Jorge Antonio Valencia Garduño y Otros.

Expediente 240/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
240/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
25/04/2018

Partes del expediente

  • Carlos Felipe Valencia Garduño y Otros.
  • Jorge Antonio Valencia Garduño y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el proveído de tres del mes en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, que en autos no existen documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I del punto vigésimo primero del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo general mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el treinta de octubre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en el incidente de suspensión.

  2. Incidental

    Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 240/2018, promovido por Carlos Felipe Valencia Garduño y Jorge Antonio Valencia Garduño; y R E S U L T A N D O : I. Mediante escrito recibido en este juzgado, los quejosos de referencia solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos reclamados de la agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora Uno Con Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia COY-1, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán y otras autoridades, consistentes en la privación de la libertad (detención); y su ejecución, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, 17, 20, 21 y 22 constitucionales. II. Se abrió el cuaderno incidental por duplicado y separado, se solicitó su respectivo informe previo a las autoridades responsables y se señalaron fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. III. Por comunicado recibido en este órgano de control constitucional el dos del mes en curso en el cuaderno principal, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Dos Con Detenido de la Coordinación Territorial COY-1, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, informó la situación jurídica de los quejosos, y remitió las constancias con las que acreditó su dicho Llegada la fecha de la audiencia incidental, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Las autoridades señaladas como agentes de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública; agente de la Policía de Investigación de Fiscalía Desconcentrada de Investigación Coyoacán, Coordinación Territorial COY-1; y agente de la Policía de Investigación de Fiscalía Desconcentrada de Investigación Coyoacán, Coordinación Territorial COY-2, todos de esta ciudad, no existen con tales denominaciones, según se advierte de las razones actuariales de dos del mes en curso; por tanto, tampoco pueden existir los actos de ellas reclamados. Por otro lado, no son ciertos los actos consistentes en la privación de la libertad (detención) y su ejecución, reclamados de los agentes del Ministerio Público de la Unidad Investigadora Uno Con Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia COY-1 y COY-2, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán, pues si bien una de ellas manifestó que eran parcialmente ciertos, también lo es que la autoridad que ahora conoce de dicha carpeta es diversa, lo que se analizará en el siguiente considerando. En tales condiciones, dada la inexistencia de las citadas autoridades responsables y de los actos reclamados de las restantes, procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia para decretarla. SEGUNDO. Son ciertos los actos consistentes en la privación de la libertad (detención) y su ejecución, reclamados del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Dos Con Detenido de la Coordinación Territorial COY-1, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe de ley. No obstante la existencia de dichos actos reclamados, lo procedente es negar a Carlos Felipe Valencia Garduño y Jorge Antonio Valencia Garduño la suspensión definitiva, en virtud que del informe de ley rendido por la referida autoridad responsable, se advierte que el treinta de marzo pasado se ejerció acción penal contra el primero de los quejosos mencionados por un delito contra la salud, quedando a disposición del juez de Control en turno de esta ciudad. En cuanto al segundo de los quejosos, la responsable informó que en la fecha citada, decretó su libertad; por tanto, no existe materia sobre la cual pudiera versar la medida suspensional, ya que si la situación jurídica de los amparistas cambió, es evidente que con esa actuación desaparecieron las posibles consecuencias que serían motivo de la suspensión solicitada. Por tanto, como se apuntó, procede negar la suspensión definitiva solicitada, por falta de materia sobre cual decretarla. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140 y 144, de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E : ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a Carlos Felipe Valencia Garduño y Jorge Antonio Valencia Garduño, contra los actos reclamados de las autoridades señaladas en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria, por los motivos ahí expuestos.

  3. Principal

    Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad de México, a tres de abril de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los tres primeros oficios y anexo de cuenta; en atención a sus términos, se tienen por rendidos los informes justificados que en ellos se contienen, sin que en el caso se dejen a la vista de las partes, en virtud del sentido del presente acuerdo. Por otra parte, glósese el restante comunicado signado por el agente del Ministerio Público de la Unidad Investigadora Dos Con Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia COY-1 de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, mediante el cual informa la situación jurídica de los quejosos. Ahora, del estado de autos se advierte que los actos reclamados en el presente controvertido son: - La privación de la libertad (detención); y su ejecución. Actos que se atribuyen a las siguientes autoridades: a) Agentes del Ministerio Público de la Unidad Investigadora Uno Con Detenido de la Coordinación Territorial de Seguridad Pública y Procuración de Justicia COY-1 y COY-2, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán; b) Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Dos Con Detenido de la Coordinación Territorial COY-1, de la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en Coyoacán; c) Agentes de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Pública; d) Agente de la Policía de Investigación de Fiscalía Desconcentrada de Investigación Coyoacán, Coordinación Territorial COY-1; y e) Agente de la Policía de Investigación de Fiscalía Desconcentrada de Investigación Coyoacán, Coordinación Territorial COY-2. Todos de esta ciudad. Las autoridades precisadas en los incisos c) a e), no existen con tales denominaciones, como se advierte de las razones actuariales de dos de abril de este año. Por otro lado, no son ciertos los actos reclamados de las autoridades precisadas en el inciso a), pues si bien una de ellas señaló que era parcialmente cierto, también lo es que la autoridad que ahora conoce de la carpeta de investigación es la diversa precisada en el inciso b), que será materia de análisis más adelante. Es cierto el acto reclamado de la autoridad precisada en el inciso b), pues así lo manifestó al rendir su informe de ley, lo que se corrobora con la constancia que remitió en apoyo a ese comunicado, que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, este órgano de control constitucional considera se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVII y XXI, de la Ley de Amparo. En cuanto a Carlos Felipe Valencia Garduño, se advierte de las constancias recibidas en esta fecha que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial responsable encargada de la carpeta de investigación CI-FCY/COY-1/UI-1 C/D/01151/03-2018, con motivo de la probable comisión del ilícito contra la salud, decretándose el veintinueve de marzo del año en curso su retención y el treinta siguiente se ejerció acción penal contra dicho quejoso, quedando a disposición del juez de Control en turno, de esta ciudad. En ese sentido, como se dijo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVII, de la ley de la materia. Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia que se ha hecho referencia, es necesario que concurran los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado; c) Que no pueda decidirse respecto de la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Dichos supuestos se obtienen de la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 219 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de 1996, de rubro: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL". En ese orden, en principio se colma el primero de los requisitos aludidos, pues en relación con la expresión "procedimiento seguido en forma de juicio", la misma Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencia 22/2003 consideró que comprendía aquellos procedimientos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva. Criterio que se encuentra publicado en la página 196 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, abril de 2003, cuyo rubrol es el siguiente: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR". Lo anterior, pues la investigación inicial es la fase en el procedimiento penal en que el agente del Ministerio Público recaba datos de prueba que permitan establecer hechos que la ley señala como delito y exista la probabilidad que el o los indiciados lo cometieron, a fin de que determine si ha lugar a ejercer o no la acción penal ante la autoridad judicial. En relación con el segundo de los supuestos de que se trata, esto es, el relativo a que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto reclamado, como se apuntó, destaca la determinación de treinta de marzo pasado, por la que se ejerció acción penal, en tanto que la demanda de amparo fue promovida el veintinueve del citado mes, de ahí que resulta evidente la actualización del tópico que se estudia y con ello, se patentiza una determinación ministerial que cambia la situación jurídica en que se sustentaba la pretensión constitucional del demandante de amparo, pues formalmente cesó la actividad de la responsable en la investigación inicial del evento. Finalmente, por cuanto hace a los restantes requisitos que se dijo deben concurrir para tener por demostrada la referida causal de improcedencia, es válido analizarlos conjuntamente en razón de su estrecho vínculo generado por la resolución que provoca la nueva situación jurídica, que en razón de su independencia o autonomía puede subsistir a pesar de que la detención reclamada sea inconstitucional, sobre todo por la imposibilidad de afectar el estatus jurídico creado con su emisión, que lógicamente produce la consumación irreparable de la violaciones alegadas. Es por ello que no puede decidirse en este juicio sobre la constitucionalidad o no de la orden privativa de libertad (detención) reclamada, pues podría afectarse una situación jurídica diversa a la que originó que se instara a esta autoridad constitucional, ya que de emitir un pronunciamiento en la forma que se intenta, se estaría otorgando al quejoso una ventaja o beneficio que no le corresponde recibir ni a este juzgado conceder, pues de hacerlo traería como consecuencia que se desnaturalizara el juicio de amparo al incorporar a la litis actos, que al margen de su procedencia, no forman parte de ella, y que dada su esencia y propiedad característica ya precisada, resultan autónomos a la detención reclamada, es decir, que aquélla subsiste aun sea inconstitucional esta última, por lo que en estricta relación con este juicio de amparo, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que alegó el inconforme. Es aplicable por las razones que la conforman la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 311 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV, enero de 1995, de rubro: "SITUACIÓN JURÍDICA. CAMBIO DE". Por otra parte, en cuanto a Jorge Antonio Valencia Garduño, se advierte de las constancias recibidas en esta fecha que fue detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial responsable encargada de la carpeta de investigación CI-FCY/COY-1/UI-1 C/D/01151/03-2018, con motivo de la probable comisión del ilícito de resistencia de particulares; sin embargo, el treinta siguiente decretó su libertad -con posterioridad a la presentación de la demanda-, por lo que es indudable que cesó en sus efectos el acto reclamado (detención), al dejar de incidir en la esfera jurídica del citado amparista, pues con esa forma de proceder, las cosas volvieron al estado en que se encontraban, como si se hubiere otorgado el amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, cuyo título es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". En ese sentido, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para el quince de mayo de dos mil dieciocho a las nueve horas con cuarenta minutos. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones en el libro de gobierno.

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