Jorge Andrés Bello Villegas
Expediente 8/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jorge Andrés Bello Villegas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge Andrés Bello Villegas, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio de Estado y los Municipios y Actuario Adscrito, ambos con sede en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por las razones y motivos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese
- Principal
Visto el oficio 2C.8.148.TAM.SJ.00064.2023, de uno de febrero de dos mil veintitrés, signado por el Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación Territorial y Vivienda, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Tamaulipas (SEDATU), en suplencia por ausencia del Titular de la Oficina de Representación, mediante el cual remite diversas constancias e informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto, asimismo, manifiesta que es necesaria la coadyuvancia de la Delegación del Registro Agrario Nacional, a efecto de que comisione a un técnico especialista y se determine el lugar, la fecha y la hora en que se llevará a cabo los trabajos complementarios, sin embargo, hasta en tanto no se tenga programado comisionar al citado técnico no puede continuar con la notificación a los ocupantes y colindantes de los predios a afectar. En virtud de lo anterior, se tiene a la autoridad responsable, realizando las gestiones encaminadas dar cumplimiento al fallo protector, y se le reitera su obligación de tomar las providencias necesarias con la celeridad requerida por la ley a fin de cumplir con los lineamientos de la sentencia proteccionista, máxime que nos encontramos en el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Por otra parte, la citada autoridad responsable en el oficio que se provee, informa que resulta necesario la coadyuvancia de la Delegación del Registro Agrario Nacional, a efecto de que comisione a un técnico especialista y se determine el lugar, la fecha y la hora en que se llevará a cabo los trabajos complementarios, sin que sea posible continuar con la notificación de los ocupantes y colindantes de los predios a afectar hasta que no se tenga programada la comisión del técnico especialista. En atención a lo anterior, y toda vez que el estado procesal que guarda el presente asunto revela que en la sentencia dictada en este juicio el veintiuno de noviembre del año en curso, se concedió la protección constitucional para el efecto siguiente: ".para el efecto de que la Delegación Tamaulipas de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, dé exacto y total cumplimiento a la sentencia de veinticinco de junio de dos mil quince, emitida en el recurso de revisión 220/2015-43, dentro del juicio agrario 1076/2012, así como al acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete emitido por la Dirección General de la Propiedad Rural de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial. Lo anterior implica que, la autoridad responsable deberá llevar a cabo los trabajos técnicos e informativos encomendados al topógrafo Ignacio Hernández Ramírez, y concluido lo anterior, solicitar la opinión del Gobernador del Estado de Tamaulipas y junto con la opinión del Titular de la Delegación Estatal responsable, remitir la documentación respectiva a la Dirección General de la Propiedad Rural de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, para que en su oportunidad se envíe el referido expediente debidamente integrado y en estado de resolución al Tribunal Superior Agrario, para que resuelva lo que en derecho proceda. Sin dilaciones, ni pretextos y sin que pueda discutir en forma alguna sus alcances, en virtud que lo ordenado es cosa juzgada y no admite oposición alguna. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo...". Determinación que se declaró ejecutoriada por acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, y en el propio acuerdo se requirió el cumplimiento del fallo a la autoridad responsable. Sin embargo, no obstante los requerimientos efectuados a la responsable dicha sentencia no ha sido cumplida, lo que a decir de dicha autoridad, se debe a que la Delegación del Registro Agrario Nacional no ha designado un técnico especialista. En tal virtud, a fin de que no se siga retardando el cumplimiento de la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula como autoridad a la Delegación del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 193 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a dicha Delegación para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, justifique ante este juzgado la designación del técnico especialista solicitado por la autoridad responsable, lo que deberá acreditar con las constancias correspondientes. Se apercibe a dicha autoridad que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá -a su titular- una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238, de la ley invocada y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No es obstáculo para el requerimiento anterior, el que la referida autoridad no figure como responsable en este juicio, pues ésta, en razón de sus funciones debe tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el mismo. Sirve de apoyo a lo considerado la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos: Décima Época, Registro: 2007911, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 59/2014 (10a.), Página: 5, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.". Así como la diversa la tesis de Jurisprudencia 1ª./J.57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 144, del Tomo XXV del mes de mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dispone: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.". Notifíquese
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que la autoridad responsable H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, no se encuentra notificada del oficio 467/2023 de once de los corrientes, por el cual se requirió el debido cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto; en tal virtud, reexpídase el mismo a la citada autoridad responsable para los efectos requeridos en el mismo. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por la licenciada Alma Ruth Martínez Rodríguez en su carácter de representante legal de la quejosa Leticia Ledezma Hernández, y dígasele que se esté a lo ordenado en el presente proveído. Notifíquese.
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