Jorge Armando Castellanos Chavez
Expediente 726/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Jorge Armando Castellanos Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el oficio 175/2020, signado por la Actuaria adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, por el que informa que en los autos de la queja 306/2019, se resolvió:..."(.) ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja promovido por ***, en contra de la resolución dictada el seis de noviembre de dos mil diecinueve, por el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad de Mazatlán, en el juicio de amparo 726/2019, por la cual desechó la demanda de garantía interpuesta"... Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; y, acúsese recibo de estilo... De conformidad con el artículo 36, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, que devolver a las partes... Notifíquese en términos de Ley y dentro del plazo legal... Así lo acuerda y firma...
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Admite queja. Téngase por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica que se admitió el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa, en contra del auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, agréguese el comunicado de referencia para los efectos legales a que haya lugar. II. Nota de queja. Se toma nota que se registró como queja 306/2019; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Tribunal solicita notificación. Téngase por recibido el oficio 14644/2019, signado por la Actuaria Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual solicita se remita constancia de notificación personal que se realizó a la parte quejosa del auto de impugnado de seis de noviembre de dos mil diecinueve, a fin de proveer lo relativo a la admisión del recurso de queja hecho valer por el quejoso José Armando Castellanos Chávez. Se remite constancia. En atención a lo anterior, como lo solicita el tribunal colegiado, remítase copia certificada de la constancia de notificación realizada a la parte quejosa del proveído de seis de noviembre del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Recurso de queja. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Jorge Armando Castellanos Chávez, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve. En atención a lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, inciso a), en relación con el numeral 100 de la Ley de Amparo, como lo solicita el peticionario de amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 726/2019; así como el original y copia del escrito de queja, para la substanciación del recurso hecho valer; de igual manera, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de la materia ríndase informe. Se ordena notificar proveído. Vista la certificación, se advierte que no existe constancia de que se hubiese notificado al quejoso Jorge Armando Castellanos Chávez, el proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve. En consecuencia, se comisiona nuevamente a la actuaria judicial adscrita, a fin de que notifique personalmente al quejoso Jorge Armando Castellanos Chávez, el proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve. Una vez que obre en autos dicha notificación será remitida al Tribunal de Alzada, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Mazatlán, Sinaloa, seis de noviembre de dos mil diecinueve. I. Radicación y creación del expediente. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Jorge Armando Castellanos Chávez; fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno relativo; dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 726/2019 e intégrese expediente electrónico. II. Decisión sobre la instancia constitucional. Del examen de la demanda de amparo, se advierte de manera manifiesta e indudable, que el juicio es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 62 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En concreto, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional.". (Octava Época. Registro 221353.Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, noviembre de 1991, materia común, página 198). Por su parte, el artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [...] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]". De esta disposición se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del rubro y texto siguiente: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." (Novena Época, Registro: 175910, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.C.18 K, Página: 1827) Entonces se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". El principio de definitividad rector del juicio de amparo, y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, el cual consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo." (Octava Época, Registro: 216176, Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Junio de 1993, Materia(s): Común, Tesis:, Página: 252). De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos, se advierte que el quejoso Jorge Armando Castellanos Chávez, es tercero llamado al juicio sumario 88/2018, por lo que es parte formal y material, con derechos inherentes al caso y por ende, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 61 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, en donde se señala que es parte procesal el tercero que interviene a defender sus derechos. Lo anterior se acredita con la copia de la diligencia de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en donde el quejoso se apersonó al juicio sumario y celebró convenio ante la autoridad judicial que señala como responsable, para el pago de pensión alimenticia a favor de sus progenitores. Razón por la cual, el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño, como señala en su escrito de demanda y por tanto debe de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado, acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto. Tiene aplicación al respecto, la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. (Décima Época, Registro: 2017117, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 11/2018 (10a.), Página: 8) En efecto, con tal carácter (parte procesal en el juicio sumario), reclama en esta vía constitucional, el auto de nueve de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio sumario de alimentos 88/2018, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Concordia, Sinaloa, donde se ordenó al Jefe del Departamento de Recursos Humanos y/o Administrador y/o Jefe del Departamento de Pagaduría, del Centro Federal de Readaptación Social Número "4 Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit, la retención y puesta a disposición del citado órgano jurisdiccional, la cantidad de $500.00 (quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pensión alimenticia provisional a favor de sus progenitores Pedro Castellanos Navarro y Guadalupe Chávez Garzón. Entonces, no se trata de un acto de los contemplados como excepción al principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción VIII, incisos a), b) y d), de la Ley de Amparo, esto es: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; (.) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Sobre ese tópico, los artículos 210, fracciones I, 214, 375 y 61, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa, disponen: "Artículo 210. Se ventilarán sumariamente: I. Los juicios de alimentos, ya sean provisionales o los que se deban con el carácter de estabilidad por contrato, por testamento o por disposición de este Código, ya tengan por objeto el pago y el aseguramiento o sólo alguno de ellos, así como el aumento y la disminución de pensiones definitivas y la cesación de la obligación de alimentaria; (.) Artículo 214. Las reglas del juicio ordinario, se aplicarán al sumario en lo que no se opongan a lo dispuesto en el presente Título. En los sumarios no son admisibles la reconvención o la compensación, sino cuando las acciones en que se funden estén también sujetas a juicio sumario. Lo resuelto sobre alimentos que sea apelado se ejecutará sin fianza, y las resoluciones que recaigan en los casos de las fracciones V y IX del artículo 210 de este Código, son inapelables. Artículo 375. Las partes, el Ministerio Público, la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familiar y las demás personas a quienes este Código concede esta facultad, podrán hacer valer los recursos. Artículo 61. Tiene el carácter de partes de un juicio, aquellos que ejerciten en nombre propio o en cuyo nombre se ejercita una acción, y aquél frente al cual es deducida. Lo tienen igualmente, las personas que ejercen el derecho de intervención en calidad de terceros, en los casos previstos en este Código y quienes tengan algún interés legítimo. Por tanto, de la interpretación gramatical del artículo 214 transcrito, se advierte que lo resuelto sobre alimentos que sea apelado se ejecutará sin fianza, y que solo las resoluciones que recaigan en los casos de las fracciones V y IX del artículo 210 del código procesal en cita, son inapelables, esto es, las referentes a las diferencias que surjan entre el marido y la mujer sobre la administración de los bienes comunes, la educación de las hijas y los hijos, oposiciones de maridos, padres y tutores y en general, todas las cuestiones familiares de igual importancia, que reclamen la intervención judicial, así como las cuestiones de guarda y custodia compartida; por tanto, en contra del auto impugnado en esta vía (donde se fija pensión de alimentos en forma provisional a favor de los progenitores del quejoso, procede el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 214, en relación con la fracción I, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Sinaloa. De tal suerte que no se trata de un recurso sujeto a interpretación adicional o que su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Encuentra aplicación en lo substancial, la Jurisprudencia de Pleno del Vigésimo Primer Circuito y las tesis sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen: "ALIMENTOS PROVISIONALES. CONTRA EL AUTO QUE LOS FIJA PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). De la interpretación de los artículos 140, 375, 381, 386, 393, fracción III y 566 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, deriva que el auto que fija alimentos provisionales es impugnable mediante el recurso de apelación, y no a través del de reconsideración, en virtud de que este último excluye su procedencia respecto de aquellas determinaciones impugnables en apelación. Al respecto, de los citados artículos 393, fracción III, y 566, se colige que las resoluciones sobre alimentos que fueran apeladas (entre éstas, las que fijan alimentos provisionales) serán ejecutables sin necesidad de caución, lo cual revela la procedencia de dicho recurso en su contra; lo anterior, aunado a que la fracción V del numeral 238 del citado código señala que el auto de entrada a la demanda es apelable en el efecto devolutivo, momento procesal en que precisamente se fijan los alimentos provisionales, sin que trascienda que tal regla esté dirigida a los juicios ordinarios, en virtud de que, conforme al diverso artículo 524 de ese mismo ordenamiento legal, en todo lo no previsto y en cuanto no se oponga a lo ordenado en el título relativo, se aplicarán las reglas generales del propio código. (Décima Época, Registro: 2010515, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Materia(s): Civil, Tesis: PC.XXI. J/5 C (10a.), Página: 1428) "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, VIGENTE EN 2011). De los artículos 79, 94, 684, 688, 691 y 700 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (aplicable para la Ciudad de México), deriva que el recurso de apelación procederá contra las resoluciones que no puedan ser revocadas o regularizadas; lo que implica que las identificadas como autos e interlocutorias serán apelables siempre que lo sea la definitiva. Por lo tanto, contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional procede el recurso de apelación; pues el código procesal local dispone que contra las sentencias definitivas de esa naturaleza procede la apelación en el efecto devolutivo y que las "resoluciones" de alimentos que fueren apeladas se ejecutarán sin fianza. Luego, se deduce que al ser procedente la apelación en contra de la sentencia definitiva de alimentos, también lo es contra los autos e interlocutorias en los juicios que involucren su otorgamiento, porque el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal reconoce que las "resoluciones" sobre alimentos son apelables y dicho término no puede ceñirse exclusivamente a sentencias, sino que también abarca a los autos que se dicten en la contienda. (Décima Época, Registro: 2018737, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. CCXIII/2018 (10a.), Página: 357). "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO). De los artículos 79, 94, 673, 677, 685, 689, 973, 975, 983 y 984 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango, deriva que el recurso de apelación procederá contra los autos y las sentencias interlocutorias que no paralizan ni ponen fin al juicio en efecto devolutivo. Ahora bien, conforme a esta premisa, dicho código procesal dispone que la pensión alimenticia provisional podrá fijarse mientras se resuelve el juicio, por lo que puede concluirse que esa resolución trata de un auto que no paraliza ni pone fin al juicio, ya que ello acontecerá hasta el dictado de la sentencia definitiva. Luego, las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas no se refieren de forma exclusiva a sentencias, sino también a otro tipo de resoluciones judiciales como los autos; de lo que se infiere que en el Estado de Durango procede el recurso de apelación contra el auto que decreta la pensión alimenticia provisional. (Décima Época, Registro: 2018736, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. CCXIV/2018 (10a.), Página: 358). Criterios en los que si bien, se analizan legislaciones de otros Estados, en el caso son aplicables en lo substancial, toda vez que dichas disposiciones son de similar contenido a las de este Estado de Sinaloa, en donde se estudia lo relativo a la procedencia del recurso de apelación en los asuntos de alimentos. Por tanto, el quejoso en su carácter de parte procesal (tercero llamado al juicio sumario de alimentos), debe agotar previamente dicho recurso, antes de promover el presente juicio de amparo, pues de los numerales previamente transcritos se desprende que las resoluciones que no se refieran a las diferencias que surjan entre el marido y la mujer sobre la administración de los bienes comunes, la educación de las hijas y los hijos, oposiciones de maridos, padres y tutores y en general, todas las cuestiones familiares de igual importancia, que reclamen la intervención judicial, así como las cuestiones de guarda y custodia compartida, son apelables, con lo cual, se satisface plenamente el derecho de acción y defensa tutelado por el citado artículo 17 Constitucional. Por consiguiente, es innegable que el peticionario de amparo, previamente a instar la acción constitucional, debió agotar el citado medio ordinario de defensa -recurso de apelación-, ya que mediante la promoción del mismo, es posible obtener que se modifique, revoque o nulifique la pensión de alimentos que se fijó en forma provisional en acuerdo de nueve de octubre del año en curso. De tal suerte, que se estima que al no haberse agotado el supracitado medio ordinario de defensa, el peticionario de amparo no cumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo. Al margen de lo anterior, no se soslaya la naturaleza de irreparabilidad que pudiera revestir el acto reclamado, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y en consecuencia procediera el juicio de amparo indirecto. El que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del justiciable, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. En tanto que la definitividad se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de renunciar a ellos. Así, el hecho de que el acto sea de imposible reparación no genera una excepción a la definitividad, a virtud que ésta se refiere al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados. La anterior se apoya en las jurisprudencias de la Primera Sala del alto tribunal, y la sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dicen: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." (Décima Época, registro: 2005039, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materia Común, 1a./J. 113/2013 (10a.), página 350) "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." (Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable a página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación). Consecuentemente, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 113 transcrito, se desecha la demanda de amparo. III. Domicilio y autorizado. Téngase como su domicilio procesal, el que para tal efecto indicó en la demanda de amparo, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Luis Romero Alarcón, en razón a que de la certificación de cuenta se advierte que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único para Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. IV. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. V. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículo 110 y 113 de la Ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese en términos de Ley.
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