Jorge Armando Chavez Quiroz
Expediente 571/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jorge Armando Chavez Quiroz
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que a la diligenciaria adscrita a este juzgado, no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa la determinación de dieciocho de junio del año actual, dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa; lo anterior, en virtud de que en tal determinación, se omitió proveer lo conducente al domicilio que la referida parte procesal señaló para oír y recibir notificaciones. En tal virtud, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indicó en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, a las diversas personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Por tanto, túrnense los autos al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que notifique la referida determinación de dieciocho de junio del año actual a la parte promovente, corriéndole traslado con copia autorizada de la misma, a fin de que manifieste lo que a su derecho corresponda. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, catorce de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que a la diligenciaria adscrita a este juzgado, no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa la determinación de dieciocho de junio del año actual, dictada en los autos del juicio de amparo en que se actúa; lo anterior, en virtud de que en tal determinación, se omitió proveer lo conducente al domicilio que la referida parte procesal señaló para oír y recibir notificaciones. En tal virtud, a efecto de no dejarla en estado de indefensión, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte, el que indicó en el proemio de la demanda, y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, a las diversas personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentren legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados. Por tanto, túrnense los autos al Actuario Judicial de la adscripción, a fin de que notifique la referida determinación de dieciocho de junio del año actual a la parte promovente, corriéndole traslado con copia autorizada de la misma, a fin de que manifieste lo que a su derecho corresponda. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Jorge Armando Chávez Quiroz, contra actos del Fiscal General del Estado y otra autoridad, con tres copias y anexos que se acompañan; se provee: En atención al contenido íntegro del escrito de demanda y del anexo que se allega conjuntamente, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional y por tanto, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, debe desecharse en atención a las siguientes consideraciones. El citado numeral expone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, a fin de poner de manifiesto lo anterior, conviene señalar los antecedentes del acto reclamado, que se advierten de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad señala la parte quejosa y que son los siguientes: Que el siete de mayo del año que transcurre, el aquí impetrante del amparo, presentó ante la oficialía de partes de la Fiscalía General del Estado, formal denuncia en contra del Director General de Seguridad Pública Municipal de Estado, sin que a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, las autoridades señaladas como responsables hayan emitido pronunciamiento alguno al respecto. Así, la omisión de tal acuerdo, constituye el acto que por esta vía se pretenden combatir, en la medida en que, aduce la parte promovente, las autoridades responsables han sido omisas en dar trámite a la denuncia presentada el siete de mayo pasado. Pues bien, en el caso, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Del precepto constitucional transcrito se advierte que la víctima u ofendido del delito, carácter que en el caso ostenta la parte promovente, tiene derecho a impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación. Acorde con dichos preceptos legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Agente del Ministerio Público que conozca del asunto, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso, el acto reclamado consiste precisamente en la omisión de las autoridades señaladas como responsables, en dar trámite a la denuncia presentada por el aquí impetrante del amparo el siete de mayo pasado; por tanto, resulta claro, que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI, del transcrito artículo 109, e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del Juez de Control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debe hacer valer su derecho de impugnar la omisión de las autoridades designadas como responsables, ante el Juez de Control correspondiente, pues al derivar de la etapa de investigación, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia legal para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese; hágase personalmente al promovente.
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