Jorge Antonio Armenta Lopez
Expediente 1024/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1024/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jorge Antonio Armenta Lopez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente al promovente Jorge Antonio Armenta López, el auto de ocho de septiembre del año en curso; pues refiere que al constituirse en la calle cuatro poniente, en la colonia Centro, de la ciudad de Puebla y cerciorarse plenamente de ser la calle y colonia correctas, después de realizar un recorrido por dicha vialidad no logró localizar el inmueble marcado con el número doscientos setenta y seis (276). Aunado a que la nomenclatura en dicha calle empieza a partir del número ciento uno, la inmediata siguiente con el trescientos uno, y así sucesivamente; y por cuanto hace a la calle dos oriente la numeración más alta es la del inmueble marcado con el número doscientos catorce. Por lo que, dado lo acordado en párrafos precedentes y, al ser un hecho notorio la imposibilidad para notificar el citado proveído de ocho de septiembre del actual; con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, notifíquese al promovente Jorge Antonio Armenta López el auto de ocho de septiembre pasado, así como el presente proveído por medio de lista de acuerdos. AUTO DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017 QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1024/2017-B. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por el promovente Jorge Antonio Armenta López, al 1. Fiscal General del Estado de Puebla y 2. Agente del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales y de Integridad Física, en esta instancia se hace consistir en: "(.) IV.- LA POSIBLE CONSIGNACIÓN DE LA O LAS AVERIGUACIONES PREVIAS ANTE EL C. JUEZ EN TURNO EN MATERIA PENAL. (.)" Y, el promovente en su demanda de amparo, específicamente en el capítulo de antecedentes, aduce lo siguiente: "(.) PRIMERO.- FAMILIARES ME HAN MANIFESTADO QUE SEAN (sic) PRESENTADO AGENTES INVESTIGADORES DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE PUEBLA EN MI DOMICILIO BUSCANDO AL SUSCRITO Y ARGUMENTANDO QUE EXISTE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA EN MI CONTRA Y QUE ES NECESARIO ME PRESENTE ANTE LA FISCALÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO URGENTEMENTE, ESTO ME HA DESCORCENTADO (sic) YA QUE EL SUSCRITO NO A (sic) REALIZADO NINGÚN DELITO. (.)" Por tanto, este juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo vigente, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados, ya que el quejoso tiene a su alcance la prerrogativa constitucional y legal, de impugnar dichos actos ante el Juez de Control competente. Dichos numerales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Del primero de los numerales se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente si el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; al respecto para acreditar el interés jurídico se requiere la existencia del perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; y en cambio, para acreditar el interés legítimo se requiere la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella. Luego, en el caso a estudio, el quejoso reclama la posible consignación de una carpeta de investigación y/o averiguación previa integrada en su contra, lo que permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de acceso a la justicia y adecuada defensa al ser, según refiere dicho quejoso, el directo imputado en dicha carpeta de investigación y/o averiguación previa y, por ende, este Juzgado de Distrito se pronuncia en relación con la acreditación o no de su interés jurídico en los siguientes términos. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama. Es este principio el que inspira la noción de "interés jurídico", requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que está conformado en primer lugar por la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a tal derecho. Así pues, hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad una conducta determinada, sea de acción u omisión, es decir, que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, o lo que es lo mismo, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Aunado a lo anterior, debe decirse que, para que la acción constitucional proceda no basta que exista el acto reclamado, sino que se requiere que el peticionario de garantías acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Ahora bien, como ya se dijo, el quejoso reclama la orden de investigación o posible consignación que giraron el 1. Fiscal General del Estado de Puebla y 2. Agente del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales y de Integridad Física, dentro de una carpeta de investigación y/o averiguación previa, que se sigue presuntamente en su contra. Lo anterior no irroga perjuicio al promovente dado que las autoridades señaladas como responsables, al emitir el acto tildado de inconstitucional, actúan en virtud de las facultades que tiene conferidas en el artículo 21 Constitucional en su texto vigente a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho y en los numerales 127, 212, y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen: "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.)". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." En efecto, del texto constitucional se desprende que el Ministerio Público conduce la investigación de los delitos y coordina a la Policía, así las actuaciones tendientes a la integración de la carpeta de investigación no causa daño al gobernado, pues son de orden público, esto es, estamos ante un derecho social, donde, de conformidad con los diversos numerales transcritos, al Ministerio Público le asisten el deber de investigar cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, investigación penal orientada para el esclarecimiento de tal hecho y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión y, así, poder sustentar, ya sea, el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; de ahí que, sólo se materializa el perjuicio personal y directo en caso de que el ministerio público, atento al nuevo sistema penal acusatorio que rige el acto reclamado, formule imputación en contra del imputado ante el juez de control y dicho juez se pronuncie en el sentido de vincular a proceso al imputado. En efecto, la orden de investigación o consignación reclamada, sólo es un requisito previo a la formulación de la imputación, pues no puede haber formulación de la imputación y menos vinculación a proceso contra personas indeterminadas, lo que hace menester que primero se recaben los datos de identificación del imputado, como son el nombre y apellidos, edad, domicilio, estado civil, grado de instrucción, centro de trabajo, la presencia de algún alias o sobrenombre, la existencia de algún rasgo o seña física que lo individualice de otro persona, pero tal actuar, como ya se dijo, no materializa un perjuicio personal y directo en contra del quejoso, pues esto acontecerá si, en principio, se le identificada como el imputado y luego se formula la imputación en su contra y el juez se pronuncia en el sentido de vincularlo a proceso. Tienen aplicación, al caso, por analogía, las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila; así como por el Segundo tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Todo lo anterior, siempre y cuando, no se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es que, la autoridad ministerial o la policía realicen conductas fuera de todo cauce Constitucional o legal, lo que en el caso no acontece, pues, como se ha visto actúan de conformidad con la Constitución y ley aplicable. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír notificaciones de la parte quejosa, el que refiere en su escrito inicial de demanda, y, por como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a César Alberto Navarro Reynoso, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo, fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 1024/2017-B. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado por el promovente Jorge Antonio Armenta López, al 1. Fiscal General del Estado de Puebla y 2. Agente del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales y de Integridad Física, en esta instancia se hace consistir en: "(.) IV.- LA POSIBLE CONSIGNACIÓN DE LA O LAS AVERIGUACIONES PREVIAS ANTE EL C. JUEZ EN TURNO EN MATERIA PENAL. (.)" Y, el promovente en su demanda de amparo, específicamente en el capítulo de antecedentes, aduce lo siguiente: "(.) PRIMERO.- FAMILIARES ME HAN MANIFESTADO QUE SEAN (sic) PRESENTADO AGENTES INVESTIGADORES DE LA FISCALÍA DEL ESTADO DE PUEBLA EN MI DOMICILIO BUSCANDO AL SUSCRITO Y ARGUMENTANDO QUE EXISTE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA EN MI CONTRA Y QUE ES NECESARIO ME PRESENTE ANTE LA FISCALÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO URGENTEMENTE, ESTO ME HA DESCORCENTADO (sic) YA QUE EL SUSCRITO NO A (sic) REALIZADO NINGÚN DELITO. (.)" Por tanto, este juzgado estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo vigente, por lo que, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados, ya que el quejoso tiene a su alcance la prerrogativa constitucional y legal, de impugnar dichos actos ante el Juez de Control competente. Dichos numerales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Del primero de los numerales se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente si el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos del quejoso; al respecto para acreditar el interés jurídico se requiere la existencia del perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; y en cambio, para acreditar el interés legítimo se requiere la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella. Luego, en el caso a estudio, el quejoso reclama la posible consignación de una carpeta de investigación y/o averiguación previa integrada en su contra, lo que permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de acceso a la justicia y adecuada defensa al ser, según refiere dicho quejoso, el directo imputado en dicha carpeta de investigación y/o averiguación previa y, por ende, este Juzgado de Distrito se pronuncia en relación con la acreditación o no de su interés jurídico en los siguientes términos. El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto que se reclama. Es este principio el que inspira la noción de "interés jurídico", requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que está conformado en primer lugar por la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a tal derecho. Así pues, hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad una conducta determinada, sea de acción u omisión, es decir, que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, o lo que es lo mismo, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Aunado a lo anterior, debe decirse que, para que la acción constitucional proceda no basta que exista el acto reclamado, sino que se requiere que el peticionario de garantías acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Ahora bien, como ya se dijo, el quejoso reclama la orden de investigación o posible consignación que giraron el 1. Fiscal General del Estado de Puebla y 2. Agente del Ministerio Público de Delitos Patrimoniales y de Integridad Física, dentro de una carpeta de investigación y/o averiguación previa, que se sigue presuntamente en su contra. Lo anterior no irroga perjuicio al promovente dado que las autoridades señaladas como responsables, al emitir el acto tildado de inconstitucional, actúan en virtud de las facultades que tiene conferidas en el artículo 21 Constitucional en su texto vigente a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho y en los numerales 127, 212, y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen: "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (.)". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." En efecto, del texto constitucional se desprende que el Ministerio Público conduce la investigación de los delitos y coordina a la Policía, así las actuaciones tendientes a la integración de la carpeta de investigación no causa daño al gobernado, pues son de orden público, esto es, estamos ante un derecho social, donde, de conformidad con los diversos numerales transcritos, al Ministerio Público le asisten el deber de investigar cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, investigación penal orientada para el esclarecimiento de tal hecho y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión y, así, poder sustentar, ya sea, el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; de ahí que, sólo se materializa el perjuicio personal y directo en caso de que el ministerio público, atento al nuevo sistema penal acusatorio que rige el acto reclamado, formule imputación en contra del imputado ante el juez de control y dicho juez se pronuncie en el sentido de vincular a proceso al imputado. En efecto, la orden de investigación o consignación reclamada, sólo es un requisito previo a la formulación de la imputación, pues no puede haber formulación de la imputación y menos vinculación a proceso contra personas indeterminadas, lo que hace menester que primero se recaben los datos de identificación del imputado, como son el nombre y apellidos, edad, domicilio, estado civil, grado de instrucción, centro de trabajo, la presencia de algún alias o sobrenombre, la existencia de algún rasgo o seña física que lo individualice de otro persona, pero tal actuar, como ya se dijo, no materializa un perjuicio personal y directo en contra del quejoso, pues esto acontecerá si, en principio, se le identificada como el imputado y luego se formula la imputación en su contra y el juez se pronuncia en el sentido de vincularlo a proceso. Tienen aplicación, al caso, por analogía, las tesis sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila; así como por el Segundo tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Todo lo anterior, siempre y cuando, no se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es que, la autoridad ministerial o la policía realicen conductas fuera de todo cauce Constitucional o legal, lo que en el caso no acontece, pues, como se ha visto actúan de conformidad con la Constitución y ley aplicable. En consecuencia, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio para oír notificaciones de la parte quejosa, el que refiere en su escrito inicial de demanda, y, por como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a César Alberto Navarro Reynoso, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con fundamento en los artículos 1, 3, 5, 6, 9, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1, 2, fracción V, 3, fracción X, 4, 7, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete,-que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo Transitorios del Decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales, debiendo, en su caso, suprimir la información que tenga el carácter de reservada o confidencial.
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