Jorge Arias Hernández
Expediente 1570/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1570/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Jorge Arias Hernández
Actuaciones
- Principal
NESA 7.-[...] SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, EN LA QUE SE SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. TÓMESE NOTA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Principal
MESA 7.-En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a las diez horas con treinta y cinco minutos del trece de noviembre de dos mil dieciocho, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, Jorge Alberto Orantes López, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa con la Secretaria Estela Angélica Mena Rosado, que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia del juicio de amparo 1570/2018-7, promovido por Jorge Arias Hernández, por propio derecho, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. A continuación, el juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria hace una relación de las constancias que obran en el expediente entre las que se encuentran: 1. Escrito de demanda recibido el once de octubre del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Villahermosa, Tabasco, turnado a este juzgado el mismo día (fojas 3 a 6); 2. Auto admisorio de quince de octubre citado, en el que a su vez no se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, dada la naturaleza del acto reclamado consistente en una dilación procesal (fojas 7 a 11); 3. Informe justificado rendido por el Auxiliar por Ministerio de Ley de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada del proveído de diecisiete de octubre último, relativa al expediente laboral 3605/2016, misma que obra en autos (foja 16); y demás actuaciones judiciales. El Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de cuenta y por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con la que anexó el Auxiliar por Ministerio de Ley de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a su informe con justificación consistente en copia certificada del proveído de diecisiete de octubre último, relativa al expediente laboral 3605/2016, misma que obra en autos (foja 17); al respecto se acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite la probanza aludida y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes los formuló; por lo que, el suscrito juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes a presentarlos con posterioridad; acto continuo, se hace constar que el Fiscal Federal de la adscripción no formuló alegato ministerial, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 1570/2018-7, promovido por Jorge Arias Hernández, contra actos de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO, que hizo consistir en el acta de audiencia de fecha cuatro de octubre del año dos mil dieciocho en el que señala audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas para las trece horas del día cuatro de marzo del año dos mil diecinueve, por violación a los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 apartado A, Constitucionales; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el once de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional en esa propia fecha, Jorge Arias Hernández, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "(.) El Acta de Audiencia de fecha CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO señala audiencia de OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS PARA LAS TRECE HORAS DEL DÍA CUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE(.)" AUTORIDAD RESPONSABLE Sentido de Informe justificado Foja (s) 1 JUNTA ESPECIAL NÚMERO TREINTA Y SEIS DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE TABASCO.No niega ni acepta el acto reclamado(16) . SEGUNDO.- Por razón de turno correspondió a este Juzgado conocer de la demanda de garantías de que se trata, se registró con el número de expediente 1570/2018-7, se admitió a trámite, el quince de octubre de dos mil dieciocho, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se dispuso otorgar la intervención que le compete al fiscal de la Federación adscrito y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, llevándose a cabo en los términos del acta que aparece levantada al respecto. C O N S I D E R A N D O PRIMERO.- Competencia.- Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, lo anterior en virtud de que se reclama un acto a una autoridad que tiene su residencia dentro de este circuito de amparo. SEGUNDO.- Materia del juicio de amparo.- Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda de garantías. De la lectura integral de la demanda se deduce que la parte quejosa Jorge Arias Hernandez, señala como acto reclamado, el acta de audiencia de cuatro de octubre del año dos mil dieciocho, en el que señala audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas para las trece horas del día cuatro de marzo del año dos mil diecinueve. Ello tiene sustento en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.-". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". TERCERO.- Certeza o inexistencia de los actos reclamados.- El Presidente de la Junta Especial 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, al rendir informe justificado, no admitió, ni negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, con la copia certificada del proveído de diecisiete de octubre último, que integra el expediente laboral 3605/2016 que adjuntó dicha autoridad, resulta cierto el acto que se reclama; documental a la cual se le concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, así como siguiendo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación de 1995, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; por lo que así deberá tenerse para los efectos legales procedentes. CUARTO.- Causas de improcedencia.- No obstante lo anterior, en el presente asunto se advierte que se actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente al fondo, sea que las partes lo aleguen o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor y la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 533, Tomo VI, Materia Común, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional, el acta de audiencia de cuatro de octubre del año dos mil dieciocho, en el que señala audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas para las trece horas del día cuatro de marzo del año dos mil diecinueve, por lo que afirma incurre en una violación a los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 apartado A, Constitucionales; por lo tanto, como se adelantó, en el presente juicio de amparo ha sobrevenido una causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo en vigor el cual señala: "Artículo 61. El Juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." Este precepto es claro al establecer que el juicio de derechos fundamentales es improcedente, cuando por alguna causa posterior a la presentación de la demanda de amparo, cesan los efectos del acto reclamado. En efecto, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de un derecho fundamental y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce del derecho fundamental que estima transgredido; y, d) De una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Es ilustrativa al respecto, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente establece: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Se afirma lo anterior, en virtud de que el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Junta responsable dictó un acuerdo en el expediente laboral 3605/2016, del cual se desprende se señalaron las nueve horas del día doce de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que se acercó la fecha para la celebración de la misma (foja 17). De tal modo que con tal actuación, la situación jurídica que prevalecía a la data en que se instó el juicio de derechos fundamentales (once de octubre de dos mil dieciocho), dejó de producir sus efectos, de ahí que esa situación se equipare a la restitución al impetrante del amparo en el goce del derecho fundamental que estimó transgredido, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional, en términos del artículo 77, fracción II de la Ley de Amparo, ya que la actuación de la autoridad responsable que sobrevino durante la substanciación de este juicio constitucional, produce que se satisfagan los derechos tutelados por la norma constitucional invocada como violada, pues como quedó expuesto en líneas que preceden, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Junta responsable dictó un acuerdo en el expediente laboral 3605/2016, del cual se desprende se señalaron las nueve horas del día doce de diciembre de dos mil dieciocho, por lo que se acercó la fecha para la celebración de la misma. En las circunstancias narradas, debe concluirse que en el particular se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa medida, lo que se impone es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en cuanto a dicho acto reclamado. Sirve de sustento jurídico a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 356, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". QUINTO.- TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de quince de octubre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: <<DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN>>. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, Constitucionales, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: R E S U E L V E PRIMERO.- Se SOBRESEE en el juicio de garantías número 1570/2018-7, promovido por Jorge Arias Hernández, contra la autoridad responsable y por el acto reclamado que se precisa en el resultado primero de esta resolución. SEGUNDO.- Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
MESA 7.-[...] Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado de cuenta, rendido por el Auxiliar de la Junta Especial número treinta y seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, autoridad señalada como responsable, por tanto, con el contenido de este, dése vista a las partes, para su conocimiento, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo.
- Principal
MESA 7.- Villahermosa, Tabasco, quince de octubre de dos mil dieciocho. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Jorge Arias Hernández, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, que estima violatorios de los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1570/2018-7. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO Y APERCIBIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Pídase informe justificado a la autoridad responsable al que deberá anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias de las que deriva el acto reclamado, las que deberán estar debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos de la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo, se le impondrá a la autoridad responsable, una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. Hágase del conocimiento a la autoridad señalada como responsable, que si bien se le otorga un término de quince días para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que le impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a la autoridad que en cuanto tenga la información necesaria para rendir el informe que se le requiere, de inmediato lo haga saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberá rendir el informe que se le solicita con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dicho informe por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se le impondrá una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,418 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos); la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos) valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. En el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado con anterioridad. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con lo establecido por los artículos 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, en relación a la trascendencia que tenga el auto o resolución que con posterioridad al auto de admisión de demanda, se pretenda notificar a la autoridad responsable, una vez que exista constancia de su notificación en el presente juicio, este Órgano Jurisdiccional, está en aptitud de notificarlas por medio de lista, por lo que los posibles diferimientos del presente asunto que llegaran a presentarse y, como consecuencia la fecha que al efecto se señale para la celebración de la audiencia constitucional, se notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." APERCIBIMIENTO DE LA AUTORIDAD QUE NO EXISTA. Ahora bien, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a la autoridad responsable; en consecuencia, se apercibe al quejoso, que si la autoridad responsable no existe con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombren la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO Ahora bien, en el caso no se ordena emplazar a la parte tercero interesada, que señala la parte quejosa, dada la naturaleza del acto que reclama, esto es, una dilación procesal. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de la autoridad responsables, a quien se le comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que indica en la demanda, y como autorizados a las personas que señala en la misma, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. INCIDENTE. No se tramita incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese.
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