Jorge Ariel Ordoñez Pizaña
Expediente 1838/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1838/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jorge Ariel Ordoñez Pizaña
- Tribunal de Conciliacion Y Arbitraje Para los Trabajadores Al Servicio de los Municipios del Estado, Cd.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, por el cual remitir copia del oficio girado a la Secretaría de Educación en Tamaulipas; sin que haya lugar a mayor pronunciamiento, toda vez que en veintiocho de los corrientes, este Juzgado declaró cumplida la sentencia emitida y ordenó el archivo del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos; de los que se advierte que mediante proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el oficio 3083/2021, signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada del auto de diez de marzo del dos mil veintiuno donde se hace la entrega del nombramiento a la parte quejosa, con funciones de docente, mismo que recibió de entera conformidad y firmando al margen para constancia legal de dicho documento, dentro del expediente laboral 258/E/2012. Tal acuerdo se notificó al tercero interesado Secretaría de Educación de Tamaulipas, por oficio 9090/2021, el treinta de marzo de dos mil veintiuno y por lista al quejoso Jorge Ariel Ordoñez Pizaña el seis de abril de dos mil veintiuno, sin que hubiesen desahogado la vista concedida. Consecuentemente, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este juzgado de Distrito, por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en la que medularmente estableció: ".para el efecto de que la autoridad responsable realice en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral 258/E/2012, es decir, para que dé cumplimiento a la orden de adscripción ST-19111 de veintitrés de noviembre de dos mil once, con efectos a partir del uno de octubre de ese mismo año, y que ostenta la clave 074828E046513.02800027 con trece horas en la Escuela Secundaria Técnica Número 66 'Amalia González Caballero de Castillo Ledón', ubicada en Nuevo Centro de Población Ignacio Allende, Municipio de Santander Jiménez, Tamaulipas, así como la inclusión a nómina del actor -aquí quejoso-, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin". La sentencia de referencia causó ejecutoria el veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, de las documentales remitidas por la autoridad responsable se desprende que el diez de marzo de dos mil veintiuno, en cumplimiento al laudo veintiuno de junio de dos mil diecisiete, se hizo entrega del nombramiento de veintidós de abril de dos mil veinte, con función de docente, cargo de plaza profesor de adiestramiento de Secundaria Técnica, foráneo claves: 074828E046506.0280320 y 074828E046507.0280047, tipo de nombramiento: alta definitiva, a partir del uno de marzo de dos mil veinte, adscrito a la Secundaria Técnica Amalia González Caballero de Castillo León (Temporal), Clave de Centro de Trabajo: 28DST0066X, Domicilio: Guadalupe Mainero s/n, Domicilio Conocido, C.P. 87700, del Municipio de Jiménez Tamaulipas, donde además se reconoció la antigüedad a partir del uno de octubre de dos mil once, y se realizó la inclusión a nómina de las claves referidas anteriormente, misma que fue realizada con efectos retroactivos del uno de marzo de dos mil veinte, en la segunda quincena de octubre de dos mil veinte, dentro de los autos del expediente número 258/E/2012. Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de garantías. Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues por lo que hace a lo primero, la responsable no se extralimitó en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que procedió a realizar los actos cuya omisión se le reclamó en esta vía, tal como se le indicó en el fallo protector dictado por este Juzgado; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Lo anterior se ilustra con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, Octava Época, Materia Común, página 217, que dice: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo "defecto", no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo "exceso" sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo "defecto", realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Nueva Ley de la materia, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO, como totalmente concluido; sin perjuicio de que las partes estén en condiciones de interponer el recurso procedente, si así conviene a sus intereses. Tómese nota que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda y sentencia constitucional, de conformidad en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y por oficio al tercero interesado.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se tiene que mediante auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada del auto de diez de marzo del dos mil veintiuno, donde se hace la entrega del nombramiento a la parte quejosa, con funciones de docente, mismo que recibió de entera conformidad y firmando al margen para constancia legal de dicho documento, dentro del expediente laboral 258/E/2012, sin que de las constancias que integran el expediente se advierta que el tercero interesado, Secretaría de Educación de Tamaulipas, se encuentre notificado de dicho proveído. En tal virtud, se ordena notificar el auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, debiéndole correr traslado con el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con los documentos que anexó. Finalmente, se agrega sin mayor trámite el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, a través del cual envía copia del oficio enviado al Secretario de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, en virtud de que mediante auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta de mayo de dos mil veintidós. Vistos los autos, se advierte que la autoridad responsable no ha informado las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".para el efecto de que la autoridad responsable realice en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo de veintiuno de junio de dos mil diecisiete, dictado dentro del juicio laboral 258/E/2012, es decir, para que dé cumplimiento a la orden de adscripción ST-19111 de veintitrés de noviembre de dos mil once, con efectos a partir del uno de octubre de ese mismo año, y que ostenta la clave 074828E046513.02800027 con trece horas en la Escuela Secundaria Técnica Número 66 'Amalia González Caballero de Castillo Ledón', ubicada en Nuevo Centro de Población Ignacio Allende, Municipio de Santander Jiménez, Tamaulipas, así como la inclusión a nómina del actor -aquí quejoso-, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin.". En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Ernestina Olvera Quiroz, Secretaria Encargada del Despacho por ausencia del titular, en términos del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistida por la licenciada Sandra Luz González García, Secretaria que autoriza y da fe.
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