Especializada para la Atención de Personas Mayores Víctimas de Violencia Familiar de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 941/2019. Previamente al análisis de la procedencia del juicio, de conformidad con los artículos 108, 112 y 114 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional debe examinar el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna deficiencia, irregularidad u omisión, señalará con precisión en el auto relativo en qué consisten, a efecto de que el justiciable esté en posibilidad de corregirlas o subsanarlas, según sea el caso. En ese sentido, con fundamento en el último de los preceptos invocados, prevénganse al quejoso para que en el plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, mediante escrito y bajo protesta de decir verdad, subsane la irregularidad en que incurrió, esto es: - Precise los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes de la discriminación que reclama, dado que del contenido de la demanda se advierte que fue totalmente omiso al respecto; o en su caso, deberá señalar si dicho acto se encuentra vinculado o deriva del retraso o falta de continuidad en la tramitación de la carpeta de investigación CIFJG/75 BIS/UI-2S/D/254/02-2019 de que se duele. Por ello, el justiciable debe realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados que precise y que resulten relevantes para conocer la verdad legal, a efecto de establecer la procedencia del juicio de amparo o verificar si de tales antecedentes se advierte alguna causal de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 990 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, abril de 2006, del rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN". Circunstancias que se consideran indispensables que el quejoso aclare, a efecto de establecer correctamente la materia de la litis que en su caso será motivo de estudio; aunado al hecho de que la(s) autoridad(es) responsable(s) se encuentre(n) en oportunidad de conocer con precisión el o los actos que se le(s) atribuye(n) y rendir debidamente su informe justificado. Máxime que para la admisión de la demanda de amparo indirecto es necesario que se reúnan los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia, entre los que se encuentra el precisado en la fracción V, que dice: "...Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación...". No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que si bien la demanda de amparo debe ser analizada como un todo, lo cierto es que en este momento resulta legalmente imposible pronunciarse en cuanto a si es procedente o no, medularmente por la forma en que está redactada. Lo expuesto, en virtud de que a pesar de tratarse de un asunto en materia penal, la suplencia prevista en el dispositivo 79 de la ley reglamentaria, no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que la parte quejosa señaló, como lo es la indicación de los actos reclamados. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 567, tomo III, mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". En tales condiciones, el requerimiento que se formula únicamente podrá desahogarlo el justiciable, no así su autorizado, pues por una parte, si bien el precepto 12 de la Ley de Amparo confiere determinadas facultades a quienes son nombrados en esos términos, el señalamiento de los elementos del juicio, sólo corresponde al titular de la acción constitucional de amparo, y por otra, dada la responsabilidad penal que de la protesta de decir verdad pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, agosto de 2014, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD', ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". En la inteligencia que al desahogar tal requerimiento, de conformidad con el artículo 110 de la ley de la materia, deberá proporcionar las copias del escrito de desahogo que sean necesarias para correr traslado a las partes. Apercibido que de no desahogar en los términos apuntados la presente prevención, se acordará únicamente respecto del diverso acto consistente en el retraso a la aplicación de justicia que refiere. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizada en los términos que precisa a la persona que refiere...".

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