Jorge Antonio Ramírez Flores
Expediente 1376/2014 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 02/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jorge Antonio Ramírez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dos de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial con la que se da cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202, de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo y solicitara la remisión de los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General 5/2013, del trece de mayo del año dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del mismo año, para que la Superioridad se aboque al conocimiento del incumplimiento de la ejecutoria de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se declaró cumplida la sentencia de amparo. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en la fracción IV, del punto VIGÉSIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de garantías y la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, del que se advierte que se dio vista a la parte quejosa con las constancias que al efecto allegó la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por el término de tres días, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, con relación al cumplimiento dado al fallo protector y, debidamente notificada, no desahogó la vista contenida en el acuerdo de veintiséis de abril del año en curso. En consecuencia, se procede a resolver si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla: Por sentencia terminada de engrosar el siete de agosto de dos mil catorce, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JORGE ANTONIO RAMÍREZ FLORES, respecto de los actos consistentes en los artículos 94-Bis a 94 Bis-12, de la Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos; que se reclamaron a las autoridades, Congreso del Estado de Morelos, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, y Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, y Director del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Estado de Morelos, así como respecto de los actos de aplicación de dichas normas, traducidos en el cobro de la cantidad de $10,920.00 (diez mil novecientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles; así como de $2,730.00 (dos mil setecientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de su adicional, reclamados al Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Emiliano Zapata, Morelos. Posteriormente, por auto dictado el veintinueve de agosto de dos mil catorce, causó ejecutoria la sentencia y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. En proveído de diecinueve de octubre de dos mil quince, se realizó la actualización por concepto del cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, y se determinó que la cantidad a devolver es de $17,109.28 (diecisiete mil ciento nueve pesos 28/100 moneda nacional). Así, en acatamiento al fallo protector, la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por oficio acordado el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector; para acreditar lo anterior, exhibió copia certificada del título de crédito 0000625, el cual se encuentra a disposición de la parte quejosa en las oficinas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por la cantidad que hace un total de $17,109.28 (diecisiete mil ciento nueve pesos 28/100 moneda nacional), por concepto de reintegro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional. Documental que fue expedida por la autoridad en ejercicio de sus funciones, por tanto, es un documento al cual se le concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al habérsele restituido a la parte quejosa, el citado monto cobrado -actualizado- por la aplicación de las normas inconstitucionales en este juicio de amparo, la sentencia HA QUEDADO CUMPLIDA, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a lo anterior, que no obre constancia de la que se advierta que la parte quejosa a la fecha se haya presentado a recoger el cheque correspondiente, en virtud de que la autoridad responsable ya puso a su disposición el referido título de crédito y, además, con dicha situación se dio vista a la parte quejosa, como se advierte de los presentes autos; por consiguiente, sólo bastará que el referido contribuyente comparezca a hacer efectivo el cobro aludido para recuperar la suma que pagó por el citado concepto del impuesto reclamado. Sustenta lo anterior, el criterio que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el incidente de inejecución de sentencia 584/2015, derivado del juicio de amparo 2053/2014-IV del índice de juzgado, mediante proveído cinco de enero de dos mil dieciséis, estableció lo siguiente: "CUARTO. Con fundamento en el artículo 297, fracción 11, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, requiérase a la parte quejosa, para que dentro de los tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste ante el Juzgado de Distrito del conocimiento si cobró el cheque 0046346, por el monto de $13,041.94 (trece mil cuarenta y un pesos 94/100 M.N.), apercibida que de no hacerlo se determinará el cumplimiento de la sentencia de amparo respecto del Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, y del Tesorero de Xochitepec, Morelos, con las constancias que obren en autos." [Lo subrayado es propio de este juzgado]. Es decir, para el Máximo Tribunal la omisión del quejoso de pronunciarse sobre el cumplimiento, cuando se ha expedido el cheque respectivo a su favor y se puso a su disposición, sin que manifestara si lo recibió, es motivo suficiente para que este Juzgado, con base en las constancias de autos, como es el cheque 0000625 de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, expedido a nombre de la parte quejosa Jorge Antonio Ramírez Flores, por la cantidad correcta a devolver de $17,109.28 (diecisiete mil ciento nueve pesos 28/100 moneda nacional), la tenga por cumplida; pues, como se precisó, basta que el impetrante acuda a recogerlo, para que la autoridad municipal haga entrega del mismo, y tomando en cuenta, por analogía, la ejecutoria de la Jurisprudencia P/J16/2012 (10a), de la Suprema Corte de Justicia del Nación: Tesis: P./J. 16/2012 (10a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Décima Época 2001883 1 de 1 Pleno Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 1 Pag. 10 Jurisprudencia(Común) CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA DE AMPARO. MEDIOS IDONEOS PARA ACREDITARLO RESPECTO DE LAS QUE CONCEDAN LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE ENERO DE 1997, Y DE SUS ACTOS DE APLICACIÓN. Se llega a la conclusión de que la expedición del cheque por parte de la autoridad resulta un medio idóneo para tener por acreditado el cumplimiento del fallo, pues el hecho de que el quejoso no acuda a recogerlo, no impide que se tenga por cumplido el fallo protector, ya que tal cuestión no es atribuible a la autoridad mencionada, sino al propio quejoso; aunado a la circunstancia de que este órgano jurisdiccional está imposibilitado legalmente para coaccionar al quejoso para que ejerza su derecho de cobro. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido; asimismo, hágase del conocimiento a la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el tercer párrafo del artículo 201 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por el Administrador Desconcentrado de Recaudación Morelos "1", por medio del cual informa que las multas impuestas por este Juzgado, se encuentran en proceso de diligenciación; agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio signado por la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual solicita una prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por las razones que expone; agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que de constancias que obran en autos se advierte que la autoridad oficiante fue debidamente notificada del auto de once de enero del año en curso, en el que se puntualizó que dentro del plazo otorgado a las autoridades deberían realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria; asimismo, el ocho de marzo de dos mil dieciséis, se le otorgó a la responsable la prórroga solicitada; sin embargo, a la fecha la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, y su superior jerárquico Presidente Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ni han demostrado encontrarse en vías de cumplimiento. Por lo anterior, este juzgado procede en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo y el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), señalada en el auto de ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS y OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS; y se advierte que en el caso, existe incumplimiento por parte de la autoridad responsable María Concepción Cárdenas Fuan, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, así como del superior jerárquico de esta; para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificadas de los acuerdos por los que se les ordenó cumplir con esa, no han demostrado haber realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que no acreditan estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso. En consecuencia, al haber transcurrido el término otorgado mediante auto de nueve de marzo de dos mil dieciséis, se hace efectivo el apercibimiento en el decretado, y con fundamento en la fracción I, del artículo 258 de la Ley de Amparo, se impone a María Concepción Cárdenas Fuan, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos y a José Fernando Aguilar Palma, quien funge como Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, multa a cada uno de ellos, por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, Morelos, para que dentro del término de veinticuatro horas que será computado legalmente, informe las medidas adoptadas para el cobro de las multas, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237[1] de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. En el entendido de que pueden ser localizadas en el domicilio ubicado en Plaza 10 de Abril sin número, colonia Centro, Emiliano Zapata, Morelos. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis P./J. 58/2014 (10a.), Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11, con número de registro 2007914, que a su rubro y letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con independencia de lo anterior, conforme a lo establecido en el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), citada en los párrafos que anteceden, que señala que una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable e improrrogable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a María Concepción Cárdenas Fuan quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, para que dentro del término de DÍEZ DÍAS, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, reintegre a la quejosa la cantidad de $17,109.28 (diecisiete mil ciento nueve pesos 28/100 moneda nacional), por concepto del cobro del impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y su adicional, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior, o bien informe la situación presupuestal precaria que les impida realizar la referida devolución. De lo anterior, es necesario acredite con la documentación oficial respectiva la situación financiera que presentan las diversas partidas que integran su presupuesto, debiendo tomar en cuenta que aun ante la falta de recursos presupuestales en la partida destinada al cumplimiento de sentencias o pagos similares, las referidas autoridades están obligadas a adoptar todas las medias que resulten necesarias para dotar de recursos a esa partida, como puede ser mediante las transferencias o adecuaciones presupuestales que resulten necesarias para ello, atendiendo al carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago, ya que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar el acatamiento de una sentencia constitucional, tal y como se precisa en la tesis jurisprudencial identificada con el número P./J.5/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro "SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN.", publicada en la página diez, del Tomo XXXIII, correspondiente mes de marzo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, José Fernando Aguilar Palma, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata; para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que estén notificados de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.
Quedan 15 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Jorge Alonso Aguirre1852/2018
- Jorge Alonso Bersañez618/2016
- Jorge Alpizar Bernal436/2021
- Jorge Antonio Amed Cecin1696/2015
- Jorge Antonio Diaz Flores1621/2023
- Jorge Antonio Maya Ortiz289/2023
- Jorge Antonio Vazquez Flores168/2022
- Jorge Arias Noguera2681/2014
- Jorge Arizmendi García596/2015
- Jorge Armando Carmona Peña131/2018
- Jorge Armando Muñiz Bello737/2017
- Jorge Arturo Caro Bermudez302/2019