Jorge Armando León Alamilla

Expediente 944/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
944/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Jorge Armando León Alamilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA 5 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, a las once horas con veinticinco minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 944/2020-5, promovido por Jorge Armando León Alamilla. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con: 1. Instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda; 2. Acuse de recibo de diversos oficios exhibidos en el expediente laboral 4425/2012, que adjuntó el Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, a su informe justificado, 3. Acuse de recibo de dos oficios exhibidos en el expediente antes mencionado, que adjuntó el Director de Amparos y Resolución de Consultas, en ausencia del Fiscal General del Estado, las cuales obran glosadas en autos y 4. Copia certificada de: a) Oficio FGE/DGSPYCF/CE/440/2021, de once de febrero de dos mil veintiuno, signado por el Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, b) Acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente laboral 4425/2012, y c) oficio 07/2021/JE3LCyA/EJEC, de tres de marzo de dos mil veintiuno; que adjuntó la presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, mismas que obran agregadas en autos. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 944/2020-5, promovido por Jorge Armando León Alamilla, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y otras autoridades, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 14,16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional en esa propia fecha, Jorge Armando León Alamilla, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La negativa de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y Dirección General de los Servicios Periciales, de designar un perito valuador de bienes inmuebles, en el expediente laboral 4425/2012. 2 El cobro por la designación de un perito. AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Fiscalía General del Estado de Tabasco. 2 Dirección General de los Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. 3 Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 944/2020-5; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÒN DE PLAZOS Y TÈRMINOS PROCESALES. En acuerdo de trece de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el trámite del expediente y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional fue diferida den varias ocasiones y tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La negativa de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, de designar un perito valuador en materia de bienes inmuebles, en los autos del expediente laboral 4425/2012. El cobro por los servicios prestados por el citado perito. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, autoridad señalada como responsable aceptó la existencia del acto reclamado y remitió copia certificada de lo siguiente: a) Oficio FGE/DGSPYCF/CE/440/2021, de once de febrero de dos mil veintiuno, signado por el Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, b) Acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente laboral 4425/2012, y c) oficio 07/2021/JE3LCyA/EJEC, de tres de marzo de dos mil veintiuno; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedidos por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Por su parte, el Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, así como el Fiscal General del Estado de Tabasco, autoridades señaladas como responsables, rindieron informe justificado, en el que negaron los actos reclamados; sin embargo, quedan desvirtuadas las manifestaciones de éstas, toda vez que aun cuando hayan negado la existencia del acto que se les reclama, de la constancia que adjuntó al mismo la Junta responsable, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que se resuelve (veintiocho de octubre de dos mil veinte), no habían designado un perito valuador en materia de bienes inmuebles, en los autos del expediente laboral 4425/2012, sino que se pronunció al respecto hasta el tres de marzo de dos mil veintiuno, fecha en que la Junta responsable tuvo por recibido el oficio FGE/DGSPYCF/CE/440/2021, de once de febrero de dos mil veintiuno, el cual le fue enviado por conducto de este órgano de proceso. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables al haberlo reconocido y encontrarse corroborado con las documentales precitadas. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por la última parte, del artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, este juzgador estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor, de las constancias remitidas por la junta responsable, al rendir su informe justificado, consistentes en copia certificada de: a) Oficio FGE/DGSPYCF/CE/440/2021, de once de febrero de dos mil veintiuno, signado por el Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, b) Acuerdo de tres de marzo de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente laboral 4425/2012, y c) Oficio 07/2021/JE3LCyA/EJEC, de tres de marzo de dos mil veintiuno. Se advierte que la citada autoridad responsable acordó en relación al oficio FGE/DGSPYCF/CE/440/2021, de once de febrero de dos mil veintiuno, signado por el Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, en el que designó como perito valuador al ingeniero Juan Carlos Ovando Pérez, por lo que tuvo a bien señalar las doce horas del trece de abril de dos mil veintiuno, para efectos de que el citado perito valuador, acudiera ante las instalaciones de la junta responsable a protestar el cargo conferido, para posteriormente emitir su dictamen pericial correspondiente al inmueble embargado el doce de junio de dos mil dieciocho, derivado del juicio laboral 4425/2012. Asimismo, en el referido auto, la Junta responsable, solicitó al Fiscal General del Estado, tome en consideración lo previsto en el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo, que establece que todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las normas de trabajo no causarán impuesto alguno. Determinación que ordenó hacer del conocimiento del Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, mediante oficio 07/2021/JE3LCyA/EJEC, de tres de marzo de dos mil veintiuno (foja 75). Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el veintiocho de octubre de dos mil veinte, indudablemente existía la conducta omisiva de la autoridad responsable (Fiscal General del Estado de Tabasco y Director General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses), pues no habían designado un perito valuador en materia de bienes inmuebles, en los autos del expediente laboral 4425/2012; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." En las relatadas circunstancias, por lo que hace al acto analizado, se sobresee en el presente juicio de garantías, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63 fracción V, en relación con la fracción XXI del diverso 61, ambos de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Jorge Armando León Alamilla, por las razones y motivos expuestos en la parte considerativa de esta ejecutoria. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 5 VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese para que surta sus efectos legales conducentes, el oficio de cuenta, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, autoridad señalada como responsable, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de nueve de febrero del año actual, remite copias certificadas de diversas constancias que integran el expediente laboral 4425/2012, de su índice. En consecuencia, ténganse los anexos como complemento a su informe justificado, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por lo que, dese vista con éstos a las partes, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga; sin perjuicio de relacionarlos en la celebración de la audiencia constitucional. Sobre el particular se invoca, en lo conducente, la tesis XXI.2o.16 K, publicada en la página 1081 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN.". Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó al referido oficio, de las que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la cuenta secretarial, se acuerda: De la certificación de cuenta se advierte que mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que quedara notificada del referido acuerdo, remitiera copia certificada de las constancias del juicio laboral 4425/2012 relacionadas con la solicitud de designación del perito que refiere la quejosa como acto reclamado; lo que se ordenó realizar mediante oficio 6671/2021, sin que a la presente fecha obre constancia de notificación de la que se desprenda que haya recibido la referida misiva. Por lo que dicha comunicación oficial se encuentra bajo el resguardo del Actuario adscrito a este Juzgado, toda vez que dicha autoridad no está recibiendo correspondencia con motivo de la pandemia ocasionada por el virus Covid19, hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en color amarillo lo que se hace constar para los fines legales procedentes. Ahora bien, de conformidad con lo establecido por el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como hecho notorio lo siguiente: Mediante oficio 83/2021, al que anexó el Acuerdo de Pleno de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, signado por la Presidente de la precitada autoridad responsable, en el que informó que las actividades del citado órgano continuarían limitadas a labores internas y administrativas, realización de convenios de conclusión de expedientes en trámite, así como recepción de demandas de amparo; asimismo, informó que con la finalidad de transitar a la nueva normalidad de manera escalonada, acordaron favorable recibir correspondencia de los juzgados y tribunales federales del décimo circuito, de forma ordenada y acorde a lo establecido en el calendario correspondiente. En ese contexto, si bien la autoridad responsable de impartir justicia deben tomar las medidas y estrategias en materia sanitaria para abordar y contener la propagación del virus SARS-CoV2. Ello no puede ser ajeno y contrario a los derechos fundamentales de los justiciables, particularmente porque en el artículo Primero, fracción II, inciso b), del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se determinó que la procuración e impartición de justicia son consideradas "actividades esenciales". Asimismo, en la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20, de nueve de abril de dos mil veinte, se estableció que todas aquellas medidas que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia y puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, deben ser limitadas temporalmente, legales, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y acordes con los demás requisitos desarrollados en el derecho interamericano de los derechos humanos. De igual forma, se indicó que debe velarse porque se respeten los derechos laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, garantizándose el acceso a la justicia, lo cual es congruente con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Por lo anterior, a efecto de no hacer nugatorio el derecho fundamental del quejoso a tener acceso a la justicia y a que ésta se le imparta de manera pronta y expedita, el tribunal responsable debe implementar las medidas idóneas y eficaces a fin de que, salvaguardando la salud de los integrantes de dicho órgano jurisdiccional y los justiciables, en torno a la actual contingencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), cumpla los requerimientos que le realice este juzgado federal. Lo anterior, tomando en cuenta que, como quedó señalado previamente, el órgano jurisdiccional en cita se encuentra laborando internamente, por lo que está en condiciones de implementar estrategias para remitir las constancias requeridas en el presente asunto. En ese tenor, se instruye al actuario que corresponda las notificaciones del presente expediente, realice la entrega del referido oficio, así como los relativos a este proveído; hecho lo anterior, escanee e ingrese las constancias de recibo al expediente electrónico. En caso de que la autoridad responsable, se niegue a recibir los oficios de mérito, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, el aludido fedatario deberá hacer del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente o a quien lo atienda, que no obstante esa circunstancia se tendrá por hecha la notificación; si a pesar de ello subsiste la negativa, levantará la razón correspondiente. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la cuenta secretarial, se acuerda: De la certificación de cuenta, se advierte que mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintiuno se ordenó girar el oficio 3443/2021 dirigido a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, mediante el cual se le requirió para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que quedara notificada, remitiera copia certificada de las constancias del juicio laboral 4425/2012 relacionadas con la solicitud de designación del perito que refiere la quejosa como acto reclamado, mismo que recepcionó el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, tal y como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos (foja 60); por lo que el término de tres días trascurrió del uno al tres de marzo de dos mil veintiuno, sin que a la fecha haya hecho lo anterior. No obstante, y toda vez que para resolver el presente asunto resultan necesarias las constancias relativas al acto reclamado; con apoyo en el artículos 75 párrafo tercero de la ley de la materia, requiérase a la citada autoridad para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que queden notificadas del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias del juicio laboral 4425/2012 relacionadas con la solicitud de designación del perito que refiere la quejosa como acto reclamado. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintiuno. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · 16,294 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano