Jorge Antonio Perez Hernandez

Expediente 1733/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1733/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
28/04/2017

Partes del expediente

  • Jorge Antonio Perez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintidós de marzo de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del treinta y uno de marzo al veinticinco de abril de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió el juez responsable Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese la razón asentada por la Actuaria de la adscripción, de la que se desprende que no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa el auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, pues al constituirse en el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, fue informada de que el quejoso Jorge Antonio Pérez Hernández, ya no se encuentra interno debido a que fue puesto en libertad por conmutación de la pena. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso el auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete y el presente proveído por medio de lista. El proveído de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, en lo conducente dice: "San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el siete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 33 a 47), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "a) Celebre la audiencia de vista, con efectos de citación para sentencia, señalada para las doce horas del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete; por lo que deberá, una vez que sea notificada de la presente resolución, proveer lo necesario a efecto de que las partes asistan, máxime que de autos se advierte que todas las partes ya quedaron notificadas del auto en el que se señaló el día y la hora para llevar a cabo tal diligencia (foja 226 del anexo I) b) Hecho lo anterior, en el plazo de ley (seis días) dicte la resolución correspondiente, y la notifique a las partes y lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que atendiendo a la fecha del dictado de la presente sentencia, la reparación de la violación procesal destacada se concretará llevando a cabo la diligencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, así como con el dictado de la sentencia correspondiente, de ahí que el juez responsable se encuentre obligado a realizar ambos actos (celebración de la audiencia de vista y dictado de la resolución), sin demora, pues si no se considerara así, dicha autoridad incurriría en una infracción implícita al párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si en un solo acto fue superado el motivo que dio lugar a la contravención a las reglas que rigen el procedimiento, lo procedente es que decida inmediatamente lo que en derecho corresponda con relación al fondo de la cuestión planteada, a fin de que la protección constitucional no sea pretexto para demorar la solución definitiva del asunto. (.) En el entendido de que, si por el tiempo que tomará a esta sentencia causar ejecutoria -en caso de no ser impugnada por alguna de las partes, en términos del artículo 86 de la Ley de Amparo (diez días) a partir de que surta efectos la notificación hecha a la última de ellas-, el Juez Penal deberá celebrar la audiencia en la fecha que ya había señalado en el proceso y no diferirla, con el fin de no causar peores violaciones a los derechos de la parte quejosa." Resolución que el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 65 a 68). Ahora bien, mediante oficio 1148 de dos de marzo de dos mil diecisiete (fojas 75 a 101), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en la causa penal 436/2015 de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En diligencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, celebró la audiencia de vista con efectos de citación para sentencia; diligencia en la cual estuvieron presentes las partes, incluyendo al quejoso (foja 77). - En resolución de dos de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia definitiva en los autos de la causa penal 436/2015 de su índice. - Sentencia que notificó a las partes, así como al quejoso personalmente, como se advierte a foja 99. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA."

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de seis de marzo de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el siete de febrero de dos mil diecisiete (fojas 33 a 47), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "a) Celebre la audiencia de vista, con efectos de citación para sentencia, señalada para las doce horas del veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete; por lo que deberá, una vez que sea notificada de la presente resolución, proveer lo necesario a efecto de que las partes asistan, máxime que de autos se advierte que todas las partes ya quedaron notificadas del auto en el que se señaló el día y la hora para llevar a cabo tal diligencia (foja 226 del anexo I) b) Hecho lo anterior, en el plazo de ley (seis días) dicte la resolución correspondiente, y la notifique a las partes y lo haga del conocimiento de este órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que atendiendo a la fecha del dictado de la presente sentencia, la reparación de la violación procesal destacada se concretará llevando a cabo la diligencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, así como con el dictado de la sentencia correspondiente, de ahí que el juez responsable se encuentre obligado a realizar ambos actos (celebración de la audiencia de vista y dictado de la resolución), sin demora, pues si no se considerara así, dicha autoridad incurriría en una infracción implícita al párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si en un solo acto fue superado el motivo que dio lugar a la contravención a las reglas que rigen el procedimiento, lo procedente es que decida inmediatamente lo que en derecho corresponda con relación al fondo de la cuestión planteada, a fin de que la protección constitucional no sea pretexto para demorar la solución definitiva del asunto. (.) En el entendido de que, si por el tiempo que tomará a esta sentencia causar ejecutoria -en caso de no ser impugnada por alguna de las partes, en términos del artículo 86 de la Ley de Amparo (diez días) a partir de que surta efectos la notificación hecha a la última de ellas-, el Juez Penal deberá celebrar la audiencia en la fecha que ya había señalado en el proceso y no diferirla, con el fin de no causar peores violaciones a los derechos de la parte quejosa." Resolución que el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete causó ejecutoria, por lo que se solicitó su cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 65 a 68). Ahora bien, mediante oficio 1148 de dos de marzo de dos mil diecisiete (fojas 75 a 101), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de diversas constancias dictadas en la causa penal 436/2015 de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - En diligencia de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, celebró la audiencia de vista con efectos de citación para sentencia; diligencia en la cual estuvieron presentes las partes, incluyendo al quejoso (foja 77). - En resolución de dos de marzo de dos mil diecisiete, dictó sentencia definitiva en los autos de la causa penal 436/2015 de su índice. - Sentencia que notificó a las partes, así como al quejoso personalmente, como se advierte a foja 99. Documentales que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil diecisiete. Visto, agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, a través del cual manifiesta haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo, pues remite copia certificada de la audiencia de vista que celebró el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, y la sentencia definitiva que dictó el dos de marzo de la misma anualidad, dentro de la causa penal 436/2015 (materia del acto reclamado). En consecuencia, con el contenido del oficio de mérito y documentales anexas, dése vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad responsable oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente cuyo rubro, texto y datos de localización en seguida se anuncian: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. (Época: Décima Época, Registro: 2007918, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 54/2014 (10a.), Página: 19).

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