Jorge Armando Carmona Peña

Expediente 131/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
131/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
17/05/2018

Partes del expediente

  • Jorge Armando Carmona Peña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 131/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Sin embargo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible a depuración, debido a que se concedió la suspensión definitiva. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio del Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, mediante el cual remite el juicio de amparo 131/2018-V, promovido por Jorge Armando Carmona Peña, constante de noventa y cuatro fojas útiles que contiene la sentencia terminada de engrosar el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo, asimismo, remite un disco compacto que contiene el archivo electrónico de la sentencia referida; en tales condiciones, con fundamento en los Acuerdos Generales 54/2009 y 39/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena notificar a las partes la sentencia de que se trata. Acúsese recibo correspondiente. Asimismo, se ordena glosar el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos de este juicio al Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE LA SENTENCIA DE AMPARO. ... Por lo expuesto y fundado se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Armando Carmona Peña, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, que precisado quedó en el considerando segundo de esta resolución; de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al juzgado de origen para los efectos conducentes y, adjunto a la comunicación oficial de estilo, remítase un disco compacto que contenga la presente resolución.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. INFORMES JUSTIFICADOS Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan, los informes justificados que rinden: El Director del Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos" y como Presidente del Comité Técnico, y El Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Estatal de Reinserción "Morelos". Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. DIFERIMIENTO ANTICIPADO Para dar tiempo a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada para el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. SEPARACIÓN DE JUICIOS Ahora bien, ha de precisarse que los quejosos reclaman la orden de aislamiento impuesta con motivo del parte informativo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho; a consecuencia del aislamiento aducen encontrarse incomunicados, sin derecho a recibir visitas, sin derecho a recibir suficiente alimento y agua potable y sin derecho a salir al patio. De igual manera es de precisarse que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece -aplicable a los amparos cuya separación se pretende-, no prevé la separación de juicios como lo disponía la abrogada Ley de Amparo en su artículo 57, sin embargo, la acumulación al ser una figura jurídica que tiene como finalidad acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de garantías en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias; esto es, el citado numeral preveía las siguientes hipótesis: "Artículo 57. En los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los Jueces de Distrito, podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes: I. Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables...". II. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos...". Del contenido del artículo citado se desprende que, para la procedencia de la acumulación es requisito indispensable (en ambas fracciones), que el acto reclamado sea el mismo. Por tanto, de la interpretación (en sentido contrario) del mencionado artículo se advierte que para que la separación de juicios sea viable es necesario que el acto reclamado sea distinto, como acontece en el caso concreto, pues los quejosos reclaman la orden de aislamiento girada en su contra, ello como sanción de sus respectivas conductas que asentaron en el parte informativo de diecisiete de enero del año en curso. Así las cosas, en atención a lo dispuesto por el artículo 57 antes citado (interpretado en sentido contrario), pues las conductas sancionadas a los quejosos fueron distintas, esto es, el origen del aislamiento se debe a causas distintas, lo que necesariamente conduce a concluir que se trata de actos que no deben ser resueltos de forma acumulada, sino que deben desvincularse para lograr una tramitación más diáfana en los juicios de garantías; además, para evitar el pronunciamiento de una sentencia complicada, (confusa en su comprensión, y en el eventual caso de que en ella se conceda el amparo, oscura para su cumplimiento), sin contar los problemas en el trámite de las impugnaciones que al respecto lleguen a formularse. Además, porque si los actos reclamados en un solo asunto derivan de juicios o procesos diversos (desvinculados entre sí) nunca podrán actualizarse los supuestos de acumulación que establecen las fracciones del numeral citado, que requieren, como base fundamental en ambas, que se trate del mismo acto reclamado, lo que en el caso no acontece. En las condiciones apuntadas, deberá realizarse la separación de juicios y formarse un expediente nuevo en el que se estudie por separado los actos que reclaman cada una de los quejosos. En consecuencia de lo anterior, este órgano jurisdiccional asume conocimiento de la demanda de garantías promovida únicamente por Jorge Armando Carmona Peña. Al decretarse la separación de juicios, mediante oficio solicítese al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito para que turne las demandas de amparo promovidas por Jorge Samuel Méndez Rocha, Geovany Rojo Camacho y Juan López López, al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos que por turno corresponda, de conformidad con el artículo 48, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 131/2018-V y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, signado por Jorge Armando Carmona Peña, Jorge Samuel Méndez Rocha, Giovany Rojo Camacho y Juan López López, por su propio derecho, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de las autoridades responsables Director del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos y otras autoridades, de quienes reclama: 1.-La orden de segregación ordenada en su contra como sanción del parte informativo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho. A consecuencia de la segregación: 2.-sin derecho a recibir visita familiar. 3.- sin derecho a recibir atención médica. 4.- sin derecho a recibir suficiente alimento y agua potable. 5.-sin derecho a salir al patio. II.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS Y DESAHOGADAS. En autos de los presentes cuadernillos incidentales relativos al juicio de amparo 131/2018-V, se desprende que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. III.- INFORMES PREVIOS. Las autoridades responsables al rendir su informe previo aceptaron el acto reclamado consistente en la orden de segregación, en virtud de haber agredido a dos personas privadas de su libertad en el dormitorio 3. Por su parte, negaron los actos combatidos señalados con los numerales del 2 al 5. IV.-CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SEGREGACIÓN. Ahora bien, de acorde con la naturaleza jurídica del acto reclamado, deben ser conceptualizados como la acción de separar a una interna de la población general y asignarla a una unidad de segregación administrativa, o supervisión intensiva cuando su presencia en la población general podría crear cualquiera de las conductas siguientes:  Una amenaza seria para la seguridad personal, visitantes u otros internos.  Una amenaza seria para el interno mismo.  La posibilidad de que se fugue el interno de dicho centro penitenciario.  Una amenaza seria al funcionamiento del orden y seguridad de la institución. Asimismo, tales actos reclamados tienen la naturaleza jurídica de una sanción de carácter administrativo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 82, fracción I del Reglamento de Establecimientos Penales del Estado de Morelos, que a la letra dice: "Artículo 82.- Cuando los internos incurran en alguna de las conductas a que se refiere la fracción I del artículo anterior, se les impondrá alguna de las siguientes sanciones disciplinarias: I.- Aislamiento en celda por un lapso no mayor de 5 días, y de 15 en caso de reincidencia. El aislamiento lleva consigo la suspensión de todo tipo de contacto con el exterior y con cualquier persona del interior salvo el médico, y el ministro de su credo, y salvo el abogado cuando el juicio al que estén sujetos lo requiera o cuando el interno haya sido aislado en las circunstancias descritas en la fracción III del artículo 88. Estas visitas podrán permanecer con el interno solamente el tiempo indispensable para cumplir con el fin de la visita. El médico deberá visitar diariamente a los internos aislados a fin de verificar su estado de salud física y mental, y que no hayan sido sometidos a tortura, ni a tratos crueles inhumanos o degradantes. En el caso de que así lo requieran, deberán prestarles auxilio médico y denunciar cualquier anomalía. Cuando, por circunstancias de gravedad en la salud psíquica y mental del interno el médico lo considere necesario, solicitará al director, en petición escrita y fundada, que suspenda el aislamiento, o que lo reduzca con visitas de diez minutos de familiares o de otros internos. Las habitaciones de aislamiento deberán estar acondicionadas de la misma manera que los dormitorios, a fin de que en ellas los internos conserven su dignidad, y deberán tener un área aledaña en la que los internos puedan caminar o hacer un mínimo de ejercicio, o realizar, en soledad, alguna actividad deportiva si el médico lo indica. Por ningún motivo el aislamiento debe ir acompañado de la suspensión de los alimentos ni del agua potable. Se deberá permitir al confinado la posesión de libros y periódicos así como lápiz y papel." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando la solicite el agraviado; cuando con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme al artículo invocado, tenemos que una de las exigencias legales que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que su otorgamiento no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Así, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación, que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Con base en los citados razonamientos, tenemos que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo anterior encuentra apoyo en las siguientes tesis: Tesis: I.4o.A.11 K (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2002421 5 de 19 Tribunales Colegiados de Circuito Libro XV, Diciembre de 2012 Tomo 2 Pág. 1575 Tesis Aislada(Común) "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD. El artículo 124 de la Ley de Amparo contiene los requisitos que deben satisfacerse a efecto de que pueda decretarse la suspensión del acto reclamado, entre los que se encuentra, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en diversos criterios que existe afectación a tales instituciones cuando con la concesión de esta medida se prive a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes o se le infiera un daño que de otra manera no resentiría. De lo anterior puede afirmarse que el orden público constituye la máxima expresión del interés social, como bien constitucionalmente protegido, y una garantía de la sociedad para que las personas y autoridades ejerzan razonablemente sus derechos dentro del Estado, y no sólo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad y bienestar colectivo, sino también conlleva la armonía social en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado; esto es, la coexistencia pacífica entre el poder y la libertad. Su finalidad principal es la libertad de los gobernados y asegurar la eficacia de sus derechos, siendo uno de los valores fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos protege y debe ser privilegiado, en la inteligencia de que la libertad implica coordinación, responsabilidad, facultad de obrar con conciencia y acorde con las finalidades legítimas y no de desorden o que únicamente atiendan a intereses de la administración, considerados en abstracto. Objetivo que es acorde con la reforma a la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los casos concretos debe ponderarse la afectación real y su magnitud que incida en la sociedad frente al efectivo agravio que resientan intereses privados, especialmente cuando está de por medio y en entredicho la legitimidad del actuar de la autoridad o apariencia del buen derecho; por lo que con la eventual concesión de la medida cautelar debe asegurarse el respeto al orden público, haciendo un ejercicio razonable del derecho, evitando un menoscabo grave al quejoso, y a los derechos de otras personas que, de no ser por la limitación, resultarían deteriorados o disminuidos, subsistiendo con ello el equilibrio que debe imperar entre el legítimo y armónico ejercicio de los derechos, deberes, libertades y poderes del Estado en relación con la libertad de las personas, y del cual existe interés de la colectividad en que se mantenga." Tesis: 8 Informes Séptima Época 805484 1 de 1 Segunda Sala Informe 1973, Parte II Pág. 44 Jurisprudencia(Común) "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." En este caso, otorgar la suspensión no privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o le causaría perjuicio alguno. Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de la Materia uno de los efectos de la suspensión será el de conservar la materia del juicio. Sentado lo anterior, toda vez que concurren los requisitos para la suspensión a instancia de parte previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo con fundamento en ese artículo y, además, en términos del diverso 138 de esa ley, se concede la suspensión definitiva en estos términos: Para que no se ejecute la sanción consistente en segregación, impuesta a JORGE ARMANDO CARMONA PEÑA, JORGE SAMUEL MÉNDEZ ROCHA, GEOVANY ROJO CAMACHO Y JUAN LÓPEZ LÓPEZ; hasta en tanto, cause ejecutoria la sentencia de amparo; de igual forma se precisa, que si dicha sanción está siendo ejecutada, cese de inmediato. Lo anterior, a fin de preservar la materia del juicio y de garantizar los derechos de los impetrantes se concede la suspensión definitiva en la forma en que se hace, sin perjuicio de que se sobresea o se niegue el amparo la sanción podrá ser ejecutada entonces. Los efectos de esta suspensión deben prevalecer hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de amparo; sin embargo, se indica a las autoridades responsables que esta suspensión definitiva no veda sus facultades para sancionar las conductas de los impetrantes que atenten o infrinjan las medidas de seguridad, orden, disciplina y demás que imperen en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, lo cual, deberá acreditar fehacientemente la autoridad responsable de encontrarse en el caso. SALVEDADES. La medida cautelar se concede, sin perjuicio de que se sobresea o se niegue el amparo, pues entonces la sanción podrá ser ejecutada. Se aclara que la presente medida cautelar no surtirá efectos si dicha sanción emana de diversas autoridades de las señaladas como responsables, o fue impuesta en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Esta medida cautelar surtirá efectos siempre y cuando no implique alterar el orden dentro del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos. De igual forma, se hace la precisión a la autoridad responsable que esta medida suspensiva sólo tiene efectos jurídicos respecto a aquellos actos que hayan sido emitidos al día de presentación de la demanda de amparo (veintiséis de enero de dos mil dieciocho), y no respecto a actos que se emitan con posterioridad, quedando expedito el derecho de las autoridades penitenciarias para verificar y aplicar las medidas disciplinarias que la normatividad les exige, con la finalidad de preservar el orden y la seguridad del centro de reclusión en el que se encuentra la parte quejosa. RESTRICCIÓN DE RECIBIR VISITAS FAMILIARES. Toda vez que se cumplen con los requisitos para la suspensión a instancia de parte previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, con fundamento en dicho artículo y, además, en términos del diverso 138 de esa ley, se concede la suspensión definitiva, para que a JORGE ARMANDO CARMONA PEÑA, JORGE SAMUEL MÉNDEZ ROCHA, GEOVANY ROJO CAMACHO Y JUAN LÓPEZ LÓPEZ les sean permitidas las visitas familiares y conyugales a que tengan derecho, en los días y horarios que el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos tenga establecidos en su respectivo reglamento. Lo anterior, a fin de garantizar los derechos de los quejosos. Los efectos de esta suspensión deben prevalecer hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de amparo. Se indica a las autoridades responsables que esta suspensión no veda sus facultades para sancionar las conductas de los quejosos que atenten o infrinjan las medidas de seguridad, orden, disciplina y demás que imperen en el Centro Estatal de Reinserción Social Morelos. FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA. Toda vez que la salud es un derecho humano consagrado en el artículo 4º de la Constitución Federal, cuyo texto es el siguiente: "Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia." Luego, el derecho humano a la salud consagrado en el precepto 4º de la Carta Magna, en relación con los numerales 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es indispensable para el ejercicio de los demás reconocidos en los pactos internacionales y en nuestro orden jurídico, ya que no puede circunscribirse al significado del vocablo, pues contiene un sin número de derechos y obligaciones, tanto internos como externos, es decir, a nivel nacional e internacional, cuyas obligaciones cobran especial importancia en cuanto a proporcionar los medios necesarios para que el ser humano tenga acceso efectivo a la salud. A mayor razón, conforme a los artículos 1º, párrafos primero y tercero, 4º, párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas privadas de su libertad personal, quienes siguen gozando de ese derecho. Además, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad. En lo conducente, es aplicable por analogía, la siguiente tesis: Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 8 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2000769 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2 Pág. 1857 Tesis Aislada(Constitucional) "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. CORRESPONDE AL JUEZ O MAGISTRADO QUE TENGA INTERVENCIÓN EN EL PROCESO PROVEER LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA GARANTIZARLO, INCLUSIVE CUANDO SE EJECUTE LA SENTENCIA ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Conforme a los artículos 1o., párrafos primero y tercero, 4o., párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas sujetas a prisión preventiva, quienes siguen gozando de éste. Por otro lado, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad, inclusive los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y 24 del Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptados por las Naciones Unidas, establecen la obligación de contar con médicos calificados en todo establecimiento de reclusión, los cuales velarán por la salud física y mental de los internos, quienes tienen en todo tiempo el derecho a recibir gratuitamente atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. De lo anterior se concluye que el derecho a la protección de la salud de un inculpado recluido en un centro penitenciario significa que cuando éste tenga alguna enfermedad o padecimiento que amerite atención y tratamiento médico, el Juez o Magistrado que lo tenga a su disposición está obligado a proveer las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que en ese lugar el detenido las reciba adecuada y oportunamente, pues en virtud de sus mandatos jurisdiccionales se encuentra privado de su libertad, incluso en la sentencia definitiva al poner al inculpado a disposición de la autoridad administrativa que ejecute la pena, deberá ordenar a ésta proporcione la asistencia médica necesaria respecto de las enfermedades y heridas que presente el acusado durante el tiempo que permanezca a su disposición." Sentado lo anterior, en virtud que la suspensión es la determinación judicial por la que se ordena detener temporalmente la realización del acto reclamado mientras se resuelve la cuestión constitucional planteada y, por tanto, sólo tiene por objeto paralizar o impedir la actividad que desarrolla o está por desarrollar la autoridad responsable; con apoyo en los artículos 125, 128, 136, 131 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a JORGE ARMANDO CARMONA PEÑA, JORGE SAMUEL MÉNDEZ ROCHA, GEOVANY ROJO CAMACHO Y JUAN LÓPEZ LÓPEZ, para los siguientes efectos: Se otorgue la atención médica necesaria a los padecimiento de los quejosos, así como los medicamentos que conforme al caso deban de suministrárseles; determinación que obedece a que los promoventes de amparo refieren que al estar segregados no reciben atención médica; razón por la cual, se podría poner en peligro su vida. Este Juzgado de Distrito hace del conocimiento de las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. FALTA DE ALIMENTOS SUFICIENTES Y AGUA POTABLE. Ahora bien, respecto al acto consistente en falta de alimentos suficientes y agua potable, el cual se encuentra estrechamente relacionado con el disfrute de los demás derechos humanos, como la salud y la vida. Tomando en consideración que nuestro máximo ordenamiento legal, refiere que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, sin hacer diferencias entre las personas que gozan de su libertad y los mexicanos que se encuentran privados de su libertad personal. Además, precisa que será el Estado quien garantizará éste derecho. En suma, el derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado social, al considerar que las personas para gozar plenamente de sus derechos, necesitan de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas, entre estas últimas, la alimentación. Por su parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25 fracción l, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. Así tenemos, que el derecho al mínimo vital es un derecho fundamental que si bien no se encuentra expresamente consagrado por la carta magna, se colige a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en sus artículos, 1, 3, 4, 6, 13, 25, 27, 31 fracción IV y 123 que protegen el derecho a la vida, a la integridad física, igualdad, a la salud, al trabajo y seguridad social, entre otros, a través del cual se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar una subsistencia digna del individuo, en lo relativo a la alimentación, vestuario, salud, educación, vivienda, seguridad social, medio ambiente, por tanto el derecho al mínimo vital está dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas, entre ellos se insiste el de alimentación. Ahora, el núcleo esencial del derecho a la alimentación comprende los siguientes elementos: La disponibilidad de alimentos; y La accesibilidad a éstos. En ese sentido, la disponibilidad se refiere a la posibilidad que tiene el individuo de alimentarse, o bien, a través de los sistemas públicos o privados de distribución, elaboración y comercialización, además de exigir que los alimentos tengan los nutrimentos adecuados para su correcto desarrollo físico y mental. Por otro lado, la accesibilidad implica el cumplimiento de los siguientes elementos: l) la accesibilidad económica, es decir, que los alimentos estén al alcance de las personas desde el punto de vista monetario, en condiciones que les permitan tener una alimentación suficiente y de calidad; y ll) la accesibilidad social, la cual conlleva que los alimentos deben estar al alcance de todos los individuos, incluidos quienes se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad. Así, el núcleo esencial del derecho a la alimentación se garantiza cuando todo hombre, mujer, adolescente o niño tienen acceso físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada, o bien, a los medios para obtenerla. Por tanto, los derechos fundamentales deben ser garantizados aun las personas privadas de su libertad bajo custodia del Estado, en virtud de la especial relación de sujeción, deben ser las autoridades carcelarias las que garanticen el derecho fundamental a los alimentos y agua potable, con criterios de disponibilidad, calidad y accesibilidad, pues las personas recluidas no cuentan con una opción distinta a la administración para alcanzar la plena realización de su derecho fundamental a la alimentación al interior de los penales, razón que justifica que, por tratarse de sujetos especialmente vulnerables, la garantía de su derecho deba ser reforzada, puesto que las autoridades penitenciarias deben garantizarles el derecho en los niveles mínimos esenciales que permitan a los internos subsistir al interior de las prisiones del país de forma digna y humana. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11, dispone lo siguiente: "1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento." Lo anterior, tomando en consideración que si no se garantiza el derecho a la alimentación, podría afectarse el derecho a la salud y, por lógica el derecho a la vida; en ese aspecto, el artículo 4 de la Constitución Federal garantiza la protección de la salud, pues establece que: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone [.] esta Constitución". Máxime, que de no garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad se estaría afectado la salud del individuo y, por ende, se podría afectar el derecho a la vida. Por su parte la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, establece la obligatoriedad de los Estados de buscar su cumplimiento progresivo, y señala que es el Estado quien debe hacer uso del máximo de sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la protección de la salud. Asimismo, se destaca la obligación de observar las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) relativas a la prestación del servicio de salud, en su calidad de instrumentos legales que contienen criterios fundamentales, cuyo propósito es mejorar la calidad de los servicios de salud que prestan las instituciones del país, entre otras las relativas a la prestación de servicios médicos y de trato adecuado a los usuarios de los servicios de salud. De igual forma, el derecho humano a la salud está consagrado en el artículo 4º de la Constitución Federal, cuyo texto es el siguiente: "Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia." Luego, el derecho humano a la salud consagrado en el precepto 4º de la Carta Magna, en relación con los numerales 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es indispensable para el ejercicio de los demás reconocidos en los pactos internacionales y en nuestro orden jurídico, ya que no puede circunscribirse al significado del vocablo, pues contiene un sin número de derechos y obligaciones, tanto internos como externos, es decir, a nivel nacional e internacional, cuyas obligaciones cobran especial importancia en cuanto a proporcionar los medios necesarios para que el ser humano tenga acceso efectivo a la salud. A mayor razón, conforme a los artículos 1º, párrafos primero y tercero, 4º, párrafo tercero y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; asimismo, imponen la obligación a todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, destacando entre ellos el de la protección a la salud, cuyos titulares son todos los seres humanos, incluidas las personas privadas de su libertad personal, quienes siguen gozando de ese derecho. Además, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos y sobre la protección a la salud de las personas privadas de la libertad. En lo conducente, es aplicable por analogía, la siguiente tesis: Tesis: VII.2o.P. J/2 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011012 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Libro 27, Febrero de 2016, Tomo III Pag. 1966 Jurisprudencia(Constitucional) "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO. El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluido en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento." Sentado lo anterior, en términos de los numerales 125, 128, 136, 131 y 139 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva para el siguiente efecto: Se otorgue a JORGE ARMANDO CARMONA PEÑA, JORGE SAMUEL MÉNDEZ ROCHA, GEOVANY ROJO CAMACHO y JUAN LÓPEZ LÓPEZ la dieta alimenticia que conforme a los reglamentos que rigen al Centro Estatal de Reinserción Social Morelos deban suministrárseles, a efecto de que no se ponga en peligro sus vidas, salud e integridad física. Asimismo, se concede la medida cautelar para el efecto de que se les proporcione el agua potable suficiente. Ello hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia de amparo. Este Juzgado de Distrito hace del conocimiento de las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización,-esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. RESTRICCIÓN DE ACTIVIDADES. Ahora, por cuanto al acto que los promovente hacen valer consistente en que no se les permite salir al patio a tomar el sol; tomando en consideración que se concede la presente medida cautelar para efecto de que se suspenda la sanción impuesta y, toda vez que se cumplen con los requisitos previstos por el artículo 128 de la ley de amparo, se concede la suspensión definitiva en estos términos: Para que se les permita a JORGE ARMANDO CARMONA PEÑA, JORGE SAMUEL MÉNDEZ ROCHA, GEOVANY ROJO CAMACHO Y JUAN LÓPEZ LÓPEZ las actividades encaminadas a su reinserción social a las que tengan derecho conforme a los reglamentos que rigen al Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, hasta en tanto se resuelva la sentencia de amparo. SALVEDADES. Esta medida surte sus efectos siempre y cuando con ella no se altere el orden dentro del Centro Estatal de Reinserción Social Morelos, ni se ponga en peligro la integridad de los impetrantes, ni de las demás personas que integran la población penitenciaria. No surtirá efectos si los actos reclamados derivan de diversa autoridad responsable, o bien, es en cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Este Juzgado de Distrito hace del conocimiento de las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización,-esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. No es obstáculo a lo anterior que la audiencia incidental se resuelva a pesar de no haber dado vista a los quejosos con los informes previos que se reciben en audiencia, ya que al haber aceptado las autoridades responsables la orden de segregación combatida, se advierte la necesidad de conceder la presente medida cautelar por cuanto al referido acto y a sus consecuencias, ello a efecto de conservar la materia del juicio sin perjuicio que de sobreseer o negar el amparo, la segregación pueda ejecutarse; además, que a nada práctico conduciría diferir la celebración de la audiencia para que las partes se impongan del contenido de dichos informes, ya que la suspensión definitiva se resolvería en los mismos términos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por *****, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto cuarto de la presente resolución interlocutoria. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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