Jorge Armando Gómez Llanos Chavarín
Expediente 130/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 130/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 05/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jorge Armando Gómez Llanos Chavarín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cinco de junio de dos mil diecisiete. Queja sin materia. Téngase por recibido el oficio 9585/2017, suscrito por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja 57/2017, relativo al juicio de amparo 130/2017, promovido por Jorge Armando Llanos Chavarín. En consecuencia, agréguese a los autos el oficio de cuenta; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; acúsese recibo de estilo, y hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. De la citada resolución se desprende: ÚNICO. Se declara SIN MATERIA el presente recurso de queja Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos Vigésimo y Vigésimo Primero, el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes. Finalmente, se ordena notificar el presente proveído al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, en relación a la queja 57/2017, promovida por el aquí quejoso, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Audiencia Constitucional En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a las nueve horas con cuarenta minutos del cuatro de abril de dos mil diecisiete, estando en audiencia pública José Israel Hernández Tirado, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Martha Rosa Hernández Barboza, secretaria de juzgado, con quien actúa y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, sin asistencia de las partes. Acto continuo, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la secretaria del juzgado hace una relación de las constancias de autos y da cuenta con el escrito de demanda; con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; con el estado de autos, en especial, con el proveído de nueve de febrero de dos mil diecisiete, y, con las demás constancias de autos. A lo que el Juez acuerda: Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que en auto de nueve de febrero de dos mil diecisiete se reservó proveer lo relativo a la designación de terceros interesados; en consecuencia, se procede acordar lo relativo. Con fundamento en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener como terceros interesados a las personas propuestas por el quejoso, ya que el Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominada Acuario Mazatlán, no es parte en el procedimiento administrativo OIC-01/2017; mientras que Esperanza Kasuga Osaka y Antonio Roberto Becerra González, no tienen un interés contrario al del peticionario del amparo. Tiene aplicación, por las razones que la informan, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 178795 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Abril de 2005 Materia(s): Común Tesis: VI.2o.C. J/252 Página: 1132 CODEMANDADO, NO ES TERCERO PERJUDICADO. El codemandado en el juicio común, no tiene la personalidad de tercero perjudicado en el amparo, pues su interés jurídico es el mismo que el del demandado, de donde resulta que para que tenga personalidad en el juicio de garantías, debe promover también el correspondiente amparo sin que disposición legal alguna obligue al Juez de Distrito a llamarlo al procedimiento, ya que tal llamamiento se hace a la contraparte del quejoso, es decir, a aquella que tiene interés en sostener la constitucionalidad del acto que en el amparo se combate." Relación de constancias. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 117, 119 y 123 de la Ley de Amparo, se reitera la rendición del informe justificado que emitió la autoridad responsable, el cual será tomado en consideración en la siguiente etapa procesal. Se abre el periodo de pruebas. La secretaria hace constar y certifica que la parte quejosa a su escrito inicial de demanda anexaron constancias relativas a los actos reclamados; asimismo, con las que la autoridad responsable acompañó a su informe justificado, las cuales constan en seis cuadernos auxiliares por separado, las cuales se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza. Así, al no existir otras pruebas que desahogar, se cierra este período Periodo de alegatos: En el que se tienen por reproducidas las manifestaciones que realizó el quejoso Jorge Armando Gómez Llanos Chavarin, en su escrito de registro 4292; al no existir otro escrito en ese sentido, se cierra este periodo. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 130/2017, promovido por Jorge Armando Gómez Llanos Chavarín, contra actos del Contraloría Interna del Organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal denominada Acuario Mazatlán, y; RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el cual fue turnado el mismo día, a este órgano jurisdiccional (fojas 01 a 18); Jorge Armando Gómez Llanos Chavarín solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los artículos 14, 17 y 123 Constitucionales, contra la autoridad y actos siguientes: Autoridad responsable Contraloría Interna del organismo descentralizado dela Administración Pública Municipal denominada Acuario Mazatlán. Actos reclamados Auto de tres de febrero de dos mil diecisiete, emitido por la autoridad responsable, donde se ordenó la apertura de un periodo de información previa, en el cual se practicarían actuaciones encaminadas a determinar si concurren las circunstancias que justifican la incoación del procedimiento administrativo OIC-01/2017, y, en su caso, los hechos susceptibles de motivar su incoación y la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables; Orden de girar oficios a diversas dependencias para recabar documentos; citar, entre otros, al quejoso para recabar su declaración, bajo apercibimiento, que de no comparecer, podrían aplicarse las medidas de apremio, relativas a multa, uso de la fuerza pública y arresto. Citatorio de cuatro de febrero de dos mil diecisiete. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo propuesta, a la que le correspondió el expediente 130/2017, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe con justificación, y dar vista a la representante social de la adscripción, quien no formuló alegatos ministeriales; asimismo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, a la cual se dio inicio en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, de conformidad a lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, en relación con los diversos preceptos 33, 35, 37 y 107, ambos de la Ley de Amparo, así como con los diversos 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda, y de la totalidad de las constancias integrantes del presente sumario constitucional, se advierte que los actos reclamados consisten en: Auto de tres de febrero de dos mil diecisiete, emitido por el Contralor Interno del organismo descentralizado de la administración pública municipal, Acuario Mazatlán, con sede en esta ciudad, en el expediente OIC-01/2017, donde se ordenó lo siguiente: La apertura de un periodo de información previa, en el cual se practicarían actuaciones encaminadas a determinar si concurren las circunstancias que justifican la incoación de un procedimiento administrativo disciplinario y, en su caso, los hechos susceptibles de motivar su incoación y la identificación de la persona o personas que pudieran resultar responsables. Girar oficio a diversas dependencias para recabar documentos. Citar, entre otros, al quejoso para recabar su declaración. Apercibimiento, que de no comparecer, podrían aplicarse las medidas de apremio, relativas a multa, uso de la fuerza pública y arresto. 2. Citatorio de cuatro de febrero de dos mil diecisiete. Cabe destacar que la fijación de los actos reclamados, atinente a la resolución de tres de febrero de dos mil diecisiete, descritos en el punto uno, que antecede, obedece a que la determinación de la apertura de un periodo de información previa, girar oficio, citar, entre otros, al quejoso, y apercibimiento, aun cuando están materialmente contenidas en una resolución, como acto de decisión, se encuentran desvinculadas entre sí. Orientan sobre el particular, por las razones que las informan, las tesis siguientes: "Octava Época Registro: 214327 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XII, Noviembre de 1993 Materia(s): Civil Tesis: Página: 308 AUTOS COMPLEJOS, RECURRIBILIDAD DE LA PARTE DE LOS, QUE SÍ ADMITE MEDIO DE IMPUGNACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El auto que contiene varios acuerdos desligados entre sí es de los llamados complejos. Luego, si una parte de él se refiere a la admisión de probanzas, en tanto que la otra comprende un apercibimiento de imposición de multas a uno de los testigos, resulta que la primera de dichas partes es irrecurrible por disponerlo así el artículo 291 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mas contra la indicada segunda parte sí procede el recurso de revocación, por ocasionar un perjuicio al deponente; medio de defensa que es el idóneo con base en el artículo 423, en relación con el 639, del ordenamiento citado. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Improcedencia 273/93. Francisco Sepúlveda Campos. 29 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María de los Angeles E. Chavira Martínez. Secretario: Salvador Murguía Munguía." "Séptima Época Registro: 247610 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 205-216, Sexta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 91 AUTOS COMPLEJOS. ELEMENTOS QUE LOS CONSTITUYEN (LEGISLACION DEL ESTADO DE NUEVO LEON). Ahora bien, los agravios vertidos por el quejoso contra la sentencia del Juez de Distrito son fundados en virtud de que éste no aprecia correctamente el acto reclamado, ya que efectivamente el auto de veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, contra el que se interpuso la revocación, reviste la característica de complejo, dado que se acuerdan tres circunstancias diversas, como son el desechamiento de un recurso, el tener al quejoso expresando los agravios contra la sentencia del Juez natural, y por último la orden de dar cumplimiento al auto de cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y dos, que tuvo al tercero perjudicado por formulando sus agravios. De lo anterior se advierte que efectivamente la promoción del quejoso (interponiendo recurso de revocación), no estuvo enderezada contra el auto que desechó otro recurso del mismo género, y en consecuencia no es aplicable lo dispuesto por el artículo 422 del código adjetivo de la materia, ya que ese recurso se interpuso contra la determinación del Magistrado responsable de tenerlo por expresando en tiempo y forma los agravios contra la sentencia de primera instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 309/85. Angel Pérez Pacheco. 16 de mayo de 1986. Ponente: Isidro Gutiérrez González. Secretario: Abraham Calderón Díaz." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable al rendir su informe justificado admite la certeza de los actos reclamados, lo que se corrobora con las copias certificadas del procedimiento de origen; constancias con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°. CUARTO. Causas de sobreseimiento. En el presente asunto, se estima que por lo que respecta al acto reclamado señalado con el número punto 1, inciso a), relativo a la parte del auto de tres de febrero de dos mil diecisiete, que ordenó la apertura de un periodo de información previa, se actualiza la causa de improcedencia que establecida en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 6º de la Ley de Amparo, mismos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los artículos transcritos se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien afecte el acto reclamado. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis que establece: "Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis siguiente: "Séptima Época Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 205-216 Tercera Parte, Materia(s): Común Tesis: Página: 127 Genealogía: Informe 1975, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 75, página 106. Informe 1986, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 51, página 48. PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto r reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia Amparo en revisión 9357/84. Miguel Hernández y coagraviados (Núcleo Ejidal Colón, Municipio de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla). 13 de agosto de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Noé Castañón León. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Héctor Alberto Arias Murueta. Séptima Época, Tercera Parte: Volumen 76, página 41. Amparo en revisión 4489/74. Comunidad Agraria del Poblado "La Encarnación", Municipio de Acámbaro, Guanajuato. 30 de abril de 1975. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Secretario: Juan Díaz Romero. Quinta Época: Tomo LII, página 450. Amparo en revisión 5623/36. Covarrubias González María de la Luz. 14 de abril de 1937. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Jesús Garza Cabello. Relator: José María Truchuelo. Secretario: Alfonso de Silva." Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así se desprende de la siguiente tesis, que dice: "Quinta Época Registro: 807072 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación LXXXII, Materia(s): Común Tesis: Página: 3490 PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause una afectación real y definitiva, a la persona física o moral que presente la demanda, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, de la demanda de amparo y constancias que integran el sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado a que se hace consistir en la parte del auto de tres de febrero de dos mil diecisiete, donde se ordenó la apertura de un periodo de información previa, en el cual se practicarían actuaciones encaminadas a determinar si concurren las circunstancias que justifican la incoación del procedimiento administrativo OIC-01/2017. En esa virtud, se estima que la apertura de un periodo de información previa, en el cual se practicarían actuaciones encaminadas a determinar si concurren las circunstancias que justifican la incoación del procedimiento administrativo de referencia, por sí mismo, no afecta la esfera jurídica del quejoso. Es así, toda vez que la sola apertura del periodo de información y la práctica de diversas actuaciones a fin de determinar si concurren las circunstancias que justifican la incoación del citado procedimiento administrativo no constituye un agravio real y definitivo en la esfera jurídica del quejoso, puesto que el objeto de llevarlas a cabo es, precisamente establecer si se evidencia el inicio del procedimiento administrativo. Consecuentemente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo, al no generar el acto reclamado en comento, un perjuicio real y definitivo en la esfera jurídica del quejoso, por ende, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la ley en cita. Ahora bien, respecto a los actos reclamados señalados en el punto 1, incisos b) y c), atinentes a la parte de la resolución de tres de febrero de dos mil diecisiete, que ordenó girar oficio a diversas dependencias, para recabar documentos, y citar al quejoso para recabar su declaración; así como el apercibimientos decretados, se advierte la existencia de una imposibilidad para analizar su constitucionalidad. Esto es así, porque se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con la fracción XXI del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, en atención a que cesaron los efectos de ese acto reclamado, como a continuación se verá. De lo expuesto en el informe justificado, así como de las constancias certificadas remitidas a este órgano jurisdiccional, las cuales fueron valoradas en párrafos precedentes, y de los autos del presente juicio de amparo se advierte, en lo que interesa, que la autoridad responsable en proveído trece de febrero de dos mil diecisiete, se ordenó turnar el procedimiento de origen OIC-01/2017 a la Contraloría Municipal, Oficina del Síndico Procurador y Secretaría del Ayuntamiento, a fin que dicha dependencia, en sus ámbito de competencia, lleven a cabo los procedimientos administrativos hasta su conclusión. De igual forma, en esa resolución se dejaron sin efecto la citación al aquí quejoso Jorge Armando Gómez Llanos Chavarín y el apercibimiento decretado. De lo reseñado, se colige que estando en trámite el presente juicio de amparo, la autoridad responsable, dejó sin efecto la citación y apercibimientos al peticionario de amparo, entonces, se estima que, en la especie, cesaron los efectos del acto reclamado en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada que a continuación se transcribe: "Octava Época Registro: 210237 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación XIV, Octubre de 1994, Materia(s): Común Tesis: II. 1o. C. T. 217 K Página: 313 INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión 163/94. Servicity, S. A. de C. V. 21 de septiembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Pérez González. Secretaria: Vianey Gutiérrez Velázquez." Conforme a lo anterior, se estima que en relación al acto reclamado identificado en el punto 2, relatico al citatorio de cuatro de febrero de dos mil diecisiete, en el caso se actualiza la causa de improcedencia siguiente, como se verá enseguida. El artículo 61, fracción XXII, de la Ley Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y" De la interpretación gramatical del precepto legal transcrito se advierte, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento, cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar a la redacción de la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, se actualiza cuando el juzgador de amparo advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Además, aclaró, que lo anterior generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica de la persona, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Criterio visible en la tesis de jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 173858 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Página: 189 ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese contexto relatado, si bien aún existe el citatorio reclamado; se estima ya no podrá surtir efecto legal alguno, pues dejó de existir su objeto. Esto es así, porque, como se vio, la autoridad responsable mediante proveído de trece de febrero de dos mil diecisiete, remitió el procedimiento de origen a una diversa autoridad y dejó sin efecto la citación y apercibimiento decretado en auto de tres de febrero de dos mil diecisiete. Como se ve, no obstante se concediera a la parte quejosa el amparo solicitado, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, puesto que el procedimiento de origen se dejó sin efecto la citación decretada al quejoso, la cual acaeció precisamente en el citatorio reclamado. De ahí que, se actualice la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, como se anticipó, se actualiza la hipótesis de sobreseimiento en el juicio de amparo prevista en la fracción V del artículo 63, en relación con las fracciones XXI, XXII y XXIII, en relación con el diverso 6° de la Ley de Amparo, del artículo 61, todos de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. No sobra decir, que el sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre los actos reclamados, toda vez que no genera agravio alguno a la parte quejosa, porque aquella cuestión es de estudio preferente y de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "Octava Época Registro: 214593 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 70, Octubre de 1993 Materia(s): Común Tesis: II.3o. J/58 Página: 57 SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Además, no se atenderán los alegatos formulados por el quejoso, toda vez que al no ser éstos materia de la litis constitucional, no existe el deber de atender las argumentaciones ahí vertidas. QUINTO. Notifíquese. Finalmente, se ordena notificar la presente sentencia al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, de esta ciudad, en relación a la queja 57/2017, promovida por el aquí quejoso, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 76 a 79 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por de Jorge Armando Gómez Llanos Chavarín, respecto de los actos reclamados al Contralor Interno del Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal denominada Acuario Mazatlán, con residencia en esta ciudad, precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se ordena notificar la presente sentencia al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, de esta ciudad, en relación a la queja 57/2017, promovida por el aquí quejoso, para su conocimiento y efectos legales correspondientes, tal como se ordena en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Tribunal admite recurso de queja. Téngase por recibido el oficio 5075/2017, signado por el Actuario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, por el cual informa que ese Tribunal admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso IJorge Armando Gómez Llanos Chavarin, en contra del auto de nueve de marzo de dos mil diecisiete. En consecuencia, agréguese a los autos el oficio de cuenta, para que surta los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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