Jorge Araiza Ontiveros

Expediente 286/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
286/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Jorge Araiza Ontiveros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta que remite la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido, se provee: Téngase recibido el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 144/2021. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese a las partes el contenido de la resolución que se acompaña al oficio de cuenta, de la que se advierte que se declaró infundado el recurso de queja de que se trata. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se declaró infundada la queja interpuesta contra el auto por el que se desechó la demanda constitucional, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de mayo de dos mil veintiuno. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se advierte que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo, el cual fue registrado con el expediente 144/2021. Notifíquese.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la parte quejosa, al que se acompaña un pliego de agravios con seis copias, por el que interpone recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101 de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto que este juzgado emitió la determinación recurrida. Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, hágase de su conocimiento en vía de informe justificado, que se pone a su disposición la consulta del expediente electrónico relativo a este asunto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; además de que se acompaña el original del escrito de expresión de agravios y una copia de éste para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado. Por tanto, se instruye a la analista jurídico de la adscripción, a fin de que permita la disponibilidad y acceso al expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Jorge Araiza Ontiveros, contra actos del Comisario de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad, con copias que se acompañan; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 286/2021-V. De la lectura íntegra de la demanda constitucional se advierte que la parte quejosa efectivamente reclama lo siguiente: Del Comisario de Seguridad Pública Municipal de San Luis Potosí: La suspensión temporal dictada en contra del quejoso el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, contenida en el oficio DGSPM/1095/XII/2020, la cual -refiere- fue por tiempo indefinido. En concepto de esta juzgadora, se actualiza de manera notoria, indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. De lo relatado bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se advierte que el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, derivado de diversas infracciones que le fueron atribuidas, se determinó "suspenderlo de manera preventiva temporal", lo cual le fue notificado en la propia fecha a través del oficio DGSPM/1095/XII/2020, lo que adquiere valor probatorio pleno en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al constituir una confesión expresa vertida por el aludido demandante constitucional, con lo cual se evidencia de manera notoria e indudable que a la fecha a transcurrido el plazo genérico de quince días a que se refiere el numeral 17 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de derechos fundamentales se presentó hasta el ocho de abril de dos mil veintiuno, es evidente que la promoción del juicio constitucional fue extemporánea. Lo mencionado pone de relieve la actualización de la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, ya que es claro que se consintió tácitamente la suspensión temporal impuesta al quejoso el veintiuno de diciembre de dos mil veinte. Es así, en razón de que el acto que se tilda de inconstitucional no se encuentra en ninguno de los casos de excepción que menciona el numeral 17 de la legislación en cita, en sus fracciones I, II, III y IV, es decir, no se impugna una norma general autoaplicativa, ni el procedimiento de extradición, ni una sentencia condenatoria en un proceso penal, ni actos que causen perjuicio a algún núcleo de población ejidal o comunal, ni que impliquen privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos restringidos del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que refiere, por no haber proporcionado los datos relativos a que se encuentran legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

Quedan 1 actuación en este expediente

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